Reforma a la justicia en Colombia es bastante más grave que el caso del ladrón detrás del juez
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Saturday December 17, 2011 22:24
by José Antonio Gutiérrez D.
La actual reforma a la justicia es algo mucho más grave que tener al ladrón detrás del juez; no exagera el presidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino cuando asegura que este es un paso que atenta contra el “Estado democrático”. De hecho, lo es: es un paso más en el desmantelamiento de todo lo esencial de la democracia burguesa en Colombia como fue consagrada en la Constitución neoliberal, pero garantista, de 1991. Es un paso más en la consolidación del Estado autoritario, de carácter fascistizante, que requieren los grandes capitalistas colombianos y sus socios internacionales, para impulsar la “solución final” a la prolongada crisis de legitimidad y hegemonía del Estado colombiano, y poder implementar sin ningún contrapeso social o político, sus locomotoras minero-exctractivas y agroindustriales. Es la consolidación de una dictadura abierta del gran Capital, de los grandes cacaos, apenas con ropajes democráticos. Y el costo político de este proyecto lo pagará el pueblo, y ya lo está pagando, con toneladas de sangre.
Amamantando la Impunidad (Bacteria, El Espectador 14-12-11)
Reforma a la justicia en Colombia es bastante más grave que el caso del ladrón detrás del juez
“La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad”
(Antonio García, en “América Latina, Historia de Medio Siglo", Ed. Siglo XXI,1977, p.224)
Una piedra en el zapato que ha enfrentado en la última década el régimen colombiano para consolidar la hegemonía absoluta del gran Capital, en medio de la prolongada crisis que erosiona al Estado colombiano, ha sido la independencia relativa de la Corte Suprema que, frecuentemente, ha cuestionado el carácter antidemocrático y algunos elementos de la guerra sucia de las élites. Desde luego, las Cortes no funcionan al margen de la sociedad (de clases) en que vivimos, y por lo mismo, no representan la personificación de una “justicia” prístina, inexistente en la práctica. Pero sí simbolizan un factor de contrapeso y de resistencia al proyecto autoritario de rasgos fascistizantes impulsado primero por Uribe Vélez y luego por su sucesor aventajado Juan Manuel Santos, quien ha logrado aprobar, con mayor tacto político, todos los elementos fundamentales de la política uribista que su predecesor no pudo sacar adelante. Uno de esos elementos es la reforma judicial.
Con su típico carácter pendenciero, Uribe Vélez se caracterizó por sus choques frecuentes con la rama judicial del Estado, a la que amenazó e intimidó de manera abierta o velada. A su momento, insistimos que estos choques no eran meros descalabros producto de una debilidad psicológica de Uribe, sino que respondían a la lógica misma del sistema colombiano, de su crisis de legitimidad y de la respuesta que los sectores del bloque dominante buscan para imponer su hegemonía absoluta[1]. Santos, con poses de diálogo, de respeto a los equilibros del Estado democrático-burgués, sin los arranques temperamentales del desequilibrado Uribe, logró sacar adelante una reforma estancada desde el 2008, que en lo esencial, constituye un golpe silencioso en contra de las cortes civiles por parte de un Ejecutivo hipertrofiado y un congreso de bolsillo. Se rompe así definitivamente el cada vez más frágil equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo, como lo denunció la propia Corte Suprema a su momento[2], y los sectores vinculados al bloque dominante ganan libertad de acción (impunidad), desembarazándose de contrapesos institucionales y de regulaciones legales, para consolidar, a sangre y fuego, su proyecto de país.
Fuero Militar, fuero para el terrorismo de Estado
Un elemento central de la reforma, el cual pese (o para ser más claros, precisamente debido) a su gravedad y trascendencia, fue incorporado a última hora, entre gallos y media noche, por el gobierno, es la ampliación del fuero militar[3]. El texto de la reforma establece que:
“De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del código penal militar y policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.”[4]
En criollo, esto quiere decir que cualquier denuncia de crímenes cometidos por la fuerza pública estando en servicio, será potestad de la “Justicia” Penal Militar, la cual, aparte de ni siquiera pertenecer a la Rama Judicial, es famosa por fallar en el 100% de los casos de violaciones de derechos humanos a favor de los uniformados. La gravedad de esta reforma no puede ser pasada por alto en un país en el cual la fuerza pública ha estado siendo investigada por el secuestro y asesinato de más de 3.000 personas en el caso de los llamados falsos positivos, amen de un cúmulo de casos de violación sexual y acceso carnal violento, asesinato indiscriminado de civiles durante operaciones militares, secuestro, extorsiones, infanticidio, abuso sexual de menores y otras bellezas. Ahora, después de hacer todas estas tropelías, serán los mismos militares que llevan medio siglo utilizando estos absusos como parte “normal” de la guerra contra el “terrorismo” quienes se juzgarán a sí mismos.
