Carta Abierta a Antonio Caballero: lucha armada y solución política

Carta Abierta a Antonio Caballero sobre su artículo "Lucha Armada" en la Revista Semana (Bogotá, 9 de Julio) y el problema de la guerra, la paz y la solución política al conflicto.

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Dublín - Bogotá 1 de Agosto de 2011

Sr.
ANTONIO CABALLERO
Columnista Revista Semana
Bogotá

Con gran interés leímos su columna "Lucha Armada" (Semana, 9 de Julio) la cual es un valioso aporte en medio de nuevos intentos de construir escenarios políticos para la resolución del conflicto social y armado en el país, como lo demuestran diferentes iniciativas de sectores sociales, económicos y políticos.. Apreciamos su valentía para plantear temas tabúes así como su espíritu crítico para abordar el tema. Por ello le escribimos, porque creemos que un intercambio con usted puede ser fructífero para enriquecer ésta búsqueda urgente de salidas a la guerra.

Concordamos plenamente con usted en lo inexacto de la afirmación que la lucha armada colombiana tendría relación directa con la Guerra Fría -afirmación frívola, que no considera los orígenes históricos del conflicto, su desarrollo, ni las condiciones objetivas y subjetivas que la mantienen. El desacierto de tal afirmación es evidenciado por la propia historia del conflicto colombiano, que desde la caída del muro de Berlín se ha agudizado en lugar de amainar. Identificamos, sin embargo, aspectos ideológicos del anticomunismo de aquella época que se mantienen fosilizados en el discurso de las élites de éste país y con ellos, toda una política de seguridad nacional que en nuestra opinión emula las que caracterizaron los procesos de estigmatización, criminalización y persecución de los movimientos de oposición de izquierda propios de la guerra fría.

También concordamos con usted en que la realidad jurídica-institucional (signada por la Constitución de 1991) no necesariamente va de la mano con la realidad en el terreno. Este es un punto decisivo en el análisis, porque lo que podemos constatar es que esta realidad jurídico-institucional, mediada por la voluntad política de las élites, se traduce en anticonstitucionalismo y sobretodo en impunidad, como lo grafica el caso de la Ley de Justicia y Paz.

Ahora bien, usted menciona que si bien las condiciones objetivas del conflicto se han agravado, las subjetivas han desaparecido. Aunque usted aclara cuáles son las condiciones objetivas a las que se refiere -"aumento de la pobreza, de la inequidad y de la corrupción, despojo de las tierras, desplazamiento de las gentes, masacres, crecimiento de todas las violencias y de todas las formas de la represión, tanto oficial como paraoficial"-, se abstiene de enumerar las razones subjetivas. Aunque se desprende de su apreciación que la insurgencia, la que continuó en armas después de la desmovilización de 1990, se "ha corrompido", que usted identifica las causas subjetivas con una especie de "imperativo moral".

En eso diferimos: pues el conflicto colombiano no nace de un imperativo moral a alzarse contra la injusticia, ni tampoco por razones excesivamente ideológicas. El conflicto social y armado colombiano es ante todo un conflicto por la tierra, en la cual muchas comunidades campesinas se alzaron en armas porque no les quedó otra debido a la violencia a la que fueron sometidas; dentro de un ciclo infernal de agresión-retaliación los sectores populares se unieron a esa lucha o resignificaron, en diferentes expresiones armadas que han existido o que aún existen, el derecho a la legítima defensa (recordemos que las autodefensas campesinas originales son guerrilleras; luego los paramilitares usurpan el nombre poniendo la historia de cabeza).

No hay duda que muchos elementos se unieron a la insurgencia animados por un imperativo moral, así como también es cierto que la insurgencia en un determinado momento histórico da un salto al articular proyectos políticos con marcados tintes ideológicos que, pese a la propaganda oficial, hasta al día de hoy se conservan (como se aprecia en su propaganda, adoctrinamiento ideológico, etc.). Usted mismo reconoce, en su párrafo final, que el proyecto político de la insurgencia se expresó alguna vez en la UP, y deberíamos incluir también al Frente Popular, A Luchar entre otras expresiones que han existido.

Las condiciones subjetivas son muy importantes de enunciar y evidenciar, pues son las que explican las opciones que toma, en una zona donde hay presencia de todos los actores de la guerra, una familia campesina pobre y despojada de sus tierras y de su dignidad. Es inexacto afirmar que la insurgencia, así como los actores oficiales o paraoficiales, se han corrompido de la misma manera, pues esto significa ignorar la barbaridad, cualitativa y cuantitativamente superior, que significó el desarrolló del aparato narcoparamilitar en los '90. De hecho, en muchas comunidades azotadas por el conflicto, la elección por la insurgencia indica un cierto nivel de sensibilidad social y un cierto compromiso con un determinado proyecto-país que la población rural asocia con la insurgencia, más aún cuando existen otras alternativas como el paramilitarismo, el narcotráfico o el sicariato (y aún el ejército oficial).

Afirma usted que la guerrilla es desempleo armado, pero no solamente la guerrilla puede ser calificada de desempleo armado. También lo son el sicariato y el paramilitarismo, los cuales efectivamente abren las puertas a dinero mucho más fácil y a una carrera más segura que en las filas insurgentes y con posibilidades de que el aparato jurídico-institucional los perdone o los castigue levemente, si es que acaso, porque la impunidad de los crímenes paramilitares es del orden del 98%. A su vez, reducir el problema de los alzados en armas al desempleo armado, ignora un panorama social mucho más complejo que permea a la sociedad en su conjunto. Hoy tenemos en las cárceles a inminentes representantes del gobierno anterior que sin estar desempleados si que han participado de la guerra, con la legitimidad que les permitimos los “ciudadanos de bien”, cuando aceptamos la paz a cualquier costo, incluyendo el escalonamiento de la guerra. Hablando de imperativos morales, la selva no es igual a las haciendas en las que los actores poderosos de la guerra disfrutan de sus riquezas.

