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El debate sobre la Masacre de Mapiripán y los negacionistas colombianos

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Saturday October 29, 2011 21:34author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Hay algo fundamentalmente podrido en la manera en que se ha dado este debate. Por una parte, la principal preocupación de los medios parece ser la de utilizar la ocasión con un oportunismo morboso para desprestigiar el rol del movimiento por la defensa de los derechos humanos. Pero respecto a los hechos, es sorpredente la manera en que una discusión técnica, cuantitativa, se toma para relativizar la naturaleza real y atroz de la masacre. Se toma la diferencia sobre el número de muertos como una manera de bajar el perfil a lo sucedido en Mapiripán, y por qué no, en cientos de otras masacres como lo insinuó Santos cuando dijo que hay más casos como el de Mapiripán. En este debate, los negacionistas caen como buitres para generar confusión sobre los hechos, apoyándose en subterfugios matemáticos e insinuando que en realidad las atrocidades del paramilitarismo o no fueron tan malas o no sencillamente no fueron.
Imágen de Mapiripán después de la masacre, finales de Julio de 1997
Imágen de Mapiripán después de la masacre, finales de Julio de 1997


El debate sobre la Masacre de Mapiripán y los negacionistas colombianos

Aquellas veleidades de la memoria eran todavía más críticas cuando se hablaba de la matanza de los trabajadores. Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no sólo la propietaria, sino algunas personas mayores que ella, repudiaban la patraña de los trabajadores acorralados en la estación, y del tren de doscientos vagones cargados de muertos, e inclusive se obstinaban en lo que después de todo había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la compañía bananera no había existido nunca.
(…) Aureliano tembló de rabia.
-¡Ah! -dijo-, entonces usted tampoco cree.
-¿En qué?
-Que el coronel Aureliano Buendía hizo treinta y dos guerras civiles y las perdió todas -contestó Aureliano-. Que el ejército acorraló y ametralló a tres mil trabajadores, y que se llevaron los cadáveres para echarlos al mar en un tren de doscientos vagones.

(Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad)

En Alemania, más de medio siglo después que las abominaciones del nazismo tuvieran lugar, es duramente sancionado por la ley el negar el Holocausto nazi o que sus víctimas hayan sido seis millones. Esta puede considerarse una tendencia exagerada si se toma en consideración que la verdad histórica debe estar abierta al exámen de los hechos y que de este ejercicio la sociedad debería enriquecerse con nuevos ángulos y una conciencia renovada de lo que ha sido y no debe volver a ser. Sin embargo, es la respuesta natural de una sociedad que ha tomado conciencia de los horrores de su pasado colectivo.

En Colombia, tal conciencia de los horrores del paramilitarismo no existe. Que tal conciencia no exista se debe, en gran parte, a que las abominaciones del paramilitarismo que ha secuestrado, asesinado, torturado, violado, desaparecido, mutilado a cientos de miles de colombianos no es un asunto del pasado sino una realidad plenamente actual. Los sectores económicos que se beneficiaron de esta campaña de terror siguen controlando la economía colombiana. El Estado que creó este aparato de muerte sigue intacto, con las mismas familias conduciendo los destinos del país. El Ejército, que implementó esta maquinaria infernal, sigue no sólo intacto, sino que se ha ampliado y ha refinado sus métodos. Y la maquinaria paramilitar sigue siendo la mano invisible de la “Ley y el Orden” en la mayor parte del territorio colombiano.

Acá no hubo una vuelta de página ni un intento serio de hacer justicia o conocer la verdad histórica. Todo lo contrario: los mecanismos legales creados en los últimos años, supuestamente para beneficio de las víctimas, como son la ley de Justicia y Paz y la nueva Ley de Víctimas de Santos, garantizan la impunidad y el mantenimiento del status quo. Más aún, los violentólogos que fungen de expertos en temas de conflicto se han encargado de distorsionar los hechos del conflicto y de diluir la responsabilidad capital del Estado en éste. Y los apologistas del paramilitarismo en los medios, como lo demostró el reciente caso de Ernesto Yamhure, han seguido enquistados cumpliendo su labor de justificar lo injustificable, el auténtico Holocausto que ha vivido el campo colombiano en las últimas dos décadas: 5 millones de desplazados, más de seis millones de hectáreas robadas a los campesinos pobres y 175.000 víctimas del paramilitarismo reconocidas en Justicia y Paz así lo demuestran.

El debate de la masacre de Mapiripán que se ha desatado de manera bastante sensacionalista por parte de los medios es prueba de lo que digo. Entre el 15 y el 20 de Julio de 1997, unidades de las Autodefensas Unidas de Colombia, banda proto-fascista al servicio del Estado colombiano y del gamonalismo, llegaron el pueblo de Mapiripán en el Meta, apoyados por unidades del Ejército y transportados por unidades de la policía anti-narcóticos. Hubo complicidad, en temas de inteligencia, de funcionarios del Estado y de asesores estadounidenses. El pueblo fue tomado por cinco días por los paramilitares, con el beneplácito del Estado, que les permitió allanar las casas en busca de “sospechosos”, los cuales fueron torturados con motosierras, taladros y machetes, para luego ser muchos de ellos asesinados frente a la comunidad en ejecuciones públicas. La guerrilla de las FARC-EP, con fuerte presencia en la zona, intentó acudir al apoyo de la población y enfrentarse a los paramilitares, ante lo cual intervino el Ejército, que le bloqueó el paso con operativos militares, mientras permitía a las AUC terminar su “limpieza social” en la que, según la versión oficial, corroborada por el comandante paramilitar Carlos Castaño, habrían muerto 49 personas, aún cuando la cifra nunca se estableció del todo pues los cadáveres fueron arrojados desmembrados al caudaloso río Guaviare. Por estos hechos el Estado ha debido compensar a las víctimas y recibió una condena de la CIDH en el 2005.

En Octubre, apareció una mujer, Mariela Contreras, cuyo esposo y dos hijos habían sido ingresados como víctimas de esta masacre, diciendo que uno de sus dos hijos desaparecidos habría aparecido con vida en el 2008, que su esposo si había sido asesinado por los paramilitares, pero que todo esto no habría ocurrido en Mapiripán. Inmediatamente saltaron los medios a cuestionar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), que representó a las víctimas. La oportunidad también fue aprovechada de la manera más cínica por funcionarios de gobierno, que en una auténtica procesión, salieron a rasgarse los vestidos ante el supuesto “engaño de Mapiripán”: el fiscal-inquisidor Ordoñez salió a pedir la revisión del fallo contra el Estado por parte del CIDH (pese a que el fallo no se fundamenta en el número exacto de víctimas) y a comparar al CCAJAR con una banda de delincuentes; el presidente Santos salió a denunciar la estafa de las víctimas y a defender versiones de paramilitares que hablan de 13 víctimas; y en el giro más orwelliano de todos, el ministro Pinzón salió a decir que el Ministerio de Defensa era una víctima en este caso…. Si, el ministerio de defensa, los mismos que orquestaron y facilitaron la masacre, sea de 49 ó de 26 ó 13 personas, ¡resulta que ellos ahora son las víctimas! Hay que ser, en verdad, muy sinvergüenza. Sería como si Hitler se presentara como víctima de calumnias porque, al parecer, el diario de Ana Frank no habría sido escrito por ella.

