Los Espectros de Soacha rondan en la Casa de “Nari”

venezuela/colombia | imperialism / war | opinion/analysis

Monday November 03, 2008 14:40

by José Antonio Gutiérrez D.

Entonces, el fantasma de los “falsos positivos” apareció nuevamente a rondar la Casa de Nariño. No era la primera vez que el Ejército asesinaba a muchachos de barrios populares o campesinos, a personas con alguna clase de retardo mental, o indigentes, para luego presentarlos como “guerrilleros” caídos en combate. Esto, de hecho, se ha vuelto norma de conducta desde que el gobierno de Uribe comenzó a presionar a los mandos militares para dar “resultados” en la lucha contra-insurgente y estableció en las filas castrenses todo un sistema de estímulos para presentar bajas en combate (desde medallas y promociones, hasta cinco días de descanso por guerrillero muerto), así como de presiones, tales como poner cuotas de muertos a las unidades militares.

Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo, uno de los desaparecidos de Soacha...

Los Espectros de Soacha rondan en la Casa de “Nari”

“Las razones tras las ejecuciones extrajudiciales son variadas y bastante complejas. Desde hace un año, o año y medio, se ha hablado mucho del tema de la presión del presidente Uribe hacia la Fuerza Pública para que muestre resultados y éstos se estaban midiendo, aparentemente, por el número de muertos. Creo que esa situación ha tenido un impacto bastante significativo en la actuación de la Fuerza Pública porque, además, se tenían en cuenta los “positivos” para aumentar los días de vacaciones de los soldados y para seleccionar a los recomendados para los ascensos. También ha existido una estrategia para eliminar activistas civiles, sindicalistas y hasta campesinos que han sido falsamente acusados de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla.”

(Marcelo Pollack, investigador de Amnistía para Colombia[1])

Hace poco más de un mes, el 23 de Septiembre, aparecieron en fosas comunes en Ocaña (Norte de Santander) los cadáveres de 11 muchachos de Soacha y Ciudad Bolívar, sectores populares de Bogotá. La prensa, como ya se ha vuelto deporte nacional colombiano, inmediatamente culpó de la masacre a las FARC-EP. Incluso, armaron todo un cuento que incluía reclutamiento en zonas marginales de Bogotá y castigos corporales en la guerrilla: los muchachos, al tratar de desertar de las filas guerrilleras, habrían sido asesinados sumariamente por sus comandantes[2]. Esta versión resultaba sumamente conveniente para un gobierno empeñado en demostrar que Bogotá, gobernada por un alcalde del opositor Polo Democrático Alternativo, está siendo “infiltrada” por las FARC-EP y, a la vez, en demostrar la “perversión” de los insurgentes.

Sin embargo, al día siguiente, se supo que el Ejército había ya declarado a estos muchachos como dados de baja en combate, con lo cual se desmentía la versión una retaliación por parte de los insurgentes. Pero una vez que emergió el informe de Medicina Legal, esta versión resultaba completamente increíble, ya que se demostró que los tiempos de la desaparición a la muerte no cuadraban: todos los muchachos habían sido asesinados entre uno y cuatro días de su desaparición, lo que no hacía factible el que hayan abandonado sus hogares hacia sitios muy distantes, de que hubieran sido reclutados, internados en el monte, entrenados en el manejo de armas y tácticas de guerrilla y luego enviados a combatir en tan corto espacio de tiempo. El informe fue lapidario, asegurando que se estaba ante un caso de “desaparecimiento forzado con fines de homicidio”[3].

Pese a esta evidencia forense, el general de la Brigada 30 del Ejército, Paulino Coronado, seguía insistiendo en la versión de reclutamiento por parte de grupos irregulares, ya no por parte de las FARC-EP, sino que de los paramilitares “Águilas Negras” y el ELN, a la vez que defendía la versión de que los muchachos efectivamente habían sido dados de baja en combate[4]. En Colombia la negación de la realidad aún ante pruebas indiscutibles, se ha vuelto un estado permanente de la institucionalidad.

