Tras una década de luchas. Realidades y desafíos de los proyectos de cambio en Nuestra América

internacional | la izquierda | non-anarchist press Monday November 07, 2011 19:56 by Clara Algranati, José Seoane y Emilio Taddei

La crisis de hegemonía del régimen neoliberal en la Argentina a fines de 2001 hubo de tener un profundo impacto a nivel regional e internacional. Tras haber sido bendecido como ejemplo de la exitosa aplicación del recetario del “Consenso de Washington”, la estrepitosa debacle económica y política de dicho régimen proyectó luego la imagen de su fracaso a nivel global.

Sin embargo, la experiencia argentina –más allá de sus particularidades, de su importancia relativa en el contexto internacional y de las propias vanidades– estaba lejos de resultar un solitario rayo en cielo sereno. Desde finales de los ´90 la conjunción de un ciclo de luchas y emergencia de movimientos populares en –crecimiento desde mediados de dicha década– con el impacto de un nuevo episodio de recesión y crisis económica a nivel regional, dio inicio a un período de crisis de legitimidad del modelo neoliberal en Nuestra América.

Esta crisis se expresó, entre otras formas, en la capacidad destituyente conquistada por las clases y grupos subalternos cuya acción precipitó la caída de seis gobiernos durante los cinco años que median entre 2000 y 2005,[1] abriendo en muchos de estos casos significativos procesos de cambio. Aún con las diferencias entre las distintas experiencias nacionales, este período transformó profundamente el panorama regional, marcando un quiebre de la hegemonía neoliberal y del pensamiento único, frustrando o demorando las iniciativas de recolonización continental en curso y actualizando las potencialidades de avanzar en un proyecto de transformación social, con programáticas y horizontes emancipatorios renovados y revitalizados. Procesos que hicieron de Nuestra América Latina y caribeña uno de los territorios más relevantes en el terreno de las resistencias y las alternativas al capitalismo neoliberal a nivel global.

La valoración de estos cambios, de las fuerzas en pugna y de cómo enfrentar los desafíos planteados suscitó y suscita aún un intenso debate al interior del pensamiento crítico. Los fines de década –que en este caso casi coincide con la primera del nuevo siglo– suelen sugerir la posibilidad de una mirada de mayor perspectiva sobre las tendencias “gruesas” y los procesos ya “maduros”. Sin embargo, debemos advertir contra la tentación de considerar a estos diez años como un período homogéneo de evolución lineal, de fines ya anticipados, de un espíritu inmanente que avanza o retrocede, según donde se mire. Por el contrario, es más apropiado visualizar una serie de batallas, ganadas y perdidas, que aceleran, ralentizan o reorientan el espacio-tiempo societal y los procesos sociopolíticos, y que, en su condensación, permiten la periodización y la delimitación de las fuerzas y los proyectos en disputa. En esta dirección, nos interesa proponer cinco consideraciones breves –tal vez un tanto esquemáticas– que pueden contribuir a la reflexión sobre los desafíos que afronta hoy el proyecto emancipatorio de la construcción de Nuestra América.

1.- Tres proyectos en disputa, tres momentos de la confrontación

Si podemos afirmar que los primeros años de la década de 2000 estuvieron signados por el estallido y avance de una crisis de legitimidad del neoliberalismo –con diferentes intensidades y características nacionales–, en el período posterior se condensaron los procesos de cristalización sociopolítica de salida a dicha crisis, en el contexto de un nuevo ciclo de crecimiento económico regional. El quiebre de la hegemonía neoliberal capitalista dio paso así a un panorama latinoamericano mucho más heterogéneo.

Neoliberalismo de guerra

Debe recordarse que en parte de Nuestra América las fuerzas conservadoras derrotaron o neutralizaron las aspiraciones de cambio y se impuso la continuidad de similar recetario bajo renovadas características. Bautizado como “neoliberalismo de guerra”, este proyecto supuso la profundización de la matriz extractiva exportadora bajo control trasnacional y de los procesos de recolonización político-económicos –una de cuyas expresiones fueron los tratados de libre comercio[2]– así como la búsqueda en la recreación del “estado de naturaleza” hobbesiano nuevas legitimidades para promover un proceso de militarización de las relaciones sociales orientado a criminalizar y disciplinar la vida y acción de las clases y sectores subalternos, en particular de aquellos más castigados por la intensificación del patrón de acumulación en curso. Ejemplo de ello es el gobierno fraudulento de Felipe Calderón en México y su “guerra contra el narcotráfico”, que desencadenó un círculo de violencia y militarización con un saldo de más de 30.000 muertos en casi cuatro años, y la promoción estadounidense de un “Plan Colombia” para este país. Aunque es claro que su modelo más consagrado a nivel internacional sigue siendo el régimen colombiano.