Las críticas del fuero militar no se han hecho esperar, incluso por parte de organizaciones que han sido tradicionalmente tímidas en sus denuncias del régimen colombiano, como son el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos[5] y Human Rights Watch. Vale la pena citar en cierto detalle la carta enviada por el director de esta organización, José Miguel Vivanco, a las autoridades colombianas:
“(…) de conformidad con el proyecto de reforma, la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre 'falsos positivos', es decir, aquellos casos en que miembros del Ejército asesinan a civiles para luego vestirlos con prendas de tipo militar y presentarlos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, ya que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se presentan como personas muertas durante enfrentamientos.
(…)
La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que '[p]or su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana... El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción... El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado Colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo'. Efectivamente, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, los tribunales militares están integrados por miembros activos o retirados de la fuerza pública. La naturaleza jerárquica de las fuerzas armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas.
El record histórico de la justicia penal militar de Colombia muestra que no ha logrado que quienes cometieron violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la notoria ausencia de resultados por parte de tribunales militares en la obtención de condenas contra los responsables de casos de 'falsos positivos'. Las autoridades de la justicia penal militar no sólo no han impartido justicia en estos casos, sino que además habrían cerrado causas sin llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos denunciados. El informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia advierte sobre 'casos [de ejecucciones extrajudiciales]... que pudieron haber sido archivados por [la justicia penal militar] sin una adecuada actuación judicial'. La Comisión Interamericana también señaló en su informe de 2010 que en Colombia 'los jueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos'.
(…) A su vez, la capacidad de los jueces militares de adoptar tales determinaciones de manera imparcial también se ve menoscabada por los antecedentes de presiones y amenazas que han sufrido algunos jueces militares que han transferido casos de abusos a la jurisdicción penal ordinaria. Por ejemplo, en su informe de 2010, la Comisión Interamericana indicó que en Colombia se había 'recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria'”.[6]
El fuero militar, empero, no puede ser visto como una mera decisión desafortunada del gobierno colombiano. Es un elemento fundamental de la nueva ofensiva militar anunciada por Juan Manuel Santos[7], con la cual pretenden profundizar la guerra sucia y el despojo de territorios para beneficio de la explotación agroindustrial, la ganadería y la minería. Es, por lo demás, una demanda que abiertamente venían haciendo los propios intereses económicos que se benefician de la guerra sucia, encabezados por los ganaderos, así como el mismo Ejército que reclamaban que juicios por violaciones de derechos humanos (ie., los “falsos positivos”) los estaban “desmoralizando”[8]. Obviamente, la impunidad es un prerrequisito fundamental para una política de guerra sucia y tierra arrasada. Como dijo Molano Bravo “
no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias”[9].
Concentración de Poderes: la Justicia a la medida de corruptos y parapolíticos
El Congreso colombiano es una de las instituciones más corruptas del país y una de las más desprestigiadas. Un número importante, sino la mayoría, de legisladores de la mayoría ligada al gobierno han estado, en algún momento, vinculados a juicios por cargos de corrupción o por sus vínculos con narcotraficantes o paramilitares y escuadrones de la muerte. Sin embargo, la nueva reforma designa una “súpercorte” con capacidad de juzgarles, y les da la posibilidad de elegir a una tercera parte de ésta, siendo otra tercera parte elegida por el propio presidente (el resto es elegido por el Consejo Superior de la Judicatura). Es decir, dos terceras partes de esta súpercorte serán elegidas por el bloque político más untado de corrupción y vínculos con escuadrones de la muerte y narcotráfico (representados por el Congreso y el Presidente). La Corte Suprema, que era la única instancia que estaba adelantando juicios y condenas por parapolítica y corrupción, se verá así inhabilitada por conducir los juicios en primera instancia (La Corte Suprema, dicho sea de paso, ha sido objeto de duros ataques en este debate por parte de uno de los máximos representates de los partidos parapolíticos, el ministro Vargas Lleras, quien la acusó sin ninguna base de “politizar” la justicia[10]). Es decir, esta reforma elimina cualquier sombra de controles democráticos en el seno del mismo aparato estatal[11].