Hay algo fundamentalmente podrido en la manera en que se ha dado este debate. Por una parte, la principal preocupación de los medios parece ser la de utilizar la ocasión con un oportunismo morboso para desprestigiar el rol del movimiento por la defensa de los derechos humanos. No puedo dejar de pensar en el plan del DAS para este mismo efecto que fue revelado por la editorial de Juan Gossaín de RCN radio del 16 de Abril del 2010, en que una serie de operaciones con nombres como “Halloween”, “Internet”, “Amazonas”, “Transmilenio”, etc. buscaban, en sus propias palabras, desinformar a la población, neutralizar a las ONG, fabricar vínculos con organizaciones insurgentes, estimular controversia en torno a las ONGS, neutralizar a la CIDH y específicamente lo mencionan, al CCAJAR[1]. Parece que finalmente la mano negra de los servicios de inteligencia colombianos, con el gentil apoyo de los medios más arrodillados del mundo, están explotando a cabalidad una oportunidad de oro presentada por la sra. Contreras (cuyas motivaciones para hacer esta denuncia se desconocen) para buscar dar el golpe de gracia a los pocos abogados que se preocupan por los “molestos” derechos humanos en Colombia, precisamente, en los mismos momentos en que Santos ha dado luz verde para que el Ejército profundice la guerra sucia[2].

Pero respecto a los hechos, es sorpredente la manera en que una discusión técnica, cuantitativa, se toma para relativizar la naturaleza real y atroz de la masacre. Se toma la diferencia sobre el número de muertos como una manera de bajar el perfil a lo sucedido en Mapiripán, y por qué no, en cientos de otras masacres como lo insinuó Santos cuando dijo que hay más casos como el de Mapiripán. En este debate, los negacionistas caen como buitres para generar confusión sobre los hechos, apoyándose en subterfugios matemáticos e insinuando que en realidad las atrocidades del paramilitarismo o no fueron tan malas o no sencillamente no fueron.

Esto es importante de tenerlo en cuenta cuando hay un sector de la élite que se benefició con los crímenes del paramilitarismo, que cínicamente niega estas abominaciones y los cuales se han regocijado con la cobertura sensacionalista que los medios han dado al caso. Para quienes llevan años atacando a los derechos humanos como un estorbo para la “noble” misión del Ejército o acusando a los defensores de derechos humanos de “sicarios morales”, el show montado por los medios colombianos en torno a Mapiripán es como Maná del Cielo. Han recargado sus baterías para seguir diciendo idioteces como que todos los militantes de la UP están de rumba en Suecia o que a los sindicalistas los matan por crímenes pasionales, y para pedir que se libere al general Uscatégui, condenado por la masacre de Mapiripán.

El investigar la verdad histórica es importante. Pero que no es tal la intención de los medios ni de los oficiales del gobierno, sino que tender un velo de confusión sobre esta verdad, queda claro por el sesgo mediante el cual escudriñan en algunos detalles de Mapiripán (número de víctimas), dejando de lado otros (la indiscutida complicidad del Estado en la masacre). Ni que decir de otros casos que evidencian este sesgo, como todas las veces que se han atribuido crímenes a los guerrilleros que finalmente han sido hechos por el ejército, el paramilitarismo o la delincuencia común, o cuando se les acusa de muchas más víctimas que las que realmente han causado (caso Awá o Boyajá[3]). En esos casos, bien poco le importa a los medios la verdad histórica y jamás se rectifica, quedando la verdad oficial en abierta contradicción con la histórica.

Cuando se cometen atrocidades de la escala que las ha cometido el paramilitarismo colombiano, no es posible saber con certeza el número de víctimas. Por ejemplo, es muy poco probable que el número de víctimas de los nazis hayan sido exactamente seis millones de personas, o que las víctimas del reciente bombardeo de la OTAN en Libia sean 100.000 –pueden haber sido 99.999 ó 102.348, pero ni la una ni la otra cifra invalidan la escala ni la atrocidad del crímen. Cuando hablamos de que los muertos se cuentan en las decenas de miles como en Colombia, que uno ó dos, o tres ó diez personas hayan aparecido posteriormente con vida, no cambia lo fundamental de los hechos ni atenúa su atrocidad. Esto lo confirma la sentencia de la CIDH sobre Mapiripán que establece (en base al testimonio de paramilitares y una multiplicidad de testigos) la muerte de varias “decenas” de personas, cifra difícil de establecer con total exactitud debido a la desaparición de personas y al trauma colectivo representado por el hecho.

Saludamos en principio que se vuelva a investigar el caso de Mapiripán y que se determine el número exacto de víctimas, pues creemos que en última instancia esto debe ayudar a la memoria; pero que no se ignoren los hechos que llevaron a la masacre, sus responsables directos, intelectuales y sus beneficiarios. Como establece el comunicado del CCAJAR, que la disputa sobre tal o cual muerto, no debe relativizar lo indiscutible, y es que los “hechos conocidos como la “Masacre de Mapiripán”, constituyen una grave violación a los derechos humanos, por su naturaleza, actores implicados, la sevicia con que se cometió y el terror que generó, no solo en Mapiripán, sino en el país entero.”[4]

Que la búsqueda de la verdad histórica no sea utilizada de manera oportunista y cínica por personajes de motivaciones obscuras, que tienen sangre en sus manos y su conciencia. No permitamos que la amnesia colectiva, como la plaga de Macondo, se le dé espacio en la sociedad colombiana porque es en la memoria en la cual reside el poder de la no repetición. El negacionismo histórico debe ser combatido, con la misma fuerza que seguimos combatiendo las estructuras políticas y económicas que siguen alimentando el genocidio en Colombia.

José Antonio Gutiérrez D.
29 de Octubre, 2011




[1] http://www.anarkismo.net/article/16405
[2] http://www.anarkismo.net/article/20768
[3] En el caso Awá, una unidad de las FARC-EP mató a ocho indígenas acusados de colaborar con el paramilitarismo. Los medios y el gobierno dijeron que habían sido 60. Jamás corrigieron esta falta a la verdad histórica. En Bojayá se acusó a un cilindro bomba de las FARC-EP de accidentalmente matar a unas 120 personas. Sin embargo, más de la mitad habían sido asesinados previamente por la ocupación paramilitar del pueblo. Acá tampoco ha importado conocer los detalles de este hecho.
[4] http://justiciaypazcolombia.com/Comunicado-publico-CAJA...sobre

author by Lorena Caprilepublication date Sun Oct 30, 2011 02:06Report this post to the editors

Ojala puedan ver este video que muestra como el ejercito y los paracos se unieron para masacrar a un pueblo. Esta no fue una masacre aislada, hubo una masacre cada tres días en esa época.