Como hemos dicho, hay opciones abiertas, aún en medio del conflicto. Las razones por las que subsiste la insurgencia no son solamente el desempleo (si por eso fuera, habría insurgencia en todo el continente) sino que por un complejo entramado de relaciones sociales en las cuales la relación Estado-Sociedad Civil está mediatizada históricamente por la violencia.

Esto no equivale a negar la existencia de factores objetivos y subjetivos, en la misma sociedad colombiana, de degradación y corrupción de todas las partes del conflicto, pues todos, en cierta medida, aunque de manera diferenciada y desigual, reflejan los 60 años en los que se ha desistitucionalizado el orden social y político, con desiguales resultados para los ricos y para los pobres.

Nos parece que el esfuerzo hecho por usted de plantear sin ambigüedades el tema de la lucha armada se pierde al afirmar que el "dinero fácil del narcotráfico" es el factor último de la corrupción de la insurgencia. Primero que nada, porque el dinero del narcotráfico permea al conjunto de la sociedad colombiana, y la insurgencia no está peleando en Marte, sino en una sociedad donde el narcotráfico se ha convertido en un aspecto fundamental de la economía colombiana, quizás en su principal actividad económica, y donde los tentáculos del narcotráfico asfixian todas las instituciones del Estado y están bien arraigados en la élite económica. Es verdad que la insurgencia cobra impuesto a los narcos de igual manera que lo hace a otras actividades económicas en su territorio, ¿entonces cree usted que ese dinero las debe corromper más que, por ejemplo, el impuesto que cobran a las petroleras? Usted no lo dice, pero está de moda afirmar que la insurgencia es un “cartel”. Entendiendo que el narcotráfico tiene diferentes negocios dentro de su cadena productiva ¿a qué le llamamos “cartel”? porque más allá de la propaganda de guerra, no se ha demostrado hasta el momento que la insurgencia tenga pistas aéreas ni laboratorios como sí se ha demostrado los tienen los capos de las drogas que han hecho parte de la llamada “desmovilización” paramilitar, todos ellos con vínculos al partido de gobierno. Entonces, ¿quién es el traficante?

Estos elementos que pueden parecer detalles son claves si, por ejemplo, analizamos la manera como el Estado y el Ejército han criminalizado a los campesinos cultivadores de coca y a las “mulas” y a los eslabones débiles de la cadena, enfoque que permite mantener el negocio y hacerlo cada vez más lucrativo.

Usted también afirma que “Hoy todavía hay motivos para alzarse en armas. Pero no son esos los que mueven a los alzados en armas”. Creemos necesario preguntarle sobre lo que realmente quiere decir: ¿hay razones para la lucha armada, pero no reconocemos a los insurgentes que encarnan esas razones, en concreto, hoy en la historia de Colombia, como interlocutores válidos? He aquí un gran escollo para la paz.

A la luz del delito de opinión que existe en este país, entendemos la dificultad que una afirmación como ésta puede acarrear. Sin pretender un defensa moral de la insurgencia, si cuestionamos la certeza con la que usted afirma esto. ¿Cómo sabe que esas no son las razones que los animan? Las declaraciones de la insurgencia permiten comprender que esas “causas objetivas” por usted enumeradas siguen siendo las causas que los animan en cuanto expresión política. Por otra parte, en términos personales, las razones que animan a la gente en armas son variadas, y quizás son tantas como tantos alzados hay en armas. Sin embargo, todos, o la abrumadora mayoría de los alzados en armas, son gente más o menos afectadas por las razones objetivas: pobres, marginados, excluidos, etc. ¿Habría que suponer, entonces, que estamos ante un ejército esquizofrénico que vive en carne propia las razones objetivas de la lucha armada, pero cuya psiquis, disociada de sus condiciones materiales, decide rebelarse por algunas otras causas, que tampoco quedan muy claras?

La consecuencia práctica de este argumento es lo más preocupante: porque lo que hace es deslegitimar a la insurgencia como un actor válido en la búsqueda de soluciones, mediante un eventual diálogo político, a las causas objetivas tras la lucha armada. Y de ahí se desprende la consecuencia lógica de toda esta propaganda negra del establecimiento: no hay nada que negociar con la guerrilla, salvo su desmovilización –como habría dicho Uribe, como dice hoy Santos.

Creemos, por el contrario, que no existe una solución de raíz al conflicto social armado sin una participación decidida de la insurgencia como un actor político. Dijimos que hay tantas razones para alzarse en armas como alzados en armas recorren la campiña colombiana: esas voces deben ser escuchadas de una vez, acabando con la exclusión secular y la criminalización de la disidencia que está en la genésis del conflicto.

Por último, es necesario un reconocimiento que no todas y todos los colombianos han sido afectados de la misma manera por el conflicto. Eso implica responsabilidades diferentes para los actores que la han protagonizado, así como una mirada objetiva de los sectores sociales que se han beneficiado de la guerra en Colombia, pues ellos son quienes la iniciaron y quienes hoy la mantienen y profundizan.

Esperamos poder iniciar con usted un diálogo que enriquezca los puntos de vista aquí expuestos, por lo que agradeceríamos nos confirme recibo de ésta misiva.

Atentamente,

Soledad Campoalegre
José Antonio Gutiérrez D.