Paraestudiantes: informantes en Medellín

venezuela/colombia | imperialism / war | non anarchist press Monday February 08, 2010 14:21 by Red Revuelta

La medida del presidente de contratar estudiantes como informantes agraba la situación de DDHH en la población juvenil, genera arbitrariedades en capturas y detenciones, asesinatos y desapariciones y contribuye a la impunidad de las fuerzas armandas del Estado. Además, de ser una medida que viola la dignidad de la población estudiantil y pone en riesgo su seguridad. Además de violar aun más la posibilidad de pensamiento crítico dentro de las universidades. El papel de estos informantes será sapear incluso cuando un compañero diga algo que no les gusta en clase, van a decir que es un terrorista.

La idea del presidente Álvaro Uribe Vélez de pagarle a mil estudiantes de Medellín para que trabajen como informantes de la fuerza pública, es una propuesta que no sorprende en un mandatario cuya Política de Seguridad Democrática ha sido su caballito de batalla durante los últimos siete años y medio que lleva gobernando.

La situación en la capital antioqueña es preocupante. El año pasado terminó con casi 2 mil homicidios. Es decir, un incremento del 105 por ciento respecto del 2008, según la Policía. Además, el informe de la fundación Nuevo Arco Iris que hizo un balance de la situación de seguridad en todo el país el pasado noviembre, señala que en esta ciudad hay seis organizaciones criminales que se disputan el territorio con el fin de convertirse en los nuevos dueños del poder ilegal urbano.

Por esta y otras razones fue que este martes, durante una visita a la capital antioqueña, el presidente Uribe lanzó la idea sin mayores detalles: “vincular a través de la fuerza pública mil jóvenes estudiantes de Medellín. ¿Requisito?, que sean estudiantes, como informantes de la fuerza pública para desterrar el homicidio”. Estos muchachos, mayores de edad, recibirán al mes 100.000 pesos, “a título de bonificación”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Uribistas como el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos; los ex ministros de Defensa Juan Manuel Santos y Martha Lucía Ramírez; y analistas como Alfredo Rangel defendieron la medida, aduciendo que el sistema de recompensas ha funcionado en Colombia para combatir la criminalidad y que ante una situación tan delicada como la de Medellín, es necesario implementarla para estimular la delación.

Pero esto no es del todo cierto. El sistema de recompensas, aunque ha funcionado para encontrar guerrilleros en el monte, ha sido muy criticado en el país porque ha inducido a la violación de derechos humanos. Cabe recordar que hace tres años estimuló el inicio de lo que hoy se conoce como "falsos positivos", cuando una directiva del Ministerio de Defensa (ya modificada) autorizaba pagarle a civiles y militares por delatar ilegales.

Rodrigo Uprimny, director del Centro de de Estudios de Derecho y Sociedad, DeJusticia, cree que hasta cierto punto es admisible que se recompense a alguien que, por ejemplo, pertenece a un cuerpo de inteligencia del Estado. Pero volver informante a un estudiante es un riesgo para ese sector de la sociedad.

Para el analista, la propuesta del Presidente tiene varios problemas: “primero, los grupos criminales van a estigmatizar y victimizar al colectivo de estudiantes porque saben que ahí hay informantes. Segundo, el hecho de que no haya ningún control es un peligro. Estas personas no son funcionarios públicos, no tienen la formación para buscar información y lo que se hace es volver informal la actividad de inteligencia (...) Además, no parece muy inteligente anunciarle a los delincuentes que les van a mandar informantes”.

Pagar estudiantes como informantes a sueldo hace recordar necesariamente a las Convivir, que entre 1996 y 1997, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia, se establecieron en este departamento como cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Esto con el fin de defender el campo, de la guerrilla, lo que en parte ayudó a que los paramilitares se reprodujeran dándole visos de legalidad a su actuación.

Sin embargo, el presidente Uribe defendió este miércoles su idea desde Davos (Suiza) porque el “derecho a la vida lo tenemos que defender todos”; y le respondió a las críticas que en Colombia se le han hecho a la anunciada medida: argumentó que la mayoría de crímenes en Medellín son contra personas menores de 30 años. Sin embargo, ¿qué le hace pensar al gobierno que con informantes en los centros educativos solucionará el problema?

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, cree que la idea del gobierno refleja claramente la falta de una política seria contra la criminalidad y el desespero por solucionar el problema.

“Con esto no se resuelve el tema porque cogemos las cabezas, pero vuelven y salen otras, por eso si uno no hace intervenciones estructurales, no va a solucionar el problema de los homicidios”, dice Llorente y agrega que todas estas medidas de choque tienen efectos inmediatos, pero no son sostenibles en el tiempo.