Related Link: http://vimeo.com/5114407
author by Edgardo Sáenzpublication date Sun Oct 30, 2011 07:00Report this post to the editors

Mapiripán fue un crimen de estado, cometido por los paras y los milicos, eso no cambia por muertos más muertos menos. Bien hecho que este artículo desenmascare a esos criminales y sus bajas motivaciones para joder la vida con este falso debate. Agregaría una cosita nada mas y es que por lo general en Colombia las victimas se calculan por lo bajo. El numero real de victimas del paramilitarismo esta subestimado y que aparezca uno por ahi no cambia esa tendencia general y eso que dice la mujer habria que comprobarlo porque nadie sabe si esa mujer esta mintiendo ahora. Se dice 170 mil victimas que ellos han confesado, pero es por lo menos el triple. Y la cifra que se maneja de Mapiripán es muy probablemente a lo bajo. La vaina fue terrible, murió mucha gente.

author by Corporación Jurídica Yira Castropublication date Mon Oct 31, 2011 05:34Report this post to the editors

¿A qué más acudirá el Estado Colombiano, para deslegitimar la labor de acompañar y defender a las víctimas; con la intención de seguir evadiendo su responsabilidad por acción u omisión en violaciones a los derechos humanos en Colombia?

REPUDIAMOS y RECHAZAMOS, estas acciones mal intencionadas y absurdas para:

1-Desconocer un ejercicio legítimo de defensa por la vida, por la integridad personal y en general por la dignidad humana.
2-Hacer un “lavado de imagen” tanto nacional pero sobretodo internacional, para continuar ofreciendo y vendiendo nuestro país al mejor postor; sin ningún tipo de límites o restricciones, para que acaben con nuestros recursos y por tanto, con el pueblo colombiano.
3-Crear un “hecho”, no de derecho, que repercuta en la opinión pública, con la ayuda de los medios de comunicación, para que se ponga en entredicho el papel relevante e importante que cumple el movimiento de derechos humanos, social y popular, en la defensa de los derechos humanos, con repercusiones internacionales, que han afectado al Estado colombiano, y por ende a instancias y “personalidades” diversas, que buscan excusas para desprestigiar, señalar y estigmatizar dicha postura ética y política, poniendo en riesgo a defensora/es, líderes/as, víctimas, sectores sociales, en fin, como ya lo hemos visto.

Nos preocupan enormemente las demás acciones de hecho, de derecho y políticas que se puedan gestar alrededor de una peligrosa excusa como la que maquinaron alrededor de un hecho real de barbarie y que ahora se pretende desconocer con lo que gira alrededor de este “escándalo mediático”, como lo es la masacre de Mapiripán. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Con qué otras intenciones o motivaciones se da tal esperpento? ¿Qué pasará entonces con los demás crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado y se siguen perpetrando en Colombia? ¿Qué pasará con la responsabilidad del Estado en estos hechos? ¿Con las víctimas? ¿Con la nación?

NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS VÍCTIMAS DE ESTE PAÍS Y ENTRE ELLAS CON LOS COMPAÑERO/AS DEL COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, PARA QUIENES VA TODO NUESTRO APOYO, RESPALDO Y RESPETO POR SU PERSISTENCIA Y VALENTÍA EN ESTA APUESTA POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS Y LAS COLOMBIANAS.

Related Link: http://cjyiracastro.org.co/index.php?option=com_content...00023
author by AP Noticiaspublication date Tue Nov 01, 2011 08:41Report this post to the editors

BOGOTA (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó el lunes a las críticas lanzadas por Colombia por el caso de una masacre cometida por paramilitares en 1997 y en la que al menos una persona que se había declarado víctima admitió que tres parientes, presentados como víctimas en el hecho, murieron o antes de la matanza o están vivos.

La CIDH expresó en un comunicado de prensa que fue el propio estado de Colombia el que a lo largo del proceso "reconoció expresamente los hechos" de la matanza y sus víctimas.

"Durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó", dijo la Comisión en el documento fechado en Washington, donde tiene su sede.

author by Campaña Nacional e Internacional - or el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombiapublication date Wed Nov 02, 2011 21:18Report this post to the editors

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La opción del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del conjunto de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia ha sido estar del lado de las víctimas y defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral como contribución a la superación del conflicto armado interno y la consolidación de la democracia en el país.

Desde su fundación han sido muchos los casos que el Colectivo ha impulsado mediante acciones de naturaleza jurídica y política a nivel nacional e internacional, dentro de los que cabe destacar el proceso que se adelanta por el crimen de Jaime Garzón, los hechos del Palacio de Justicia, la masacre de los Jóvenes de Barrancabermeja en mayo de 1998 y La Masacre de Mapiripán, esta última, una de las emblemáticas de los horrores vividos por la población civil como resultado de la violencia sociopolítica en Colombia. Con su trabajo, el Colectivo ha hecho una enorme contribución a la sociedad permitiéndole esclarecer las dramáticas realidades que debe transformar.

Los juicios a priori por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente de la República, violan el derecho fundamental de presunción de inocencia y ponen en tela de juicio la buena fe con la que actúan defensoras y defensores, generando un clima hostil, de deslegitimación y amenaza para su labor.

Solicitamos a las instituciones del Estado colombiano esclarecer la verdad de los hechos que dieron origen a la sentencia de la CIDH en el caso de la masacre de Mapiripán, en cuanto al número y la identidad de todas las vícitmas. También asumir su responsabilidad en los errores procesales del caso e impartir justicia respetando el debido proceso.

Destacamos la importante labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán y otras sentencias en las cuales las instituciones colombianas no han garantizado la justicia para muchas víctimas de crímenes de Estado en Colombia.

Invitamos a la Comunidad Internacional, a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a los diversos mecanismos del sistema de Naciones Unidas en el país, asi como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a mantener su respaldo y reconocimiento a la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, e instar a las autoridades colombianas a respetar y garantizar las condiciones para que las y los defensores continuen adelante con su encomiable labor.

Porque “Defender sus derechos es defender tus derechos”, la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos prepara la realización de una Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, durante la cual, cerca de 40 representantes de organizaciones de la sociedad civil y varios integrantes de cuerpos legislativos recogerán información de primera mano sobre los riesgos y las agresiones que enfrentan las y los defensores en Colombia.

author by Contagio Radiopublication date Wed Nov 02, 2011 21:38Report this post to the editors

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo afirmó, a través de Eduardo Carreño, que está dispuesto a devolver el dinero y que están abiertos y dispuestos a responder en cualquier proceso penal que sea abierto para investigar los últimos hechos en torno a la masacre de Mapiripan. Además afirman que no se puede desconfiar de todas las víctimas ni calificarlas de “falsas víctimas” cuando solamente se está comprobando un caso.

Related Link: http://www.contagioradio.com/otra-mirada/supuesta-victi...-anos
author by CCAJARpublication date Thu Nov 03, 2011 04:40Report this post to the editors

“..todas las noches por unas rendijas yo miraba pasar gente secuestrada con las manos atrás y amordazados en la boca para ser cruelmente asesinadas en el matadero municipal de Mapiripán, escuchábamos todas las noches gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas pidiendo auxilio”.

Así describió el juez municipal de Mapiripán, Leonardo Iván Cortés Novoa, el horror de las torturas y el suplicio de quienes fueron descuartizados: lanzando los pedazos de cuerpos al río Guaviare para que éste se los tragara; dejando algunos cadáveres en el municipio y tirando al pie de los que huían, el perro ahorcado de la profesora por el “Mochacabezas”, para dejar muestra de lo que el cabecilla paramilitar Carlos Castaño llamara “el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia”, confesando haber asesinado a 49 personas

Desde la llegada de los paramilitares, el juez Cortés lanzó llamados desesperados de auxilio a las autoridades, a los que por su acento costeño y paisa dedujo que venían de Urabá. Lo escuchó el mayor del Ejército Hernán Orozco Castro, quien reemplazaba en la comandancia del batallón “Joaquín París” al Coronel Ávila Beltrán quien pidió vacaciones unos días antes. Orozco Castro advirtió de inmediato por radio y por escrito a su comandante directo, el general Uscátegui Ramírez recomendando que “con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil 2 (3 Batallones en Barrancón y 3 Helicópteros, no hay artillado) se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán, allí se podría incluir a la Policía Antinarcóticos”.

