Repudio al asesinato de Cristian Ferreyra, en Santiago de Estero, Argentina

argentina/uruguay/paraguay | represión / presos | non-anarchist press Monday November 21, 2011 22:16 by FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos

juicio y castigos para los autores materiales e ideológicos

En la tarde del miércoles 16 de noviembre, la comunidad lule-vilela de San Antonio en Santiago del Estero, denunció que Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario sojero santafesino José Ciccioli, aparecieron en la casa de Cristian Ferreyra -de 25 años y padre de dos niños- disparando a sangre fría y asesinándolo. También hirieron de gravedad en sus piernas a César Godoy, de 31 años.

Una vez más, la cuestión de la posesión y distribución de la tierra es puesta en el tapete. Una discusión que se está escribiendo con la sangre de militantes que pelean por sus derechos y que tiene a Santiago del Estero como uno de los escenarios principales en el conflicto. Como ocurrió el 13 de marzo de 2010, cuando Sandra Juárez de 33 años trató de evitar que una máquina arrancara un monte en San Nicolás (a unos 40 kilómetros de Clodomira) y falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, tras haber sufrido una crisis de nervios.

La lista sigue, también, en otros sitios del país:

- Asesinato del diaguita Javier Chocobar en Tucumán el 12 de octubre de 2009,

- Crimen de los qom Roberto López y Sixto Gómez en Formosa el 23 de noviembre de 2010, cuando la policía reprimió un corte de ruta en donde se reclamaba por tierras ancestrales,

- Asesinato de Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velásquez el 28 de julio de 2011 en Ledesma (Jujuy) luego que el juez Jorge Samman firmara una orden de desalojo.

En este caso, el asesinato de Cristian Ferreyra nos habla nuevamente de la expansión del modelo de los agronegocios, cuya "frontera agropecuaria" avanza sobre otras formas de vida campesinas. Allí donde se hacen presentes especuladores del monocultivo sojero que anteponen su individualismo a los intereses de la población, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

El mencionado José Ciccioli es ejemplo de ello. Cuando este nefasto personaje le compró las tierras al tucumano Emilio Luque, dijo: “Voy a cagar matando a algunos de esos para que se dejen de joder”. Además, en varias oportunidades se presentó para hablar con las familias para decirles que era el dueño de las tierras ubicadas en Monte Quemado y que se tenían que mover.

Está pasando por alto algo fundamental: El desalojo de comunidades indígenas está prohibido en la actualidad por la legislación argentina. Las leyes 26.160 y 26.554 establecieron una prohibición general de los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional (“relevamiento de tierras”) para definir los territorios indígenas.

Sin embargo, desde hace cuatro meses se vienen sucediendo los ataques a los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi a través de acciones como la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL. Las comunidades denunciaron estos atropellos. De hecho, el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado recibió varias de estas denuncias y no hizo nada para detener la escalada represiva que impera en la zona.

Además, los desmontes para instalar miles de hectáreas de soja siguen su curso eliminando las tierras fértiles existentes. La Dirección Provincial de Bosques, bien gracias: autorizó un desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. Inadmisible.

Desde FOCO INPADE expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos ocurridos en la comunidad de San Antonio y exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos del crimen, el fin de la persecución a los luchadores sociales y la pronta resolución de los problemas de distribución de la tierra. Para esto último, demandamos el urgente tratamiento y sanción del proyecto de ley de Extranjerización de Tierras enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional y su ampliación para que contemple una regulación del uso social de la tierra, bien común no renovable y estratégico en pos garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y democratizar de una vez por todas el acceso al agua y la tierra.

Por último, hacemos llegar nuestra solidaridad a la Familia Ferreyra, a la comunidad de San Antonio y a los miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina - Movimiento Nacional Campesino Indígena.