Los reclutadores de la muerte

Entonces, el fantasma de los “falsos positivos”[5] apareció nuevamente a rondar la Casa de Nariño. No era la primera vez que el Ejército asesinaba a muchachos de barrios populares o campesinos, a personas con alguna clase de retardo mental, o indigentes, para luego presentarlos como “guerrilleros” caídos en combate. Esto, de hecho, se ha vuelto norma de conducta desde que el gobierno de Uribe comenzó a presionar a los mandos militares para dar “resultados” en la lucha contra-insurgente y estableció en las filas castrenses todo un sistema de estímulos para presentar bajas en combate (desde medallas y promociones, hasta cinco días de descanso por guerrillero muerto), así como de presiones, tales como poner cuotas de muertos a las unidades militares[6].

La cifra de muertos siguió aumentando, hasta llegar a los 23 muchachos asesinados como “falsos positivos” en Ocaña[7], sumados a otros 23 muchachos provenientes de distintas localidades del Eje Cafetero, que fueron reportados como “dados de baja en combate” en Quindío, Caldas, Antioquia y Santander[8]. A la semana, los casos reportados aumentaron a 155 muchachos dados de baja como falsos positivos en distintos puntos del país[9]. Pese a que el tema de los falsos positivos no era una novedad (desde la llegada de Uribe al poder en el 2002 han habido al menos 1.015 casos[10]), jamás habían sido tantos los casos en tan poco tiempo.

Los dardos sobre el caso de Ocaña comenzaron todos a ir en contra de la Brigada 30 del Ejército (particularmente el Batallón Contraguerrillas 98), comandada por Paulino Coronado, la cual tiene un grave historial de violaciones y ejecuciones extra-judiciales en el departamento de Norte Santander. Este no era el primer caso de este tipo, sino que venía siendo una práctica frecuente desde hacía ya un buen tiempo, de lo cual ya había denuncias[11]. Como en otros casos anteriores de falsos positivos (Toluviejo, Montería, Cimitarra, Sincelejo, etc.), se comenzó a manejar la tesis de que los muchachos habían recibido ofertas de trabajo en otros departamentos, para luego ser asesinados y vestidos de insurgentes por el ejército para poder así inflar sus éxitos militares y cobrar las recompensas[12].

Y es que la muerte se ha convertido en un excelente negocio gracias a la política de “Seguridad Democrática” impulsada por Uribe: investigaciones adelantadas por la Fiscalía, han revelado una red de unas 800 personas que se dedican a reclutar muchachos, siempre pobres, para “falsos positivos” y para poder así cobrar las jugosas recompensas de la guerra sucia contra-insurgente[13]. Algunos de estos reclutadores, como en el caso de Toluviejo, recibieron hasta $100.000 por muchacho asesinado[14].

Terremoto en la Casa de “Nari”

La reacción del gobierno fue, primero, ignorar este nuevo caso de “falsos positivos”, pese a que el clamor crecía en todo el país para establecer la verdad. Cuando ya no fue posible seguir ignorando este problema, la respuesta de Uribe fue típica: salir a defender la versión del Ejército, y pisotear el dolor de las familias que clamaban justicia. Con su usual arrogancia y prepotencia, Uribe declaraba, el 7 de Octubre, sin ningún sustento, a los medios que: "El Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha, fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde”. De sus palabras se hizo eco el Comandante Freddy Padilla, quien dijo "Todo parece indicar que los jóvenes murieron en combate y no en falsos positivos, de acuerdo con el análisis de Medicina Legal, los disparos que recibieron se propinaron desde lejos"[15]. Pero el escándalo crecía y las pruebas forenses a las que se referían Uribe y Padilla, no sustentaban la versión del gobierno. Y fue el mismo Fiscal Iguarán quien al día siguiente de las declaraciones de Uribe, salió a moderar el tono de estas declaraciones que él sabía les traerían futuros problemas, sobretodo, cuando un reciente informe de Human Rights Watch denunciaba las constantes obstrucciones de Uribe a la justicia en cuanto a crímenes de Estado o del paramilitarismo[16]. Iguarán afirmó que los muchachos habrían sido reclutados, pero que no se sabía con certeza si habían sido dados de baja en combate[17].

