Panamá: la violencia contra el pueblo

américa central / caribe | workplace struggles | opinión / análisis Monday July 19, 2010 02:12 by Genaro López - SUNTRACS

Genaro López, secretario general del combativo Sindicato de la Construcción panameño, denuncia en este artículo los crímenes del gobierno Martinelli, títere de la oligarquía y al servicio del Departamento de Estado de los EEUU, y exige la derogación de las leyes antipopulares, la libertad de los presos por luchar y el castigo de los culpables de la represión contra los huelguistas de Bocas del Toro.

¡Toda la solidaridad de clase y libertaria con nuestros hermanos de clase de Panamá!

La violencia ejercida contra un pueblo que demanda que se respeten sus derechos humanos evidenció no solo la arrogancia y prepotencia del gobierno de Ricardo Martinelli, sino también la conducta represiva del mismo, haciendo recordar los peores días de la dictadura militar.

Como si ello fuera poco, demostrando total menosprecio hacia los pueblos originarios, varios de los funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Seguridad, se refieren a los indígenas de manera irrespetuosa catalogándolos de ‘alcohólicos’.

Hasta el momento el saldo es de siete muertos; cientos de heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes (pérdida de la visión, disparos de perdigones al rostro); encarcelamientos ilegales (caso de Jaime Caballero directivo del Suntracs); y órdenes de conducción y detención contra una veintena de dirigentes, que carecen de real sustento.

Es necesario insistir en que no se trató de desinformación, como pretende hacer creer a la comunidad el gobierno; las declaraciones sobre el contenido y alcance de la Ley 30 (Ley Chorizo), por parte de varios funcionarios de la estructura gubernamental, así lo evidencian. Es decir, no se puede tapar el sol con una mano, no se puede esconder con la entrega de celulares o con visitas a los hospitales el daño generado. El único responsable de la actual situación es el gobierno, quien desde su arribo a la Presidencia ha desconocido el sentir del pueblo y pretendido cercenar las organizaciones sindicales y gremiales.

Antes que se impusiera la Ley Chorizo, varias organizaciones sindicales, gremiales, ambientales, campesinas e indígenas, entre otras, hicimos diversas manifestaciones señalando lo contraproducente para la población de este nefasto proyecto, que lesionaba el derecho a sindicalización y huelga, el derecho a la protección ambiental y que colocaba a todos los panameños y panameñas en un estado de indefensión ante las prerrogativas excesivas que se le otorgaba a la Policía Nacional. A pesar de ello, la Asamblea Nacional de Diputados la aprobó a tambor batiente y el presidente la sancionó sin el menor reparo.

Ante ello, varias organizaciones de la sociedad panameña han interpuesto ante la Corte Suprema diversos recursos legales contra la Ley 30; sin embargo, se insiste en su imposición, demostrando con ello que no existe por parte del gobierno ningún interés de verdadero diálogo.

En estos momentos, pese a los hechos, el gobierno insiste en su conducta de oídos sordos. No se trata de suspender tres artículos, se trata de derogar las leyes antipopulares, impuestas al pueblo panameño: Ley 14 (carcelazo), Ley 30 (Chorizo), Decreto 944 (que impone la transformación curricular), Decreto 577 (que lesiona la Ley Orgánica de la comarca Ngäbe Buglé). Igualmente, el pueblo demanda la inmediata eliminación del 7% de ITBMS; la rebaja y congelamiento de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad; la suspensión de los proyectos que lesionan el ambiente y la suspensión de los negociados a través de las instituciones públicas (caso compra de corredores).

Lo que se vive en el país es un total abandono de principios democráticos universalmente reconocidos, es una violación abierta a los derechos humanos del pueblo panameño por parte del gobierno de Ricardo Martinelli.

Exigimos el cese inmediato de la represión y persecución, así como la inmediata investigación imparcial de los atropellos y la represión en Bocas del Toro y Colón; y que se juzgue a los responsables de los asesinatos, las persecuciones, detenciones y encarcelamientos ilegales, así como los exabruptos jurídicos cometidos por diversas autoridades.

El pueblo exige Justicia, respeto a todos nuestros derechos ciudadanos, económicos, sociales, ambientales y culturales.

Las organizaciones del movimiento social panameño seguiremos realizando acciones que permitan la derogatoria de estas nefastas leyes y la defensa del derecho a la vida digna.

Llamamos al pueblo a mantener la lucha, que se enmarca en el derecho que nos asiste a la defensa de nuestros derechos humanos.

Genaro López
Secretario General del Sindicato Nacional de la Construcción (SUNTRACS)