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[Colombia] Constitucion del 91, 20 años de una esperanza frustrada

category venezuela / colombia | miscellaneous | non-anarchist press author Wednesday July 13, 2011 07:05author by ELN Report this post to the editors

Cuando hace 20 años se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, el país ya sentía los rigores y atropellos de las mafias paraestatales en toda su crudeza.
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Éstas, protegidas por las fuerzas militares y financiadas por la oligarquía y el narcotráfico, como se pudo evidenciar en los años posteriores, se consolidaban como una gran empresa capitalista y cumplían la tarea de destruir el movimiento social, como requisito para la implementación de nuevos y lucrativos negocios ligados a la tierra, la construcción, infraestructuras, turismo y los servicios sociales como la salud: negocios gestionados o ganados a través de la perversa alianza que aún se mantiene entre la burguesía y los narco paramilitares.

La Constituyente generó esperanzas en mucha gente; con el ropaje de ser un pacto de paz con la guerrilla y de la mano de un anunciado Nuevo Pacto Social, miles de colombianos y colombianas aspiraban a salir de la zozobra de la guerra y la miseria, para alcanzar un mejor nivel de vida, o al menos superar las angustias más inmediatas y tener un Estado más justo.

Sin embargo, el pueblo no tuvo en ese escenario un digno representante y las fuerzas guerrilleras que llegaron allí, lo hicieron soportando la debilidad de su derrota y el abandono de los intereses populares, sin desconocer que algunos de ellos creyeron en ese instrumento, como un camino posible para el logro de la paz y la vía para la construcción de un nuevo país.

Por ello, el resultado de la Constitución, expresó mayoritariamente los intereses de las clases oligárquicas, que haciendo de voceras del capital transnacional, legislaron para dejar abiertas las puertas a la implementación del Neoliberalismo, que arrasó con todos los derechos sociales.

La centralidad de los derechos del capital y el interés privado, la desregulación de las inversiones extrajeras, las privatización de lo público, el desmonte a los controles del sector financiero, el cambio del papel del Estado como garante de los Derechos ciudadanos y, su paso a ser eficiente controlador de la provisión de servicios, serán las puertas abiertas para que el capital transnacional, ya en proceso de ligazón al capital mafioso, se apropie de las rentables empresas estatales, destruya la ya precaria economía nacional y se lleve magnificas ganancias hacia el exterior.

La compensación hacia los intereses populares, no llegó más allá de las declaraciones y formulaciones generales, consistente en una amplia referencia a los derechos fundamentales, pero sin la posibilidad política y jurídica para hacerlos realidad.

Como tabla de salvación, en medio las prebendas a la voracidad del capital, se dejó establecida la Acción de Tutela, la cual se convirtió en una de las pocas herramientas para que los sectores populares y las clases medias venidas a menos, lograran materializar parte de los derechos sociales, económicos y culturales, que un verdadero Estado social de derecho debería proveer sin pleitos judiciales.

El desbalance fue inmenso: para el capital todas las gabelas, para el pueblo sólo la Tutela. A pesar de ello la ambición y voracidad de los capitalistas se mostraron en toda su magnitud y desde muy temprano, a través de congresistas y magistrados, se dedicaron a desmontar el articulado que, según ellos, iba contra el sacrosanto derecho a la libre competencia, al enriquecimiento privado y personal y se ensañaron contra los pocos avances que en materia social se consignaron en la Carta y se reglamentaron posteriormente.

En esta ofensiva, la Tutela se convirtió en objetivo prioritario de los ataques de empresas intermediarias de la salud, empresas de intermediación laboral, mineras, constructoras y otras, que por medio de la Tutela, se vieron obligadas a cumplir con sus responsabilidades y deberes. Otros ataques vinieron de los mismos gobiernos, buscando deshacerse de su política social.

Hoy 20 años más tarde, las ilusiones están rotas: las declaraciones que presentan a Colombia como un “Estado Social de Derecho” o "el deber del Estado es velar por la vida y el bienestar de la gente" o la declaratoria de que "la soberanía descansa y emana del pueblo", no pasan de ser simples frases de cajón o parte de un horizonte deseado; pues la Carta Constitucional, sólo es un instrumento que se mal usa desde el poder, mancillando con muerte y miseria los campos y ciudades colombianas.

Sin lugar a dudas, el objetivo de construir una Nueva Carta Constitucional, fruto de los mejores esfuerzos de las mayorías nacionales, está aún pendiente: la Carta del 91 se volvió obsoleta, desde el momento mismo de su promulgación, mientras los intereses populares de vida digna, autodeterminación, justicia y bienestar, están aún por conseguir.

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