Al poco tiempo, sin embargo, se terminó de establecer que los muchachos fueron asesinados en ejecuciones extra-judiciales y no en combate. Y que los muchachos en ningún momento fueron miembros de algún grupo irregular o de delincuencia común, sino que fueron directamente reclutados por el Ejército, en colaboración con los paramilitares “Águilas Negras” para ser asesinados[18]. Las familias comentaban que todos ellos habían recibido ofertas de trabajo en la Costa Atlántica:

“Mi hermano se mantenía por ahí, sin hacer nada. Tenía un parche de amigos que estaban en las mismas que él… Jugaban micro futbol todo el día y esperaban que les saliera cualquier trabajito. Un día me dijo: hermanito me voy, me salió camello en la costa, pagan bien y voy a conocer el mar. Al otro día se fue y nunca más supimos de él. Al principio pensamos que estaría ahorrando para poder llamar o que iba a llegar en cualquier momento, pero como al mes mi mamá comenzó a decir que le había pasado algo. Lloraba todo el día. Un día, de pura desesperada se fue para donde una señora que lee el tabaco y llegó muy triste. Decía que la señora le había confirmado sus presentimientos, que a mi hermano le había pasado algo muy malo”.[19]

Con el paso del tiempo, y a medida en que la indignación crece, el tema de los falsos positivos se ha vuelto en un auténtico terremoto para el gobierno de Uribe. De una postura de franca negación de la realidad y de hostilidad hacia las víctimas que osaran denunciar, al gobierno no le ha quedado otra salida que reconocer que estas prácticas existen y que no son poco frecuentes. El primero que había dado una señal en este sentido fue el propio ministro de defensa, Juan Manuel Santos, quien a los pocos días del hallazgo de Ocaña reconoció que en el Ejército “todavía” quedaban “reductos” donde se imponían cuotas de muertos[20].

Luego, cuando se estableció la participación de militares en la desaparición y asesinato de los muchachos[21], fue el mismo Uribe quien, a la vez que pretendía estar “sorprendido” por estas violaciones, exigió a las fuerzas armadas respetar los derechos humanos[22]. Y cuando ya la evidencia era insostenible y amenazaba con convertirse en una presión insoportable sobre el gobierno, éste respondió con una sorpresiva purga al interior de las fuerzas armadas, que removió a 27 oficiales, incluidos tres generales, entre ellos Paulino Coronado, de la Brigada 30[23], así como a oficiales de la Brigada Móvil 15, la cual ya había sido denunciada por dar cinco días libres por cada “falso positivo” [24]. Pese al fuerte remezón que ya se vivió con estas purgas, pareciera ser que habría nuevas purgas en el camino, y que uno de los futuros peces gordos que caerían podría ser el mismísimo comandante Mario Montoya, por sus vínculos históricos con las paramilitares AUC[25].

Pero el gobierno sabe que debe ir un poco más lejos si quiere convencer al mundo de su súbito interés por los derechos humanos, pues acá no estamos ante un mero caso de unas cuantas manzanas podridas, sino que estamos ante una política de Estado. Consecuentemente, el ministro Valencia Cossio hablaba de dar por terminada la política de estímulos por guerrillero muerto, como una manera de mostrar credenciales un poco más limpias a la comunidad internacional y tratar de aplacar los ánimos ante quizás el peor escándalo del mandato de Uribe[26].

Uribe en su laberinto...