Neodesarrollismo y “socialismo del siglo XXI”

En parte de América del Sur se concentran las principales experiencias que parecen plantear caminos de salida del neoliberalismo. La evaluación de las mismas, de sus contrastes y semejanzas y del horizonte posneoliberal que señalan es motivo de debate. Proponemos entenderlas desde la capacidad de hegemonía y las disputas entre dos proyectos societales.

Uno recibe el nombre de “neodesarrollismo” por recuperar la retórica desarrollista de décadas pasadas, y se afirmó en gran medida como orientación hegemónica en las experiencias de la Argentina y el Brasil. Se caracteriza por su aspiración a reconstruir la autoridad estatal y su papel en el sostenimiento de ciertas actividades industriales, la búsqueda de una mejor inserción internacional en el marco de la mundialización capitalista y la restitución del monopolio de la política al Estado y las mediaciones partidarias, asegurando las bases de su legitimidad en cierta recuperación del empleo y políticas sociales compensatorias. Los cambios acontecidos en el terreno de las políticas públicas supusieron un desmontaje de determinados instrumentos y orientaciones neoliberales, al tiempo que aseguraban la continuidad del carácter capitalista de la formación social. Así, la conflictividad y potencia de las clases subalternas quedaron encapsuladas al interior del bloque dominante y su horizonte societal, restringiendo los cambios a la modificación de los equilibrios y pactos a su interior.

Otro proyecto que se delinea en el escenario regional es el conocido bajo las referencias al “socialismo del siglo xxi” o al “socialismo comunitario”. Remite a un proyecto popular de cambio social que, en oportunidades anteriores, hemos llamado “proceso constituyente”[3] y que bien puede visualizarse en los trazos de las experiencias venezolana, boliviana y, hasta cierto punto, ecuatoriana.[4] Aunque su cristalización es a la vez menos y más abarcativa que un gobierno, unas políticas públicas o un Estado, en la medida que su fuerza reside en la praxis de los sectores subalternos y su horizonte en la transformación de la matriz societal. En su sentido más transformador, este proyecto aspira a la transformación de la matriz liberal-colonial del Estado, en el marco de una democratización radical de la gestión de los asuntos comunes, contracara de una redistribución del ingreso y la riqueza en base a los recursos aportados por la apropiación, propiedad y gestión publica y/o estatal de los sectores económicos más dinámicos y/o estratégicos.

Nuevo período en la confrontación regional

Las disputas sociopolíticas y el campo de las relaciones de fuerza entre los proyectos mencionados ofrecen una perspectiva para analizar los diferentes procesos en curso en nuestra región, la dinámica que asume la conflictividad en cada caso nacional y la conformación y papel de las coaliciones sociopolíticas que, con diferente grado de constitución y conformándose incluso en un espacio que cruza diferentes partidos políticos y distintos aparatos del Estado, aparecen encarnando los tres proyectos y las tensiones que se plantean entre los mismos.

Por último, el final de la década está signado por señales del inicio de un nuevo período en la confrontación regional. En sus comienzos, lo caracterizó una ofensiva restauradora promovida por los poderes imperiales, por las fracciones más conservadoras del bloque dominante y por las fuerzas sociopolíticas más retrógradas en el ámbito nacional y se proyectará como respuesta y utilización del nuevo episodio de la crisis económica internacional abierto en 2008. El golpe de Estado en Honduras de mediados de 2009 indicó el relanzamiento de la iniciativa estadounidense orientada a neutralizar y abatir los procesos de cambio en curso y reconquistar el control sobre un territorio que considera su área de influencia natural; ahora, bajo la nueva legitimidad que ostenta la presidencia de Obama.