“…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronóstico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores de la antes mencionada ciudad”, esto fue lo que advirtió el oficial Orozco Castro, pero no sólo se le impidió actuar, sino que el general le obligó a cambiar el oficio original que le estaba destinado.

¿Pero cómo habían llegado los paramilitares de Córdoba y Urabá hasta San José del Guaviare? Llegaron en dos aviones que despegaron de Urabá, escoltados por tropas adscritas a la Brigada XVII comandada por el general Rito Alejo del Río, aterrizaron en San José del Guaviare (Guaviare), donde fueron escoltados por otros militares para facilitarles que iniciaran su recorrido macabro.

La masacre de Mapiripán no fue una masacre más, fue el comienzo del despliegue del paramilitarismo en todo el país, como estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, extendiendo el baño de sangre a todos los rincones del territorio, con sus millones de víctimas de crímenes internacionales: ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, masacres, violencia sexual, despojo de tierras y desplazamiento forzado.

La investigación penal condujo a la primera condena contra altos oficiales del Ejército, sin embargo, no todos los responsables han sido investigados, tampoco todas las víctimas han sido individualizadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado colombiano por estos hechos, reclamando que el Estado cumpliera plenamente el deber de investigar, de sancionar, de reconocer y de indemnizar a las víctimas.

En la pasada semana, la identificación de falsas víctimas por la Fiscalía de Justicia y Paz, que fueron indemnizadas por el Estado colombiano, ha desatado una campaña mediática y el anuncio de sanciones ejemplares contra aquellos que el presidente Santos ha llamado “avivatos”, “corruptos”, que minan la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo varias de estas supuestas falsas víctimas ya habían sido identificadas desde 2008, e incluso varios años antes, por el Estado colombiano ¿por qué hasta ahora se dieron a conocer?

El tratamiento mediático ha querido mostrar que la masacre fue menos grave, porque hubo menos víctimas de las anunciadas, 13 reconocidas por la investigación de la Fiscalía de Justicia y Paz y 68 personas desplazadas. Esto se ha traducido en generar la sensación de “injusticia” de las sentencias proferidas y de ello se ha valido el Procurador para anunciar una solicitud de revisión frente a la sentencia proferida contra el general Uscátegui. Ya se anuncian voces que reclaman impunidad para los perpetradores.

Es necesario precisar que las víctimas de la masacre de Mapiripán fueron reconocidas como tales por el Estado colombiano, que las mismas primero llegaron a declarar ante la Red de Solidaridad Social, ante la Fiscalía General de la Nación, mucho antes de solicitar ser apoderadas por el CAJAR, quien actuando de buena fe, le dio credibilidad a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían desaparecido sus familiares.

Las indemnizaciones son apenas una parte de la reparación a la que tienen derecho las víctimas, los representantes del CAJAR actuamos buscando además las sanciones disciplinarias y penales de los responsables de los crímenes, así como garantías de no repetición, para que en el futuro, no existan “más mapiripanes”. En este punto, es necesario aclarar que ningún integrante de nuestra organización pacta una contraprestación económica con las víctimas, no recibe compensación alguna derivada de las indemnizaciones resultantes de los procesos que apoderamos, y en todos los procesos penales en los que actuamos como parte civil renunciamos a cualquier reconocimiento económico que pueda derivarse del establecimiento de responsabilidades penales. Solo en los casos en los que se ordenan indemnizaciones, se pacta a nivel institucional un aporte que contribuye a continuar con el desarrollo de las actividades que nuestra organización realiza en defensa de los derechos humanos, y particularmente de las víctimas.

De otra parte, el fraude contra el Estado, cometido por personas que se hicieron pasar como víctimas, aprovechando la incertidumbre sobre la identificación de las personas descuartizadas y desaparecidas, ha servido como pretexto para quitarle credibilidad a las víctimas, para extender un manto de duda a los procesos en curso contra miembros de la fuerza pública, ha sido aprovechado para procurar el debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para profundizar la campaña de desprestigio contra el CCAJAR y el conjunto de organizaciones de derechos humanos que en Colombia, actúan ante tribunales nacionales e internacionales en la legítima exigencia de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

El CCAJAR lleva más de treinta años de reconocimiento por su compromiso transparente e inclaudicable en la lucha contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad, sus miembros se han jugado su vida y lo siguen haciendo, representando miles de víctimas.

Nunca hemos comprado un testimonio, jamás “compramos sentencias”, ni acudimos a maniobras fraudulentas para obtener decisiones judiciales, jamás buscamos víctimas falsas, nunca hemos buscado la sanción del Estado de manera irregular. Luchamos por tener una democracia digna de tal nombre y una sociedad que ame la vida y defienda su dignidad y sus derechos.

Reiteramos que todos los integrantes del CCAJAR estamos dispuestos a comparecer frente a cualquier investigación penal o disciplinaria.

Frente a la confianza que nos han depositado las víctimas, seguiremos creyendo en su testimonio, es preferible equivocarse de buena fe que tejer un manto de duda sobre las millones de víctimas de la violencia socio-política que reclaman verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición de los crímenes y paz.

A la comunidad nacional e internacional les decimos con toda claridad, que el CCAJAR está siendo víctima de una confabulación de enormes proporciones que tiene como objetivo nuestra destrucción, que fue el mismo propósito que persiguió el gobierno de Uribe Vélez a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que nos tuvo como principal objetivo. En esta oportunidad, atacan nuestro patrimonio moral, construido con ejemplar compromiso con las víctimas. Dicha confabulación pretende nuestra liquidación como organización de derechos humanos para beneplácito de los principales violadores de derechos humanos y consolidación de la impunidad que estimula la continuidad de los crímenes.

No es fortuito que esta campaña se desate, en medio del intento del restablecimiento pleno del fuero penal militar, cuando está por resolverse la decisión de segunda instancia en el caso Palacio de Justicia contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a quien el nuevo comandante de las Fuerzas Militares lo considera un “héroe nacional”, cuando la Corte Suprema ha ratificado la sentencia contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui y la Fiscalía lo ha vinculado formalmente a la masacre de San Carlos de Guaroa; mientras el caso Santo Domingo se inicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los miles de casos de falsos positivos y las investigaciones empiezan a afectar a altos mandos militares.

Las investigaciones y juicios del DAS empiezan a cerrarse en torno al círculo presidencial de Uribe Vélez, que en el caso de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, han sido defendidos públicamente por el Presidente Juan Manuel Santos.

La sociedad colombiana tiene derecho a la verdad. Los que han cometido fraude contra el Estado engañándonos deben responder por sus delitos, clamamos por la justicia para que se restablezca nuestro buen nombre, pero sobre todo exigimos respeto para las víctimas de Mapiripán.

Exigimos plena justicia frente a los principales determinadores de los muchos mapiripanes que se siguen perpetrando en Colombia.