¿A qué se debe este súbito cambio de parecer de un gobierno que se ha caracterizado por violar sistemáticamente los más básicos derechos humanos, así como por practicar una guerra sucia bajo el emblema elástico y terrible del “todo vale”? ¿A qué se debe esta urgencia por “purgar” al ejército después de tantos años de tolerar estas prácticas (y podríamos bien decir de estimularlas)?

No es que Uribe, pese a su mal disimulada “sorpresa” ante las cámaras, se haya recién enterado del problema de los “falsos positivos”: por mucho tiempo, diversas misiones humanitarias han informado de esta situación, y la respuesta de Uribe siempre ha sido de acusar a los defensores de derechos humanos de ser “áulicos del terrorismo”, afirmación temeraria hecha con su característica mezcla de arrogancia, prepotencia y desprecio por los derechos humanos[27].

No es tampoco el caso que haya un cambio de corazón en el régimen, y que súbitamente Uribe haya desarrollado un genuino interés por los temas humanitarios. Lo que pareciera haber ocurrido es que Uribe ve con pánico que la situación internacional que alguna vez le fue extremadamente favorable cambia radicalmente a un ritmo vertiginoso:

1. En EEUU los demócratas plantean un escenario aún incierto sobre la forma en que se mantendrá la influencia de este país en la región, pero es muy probable que haya cierto afán por dar un barniz “democrático” y “humanitario” a su intervencionismo, lo cual iría a contravía del belicismo desenfrenado de Uribe y Bush. La misma crisis económica al parecer afectaría el financiamiento militar que Uribe ha recibido generosamente, gracias al Plan Colombia, durante todo su mandato por parte de Washington. Esto último fue comunicado ni más ni menos que por el mismo embajador William Brownfield[28]. Recordemos que Uribe sin el Plan Colombia no es absolutamente nada; cualquier alteración que haya en este programa neo-colonial, afectará profundamente al gobierno colombiano, y aunque sea muy poco probable que los EEUU renuncien a este programa de intervención (como creen ingenuamente ciertas personas que ponen más esperanzas en Obama que en la lucha de los pueblos), no deja de ser cierto que un cambio de estrategia inquieta al uribismo.

2. Las denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía y Human Rights Watch, que recientemente publicaron sendos informes en que se condena al Estado colombiano por prácticas violatorias al derecho internacional humanitario y por librar una guerra sucia en alianza con los paramilitares. Al mismo Uribe, Human Rights Watch lo acusa de obstruir la justicia para garantizar la impunidad a personas vinculadas al paramilitarismo[29] y Amnistía Internacional pide, en su informe, parar toda ayuda militar a Colombia debido a la sistemática violación del derecho internacional humanitario por parte del Ejército[30].

3. El hecho de que la Corte Penal Internacional comience sus funciones en Colombia en el 2009, también es otro factor de presión que, sin lugar a dudas, quita el sueño a Uribe. La visita del fiscal Ocampo y del juez Garzón en Agosto, envió una clara alerta al gobierno de Uribe[31]. En estos días, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aseguró que la desaparición de estos muchachos podría ser perfectamente juzgada por la CPI, lo cual representa una perspectiva nada alentadora para un régimen acosado por múltiples violaciones y escándalos[32].

La situación internacional cambia, la situación política cambia, y el mismo pueblo colombiano ve crecer a diario su descontento y pierde día a día la paciencia ante la cloaca de corrupción en que ha sumido el uribismo a Colombia. El miedo al Estado narco-paramilitar se va perdiendo: pese a las amenazas que sufren las familias que denuncian falsos positivos, más y más casos van siendo denunciados, lo cual demuestra un cierto hastío de la impunidad, pero que el miedo que producía Uribe y su estrategia paramilitar ya se ha perdido[33].

La política de la mano dura pudo resultar exitosa por un tiempo para Uribe, pero hoy está devolviéndose en su contra. Y la “comunidad internacional” que por mucho tiempo permaneció inmutable ante los crímenes de Uribe, no pareciera estar dispuesta a seguir aceptando por mucho tiempo más esta situación que les deja en vergüenza. Esto significa que, sumada la crisis económica, la ayuda militar de la cual Uribe depende y sin la cual él no es nada, puede verse seriamente comprometida, a menos que con algunas medidas cosméticas pueda “demostrar avances”. Eso en el mejor de los casos.