2.- Clases y movimientos sociales: los retos de los sujetos para el cambio social

En muchos casos, las ofensivas conservadoras tomaron fuerza en un contexto previamente instalado de descenso de la capacidad de lucha y pérdida de centralidad política de la acción de las clases y grupos subalternos y de sus proyectos de cambio.[5] Ello facilitó el ejercicio de los dispositivos hegemónicos que tienden a invisibilizarlas, desplazando la comprensión de las dinámicas socio-políticas hacia otros actores, figuras o campos de acción (el Estado, los gobiernos o los liderazgos político-partidarios). Sin embargo, una mirada sobre el pasado reciente ofrece un panorama bien distinto, con resistencias efectivas al régimen neoliberal que hunden sus raíces en ese ciclo de conflictividad social que se inicia en la región a mediados de la década de los ´90. Un ciclo protagonizado por ciertas fracciones y grupos subalternos –particularmente aquellos de los más afectados por la lógica de desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo– y que, en condiciones extremadamente severas y en el marco de una gran asimetría de fuerzas, construyeron marcos identitarios, organizaciones y dinámicas de acción colectiva que, cuando emergieron a la luz pública, recibieron el nombre de movimientos sociales.[6] En similar dirección, en el terreno más político, la forma campesina, indígena y/o territorial-urbana de muchos de estos movimientos retrotrajo a una discusión sobre los sujetos y la emancipación. Discusión que hoy encuentra en la noción de un sujeto emancipatorio plural y complejo el punto de partida necesario e imprescindible para dar cuenta de la multidimensionalidad de la transformación planteada. Una cuestión que ya fuera señalada en el pasado por otros movimientos como el de mujeres, el feminismo y el del reconocimiento de la diversidad sexual y cuyas luchas y aportes al proyecto emancipatorio fueron también históricamente invisibilizados. La praxis de estos movimientos –particularmente el movimiento indígena, con su cuestionamiento al patrón colonial del poder– renovó y enriqueció las programáticas y horizontes emancipatorios con una hondura estratégica que reclama todavía ser asumida en toda su dimensión, para ser coherentes con la máxima mariateguiana de que el socialismo indoamericano no puede surgir del calco ni la copia.

En la práctica sociohistórica, surgidos de las profundidades de las selvas y sierras latinoamericanas, de las periferias de los grandes latifundios, circuitos comerciales y urbes, estos movimientos se constituyeron con capacidad de articulación y peso nacional en un recorrido que ampliaba su influencia desde estas periferias al centro económico y político del espacio nacional y era jalonado por movilizaciones y levantamientos. Desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, trabajo y condiciones de vida, muchas de estas organizaciones se constituían en la identificación política de su desposesión (los sin tierra, sin trabajo, sin techo), de las condiciones sociopolíticas sobre las que se erigía la desposesión (los pueblos originarios) o de la lógica comunitaria de vida amenazada (los movimientos de pobladores, las asambleas ciudadanas). En el ciclo de resistencia al neoliberalismo se entrecruzaban y a veces convergían con otros sujetos urbanos donde también nuevos procesos de organización tenían lugar: los trabajadores –especialmente los del sector público–, los estudiantes y jóvenes, los sectores medios empobrecidos. La amplitud y brutalidad de la apropiación y concentración del ingreso y la riqueza bajo esta fase neoliberal sentaban las bases materiales de estas convergencias. Cuando ésta se produjo con la suficiente intensidad, los sectores subordinados irrumpieron en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal imponiendo con insurrecciones y levantamientos no sólo la caída de gobiernos sino también la legitimidad callejera como sustento de una soberanía popular recobrada. En estos procesos fueron decisivas las alianzas con sectores urbanos y la proyección de la conflictividad al territorio de las grandes ciudades, que fue alimentada particularmente por los efectos de la crisis económica de proyección regional que se prolongó, con idas y vueltas, entre 1998 y 2003.