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2011

author by Nicolás Rodríguez - El Espectadorpublication date Sat Nov 05, 2011 15:56Report this post to the editors

Hasta hace unos días, el municipio de Mapiripán, en el Meta, era conocido por ser el lugar en el que se perpetró una masacre. Ahí adquirió presencia nacional. Ese fue su bautizo.

De un tiempo para acá, sin embargo, el municipio se convirtió en el ejemplo emblemático de cómo en un lugar en el que hubo un acto de violencia cabe la posibilidad de que entre las víctimas se escondan los que se hacen pasar por víctimas.

Y así, de la mano de esta precisión, que ha sido defendida como la más correcta forma de proceder para que primen la verdad, la dignidad, la honorabilidad (y hasta la defensa de la verdadera defensa de los derechos humanos), Mapiripán ya es, entre muchos, el epicentro de las miradas negacionistas. Esa masacre, se escucha murmurar, en realidad no fue una masacre.

Con el agravante de que cuando no se está en el plano puro de la negación, de la duda abierta frente a si hubo o no una masacre, por lo normal se está ante un escenario igual o peor: el de la banalización, el de la normalización, el de la idea, presente en cualquier reporte u opinión reciente sobre Mapiripán, de que no es preciso detenerse a reconsiderar lo extraño que es el hecho mismo de que una masacre (especie de asesinato colectivo) pueda haberse concretado.

Lo aberrante de las últimas noticias asociadas a Mapiripán, nos dicen las voces oficiales, es la corrupción. Son los falsos testimonios, además de las mentiras. Es, en últimas, el peligro que todo esto supone para la buena fe de la institucionalidad. Pero lo que indigna, lo que mueve a la reflexión, nunca es la masacre en sí misma. O el hecho, difícil de imaginar, de que con más de 2.500 masacres entre 1982 y 2007 (el dato le pertenece a la Comisión de Memoria Histórica), la de los últimos treinta años sea una guerra de masacres.

Related Link: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-309...acres
author by Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”publication date Mon Nov 07, 2011 20:13Report this post to the editors

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, habiendo tenido acceso – sólo hasta el día de hoy - a la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 1 de noviembre de 2011, se permite aclarar a la opinión pública que:

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con fecha 1 de Noviembre de 2011, no se ha pronunciado de fondo en relación con la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal de Bogotá del 23 de noviembre de 2009, en la que se condenó al general ® Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán

2. Esta Sala, se pronunció en la fecha mencionada, en relación a la admisibilidad de la demanda de Casación presentada por la defensa del procesado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y del coronel ® Hernán Orozco Castro. Con respecto al primero, la Corte admitió la demanda para su estudio correspondiente. En cuanto al segundo, inadmitio la demanda por considerar que no cumplió con los requerimientos que exige la técnica de la misma, lo que deja en firme la sentencia a 40 años contra el oficial Hernán Orozco Castro.

3. La Corte además, redujo temporalmente de 40 a 37 años la pena impuesta al general ® Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por el Tribunal Superior de Bogotá, dado que determinó la prescripción de la acción penal, frente al delito de falsedad documental. Es decir, que los delitos que quedan vigentes y que serán objeto de una decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia, son “los punibles de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterógeneo con los de secuestro agravado”

4. En consecuencia, reiteramos que, la Corte Suprema de Justicia - a la fecha de hoy - no se ha pronunciado de fondo en relación a la condena proferida en contra del general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

5. El Ccajar hace esta aclaración debido a las confusas informaciones de prensa que provocaron diferentes interpretaciones en relación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 1 de 2011, pues ésta hace relación a la admisibilidad de la demanda para su correspondiente estudio y decisión por parte de este Alto Tribunal, y no a una decisión de fondo.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, deplora que como mecanismo de defensa, el general ® Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, siga acudiendo a la injuria y a la calumnia en contra nuestra, y recuerda, que actualmente las instancias judiciales tramitan una denuncia por estos hechos.

Related Link: http://www.colectivodeabogados.org/Aclaracion-sobre-la-...iente
author by OIDHACOpublication date Mon Nov 14, 2011 21:35Report this post to the editors

Bruselas, 7 de noviembre de 2011.

Ante la impunidad, las víctimas, unas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- CCAJAR-, recurrieron a la CoIDH para buscar justicia. Previo a la representación de ellas por parte de estos defensores de DD.HH., la justicia colombiano tomó testimonio a las víctimas, entre ellas, a una supuesta falsa víctima que, según su propio testimonio actual, se hizo pasar por víctima sin serlo.

Oidhaco lamenta la posible existencia de falsos testimonios, que ponen en riesgo la credibilidad de las verdaderas víctimas y espera del Estado Colombia una pronta investigación que permita la identificación de todas las victimas de este crimen Sin embargo un tema central en este caso es la reacción oficial y su impacto en la legítima lucha de las víctimas y los defensores colombianos contra la impunidad.

El caso ha desatado numerosas declaraciones por parte de funcionarios del gobierno colombiano que, desafortunadamente, desprestigian la labor de los defensores de las víctimas, en este caso el CCAJAR. El propio presidente Santos, ha tachado a los abogados de este colectivo de “avivatos” y “corruptos” y los acusa de “minar la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Oidhaco le recuerda al Presidente colombiano que las víctimas y sus defensores recurren a la justicia internacional dado el grado inaceptable de impunidad que en Colombia llega al 98%. “Si Colombia investigara, juzgara y llevara a la cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, las víctimas no necesitarían de la justicia internacional”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización. “Así que”, señala el portavoz, “solicitamos al presidente Santos responsabilidad y respeto en sus declaraciones hacia las víctimas y sus representantes. Desde Oidhaco queremos pedirle también, que en lugar de condenar la labor de defensa de los DD.HH., condene las masacres, las amenazas y luche para erradicar la impunidad en Colombia”.

Es importante decir en voz alta que los defensores, tal como lo ha manifestado la CIDH, para este caso particular, no fueron quienes reconocieron a la supuesta víctima: “la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación –FGN- y en la información y documentación oficial que el Gobierno aportó”. En dicho pronunciamiento la CIDH recuerda que fue la FGN quién tomó el testimonio a la supuesta víctima, antes de ser representada por los defensores.

La situación de seguridad de las personas defensoras de los DDHH es dramática, como lo subraya Gustavo Gallón – Director de la Comisión Colombiana de Juristas – .“Treinta y ocho defensores de derechos humanos (33 hombres y cinco mujeres), por lo menos, han sido asesinados o desaparecidos forzadamente durante el primer semestre de este año”.

Oidhaco le solicita a la UE que, “teniendo en cuenta las buenas relaciones que mantiene con Colombia, arrope a las víctimas colombianas y a sus defensores, y exija al presidente Santos, como primera autoridad colombiana, que los respete y que tome como bandera de su gobierno la lucha contra la impunidad”.

Oidhaco, apoya y agradece las manifestaciones de respaldo que han tenido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y las víctimas que representan por parte de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y de organizaciones nacionales e internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, entre otros.