En el peor de los casos, el soberbio Uribe podría terminar aislado, solo y acusado por los múltiples crímenes de lesa humanidad que han acaecido en Colombia bajo su responsabilidad política, incluso antes de haber sido presidente, cuando impulsó el paramilitarismo como gobernador de Antioquia a mediados de los ‘90. Mal que mal, no estamos ante casos aislados, sino ante una práctica sistemática que ha sido estimulada por una política de Estado llamada “Seguridad Democrática”, la cual no es sino la aplicación del Plan Colombia y de la guerra sucia. Y lo peor, que esta práctica no solamente ha sido estimulada por una línea militarista obsesionada con los “resultados”, sino que los casos de falsos positivos fueron tolerados por mucho tiempo por las autoridades, las cuales estaban perfectamente al tanto de este horror. Así como también estaban al tanto (y apoyaron, como se desprende del llamado “Pacto de Ralito”) de la alianza estructural entre los paramilitares de ultraderecha y el Ejército, alianza que nuevamente ha quedado en evidencia con las desapariciones de Soacha[34]. Este escenario, que podría llevar a Uribe al banquillo de los acusados ante las Cortes Internacionales, es una posibilidad cierta y Uribe tiene buenas razones para irse preocupando.

A la presión doméstica se le suma la presión internacional: Uribe sabe que tiene sus días contados y sus recientes reacciones son una manera desesperada de intentar lavar su imagen y poder amortiguar el inminente aluvión de procesos internacionales por crímenes de lesa humanidad en su contra, y salvar la ayuda militar extranjera. Pero estas medidas son demasiado tardías, y demasiado insuficientes. Uribe ya entró al callejón sin salida del cual le será imposible salir.

La tarea que queda por delante al movimiento popular colombiano no es menor: rearticularse y retomar la ofensiva en medio de la crisis generalizada del Fuji-Uribato[35], luchas por los intereses populares en contra de un modelo de explotación profundamente agresivo y desmontar un Estado mafioso y paramilitarizado que se ha impuesto a sangre y fuego en un largo proceso iniciado hacia 1994, con la escalada ofensiva del paramilitarismo, y cuyo clímax fue el Pacto de Ralito (2001) que significó la elaboración de un proyecto de “refundación nacional” entre los políticos uribistas y los capos del paramilitarismo. Sobre esa base se erigió la era uribista, que es mucho más que la mera figura de Uribe: es la unificación de todos los sectores de la clase dominante (narcos, mandos militares, hacendados, grandes empresarios, capital imperialista) en un sólido bloque, con el respaldo de una masa enardecida de la clase media de los grandes centros urbanos, una masa sedienta de una línea autoritaria y devota del “culto al jefe”. Pero esta era, aunque hoy esté llegando a su ocaso, deja un legado oneroso al cual solamente el pueblo debe saber extirpar de raíz. Las movilizaciones de estas semanas nos indican que esta tarea ya está en marcha. ¡Adelante!

José Antonio Gutiérrez Danton
2 de Noviembre del 2008

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¡Peligro!: guerra sucia

by Reinaldo Spitaletta - El Espectador

Wed Nov 05, 2008 00:13

ES DE LO MÁS TERRIBLE QUE HA SUcedido en Colombia en los últimos años: la sistemática desaparición por parte del Ejército, “en connivencia con grupos emergentes”, de decenas de muchachos pobres, es decir, de víctimas de un sistema de injusticia social, que luego aparecen muertos y reportados como dados de baja en combate.
Con estas espantosas acciones, violatorias del derecho a la vida y de otros derechos, está en vilo la legitimidad de esa institución y aun la de la “seguridad democrática” y su política de recompensas.