La recuperación económica posterior, que alcanzó en numerosos casos la magnitud de un nuevo ciclo de importante crecimiento económico y la apertura del estrecho núcleo de beneficiarios económicos y políticos de los ´90, fueron dos factores nada despreciables en la ruptura de este “frente único” antineoliberal. Y en el aislamiento, fragmentación, neutralización política y corporativismo que en muchos casos se impuso en la conflictividad social y en la lógica de acción de los grupos subalternos. Así, sea con el proyecto del “neoliberalismo armado”, en el reclamo “fascistizante” de mayor seguridad, o con el “neodesarrollismo” y las expectativas y mejoras que conllevó en el terreno de lo económico y de lo político, amplias fracciones de las clases y grupos subalternos fueron interpelados con éxito por la construcción hegemónica del bloque dominante u orientaron su fuerza como apoyo y aliada en las disputas al interior del mismo.

Las profundas amenazas y límites que entrañan ambos proyectos otorgan una relevancia especial al desafío de elucidar los caminos –siempre complejos, claro está– de construcción de un proyecto de transformación social propio –autónomo– de los sectores subalternos. Abordar este desafío inquiere especialmente a los que hicieron de la “autonomía” su anatema en los debates pasados. ¿Será que, como suele decirse, no se habrá arrojado a la criatura con el agua?

3.- Estado y autonomía: el desafío de salir de la matriz liberal-colonial

Una de las características de los movimientos sociales que protagonizaron el ciclo de luchas sociales de las últimas décadas fue una praxis que reactualizaba y enriquecía la propuesta de autonomía de los sectores subalternos. En este caso, una serie de prácticas colectivas vinculadas a la autogestión, a la satisfacción colectiva de ciertas necesidades sociales o a formas de gestión colectiva de los asuntos públicos, repusieron esta problemática que tuvo en la demanda de las autonomías territoriales indígenas uno de sus propuestas más conocidas. No se trataba, a nuestro entender, de un “autonomismo autista”, “individualista” o “micropolítico” (como en algunos casos se interpretó), sino de un proyecto de autonomía y cambio social que se construía en la propia tensión de grupos sociales que no podían vivir con el Estado, pero tampoco sin el Estado, del mismo modo que no podían hacerlo en el mercado, ni fuera del mismo. Así, en el sentido de un proyecto popular de cambio social, la autonomía implicaba un cuestionamiento radical a la matriz liberal-colonial del Estado y marchaba unida indisolublemente al reclamo de una democratización radical de la gestión de los asuntos públicos.

Pero este potencial crítico muchas veces tropezó con el límite de considerar a la autonomía fundamentalmente en referencia al ámbito de lo político-estatal, enfatizando la diferenciación entre sociedad política y sociedad civil, con el riesgo de remedar la perspectiva liberal. Esto dificulta entender que la dimensión fundante de la misma se delimita en relación (de enfrentamiento) con las clases y grupos dominantes; como núcleo de un proyecto que va más allá, pero también, más acá del Estado.

Estas dificultades se agudizaron cuando las diferentes salidas planteadas a la crisis de legitimidad del neoliberalismo vivida en la primera parte de la década de 2000 supusieron, aunque ciertamente de distintas maneras, un retorno de la problemática del Estado. Pero ello tuvo lugar en un sentido bien distinto del previsto por la mayoría de los críticos del “autonomismo ingenuo” que también abrevaron, a sabiendas o no, en la matriz binaria Estado-sociedad civil clásica del pensamiento liberal enfatizando, en este caso, el término estatal[7]. Ya en 2004 Francis Fukuyama –uno de los publicistas más conocidos de la “globalización neoliberal” de los ´90– alertaba sobre una comprensión exagerada del “Consenso de Washington” y llamaba a construir estados fuertes para garantizar la gobernabilidad neoliberal. En esta dirección, el proyecto del “neoliberalismo armado” descargó sobre los movimientos más activos y críticos el peso de una feroz y cada vez mayor represión tendiente a criminalizar la acción colectiva de las clases y sectores subalternos. El creciente número de activistas asesinados, perseguidos, amenazados, detenidos y condenados en nuestro continente es sólo una muestra trágica de ello. En igual dirección, las campañas nacionales y regionales contra la criminalización y por la libertad de los detenidos se convirtieron cada vez más en una de las acciones centrales de los movimientos y de las convergencias continentales en los últimos años.