Igualmente, manifiesta que “la trayectoria de los defensores del CCAJAR, respaldada en treinta años de labor, durante los cuales han representado a numerosas víctimas y conseguido su reparación ante la justicia internacional y local, no puede mancharse por un caso de doble ineficiencia de la justicia colombiana. Primero el Estado Colombiano abandona a las víctimas de esta masacre y luego reconoce como víctima a una persona que, al parecer, no lo es”, advierte Vallies.

author by Cecilia Orozco - El Espectadorpublication date Thu Nov 24, 2011 00:31Report this post to the editors

La canciller y el ministro de Justicia representarán a Colombia hoy en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde pedirán que se "revise" la sentencia condenatoria de ese organismo contra nuestro Estado por la masacre de Mapiripán.

Con tan vergonzosa denominación se conoce un probado asesinato en masa, previas torturas y vejaciones inenarrables a un “número indeterminado” de habitantes de ese municipio del Meta que, según revela el fallo, fue cometido por un centenar de paramilitares apoyados por personal del Ejército, incluidos oficiales del más alto rango, en julio de 1997.

Ayer, en una entrevista en la W sobre la controversia que se ha desatado por la aparición de una falsa víctima de 49 que aceptó el Estado ante ese Tribunal, o de 77 que dice haber encontrado recientemente la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía (ver El Espectador, 20 nov.), el ministro de Justicia incurrió en contradicción sobre la petición que harán él y su colega María Ángela Holguín acerca de la condena que fue emitida en 2005 por la CIDH, ocho años después de los hechos. Valga la pena recordar que este caso nunca hubiera llegado a San José de Costa Rica de no ser porque Colombia no asumió con imparcialidad las investigaciones, no castigó a los culpables y no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana producidas dos años antes de la condena. Por el contrario, este Estado acogió a los paramilitares involucrados en la Ley de Justicia y Paz que les concedía toda clase de beneficios.

La audiencia, de acuerdo con la descripción de Juan Carlos Esguerra, es de “revisión del cumplimiento del fallo” y no de la esencia del mismo, tal como se puede deducir. El ministro, cuya seria personalidad jurídica se ha trastocado lamentablemente, dijo que su solicitud ante la Corte “no implica desconocer la masacre ni su gravedad”. Sin embargo, de inmediato señaló que “estamos estudiando la posibilidad de plantear una revisión de la sentencia”. El alboroto en el que ha caído Colombia por unos billetes que le birlaron y que al parecer considera más importantes que el drama humanitario, se basa en la declaración de una mujer que confesó haber engañado a las autoridades sobre su condición de víctima de esa masacre para hacerse a una cuantiosa retribución económica. Uno o más actos de oportunismo sucedidos después de que corrieron ríos de sangre ¿minimizan la tragedia de Mapiripán? Para refrescar la memoria de la Casa de Nariño, que se proclama defensora de las víctimas, extracto apartes de lo que probó la CIDH:

“Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 21 de julio de 1997, lapso durante el cual… torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río (...); una vez concluida la operación, las Auc destruyeron gran parte de la evidencia (probatoria para un juicio posterior), razón por la cual no se puede establecer la cifra exacta de asesinados”. “La incursión… fue… ejecutada con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército (que permitieron) el aterrizaje de los ‘vuelos irregulares’ que transportaban a los paramilitares a la zona, y ‘facilitó su transporte hasta (la población)… (Ellos) vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas… monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia”.

El gobierno Santos les entrega otro triunfo a los criminales de Mapiripán, muchos de los cuales tendrán disculpa para continuar viviendo en la impunidad. Esta noche harán fiesta y les darán, muertos pero de la risa, ofrendas a la falsa víctima y al Estado, también falso defensor de los desamparados.

author by Diana Carolina Durán Núñez - El Espectadorpublication date Fri Nov 25, 2011 06:41Report this post to the editors

En 2003, cuando el caso fue estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hablaba de “por lo menos” 49. En 2005, la Corte Interamericana estableció que habían sido 20. Hace tres semanas la fiscal general, Viviene Morales, apoyada en información de la Unidad de Justicia y Paz, dijo que eran 13. La verdad es que desde julio de 1997, cuando los paramilitares y sus motosierras tiñeron de sangre Mapiripán, las cuentas de los muertos y desaparecidos que dejó este lúgubre episodio del conflicto colombiano nunca han estado al unísono.

La Fiscalía lo sabía. Desde que la Corte Interamericana condenó al Estado por estos crímenes, la orden era identificar a las víctimas. Por eso la Unidad de Derechos Humanos —que desde el comienzo ha manejado este caso— se puso en la tarea y en abril pasado elaboró un detallado informe en el que, una a una, las registró. Fue un trabajo exhaustivo: se revisaron 116 cuadernos, 38.150 páginas. La discrepancia, sin embargo, regresó para poner sobre la mesa un número nunca antes considerado: 77 muertos o desaparecidos.

En el informe, conocido por El Espectador, se lee que investigadores del CTI revisaron minuciosamente declaraciones de testigos, denuncias, actas de inspección de cadáveres, informes de la Procuraduría, de las Personerías y del propio CTI, oficios, documentos de la Defensoría del Pueblo y fichas de recolección de datos de las víctimas y los familiares. De esas 77 víctimas, 28 serían NN de quienes los pobladores de la zona dieron cuenta de su desaparición. Los vieron llevárselos, vieron sus cuerpos, vieron las armas. De esos NN, siete eran menores de edad, como es el caso de tres niños que aparecieron en un basurero junto con su madre, “a quien llamaban Blanca”, que apareció degollada y sin ropa interior.

Entre los nombres nunca antes mencionados figuran los de cuatro pasajeros de la avioneta HK 2257. De acuerdo con el relato del piloto Edmundo Schmitz, los hombres volaban desde Villavicencio a Mapiripán y Puerto Alvira cuando, en el primer municipio, cinco hombres armados y uniformados los bajaron del avión. “Esos no eran militares, sino paramilitares —le dijo a Schmitz un habitante de Puerto Alvira—. A esos pasajeros los mataron”. En registros del aeropuerto de Villavicencio quedó constancia de que la aeronave de Schmitz despegó de allí y que transportaba a Jaime Burgos, Álvaro Macías, William Lemus y Fernando Ramos.

El informe de la Fiscalía recordó los angustiosos momentos que vivieron los habitantes de Mapiripán tras el arribo de los ‘paras’, quienes habían recorrido medio país al salir desde el Urabá y Córdoba. Recordó a don Antonio María Barrera, conocido como el fundador de Mapiripán, que gritaba a todo pulmón: “Agustín, Agustín, no me deje matar de esta manera”. Vinieron a colación los gritos, los cuchillos, los machetes; los cuerpos botados en las calles y su olor porque los ‘paras’ no permitían que fueran enterrados; los que perdieron a los suyos porque la guerrilla les robaba la comida de la finca y resultaron siendo señalados de auxiliadores.

En la reciente lista de la Fiscalía figuran también algunos nombres que hoy están en tela de juicio. Entre ellos Mariela Contreras, con quien empezó la polémica al admitir que ella, dos de sus hijos y dos hijastros habían recibido casi $3.000 millones como indemnización, pese a que ni su esposo ni sus otros dos hijos habían muerto en la masacre, como lo había atestiguado durante casi 14 años ante las autoridades. Este fraude condujo a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía a investigar casos similares, y el jueves trascendió que seis de los acreditados como víctimas en este caso habían sido llamados a interrogatorio.