Y qué pena, señor Presidente, los acontecimientos parecen desmentir su aseveración de que Colombia no es como los países del sur en otros aciagos días. Porque lo que demuestra la realidad nacional es, precisamente, que el país (palabreja que el Presidente y otros políticos usan como comodín) cada vez se parece más a aquellos regímenes de terror que asolaron a Argentina, Chile y Uruguay, en particular en los tiempos del Plan Cóndor, diseñado por los Estados Unidos para exterminar izquierdistas.

El asunto es tan grave que, pese a los mimos que el gobierno hace al Ejército “de la patria”, hubo que llamar a calificar servicios a 27 militares, entre ellos tres generales, sin contar las investigaciones que cursan contra centenares de miembros de la institución. En otros días, también nefastos, los paramilitares se encargaban del “trabajo sucio”, tal como lo han revelado algunos de ellos en las audiencias públicas. Según alias H.H., las fosas comunes fueron idea de militares, para que no dejaran los muertos regados por ahí. Tan caritativos.

El caso de los desaparecidos y los retiros militares estalla en momentos de la visita a Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y cuando la Corte Penal Internacional tiene sus ojos sobre Colombia. El extenso episodio de los desaparecidos, que saltó a la opinión pública con los muchachos de Soacha, es de lo más asustador y es parte del terrorismo de Estado. Y si bien está inscrito en un viejo conflicto, cada vez más degradado, es síntoma de las desviaciones del Ejército.

Vuelve a ser pertinente recordar las actuaciones militares, por ejemplo en San José de Apartadó, y lo que desde hace rato era voz popular: los falsos positivos. Hace dos años, del Parque Bolívar de Medellín, bajo el señuelo del trabajo, se llevaron a tres jóvenes, que luego aparecieron “muertos en combate” en Montebello. Y así, innumerables casos del reclutamiento de la muerte perpetrado por miembros del Ejército en alianza con otras “fuerzas oscuras”. Arrastran muchachos desempleados, pero también drogadictos y retrasados mentales.

Y toda esta abominable táctica, para reportar éxitos en la seguridad democrática, de un lado, y de otro, para mantener las relaciones clandestinas de miembros del Ejército con “bandas emergentes” mafiosas. Es la creación de una máquina criminal que perpetra hechos delictivos muy similares a los que padecieron los pueblos sureños en los setentas. Entre tanto, se repite la comedia de los ministros que no asumen responsabilidades políticas y no renuncian. La indignidad les parece virtud.

Las recientes purgas militares comprueban las acusaciones de diversos organismos de derechos humanos y de la sociedad civil: desde hace tiempos las Fuerzas Armadas cometen barbaridades, en Colombia hay ejecuciones fuera de combate y crímenes de guerra. Y esas conductas están estimuladas por las recompensas, los ascensos y reconocimientos ofrecidos por cada guerrillero dado de baja. Incluso, hasta los mismos guerrilleros matan a sus ‘camaradas’ y les cortan las manos para llevarlas como trofeo.

Ojalá sí haya condenas para los muchos implicados en la barbarie y que la impunidad no siga cabalgando sobre los hombros de tantas víctimas.

"A los soldados los felicitaron por muerte de un N.N": Fiscalía

by El Espectador

Thu May 14, 2009 23:15

El delegado de este organismo relató que por 'reclutar' a uno de los jóvenes de Soacha los militares pagaron $200 mil.

La Fiscalía pidió que los uniformados sean procesados por los delitos de concierto para delinquir; homicidio agravado y desaparición forzada.Adicional, a los dos oficiales se les imputa falsedad en documento público, por alterar los reportes entregados.

La audiencia inicial se realiza a seis militares implicados en la desaparición de Fair Leonardo Porras, un joven que presentaba problemas cognitivos, y que fue presentado como un extorsionista abatido en un combate en Ocaña, Norte de Santander.
"A los soldados los felicitaron por la muerte de un NN de los tantos que aparecieron en esa región", señaló el Fiscal Emilio Alberto Vargas Gil.