También la estrategia “neodesarrollista” supuso el fortalecimiento del Estado que ahora pretendía volver a reclamar con éxito, para él y para las mediaciones partidarias legítimas, el monopolio de la política pública, regresando a los movimientos sociales a su papel liberal clásico, el de defensores de intereses particulares en el terreno social, cambio que además –en ciertos aspectos– parecía ofrecer la posibilidad de obtener ciertas satisfacciones corporativas. Así, el descabezamiento o integración del proyecto político germinado en la práctica de los movimientos sociales era la contracara de la restauración de la legitimidad de una elite político-profesional a la que eran también incorporados algunos de los cuadros dirigentes de estos movimientos. Ambas estrategias se combinaron en la vieja fórmula del carácter bifronte de la dominación ya referida por Gramsci y tantos otros, jugando un papel central en la derrota y reflujo de la capacidad de acción de las clases subalternas.

Por otro lado, el avance del proyecto popular de cambio social, particularmente en la experiencia boliviana y venezolana, se expresó en la programática de una democracia participativa y de un Estado plurinacional, cuestiones que condensaban un proyecto de crítica y transformación de la matriz liberal-colonial del Estado vinculado a una creciente capacidad de autoactividad, organización y gestión de las clases y grupos subalternos. La riqueza y radicalidad de este programa –elementos que todavía el pensamiento crítico latinoamericano no ha calibrado en toda su dimensión– implicaban orientar una transición que demandaba, en simultáneo, la resolución de la gestión pública a partir de la vieja maquinaria político-burocrática del Estado en el camino de su transformación y desmontaje. Como en ocasiones pasadas, la disputa por la orientación de la transición se convirtió en el terreno decisivo de la marcha de estos procesos. La ausencia de cuadros preparados para dicha tarea, la creciente imposición de la casta de profesionales y especialistas, la burocratización y la corrupción, y finalmente la cooptación del “propio hacer” del aparato estatal y de su “eficacia” se conjugaron, junto a las alzas y bajas que atraviesan habitualmente la dinámica de la activación de las clases subalternas, para influir en el repliegue particularista o corporativo. Ciertamente, la historia de estas experiencias está lejos de estar cerrada. Su análisis obliga a distinguir entre gobierno y proceso, referido éste al complejo de relaciones de fuerzas, organizaciones y acciones de las clases y grupos sociales –en particular las fracciones subalternas– que pugnan al interior del proyecto de cambio en curso. Como fue dicho en ocasión de revoluciones pasadas –y recordado en los últimos años en referencia a las experiencias de nuestro continente– muchas veces el proceso de la revolución despliega sus fuerzas y avanza en respuesta al ataque de la contrarrevolución.

4.- Los proyectos y disputas en el plano internacional: fuerzas y amenazas en la construcción de Nuestra América

Los tres proyectos que distinguimos para orientar nuestro análisis comparten un elemento común: se sostienen en gran medida en base a la explotación y exportación de bienes comunes de la naturaleza. Claro que uno lo hace en beneficio casi exclusivo del capital trasnacional y sus asociados, otro apelando a mayor regulación pública y a la apropiación estatal de una parte de la renta extraordinaria y el tercero promoviendo la propiedad pública de los mismos y un proceso de redistribución del ingreso y la riqueza. Por otra parte, el similar perfil exportador se diferencia también en las distintas orientaciones que asumió la política internacional y la relación con el mercado mundial.[8] Los cambios en este terreno se constituyeron en el marco de la derrota relativa del proyecto ALCA en la III° Cumbre de las Américas (2005), la frustración de las rondas de negociaciones en la OMC de Seattle (1999) y Cancún (2003) y los cuestionamientos y deslegitimación del FMI. En particular, la derrota del ALCA marcó la culminación de un proceso de luchas y crecientes cuestionamientos a la “globalización” y la política imperial y guerrerista estadounidense acentuada bajo el mandato de George Bush hijo. Aunque no fuera suficiente para impedir que diez países de la América Latina y Caribeña –además de México, que desde 1994 vivió los efectos del TLCAN– suscribieran entre 2003 y 2008 tratados de libre comercio con los Estados Unidos[9], configurando en el plano regional la influencia ganada por el proyecto del “neoliberalismo de guerra”.