Otro elemento de la reforma que refuerza el control del Ejecutivo sobre la Rama Judicial es el cambio aprobado en relación a la elección de dos mecanismos de control claves como son el Procurador y Contralor: ya no se presentará una terna de candidatos presentados por la Corte Suprema, Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Ahora, los candidatos serán nominados directamente por el presidente y éstos serán elegidos por el Congreso[12]. Nunca antes, en verdad, fue más acertado el conocido proverbio popular que dice que la ley es solamente para los de ruana.
Hay bastantes aspectos más en los cuales no ahondaremos, pero que son parte integral del mismo control del Ejecutivo sobre la Rama Judicial, como son dotar de funciones administrativas a la Sala Disciplinaria, trasladar funciones jurisdiccionales de la Rama Judicial a notarios (designados por el gobierno), etc.[13] Aún cuando ha habido algo de debate en los últimos días en torno a estas propuestas (sobre todo por la llamada “súpercorte”) a raíz de las observaciones hechas por el Procurador, la Fiscal y por el Consejo de Estado y la Corte Suprema[14], la intención del bloque gobernante queda manifiesta y aún cuando puedan conciliar momentáneamente uno o dos puntos de la reforma, el espíritu que la anima se mantendrá y a la menor oportunidad volverán a la carga, como lo vienen haciendo desde el 2008 o como hicieron con el “fuero militar” que se hundió en un primer momento del debate, para resucitar nuevamente cuando todo el mundo bajó la guardia[15].
Con esta desvergonzadas medidas, propuestas paradójicamente por los mismos que acusan a la Corte Suprema de “politizar” la justicia, pretenden tapar la ilegitimidad del régimen actual y recomponer en algo la apariencia de “normalidad” del sistema que se ha visto minado por un sinnúmero de escándalos. Así, Santos ha terminado por cumplir la fantasía uribista de sacarse de encima a la Corte Suprema y producir una concentración inédita de poderes en manos del Ejecutivo, poniendo a sus compinches por encima de la “ley”.
Impunidad para los de arriba, Terror para los de abajo
Con esta reforma, sea cual sea su forma final, sigue cayéndose la fachada democrática del ilegítimo régimen impuesto en Colombia en última instancia por la fuerza bruta, por la fuerza paramilitar. Mientras los de arriba (gobierno, parlamentarios, ejército) instalan todo un tinglado autoritario que los blinde de la justicia por sus crímenes y su venalidad, garantizándoles la impunidad absoluta, los de abajo viven en un sistema donde la arbitrariedad reina, donde el menor reclamo les convierte en sospechosos de “terrorismo”, donde todos son culpables hasta que no prueben lo contrario. Colombia se militariza y se vuelve una sociedad policial en el sentido integral del término, donde cualquier tipo de organización social es convertida en un mecanismo de control social, donde una red de más de dos millones de informantes del Estado recaban información de sus vecinos a cambio de tres monedas (el gobierno reconoció, a comienzos del 2010, que tenía 2.200.000 cooperantes, es decir, casi un 5% de la población a sueldo por parte del Estado para tareas de inteligencia[16]), donde los medios señalan y linchan a las voces críticas, donde los tentáculos de los servicios de inteligencia (ayer del DAS, hoy de la ANI) penetran todos los rincones sociales para vigilar el disenso, como se comprobó con el caso de las “chuzadas”[17]. Toda lealtad tiene su precio, y existe todo un sistema de recompensas calcado al que alguna vez estableció Pablo Escobar en su imperio, que cubren desde la información casual hasta la cabeza de un sospechoso. Para esta élite da lo mismo si se trata de la insurgencia, de movimientos de oposición de carácter cívico, o las Cortes: todo lo que sea un contrapeso a su hegemonía y su control absoluto es “terrorismo”, es vigilado, es sospechoso, es castigado (oficial o paraoficialmente).
No exageraba Juan Gossaín, en una de sus más famosas editoriales en RCN Radio (16 de Abril, 2010), cuando afirmaba, a raíz del caso de las chuzadas, “
Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que convirtió al país en un Estado de policías y terroristas del Estado, quién intentó convertir esto en una nación de espías, quién fue el que concibió el macabro plan de convertir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes, quién, quién está detrás de esto.”[18]
Ahora hasta sobre las víctimas del paramilitarismo-Estado se tiende un manto de sospecha con los arteros y concertados ataques de los medios y personeros de gobierno que denuncian una supuesta “fabricación” de víctimas: se han sembrado dudas en los atroces casos de Mapiripán y Las Pavas, los cuales han sido utilizados hasta la saciedad por los negacionistas colombianos, que no descansarán hasta que, en un giro orwelliano, las víctimas terminen por pedir perdón a sus victimarios[19].