En tres días el espinoso asunto de las posibles falsas víctimas volverá a enfrentar a Gobierno y ONG. Esta vez el cuadrilátero será la Corte Interamericana, que los citó a audiencia privada para discutir este controversial tema. A los abogados los acusan de haber inflado las listas de víctimas para así recibir más dinero de las indemnizaciones; los litigantes afirman que jamás cometieron tal delito. No es claro, sin embargo, si la Corte conocerá este informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sobre todo teniendo en cuenta que riñe con las cifras que dio la Unidad de Justicia y Paz.

Identificar a las víctimas de Mapiripán ha sido prioritario desde el principio, pero hoy, 14 años después, la incertidumbre sobre qué vidas fueron segadas en ese macabro episodio no ha cambiado mucho.

Related Link: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-3...ripan
author by Colectivo de Abogados José Alvear Restrepopublication date Mon Nov 28, 2011 21:15Report this post to the editors

Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21 personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la masacre, así como en la falta de establecimiento del número de asesinados y desaparecidos.

En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de la masacre. Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por parte del Ministro de Justicia.

En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que sería presentada. Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las pruebas que sustentarían su solicitud.

Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y en algunos casos falsa, tendiente a deslegitimar a las víctimas, desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos.

Será el Tribunal Interamericano, de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente, quien emitirá la solución adecuada qué proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha sido cuestionado.

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011.

author by Michael Evanspublication date Sun Jul 15, 2012 06:54Report this post to the editors

El Ejército colombiano acusó falsamente al mayor Hernán Orozco de ser cómplice de la masacre paramilitar de Mapiripán, en el departamento del Meta, en 1997, como parte de parte "de un esfuerzo para confundir y ocultar la responsabilidad de otros miembros de la fuerza pública", según un cable diplomático del Departamento de Estado de 2003. El documento fue publicado el 13 de julio de 2012 por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés).

La publicación de este comunicado coincide con la conmemoración de los 15 años de la masacre de Mapiripán, uno de los actos más infames y emblemáticos de la violencia en Colombia. En los próximos días, el Archivo dará a conocer revelaciones adicionales, dentro de las que unos cables diplomáticos desclasificados sobre Mapiripán, que serán publicados por el Panel del Departamento de Estado de Revisión de Solicitudes.

El cable del Departamento de Estado describe el caso de Hernán Orozco, ex mayor del ejército colombiano que cooperó con los fiscales durante la investigación de su comandante, el oficial Jaime Uscátegui, el primer general colombiano en ser condenado en un caso importante de derechos humanos. El texto y otros documentos desclasificados publicados, muestran que el Departamento de Estado tenía serias preocupaciones sobre el hecho de que el mayor Orozco estuviera siendo injustamente perseguido en Colombia por testificar en contra de un comandante militar de alto rango.

Dos de las principales ex jefes paramilitares de Colombia, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, dirigieron la masacre de Mapiripán, en los Llanos Orientales, luego de enviar más de 100 de sus hombres a la región desde Urabá, en Costa Caribe, un bastión de los paramilitares desde hace mucho tiempo.

Luego de aterrizar en una pista aérea controlada por miembros del Ejército y la Policía, los paras se trasladaron en camión y luego en lancha, hacia Mapiripán, pasando por varios controles militares a lo largo del camino. Decenas de presuntos colaboradores de la guerrilla fueron asesinados en los días que siguieron.

Un juez local narró que cada noche "escuchó los gritos de las personas que estaban siendo torturadas y asesinadas" por los hombres de Castaño- y que por eso hizo peticiones urgentes a Orozco, comandante de la brigada del Ejército en la zona, para intervenir y poner fin a la masacre.

El problema para Orozco y Uscátegui es lo que sucedió después. El ex mayor ha dicho que envió un mensaje urgente a Uscátegui el 15 de julio, pidiendo la intervención de los militares, pero que luego el general Uscategui lo presionó para que cambiara el contenido del mensaje y omitiera las partes en las que advertía sobre la arremetida paramilitar contra Mapiripán.

El fiscal encargado del caso, al parecer, iba a anular los cargos en contra de Orozco [Ver decisión de la CIDH, p.55, 96,80] pero la justicia militar intervinó y tomó el control con el argumento de que los presuntos delitos estaban relacionados con sus deberes militares. Ambos oficiales fueron condenados por un Tribunal Militar en 2001 por no intervenir para detener la masacre que ya había sido anunciada - y recibieron penas relativamente cortas de 38 meses (Orozco) y 40 meses (Uscátegui).

En 2003, en el año que el Departamento de Estado informó sobre Mapiripán, Orozco estaba libre y trabajando en Florida con la corporación Wackenhut, una empresa de seguridad privada.

La vinculación de Orozco al caso Mapiripán alertó a la empresa que verificó sus antecedentes, lo que llevó a que Robert Jackson, de la Oficina del Departamento de Estado de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, enviar una carta explicando que a Orozco y a su familia se les había concedido el estatuto de refugiados en los Estados Unidos debido a un "temor bien fundado de persecución" en Colombia, incluyendo amenazas de muerte.

Según Jackson, Orozco era un "oficial ejemplar" y "totalmente limpio", y “se había comportado con gran valentía y honor bajo la constante amenaza de muerte por sus acciones dentro de las fuerzas militares". Orozco había tomado "todas las medidas posibles, teniendo en cuenta el considerable riesgo personal" para evitar la masacre de Mapiripán, aseguró Jackson, agregando que"toda la evidencia indica que el oficial fue bloqueado por su cadena de mando".

El concepto favorable que tenía el Departamento de Estado del oficial Orozco, le ayudó a entrar a los Estados Unidos y obtener el trabajo en Wackenhut, pero al parecer no tuvo eco en el gobierno colombiano ni en el fiscal general de entonces, Luis Camilo Osorio.

En julio de 2003, su oficina abrió cargos nuevos y más graves- incluso homicidio, conspiración y secuestro- contra los dos oficiales tan sólo seis meses después de que Orozco llegó a los Estados Unidos como refugiado. "La decisión provocó una fuerte respuesta del Departamento de Estado. En un informe de 2004 al Congreso la agencia dijo que estaba "satisfecha de que las actuaciones judiciales siguieran en contra del general Jaime Uscátegui", pero "preocupada" por la acusación en contra de Orozco, que fue considerado como el principal testigo en este incidente."

Un alto Funcionario del Departamento de Estado tuvo la oportunidad de expresar su preocupación por el caso Orozco al entonces presidente Álvaro Uribe.

En una reunión de septiembre 2004, el subsecretario de Estado Marc Grossman, le dijo a Uribe que los Estados Unidos estaba preocupado por la persecución a Orozco, e incluso le entregó a Uribe "una cronología de los hechos" para explicar la posición del gobierno estadounidense..

Sin embargo, en 2007 un juzgado colombiano condenó a Orozco en ausencia por los cargos de homicidio por omisión, mientras que al mismo tiempo absolvió a Uscátegui de todos los cargos. Pasaron más dos años antes de que el Estado Colombiano, después de apelar, logró que se condenara a los dos oficiales a 40 años de prisión.

Actualmente existe un movimiento en Colombia que busca que Orozco regrese al país a cumplir su sentencia. Los familiares de Uscátegui también han hecho un llamado para que los Estados Unidos extraditen al ex oficial, ya que creen que tiene información crucial que podría exonerar al ex general.