Por contrapartida, fue sobre las experiencias de lucha antiimperialista y los procesos de cambio a nivel nacional que se delinearon y revitalizaron los proyectos de la integración latinoamericana. En 2004 Venezuela y Cuba dieron los primeros pasos de la ahora llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el propio MERCOSUR buscó consolidarse y ampliarse. Fue en definitiva la alianza entre ambos esquemas de integración –que expresaban, en el plano de las relaciones internacionales, a los proyectos del “neodesarrollismo” y del “cambio social”– lo que dio vida a la Unión de Naciones Suramericanas en 2008.

La UNASUR cristalizó y marcó una modificación importante del sistema interamericano configurado a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, bajo la hegemonía de los Estados Unidos con la OEA y el TIAR, y cumplió un papel valioso a nivel defensivo frente a los aspectos más provocativos de la ofensiva estadounidense. Sin embargo, las diferencias entre los distintos gobiernos y proyectos, el peso de una perspectiva apuntada a recrear un esquema multilateral en el terreno internacional y las estrategias que apostaban al liderazgo regional[10] dificultaron el desarrollo de una política efectivamente antiimperialista y de integración desde los pueblos. Similares dificultades se expresaron también, por ejemplo, en los obstáculos y demoras que enfrentaron y enfrentan iniciativas claves como Telesur (2005) y el Banco del Sur (2007). En este contexto, la propuesta de una integración basada en la reciprocidad, la complementariedad y la cooperación y no restringida al comercio de bienes ni a los acuerdos interestatales como el ALBA[11] se constituyó, más allá de sus límites, en la experiencia de integración más avanzada de un proyecto de transformación social y construcción de Nuestra América. No por casualidad, la campaña regional promovida por los Estados Unidos a partir del 2009 descargó su primer golpe con el derrocamiento del gobierno hondureño, que había decidido integrarse al ALBA un año antes. Como ya mencionamos, este hecho marcó en la escena regional un trágico signo del nuevo momento de la confrontación sociopolítica que se iniciaba. En este camino, y con el objetivo de consolidar el control territorial y cercar a Cuba y Venezuela, se llevó adelante desde 2009 un acelerado redespliegue militar estadounidense en Centroamérica, el Caribe y el norte de América del Sur. Asimismo, se promovieron o apoyaron procesos de desestabilización o destitución en Bolivia (2008) y Ecuador (2010) y también, aunque menos explícitos, en Paraguay (2009 y 2010) y Guatemala (2009). Pero este aspecto militar no resume la ofensiva estadounidense en la región. No debe perderse de vista que ya a fines del 2007 un sector de los republicanos y los demócratas “clintonianos” compartían el diagnóstico de que para recuperar la iniciativa perdida en el continente y neutralizar el rechazo que despertaba el gobierno de Bush hijo era necesario restituir la capacidad de un “poder inteligente” (smart power) que en sustitución de la “guerra contra el terror” recurriera también a la diplomacia, el comercio, la ayuda al desarrollo, la cooperación y un mayor multilateralismo para reponer cierto liderazgo moral, y no sólo militar, de los Estados Unidos (Nye, 2008). Ciertamente, esta estrategia difícilmente podía encontrar mejor rostro que el de Obama.[12]

Poco más de diez años atrás, el ciclo de luchas y resistencias contra la mundialización neoliberal fructificó en una dinámica de convergencias sociales a nivel global que fue caracterizada como un “nuevo internacionalismo” y se constituyó en una fuerza decisiva en la contestación a la mundialización neoliberal, al paradigma del libre comercio y los proyectos de recolonización. Y fueron estas experiencias y fuerzas las que dieron nueva vida al sueño de Nuestra América y a los proyectos y búsquedas de una integración desde los pueblos. Sin embargo, la suerte de estas convergencias y de estas luchas no fue ajena a lo que sucedió en el orden nacional en la región, ni tampoco a los fuertes golpes sufridos por los movimientos sociales en Europa y los Estados Unidos a posteriori de la “batalla de Génova” (2001), la invasión y guerra en Afganistán (2001) e Irak (2003) y la reelección de Bush hijo (2004). Es en este contexto que, frente al nuevo ciclo de crisis económica internacional, se ha intentado reponer a nivel global las mismas recetas y organismos internacionales (el FMI como ejemplo) que signaron la globalización neoliberal de los ´90. Pero ello está bien lejos de significar que las resistencias y convergencias mundiales y continentales hayan perdido relevancia. A casi diez años de la primera edición del Foro Social Mundial (FSM), los primeros pasos dados por la “Articulación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA” promovida por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y organizaciones campesinas, de mujeres y territoriales del Brasil, entre otras del continente, en enero de 2009 en el marco del IX FSM en Belém do Pará, representa una de las iniciativas en marcha más importantes[13] en el contexto de la nueva coyuntura regional para fortalecer las convergencias de las luchas y construir proyectos de largo plazo en respuesta a los desafíos que plantea la ofensiva conservadora.