Mientras tanto, el viejo paramilitarismo (ahora llamado “Bacrim”), de la mano de la fuerza pública, se expande como una mancha de aceite por todo el territorio nacional, ejerciendo su labor de control social mediante amenazas y la mal llamada “limpieza social”: las masacres van en alza (tan sólo en los primeros cinco meses del corriente año se produjeron 17 masacres[20]), los asesinatos se expanden en el territorio alcanzando proporciones alarmantes en distritos populares de las grandes ciudades, y también aumentan las desapariciones forzadas (contándose en el período del 7 de Agosto del 2010 al 10 de Noviembre de 2011, 287 casos denunciados[21]). Como recompensa por sus “buenos oficios”, a los caciques paramilitares les dejan pelearse el control de las ollas de economía mafiosa en las grandes ciudades, lo cual redunda en aún más criminalidad.
La protesta social también se criminaliza formalmente con la llamada “Ley de Seguridad Ciudadana”, la que entre otras cosas establece severas penas para quienes “bloqueen la vía pública”, es decir, marchen o se manifiesten en público (a menos que se trate, obviamente, de manifestaciones convocadas por el propio régimen en apoyo a sus políticas, como la fracasada marcha del 6 de Diciembre pasado[22]). A la vez que se criminaliza la protesta informalmente, con el propio presidente denunciando ante las cámaras que el alza en el malestar y la protesta social es consecuencia directa de “infiltración guerrillera”, con palabras en nada diferentes a las otrora usadas por el paranoico Uribe, demostrando que la paranoia es en realidad estructural al régimen[23]. Este ambiente de criminalización de la protesta hace posible situaciones increíbles, como que el ex vicepresidente (y primo hermano del actual presidente) Francisco Santos pueda llamar abiertamente, y sin ningún reproche, a aplicar tortura eléctrica a los estudiantes[24]. Y pese a ello, la valiente protesta popular en Colombia sigue su tendencia al alza.
La actual reforma a la justicia es algo mucho más grave que tener al ladrón detrás del juez; no exagera el presidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino cuando asegura que este es un paso que atenta contra el “Estado democrático”. De hecho, lo es: es un paso más en el desmantelamiento de todo lo esencial de la democracia burguesa en Colombia como fue consagrada en la Constitución neoliberal, pero garantista, de 1991. Es un paso más en la consolidación del Estado autoritario, de carácter fascistizante, que requieren los grandes capitalistas colombianos y sus socios internacionales, para impulsar la “solución final” a la prolongada crisis de legitimidad y hegemonía del Estado colombiano, y poder implementar sin ningún contrapeso social o político, sus locomotoras minero-exctractivas y agroindustriales. Es la consolidación de una dictadura abierta del gran Capital, de los grandes cacaos, apenas con ropajes democráticos. Y el costo político de este proyecto lo pagará el pueblo, y ya lo está pagando, con toneladas de sangre. Pero es el propio pueblo el que, sin hacerse falsas ilusiones en la institucionalidad, puede y debe poner freno a este modelo rapaz y totalitario, desarrollando su propio poder mediante la lucha popular y la acción directa. El único límite a este “ejercicio ilimitado” del poder de los de arriba es el que le impone la propia dinámica de la lucha de clases en Colombia. Todos los otros caminos están bloqueados.
José Antonio Gutiérrez D.
16 de Diciembre, 2011
[1] Ver, por ejemplo, dos artículos escritos entre Agosto y Octubre del 2008, momento de aguda crisis entre la Corte Suprema y el gobierno de Uribe. Momento, además, en el cual el DAS se encontraba en plenas laboras de espionaje y amenazas en contra de los miembros de la Corte Suprema. “Pasos de animal grande, crujidos institucionales”
http://anarkismo.net/article/9731 y “Conmoción en Colombia”
http://anarkismo.net/article/10234
[2]
http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-3153...corte Ver también
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-3...ortes
[3] Nos hemos ya referido en mayor detalle a este fuero militar, poniéndolo en el contexto de las necesidades de la guerra sucia desde el punto de vista del bloque en el poder, en un artículo previo
http://anarkismo.net/article/20768
[4]
http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-3164...stici
[5]
http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-colomb....html
[6]
http://www.semana.com/nacion/human-rights-watch-pide-re....aspx
[7]
http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-3131...-form
[8]
http://anarkismo.net/article/20768
[9]
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299...acaos
[10]
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2011-que-co....html
[11]
http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-3164...zgara
[12]
http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-3165...rador
[13] Para más detalles sobre estos aspectos, leer la entrevista al vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2011-m%C3%A....html
[14]
http://www.eltiempo.com/justicia/altas-cortes-fiscal-y-...964-4 Quedan dudas sobre la motivación de la Fiscalía y Procuradoría, instancias de bolsillo del gobierno, para oponerse al menos verbalmente al proyecto.