El año pasado, el embajador norteamericano en Colombia Michael McKinley dijo que el Departamento de Estado estudiaba la extradición de Orozco, pero la decisión final todavía está pendiente.

Quince años más tarde, y después de múltiples procesos en una variedad de tribunales civiles, militares e internacionales, los aspectos críticos del caso Mapiripán siguen sin resolverse. Entre ellos el destino de Hernán Orozco, quien todavía trabaja como guardia de seguridad en una comunidad cerrada de Miami, Florida. ¿Los Estados Unidos enviarán a Orozco a Colombia para servir a sus 40 años de prisión, a pesar del "temor fundado" de persecución en su país de origen? ¿Le permitirá el Departamento de Estado a Orozco volver a Colombia a pesar de la anterior conclusión de que fue víctima de un encubrimiento militar?

Related Link: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/...ipan/
author by Gustavo Gallónpublication date Sat Dec 15, 2012 07:31Report this post to the editors

La Corte Interamericana de Derechos Humanos denegó la petición del Gobierno de revisar la sentencia sobre la masacre de Mapiripán. En medio del ruido producido por la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés, el asunto pasó medio desapercibido. Sin embargo, ilustra el desacierto del enfoque gubernamental sobre las actuaciones de los tribunales internacionales.

En efecto, el Gobierno pretendió, como parece que lo pretende también ahora en relación con Nicaragua, que la Corte Interamericana “revisara” la sentencia que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, en la cual fueron asesinadas y desaparecidas medio centenar de personas. El episodio fue atroz: desde Apartadó, el Ejército y los paramilitares enviaron dos aviones con 200 combatientes que llegaron al aeropuerto militarizado de San José de Guaviare para seguir luego hacia Mapiripán a cumplir su macabro encargo.

Una de las víctimas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana, la señora Mariela Contreras, reveló que había presentado falsamente como víctimas de esa masacre a miembros de su familia que habían sido ultrajados en otros eventos: su esposo, asesinado un año antes, un hijo reclutado por la guerrilla a los 12 años y otro hijo desaparecido por los paramilitares cuando también era adolescente. La Corte reconoció que estos tres casos, y otros más, no deberían ser indemnizados en cumplimiento de la sentencia de Mapiripán, pero que esta sentencia se mantenía en firme y que debería ser cumplida en su totalidad, pues tales casos eran un accidente menor que no afectaba los fundamentos de la sentencia.

La Corte amonestó al Gobierno colombiano porque estas víctimas habían sido reconocidas por el propio Gobierno en el proceso internacional. Más aun, ese reconocimiento oficial fue el que permitió que organizaciones no gubernamentales asumieran la representación de tales víctimas. Por eso, la Corte denegó también la petición del Gobierno de que tales organizaciones devolvieran los dineros recibidos “por concepto de costas y gastos con ocasión de la representación de los familiares”. Cabe advertir que, previamente a la decisión de la Corte, los abogados de las víctimas devolvieron al Gobierno colombiano las sumas recibidas por concepto de indemnizaciones en relación con tales víctimas.

Es decir, que el Gobierno colombiano se embarcó ridículamente en una pelea internacional para desprestigiar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Dieciséis funcionarios llevó desde Bogotá a Costa Rica para el efecto, encabezados por la canciller y el ministro de Justicia. Esa pelea la perdió totalmente ante la Corte, que decidió que “no corresponde disponer lo solicitado por el Estado”.

Más aun, la Corte le recordó al Gobierno que “los hechos probados de la Sentencia fueron establecidos con base en el propio reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado” y “revelaron graves faltas a la debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales para la plena identificación de las víctimas de la masacre”. ¿Será que el Gobierno se va a hacer regañar de nuevo por la Corte Internacional de Justicia al plantear otro recurso de revisión sin fundamento?

author by Hernán Durango - VOZpublication date Mon Mar 03, 2014 02:19Report this post to the editors

Con un plantón en la Plaza de Bolívar de Bogotá, realizado el viernes 28 de febrero, las víctimas de las masacres ocurridas en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán (Meta) exigieron la renuncia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero. Los familiares de las víctimas recibieron el acompañamiento de defensores de los derechos humanos y exigieron castigo para los responsables de estos crímenes del Estado colombiano.

Los asistentes al plantón rechazaron la presencia en el mismo sitio con actitud provocadora de José Jaime Uscátegui, hijo del brigadier general Jaime Humberto Uscátegui (condenado a 37 años de prisión por esos hechos), y sus escoltas. José Jaime Uscátegui es candidato politiquero con el 110 a la Cámara por el Partido Conservador.

“Fuera politiqueros criminales, fuera corruptos”, le gritaban.

Comunicado:

Las centenares de víctimas de Mapiripán hemos sido humilladas por los montajes de las falsas víctimas, por la impunidad que sigue cubriendo a los principales responsables de las masacres de los nuestros, por la ausencia de verdad cubierta por las mentiras oficiales, por la ausencia de reconocimiento y reparación frente a la destrucción de nuestros proyectos de vida. La gran mayoría de nosotros trabajábamos con empeño y honestamente para solventar las necesidades de los nuestros.

Nunca recibimos nada del Estado y cuando este decidió hacer presencia lo hizo de la mano de los asesinos paramilitares conducidos por las Fuerzas Armadas, para masacrarnos, robar nuestras pertenencias, destruir nuestros bienes, desplazarnos y amenazarnos de muerte. Así conocimos y sufrimos la presencia más oscura y cruel del Estado, que destruyó nuestras vidas y proyectos de vida.

Más de 15 años después nos enteramos de que uno de los perpetradores, el general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, pronto saldría en libertad por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la mano de un magistrado, Fernando Alberto Castro Caballero, quien fuera abogado del asesino paramilitar y esmeraldero Víctor Carranza, a quien la Justicia nunca condenó, pese a que, como lo confesó y denunció el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, estuvo en Urabá en la reunión preparatoria donde se decidió la barbarie que íbamos a padecer.

Las medio millar de víctimas organizadas de las masacres de Mapiripán les convocamos a que nos acompañen este viernes en la Plaza de Bolívar en Bogotá para expresar nuestro repudio y un basta ya a las mentiras del general Uscátegui, a la manipulación de nuestro dolor, a la revictimización que ha conllevado que nuevamente seamos víctimas de amenazas. Por tanto les invitamos a acompañar nuestras demandas y consignas:

¡Las víctimas de Mapiripán sí existimos y reclamamos respeto a nuestros derechos!

¡Que el general Uscátegui y los periodistas que amparan la impunidad de sus crímenes dejen su cinismo y digan la verdad!

¡Que cesen las amenazas en contra nuestra y se sancione a los responsables!

¡Basta ya de montajes y persecución contra nuestros abogados!

¡Que la Corte Suprema de Justicia no ampare las estrategias de impunidad de los militares!

¡Que se investigue y sancione a todo el alto mando militar de la época que, por acción y omisión, provocó las masacres de los nuestros y la destrucción de nuestros proyectos de vida!

¡Que renuncie el magistrado Fernando Alberto Castro Corredor y que se investiguen sus actuaciones en la rama judicial!

Organizaciones de Víctimas de Desplazamiento Forzado de Mapiripán Asomudem y Miconcamp

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