Además, los estudiantes han rechazado de manera general la medida. En los medios de comunicación, en las redes sociales y algunos jóvenes consultados por Semana.com han sentado su protesta porque no están dispuestos a buscar información de criminales a cambio de 100 mil pesos al mes. Para muchos, es absurdo, aunque el ministro de Defensa, Gabriel Silva, ha dicho que al Presidente lo interpretaron mal porque los mil estudiantes de las comunas "serán parte de los tantos informantes que queremos tener”.
¿Los informantes serán estudiantes de las comunas, de los colegios, de las universidades? ¿la información se pagará después de que sea entregada? ¿quién le garantizará la seguridad a los muchachos que le ayuden a la fuerza pública? La poca claridad del Presidente en su propuesta dice mucho de la ligereza y la rapidez con que se tomó la decisión.

Este martes, el Presidente Álvaro Uribe anunció la incorporación de estudiantes a la red de informantes para combatir los índices de violencia de la ciudad de Medellín.

Durante una visita a la capital de Antioquia para evaluar las obras de infraestructura de los IX Juegos Sudamericanos, el Presidente anunció la decisión de “vincular a través de la Fuerza Pública mil jóvenes estudiantes de Medellín. ¿Requisito?, que sean estudiantes, que estén estudiando, como informantes de la Fuerza Pública para desterrar el homicidio”.

Agregó que los jóvenes recibirán al mes cien mil pesos, “a título de bonificación”.

Según el Primer Mandatario, la decisión es respaldada por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el alcalde de la ciudad, Alonso Salazar. Este último está de acuerdo con que la red de cooperantes sea anónima, pero no de un sector específico de la ciudadanía.

Este miércoles en Caracol Radio, Salazar dijo que la medida del gobierno no era una política de la Alcaldía, sino de orden nacional. Dijo que no estaba de acuerdo con el hecho de que se involucraran estudiantes en la red de inteligencia, sino con fortalecer los organismos de los que dispone el Estado, para investigar y judicializar los delitos.

"La Alcaldía no tiene ni tendrá una red de cooperantes... Como Alcalde no puedo aceptar que estudiantes pertenezcan a una red de informantes", dijo Salazar. También advirtió que la medida terminaría por estigmatizar un sector de la sociedad.

El gobernador Ramos se mostró a favor de la decisión de la Presidencia, pero advirtió que esa política debía estar muy bien estructurada para que la información que reciba la Policía sea correctamente manejada. “A mí me parece que esa propuesta bien manejada por la Policía puede dar buenos resultados”, dijo Ramos.

El flagelo de violencia que azota a la ciudad de Medellín ha ido en aumento en los últimos meses. Hay quienes explican que el aumento de los homicidios (más de 1.500 en 2009) se debe a la extradición de los jefes paramilitares y del narcotráfico que dejaron sin cabeza las estructuras delincuenciales, y atizaron la confrontación entre bandas que se están reorganizando.

En Caracol Radio, Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Ong dedicada a la defensa de las víctimas del paramilitarismo, dijo que la medida de Presidencia demuestra “el fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Eso no funciona, aquí hay unos grupos que siguen controlando a la población”, dijo la abogada.

Para otros, como la ex ministra de defensa y candidata presidencial, Martha Lucía Ramírez, y el ex ministro de la misma cartera, Juan Manuel Santos, la decisión de vincular a jóvenes estudiantes en la red de informantes para que denuncien a los delincuentes o entreguen información valiosa para la Policía, es benéfica para ayudar a reducir la criminalidad.

Según ellos, los informantes han sido piezas clave en la ejecución de la Seguridad Democrática, política de defensa diseñada para combatir a la guerrilla.

"¿Cuál es el drama, cuál es el problema? la red de informantes le ha servido mucho a este país para delatar a los delincuentes", dijo Santos.

Sin embargo, para muchos analistas de la violencia en Medellín, la vinculación de los estudiantes en el conflicto entre bandas podría desatar retaliaciones contra los jóvenes. Además, la medida también podría ser aprovechada por las bandas delincuenciales para atacar a otros grupos ilegales.

“Es un error monumental”, fue cómo calificó el ex Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, la decisión. El candidato a la Presidencia por el Partido MovimientoCompromiso Ciudadano dijo que convertir a un estudiante en informante era abrirle la puerta para que entre en el mundo delincuencial, que era llevar el conflicto al terreno de la educación.

En su criterio, a un estudiante se le debe facilitar las cosas para que siga con sus estudios y evitar que más jóvenes entren por la puerta de la delincuencia.

Para el candidato liberal, Rafael Pardo, el anuncio del Presidente demuestra una medida desesperada que pone en evidencia la crisis en Medellín. Dijo que “pensar que los estudiantes pueden convertirse en la red de inteligencia de la Fuerza Pública es un error que podría llevar a los planteles a un conflicto interno”.

Otra de las críticas que ha provocado la medida es que restringe las libertades de los ciudadanos, como ha ocurrido con los grupos de vigilancia, algunos integrados por desmovilizados, que piden dinero a cambio de garantizar la seguridad de los barrios o de los negocios, y que se aprovechan para chantajear a los habitantes de algunos barrios de la ciudad.

Faltará ver qué piensan los estudiantes, los directores de los centros educativos de Medellín y también evaluar cómo termina una política que entrega la vigilancia y control a estudiantes, en lugar de fortalecer la confianza en la fuerza pública y el trabajo de inteligencia, sin vincular a los civiles en el conflicto.