[15]
http://www.eltiempo.com/politica/conciliacion-de-reform...742-4 En realidad, ningún aspecto de la reforma se ha “hundido”. Todo parece que seguirán los esfuerzos hasta último momento por sacarla íntegra.
[16]
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...rmant
[17]
http://www.anarkismo.net/article/16405
[18]
http://www.rcnradio.com/audios/editorial-de-gossa-n/13-...l-das
[19] León Valencia escribió recientemente una reveladora columna sobre esta estrategia del negacionismo, la cual es empañada por el párrafo final en el cual termina con la lambonería de rigor ante la figura mesiánica del presidente, el cual está, supuestamente, más allá de las intrigas del círculo que lo rodea
http://www.semana.com/opinion/aqui-no-ha-habido-muertos....aspx
[20]
http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-2830...ombia
[21]
http://justiciaypazcolombia.com/Incremento-de-denuncias-de
[22]
http://www.anarkismo.net/article/21349
[23]
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...ocial
[24]
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6766
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Jump To Comment: 1 2 3 4 5Compa, como siempre el artículo es muy interesante y pertinente. Es un tema determinante para el futuro de nuestra lucha popular. Además, es algo que pasó sin ningún tipo de reacción y que ahora elaborará un marco juridíco para profundizar el régimen de violencia y muerte en el cual se basa el gobierno colombiano. Bueno, pero como siempre, una cosa sobre el qué hacer: ¿sólo le queda al pueblo la acción directa? ¿De qué manera pueda la lucha popular frenar estas atrocidades de la democracia burguesa si de manera táctica no logra insertarse también en los sitios donde se juega el poder de Estado? Es decir, ¿cómo contrarrestar la máquina uribista-santista sólo desde afuera? Lo decimos, porque todo esto se tramita en el Congreso y como, lo mencionas en el artículo, la Corte Suprema fue un contrapeso importante contra el modelo uribista. También mencionas que la constitución del 91 es neoliberal, pero garantista y esta última parte fue lograda a través de la lucha institucional. No vamos a defender el régimen representativo, de eso no se trata, sino como siempre pensar el poder popular en toda su dimensión. No somos tan ingenuos para pensar que a través de la democracia tal como está se soluciona todo, pero es importante hacer una lectura del periodo tal como la haces, esto es, mirando los pequeños logros que actuán como diques en esta situación tan delicada de contrarrevolución. Ahora bien, la cuestión es que en la crítica, en la pars destruens de tu artículo, utilizas estos pequeños logros para mostrar su funcionalidad, pero en la propuesta final no los mencionas, como siempre sólo queda la acción directa. ¿No es necesario pensar más la táctica y no definir el qué hacer sólo desde el objetivo estratégico?
El anuncio del ministro de defensa colombiano de crear una comisión para reformar la justicia penal militar (JPM) colombiana, ha hecho saltar de nuevo las alarmas en la comunidad de defensores de los DDHH y en las asociaciones de víctimas de crímenes de estado. Dicha comisión estará conformada por un miembro del ejército y otro de la policía nacional (ambos en retiro), y por tres ex magistrados de la corte constitucional. Según el ministro, la función de la comisión está clara: “reconstruir la seguridad jurídica de los militares y policías”. El ministro de Defensa no tuvo ningún reparo en reconocer que, según él entendía, la “inseguridad jurídica” de soldados y policías radicaba en que la justicia ordinaria (JO) ha sumido “todos” los casos de delitos ocurridos en operaciones de miembros de estas instituciones (lo cual es falso, pues a noviembre de 2009 existían 249 casos en disputa de competencias entre la JO y la JPM (1), y para finales del año 2010 la JPM instruía 448 casos relacionados con violaciones (2) a los derechos humanos y el derecho humanitario).
Hay que recordar, que los casos que han generado la polémica, son las permanentes y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra; sobre los cuales, atendiendo a la gravedad de los mismos y a las constantes denuncias de víctimas y defensores de derechos humanos, han forzado a la JO a reclamar su jurisdicción frente a la JPM para juzgar estos crímenes (los antecedentes más cercanos son los casos de ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes del barrio de Soacha, Bogotá; que llevaron a la oficina del Comisionado para los DDHH en Colombia, a pedirle al gobierno que aceptara la visita del relator para las ejecuciones extrajudiciales de NU en Junio de 2008).