5.- Hacia atrás, hacia adelante: la centralidad de las luchas por los bienes comunes de la naturaleza

El ciclo de crecimiento económico desplegado en la región a partir de 2003 acentuó dramáticamente las consecuencias de la acumulación por desposesión de los bienes comunes de la naturaleza. Y aún en el período posterior al estallido del nuevo episodio de la crisis económica internacional el crecimiento del precio de algunos commodities se tradujo en el crecimiento económico de estos sectores y de su peso político-social. Paralelamente, en muchos de nuestros países la conflictividad social y las disputas sociopolíticas alrededor de dichos bienes comunes se intensificó; sea en el cuestionamiento a la devastación ambiental y social y a su privatización y mercantilización, sea en la disputa por la distribución de los ingentes beneficios derivados de su explotación, sea en el proyecto político sobre la transformación de su propiedad y gestión, o en el cuestionamiento a la épica del desarrollismo a la recolonización del continente. Los bienes comunes están en el centro de estas confrontaciones. No necesariamente estas luchas, que muchas veces convocan a diferentes sujetos, supieron o pudieron articularse. Pero aún en el contexto defensivo que, como hemos reseñado, afrontan los movimientos populares en muchos de nuestros países y con las complejidades que estos escenarios plantean, los caminos de la construcción de un proyecto popular de cambio social están estrechamente vinculados a las alternativas en relación con el uso y gestión de estos bienes comunes de la naturaleza. Similar cuestión se plantea en el plano internacional, en la batalla contra los verdaderos responsables del cambio climático que está modificando, a golpes de catástrofes e inclemencias, la vida en el planeta y amenazándola con su extinción. Y entonces, la consigna adoptada recientemente por muchos de los movimientos y organizaciones que se movilizan por una efectiva respuesta ante la crisis climática se nos vuelve tan propia: “Cambiemos el capitalismo, no el clima”.

Ciertamente, los movimientos sociales y los pueblos de Nuestra América y del mundo afrontan la magnitud de una crisis que en sus diferentes aspectos (económico, ambiental, alimentario, energético, de guerra y militarización, etc.) tiene la profundidad de una crisis civilizatoria. No es sólo el horizonte lejano de las luchas, sino también y especialmente la interpelación urgente de la coyuntura. La década se cierra con luces y sombras, sobre ello hemos intentado aportar elementos para un balance que contribuya con la reflexión de fondo que todavía es deuda del pensamiento crítico. Entre todo lo reseñado, se encuentran las programáticas y horizontes emancipatorios surgidos, discutidos, explorados en estos más de diez años de luchas y organización de las clases y grupos subalternos. Ofician de brújula estratégica frente a los desafíos que se abren hacia adelante.

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Notas:

[1] Nos referimos a los gobiernos de Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador; de Gonzalo Sanchéz de Losada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia; de Fernando de la Rua (2001) en la Argentina; y de Alberto Fujimori en el Perú. En este breve sumario habría que mencionar también la resistencia popular victoriosa frente al intento de golpe de estado en Venezuela (2002) y el ciclo de polarización y confrontación que le siguió; la iniciativa de la caravana zapatista “por la dignidad indígena” en México (2001) y, en el plano continental, la derrota relativa del proyecto del ALCA en la III° Cumbre de las Américas (2005).

[2] El más claro índice del alcance de dicho proceso de recolonización resulta la firma y puesta en vigencia de tratados de libre comercio entre diferentes países y regiones de América Latina y los Estados Unidos entre 2003 y 2009 así como la creciente intervención estadounidense en el control militar-policial de los territorios nacionales viabilizado, entre otros dispositivos, a través del creciente despliegue de fuerzas y asesores militares y de seguridad en el continente y de los pactos militares y de seguridad que amparan dicho despliegue.