Según el funcionario, el 12 de enero de 2008 la fuerza pública presentó un organigrama que señalaba la muerte de Porras de la siguiente manera "fue dado de baja un narcoterrista (NN) al parecer al servicio de bandas criminales, en operativos de la vereda el Tabaco".

Y es que por la muerte de los N.N no sólo se felicitaba a los militares, además se les otorgaban permisos y cursos en el exterior, según se conoció en la exposición del organismo investigador, que además reveló que por este caso en específico se canceló $200 mil para reclutar al jóven, dinero que salió de fondos propios del Ejército.

"Algunas veces estos fondos eran aportados por los mismos militares, con este dinero se cubría el traslado de las víctimas, el reclutamiento y hasta las armas que se les dejaban en la escena para relacionarlos con grupos ilegales", agregó el Fiscal.
Y continúa: "había todo un acuerdo previo para conseguir las víctimas y para dar los resultados", por esta razón se imputó el delito de concierto para delinquir.

Según relató la Fiscalía, desde Ocaña se giraba dinero para cubrir los gastos de las víctimas y sus reclutadores.
"Los transportaban y eran recibidos por los militares, ellos lo llevaban a una vivienda donde un familiar de Dayro José Palomino (militar adscrito a una Brigada en Ocaña) los controlaba hasta el día del falso combate", dijo.

Según el Fiscal, las víctimas pasaban por un supuesto control de las autoridades donde los despojaban de sus documentos y después eran asesinados.

¿Justicia Penal Militar?

La defensa de los judicializados pidió al inicio de la diligencia que el Juez Fernando Sarmiento se declarará incompetente para llevar el caso.

Según manifestaron los abogados, el caso debería ser llevado por la justicia penal Militar, porque en el marco de la presunción de inocencia, el hecho por el que están vinculados los uniformados, tiene que ver con un combate del cual no se ha demostrado que no existió.

Sin embargo, el juez señaló que "no se puede presentar este tipo de recursos sin justificar las razones de fondo que argumentan porque en este caso sí hay fuero militar", por lo que el recurso no prosperó.
Por su parte el representante de la Fiscalía señaló que ya la Corte había reiterado que este tipo de procesos tienen que estar en poder de la justicia ordinaria.

"La Justicia Penal Militar tiene competencia cuando existe un vínculo entre el desarrollo legitimo de su función y el delito", agregó.
Estos militares pertenecen a guarniciones militares de Norte de Santander, departamento donde aparecieron muertos la mayoría de los desaparecidos de Soacha y presentados como muertos en combate.

La diligencia se inició a las 9: 50 de la mañana y comparecen seis de los 49: Richard Ramiro Contreras (soldado profesional); Ricardo Garcia (soldado profesional); Carlos Antonio Zapata Roldán (soldado profesional); Diego Vargas (teniente); Marco Wilsón Quijano (mayor) y Carlos Manuel Gonzáles (cabo primero).

Combate donde murió joven de Soacha duró diez minutos

Sat May 16, 2009 01:04

La Fiscalía reveló detalles de los testimonios entregados por algunos testigos en este proceso.

Uno de los relatos presentados durante la audiencia preliminar en contra de seis militares sindicados de la muerte de Fair Leonardo Porras señala que la persona que realizaba el contacto con el 'reclutador' relató que uno de los soldados le contó que el sargento Pérez, el coronel Tamayo y otros "mandaban a traer los muchachos con 'Palomino' y que este ya tenía el contacto en Soacha".

Según este testigo, los militares ponían un retén en la parte oscura de la carretera que une a Ocaña con Abrego y después de pedir documentos montaban a las víctimas en un vehículo 'gemeleado' y se los llevaban. "Se los llevaban para la zona donde se iba a dar el combate y los documentos se los quedaba el Ejército]", señaló el fiscal.