En entrevista al diario El Tiempo, el ministro prosigue diciendo que: “Lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho es que toda acción que realicen miembros de la Fuerza Pública que no sea en el marco de operaciones militares y policiales sea conocida y sancionada por la justicia ordinaria, porque podría tratarse de crímenes de lesa humanidad y demás. Pero aquello que ocurre en el marco de operaciones militares y policiales es muy importante que sea analizado por una justicia especializada, que conozca las condiciones típicas de esta situación” (3).
Así las cosas, lo que el ministro espera obtener es una doble ganancia, pues los crímenes que sean cometidos sin el justificante de una orden de operación (aunque pudiera tratarse de una tortura o de una ejecución extra juicio en el marco de una operación encubierta), no serán considerados actos de servicio, con lo que no serán responsabilidad del estado, pues los militares y policías implicados habrían actuado por intereses ajenos a los institucionales. Pero si los crímenes ocurren en el marco de una orden de operación, vuelven a ganar, pues en este caso serían juzgados por la JPM.
De esta manera, el gobierno logra desviar la discusión hacia la interpretación que le es más favorable; obligando a definir primero, qué son “actos de servicio” (cuando existe una orden de operación), y alejando la discusión de la interpretación que se basa en considerar la tipología y la gravedad de los crímenes, la aplicación de un derecho más garantista para las víctimas, a la vez que responsable con la situación de continuas violaciones por parte de los agentes estatales, y de esta manera acatar la antigua solicitud de los organismos internacionales y la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, de que todos los casos en los que pudiesen existir violaciones a los DDHH y al DIH por parte de la fuerza pública, deben ser juzgados por la JO. Ese es el punto central, y no el tecnicismo de si las violaciones han sido cometidas en una circunstancia en la que media una orden de operación; en todo caso, la no existencia de una orden de operación, no es equiparable a que las operaciones que han culminado con violaciones –torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales- no cuente con la autorización y la permisividad –medios técnicos y demás recursos- de las instituciones militares y policiales. El alcance, el nivel de los medios y recursos requeridos para ejecutar estos crímenes, sólo es posible para quienes están amparados por el poder institucional o para quienes cuentan con su connivencia, como también ha sido el caso de los paramilitares.
Por ejemplo, los jóvenes de Soacha fueron desaparecidos en “actos fuera de servicio” (no existía la orden de operación específica para desaparecer muchachos de Soacha, aunque estaba claro que los militares que quería dinero, vacaciones y asensos debían mostrar resultados), y ejecutados en actos de servicio, un supuesto combate, para el cual tampoco hay una orden de combate específica, simplemente un registro diario –en cuarteles y estaciones de policía- de que las unidades militares y de policía deben patrullar los territorios, ¡y en este encargo es cuando son atacados por malvados guerrilleros, los mismos que son dados de baja en legítimo combate, y el hecho es reportado como una victoria militar!
Pero un caso más escandaloso aún es la situación del departamento de Meta, el municipio de la Macarena, por ejemplo, en cuyo cementerio se han enterrado centenares de cuerpos que fueron reportados por las unidades militares como “guerrilleros dados de baja en combate”, y cuyas diligencias posteriores a las muertes han sido adelantadas por los mismos militares, sin contar con personal de la Fiscalía ni de la Defensoría del Pueblo que certificara las condiciones en las que murieron aquellas personas (4).
En este sentido, el informe de la oficina del Alto Comisionado, para el año 2010, señala que “Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares” (5), y que según los datos recogidos por esa oficina, de 125 sentencias de procesos adelantados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Fiscalía colombiana, sólo 22 de ellos terminaros en absoluciones, es decir, que el 82,4% de los casos juzgados hasta el 15 de octubre de 2010, efectivamente correspondían a violaciones a los DDHH y al DIH por parte de los militares y policías (las cifras aportadas en el informe del año anterior señalaban que de 109 resoluciones de acusación formuladas, se habían producido 38 condenas y sólo 3 absoluciones, esto es, un 92, 6% de los casos fueron veraces).