[3] En referencia a que en estos casos se llevaron adelante procesos de reformas constitucionales.

[4] En el caso ecuatoriano, el rumbo adoptado por el gobierno a partir del final del proceso de aprobación de la nueva Constitución (2009) puede interpretarse en el sentido de la creciente influencia ganada por el proyecto neo-desarrollista expresado, entre otros aspectos, en la orientación asumida por la política pública hacia una serie de bienes comunes naturales (minería, hidrocarburos, agua) que precipitó y profundizó la confrontación con el movimiento indígena y, particularmente, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que fuera una de las protagonistas del ciclo de resistencia y confrontación con el régimen neoliberal en el pasado. La confrontación entre estos proyectos puede verse también al interior del gobierno, Estado y proceso de cambio en Venezuela y Bolivia.

[5] Con las diferencias nacionales del caso, estos contextos fueron caracterizados como reflujo, retroceso e, incluso, derrotas relativas.

[6] El generalizado uso de este concepto en el campo del pensamiento crítico, más allá de las ambigüedades y diferentes interpretaciones que convoca, sirvió para reconocer y, en cierta medida, dar cuenta de las novedades que caracterizaban a estos sujetos de la confrontación antineoliberal; aunque la comprensión cabal de estas novedades esté aún pendiente de la recuperación y renovación de la perspectiva del “análisis de clase” a la luz de las experiencias históricas recientes y una visión no determinista del cambio social.

[7] Con ello queremos señalar que, a nuestro entender, la mayor parte de los argumentos y posiciones vertidos en el riquísimo debate que tuvo lugar al interior del campo del pensamiento crítico durante estos años sobre la cuestión del Estado y la autonomía se situaron, si bien en las fronteras, pero aún dentro de la matriz del pensamiento liberal. Así la discusión tendió a reproducir las oposiciones clásicas de dicho pensamiento que, esquemáticamente, pueden verbalizarse en “más Estado vs. menos Estado”; “desde el Estado vs. fuera del Estado”.

[8] Diferencias y cambios que no se reducen a la reorientación de las relaciones comerciales del viejo núcleo del capitalismo desarrollado a la emergente China; que guarda más continuidades que rupturas respecto del patrón de reprimarización de la estructura económica.

[9] Vale tomar en cuenta que estos once países (México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana) representan el 44,5% del PIB total de los 32 países latinoamericanos y caribeños inicialmente comprometidos en las negociaciones (CEPAL, 2009).

[10] Particularmente de Brasil, en lo que ha sido llamado una reedición del subimperialismo; fenómeno ya estudiado, entre otros, por el intelectual y militante brasileño y latinoamericano Ruy Mauro Marini en referencia al ciclo desarrollista iniciado a mediados de los ´60 y cuya obra merece hoy una renovada atención.

[11] El ALBA integra actualmente a siete países –sin considerar a Honduras que luego del golpe militar se retiró del acuerdo–. Estos son: Antigua y Barbuda; Bolivia; Cuba; Ecuador; Dominica; Nicaragua; Venezuela y San Vicente y las Granadinas.

[12] La ofensiva conservadora estadounidense en el plano internacional en el marco de la gestión Obama no se limita a América Latina o a la confirmación de la permanencia de la intervención militar-colonial en Asia. También en el terreno de los acuerdos ambientales, la retirada unilateral de los Estados Unidos del Protocolo de Kyoto bajo el gobierno de Bush hijo se profundizó en los últimos años con la promoción estadounidense de un nuevo acuerdo respecto de los compromisos sobre cambio climático que fuera presentado y convalidado entre las Conferencias de Copenhague (2009) y Cancún (2010) y que significa en los hechos la licuación de los ya limitados compromisos que imponían los acuerdos de Kyoto.

[13] Por otra parte, en el marco de las campañas internacionales y continentales en marcha debe considerarse aquella que se moviliza contra el cambio climático y en defensa del “Acuerdo de los pueblos” forjado en la convocatoria de Cochabamba (2010) y la lanzada entre 2009 y 2010 por el retiro de las bases extranjeras en la región y contra la ofensiva estadounidense.