Antes de traer a los muchachos los soldados recogían plata para traer las armas que les ponían después de asesinarlos.

Según el testimonio, los militares del Batallón Santander aseguraban que realizaban esos 'positivos' para obtener permisos o periodos de vacaciones.

La Fiscalía argumentó también que las cifras entregadas por Medicina Legal, donde ingresaron varios supuestos abatidos en combate, no correspondían con el uso de municiones por parte de los uniformados.

Además, se pudo constatar que el supuesto enfrentamiento donde resultó abatido Porras (presunto extorsionista) sólo duro 10 minutos.

Las Ratas Asesinas del Ejército que masacraron a los muchachos de Soacha

"Los impactos recibidos por los jóvenes de Soacha no son de combate"

Sat May 16, 2009 01:05

La Fiscalía imputó cargos contra otros seis militares implicados en la desaparición de dos jóvenes.

Este viernes se realiza la segunda audiencia de los militares implicados en las desapariciones de Soacha, esta vez en los casos relacionados con la muerte del menor Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza, durante hechos ocurridos el 27 de enero de 2008 en el área de Ocaña (Norte de Santander), cuando estas personas fueron presentadas como guerrilleros abatidos.

Se trata del mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa; de los suboficiales Manuel Zorrilla y Miguel Ángel Agámez y los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, y Luis Alirio López adscritos al Batallón de Infantería No.15, Francisco de Paula Santander de la II División del Ejército,

La Fiscalía imputó cargos en contra de estos uniformados por homicidio agravado, desaparición forzada, concierto para delinquir y fraude procesal, Sin embargo, estos no aceptaron los cargos.

"Los impactos recibidos por los jóvenes Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza son abiertamente incompatibles con un combate", relató el Fiscal delegado para el caso.

Esta nueva diligencia ya completó 10 horas, ha resuelto la situación de 12 militares y ha expuesto los casos de tres, de los 11 desaparecidos de Soacha.

El pasado jueves, el Juez segundo penal de garantías de Soacha, Fernando Sarmiento, señaló que los primeros uniformados que asistieron a la diligencia deben permanecer bajo custodia de la justicia.

La audiencia que se extendió por más de 15 horas, acogió la petición hecha por la Fiscalía, que le ímputó a los seis soldados los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada.Adicional, a los dos oficiales se les procesará por falsedad en documento público, por alterar los reportes entregados.

Este jueves comparecieron seis de los 49 uniformados identificados como : Richard Ramiro Contreras (soldado profesional); Ricardo Garcia (soldado profesional); Carlos Antonio Zapata Roldán (soldado profesional); Diego Vargas (teniente); Marco Wilsón Quijano (mayor) y Carlos Manuel Gonzáles (cabo primero).

Sin embargo, los uniformados no aceptaron ninguno de los cargos imputados por la Fiscalía.

La audiencia inicial se realizó a estos militares implicados en la desaparición de Fair Leonardo Porras, un joven que presentaba problemas cognitivos, y que fue presentado como un extorsionista abatido en un combate en Ocaña, Norte de Santander.

Por su reclutamiento, los uniformados presuntamente pagaron $200 mil a un 'reclutador' para que lo llevarán hasta este lugar.

Según la Fiscalía, el 12 de enero de 2008. la fuerza pública presentó un organigrama que señalaba la muerte de Porras de la siguiente manera "fue dado de baja un narcoterrista (NN) al parecer al servicio de bandas criminales, en operativos de la vereda el Tabaco".

Según relató la Fiscalía, desde Ocaña se giraba dinero para cubrir los gastos de las víctimas y sus reclutadores.

"Los transportaban y eran recibidos por los militares, ellos lo llevaban a una vivienda donde un familiar de Dayro José Palomino (militar adscrito a una Brigada en Ocaña) los controlaba hasta el día del falso combate", dijo.

Según el Fiscal, las víctimas pasaban por un supuesto control de las autoridades donde los despojaban de sus documentos y después eran asesinados.

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