Las cifras que aporta el informe son demoledoras (teniendo en cuenta que la tendencia es el subregistro): “…Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió entre los años 2004 y 2008”. Así mismo, en el informe se requiere al gobierno para que permita que “…todos los casos en los que pudo hacer violaciones de los derechos humanos se trasladen inmediatamente a la justicia ordinaria y que se revisen aquellos que fueron archivados por la Justicia Penal Militar sin una adecuada investigación”. (6)
De vuelta con las declaraciones del ministro de defensa: “Pero también hay que decir que los problemas que aquí enfrentamos no son solamente las grandes operaciones, sino las acciones del día a día en todo el territorio nacional, donde la Fuerza Pública hace presencia. Es allí donde empieza a ser importante que, cuando se juzguen las acciones de la Fuerza Pública, exista la certeza absoluta para ellos y para el país de cuál es su ámbito de acción, pero, al mismo tiempo, de que quienes analizan sus casos y los juzgan tengan toda la especialización y el conocimiento que permitan que esto se haga de manera apropiada”.
De estas declaraciones podemos deducir que para las fuerzas del estado, uno de los mayores problemas derivados de su operatividad, son las altas cifras de violaciones a los DDHH y al DIH, pues dichas operaciones -de inteligencia, en especial- ubican a la población civil como potenciales guerrilleros, o más bien, que tanto policía como militares tienen serios problemas para garantizar el derecho fundamental a la vida y para aplicar uno de los principios que vertebran el derecho de guerra, que es el principio de distinción –ente combatientes y no combatientes, además de que también tienen problemas para aplicar la favorabilidad de dicho principio, es decir, que frente a la duda, toda persona que se encuentre en las áreas de operaciones debe ser tratada como un civil, y no como un combatiente; y así mismo se le ha de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física.
Pero, ¿qué es lo que realmente busca el gobierno con la reforma a la JPM?
Lo primero, es desvincularse de aquellos conceptos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es decir, deben convencer al “público” de que las violaciones han sido cometidas por fuera de los intereses de las instituciones estatales, que se trata de hechos aislados y que nunca han hecho parte de un plan o política “generalizada o sistemática” y “a gran escala” de ataques contra la población civil. Y es que este es el punto angular, pues el asunto más controvertido en el informe del relator especial para las ejecuciones extrajudiciales, que visitó a Colombia en Junio de 2008, era el señalamiento del carácter sistemático con el que las unidades militares y de policía participaban de violaciones a los derechos humanos y al derecho de guerra. Lo que sumado a la sistemática impunidad sobre estos casos, colocaba al estado colombiano ad portas de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (a pesar de ahora sabemos que la Corte jamás ha tenido voluntad para juzgar al estado colombiano).
Lo segundo. El gobierno es consciente de que el escándalo actual por las ejecuciones extrajudiciales está centrado en casos sucedidos desde el 2002 hasta la fecha, y de que las orientaciones de los organismos internacionales, sumadas al aumento de la presión por parte los familiares de las víctimas, cobrarán su efecto conforme avance el actual mandato, por lo tanto, el gobierno prevé que para los próximos años crezcan las cifras de violaciones cometidas por los agentes estatales. Entonces, si consigue que los casos que están en la JO sean considerados como actos fuera de servicio, lograrán así bajar las cifras de los crímenes de estado.
Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado, y atendiendo a este tipo de violaciones, podemos observar que para los próximos años es posible que se presente un máximo en las cifras:
Año del informe Nº de casos Nº de víctimas
2007 Sin datos Sin datos
2008 716* 1100
2009 1273* 2077
2010** 1488* 2457
*Procesos adelantados por la Unidad Nacional de DDHH y DIH de la Fiscalía.
**Para este año hay que sumar 400 casos investigados por otras seccionales de las Fiscalía; además, el informe habla de 448 casos que actualmente están a cargo de la JPM. Lo que hace un total de 2336 casos para el año 2010.
Y tercero. Lo que el gobierno, y en especial los militares y policías buscan con la maniobra jurídica, es impulsar una cobertura legal para seguir manteniendo la doble agenda operacional. Pero el tecnicismo no enmascara la realidad del modus operandi de las fuerzas estatales, pues aunque algún día tuviésemos acceso a los archivos de batallones y demás unidades militares y de policía, creo que difícilmente encontraríamos bitácoras y ordenes de operaciones en las que se describa abiertamente las maniobras conjuntas entre militares y paramilitares. En el caso del palacio de justicia, la orden era “retomar el control” –en esto se excusaron los mandos- pero se torturó y se desapareció a gran número de personas.
NOTAS:
(1) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, año 2009, párrafo 41
(2) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, año 2010, párrafo 26
(3) http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_....html
(4) Informe 2010, párrafo 89
(5) ídem, párrafo 26
(6) ídem
Esta es la columna que no quisiera haber tenido que escribir jamás, porque me he formado en la admiración a la justicia y a quienes la administran.
Por cuenta de esa vocación padecí persecución en el gobierno anterior y no me arrepiento de haber defendido a la Corte Suprema, cuando la seguridad democrática quiso aniquilarla moralmente. Pero hoy, conocida la espuria aprobación de la reforma a la justicia, hago una pausa en mi visión de la misma y de algunos de sus protagonistas.
Ya es lugar común decir que esa reforma para nada cambiará la pésima justicia que los ciudadanos enfrentamos. El Gobierno caramelea y alardea con la abolición de la Sala Disciplinaria del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura integrada por siete magistrados, cuando apenas la está sustituyendo por un Tribunal Disciplinario de nueve miembros. Eso al ciudadano de a pie le importa un bledo, como otras muchas cosas del mismo tono que recoge la melcochuda reforma.
Pero donde está el oprobio mayor a la decencia es en la aprobación de la norma que prorrogará a los actuales magistrados sus períodos de ocho a 12 años y su edad de retiro forzoso de 65 a 70. Y entristece que, además, eso haya ocurrido instigado por conspicuos magistrados que andaban cabildeando en el Senado, pensando subliminalmente en el tintineo de las esposas que intimida a varios congresistas investigados o en las pérdidas de sus investiduras. Y es incalificable que hayan sido precisamente algunos congresistas investigados, como Eduardo Enríquez Maya, los más fervorosos defensores de la prórroga del período a los magistrados que los juzgan.
Aunque muchos magistrados de dientes para afuera se declaran opuestos al esperpento, lo cierto es que algunos congresistas sí recuerdan haber recibido oportunos comentarios a la iniciativa por parte de algunos de ellos, incluidos quienes, como lo reveló Cecilia Orozco, presentaron renuncia a sus cargos, pero condicionada a que si se aprobaba la prórroga del período se tuviera por no presentada. Por el buen nombre de la justicia, aquellos magistrados que se sientan ofendidos con esta reforma que los favorece, deberían públicamente prometer que estarán dispuestos a retirarse de sus empleos cuando completen los ocho años para los cuales fueron nombrados, o cuando cumplan los 65 años. Lo que no puede ocurrir es que se queden sentados en sus poltronas judiciales, después de los ocho años de magistratura o de los 65 años de edad, si en verdad están en desacuerdo con este atraco que el Gobierno, las Cortes y el Congreso le propinaron a la Nación entera. Ellos tienen la palabra.
El Gobierno es el principal responsable de esta desgracia, porque en el anteproyecto que en agosto de 2010 presentó a las Cortes incluyó la deshonrosa prórroga, que obviamente despertó la codicia de algunos magistrados. Es cierto que luego la quitó del proyecto que finalmente presentó y también que se opuso, pero todo comenzó cuando el Gobierno puso a los magistrados a que acariciaran esta indecente oferta que está por convertirse en realidad.
Por eso el presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, escribió una humillante página al defender en el Gobierno la norma que lo premia también a él, alegando que si no se les ampliaba el período o la edad de retiro forzoso a los actuales magistrados pero sí a los futuros, se violaba el principio de igualdad, olvidando que ellos fueron nombrados solamente para ocho años. Y lo peor, cuando en tono suplicante pidió que se les concediera la prórroga, porque según él “ellos no han hecho daño al país”.
No me imagino, por ejemplo, al inolvidable maestro Alfonso Reyes Echandía, ni a la enhiesta consejera de Estado, Martha Sofía Sanz —tempranamente desaparecida— hincados de rodillas en el Palacio o en el Congreso, implorando para que les prorrogaran su período o la edad de retiro forzoso. Los tiempos han cambiado y para mal. Qué vergüenza.
El presidente de la República se apresta a tomar posesión de la Rama Judicial y del control constitucional.
Los recursos adicionales que promete la reforma legislativa para el funcionamiento de la justicia dependerán del Gobierno mediante la expedición de documentos Conpes. Por su parte, el Ejecutivo tendrá su asiento —con voz pero sin voto— en el Consejo de Gobierno Judicial a la hora de conformar las listas de candidatos para magistrados a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, quienes luego presentan seis de las nueve ternas a la Corte Constitucional para elegir sus integrantes, mientras las otras tres vienen del presidente. Aprobada la reforma a la justicia se consumará lo que en tiempos de Roosevelt se denominó “packing the court”. Fracasado el método de confrontar y chuzar a los magistrados, ahora se aplica con éxito el de cooptarlos mediante gabelas, como bien lo denunciara Ramiro Bejarano en El Espectador. La naturaleza humana es débil, más cuando defender principios abstractos supone el sacrificio de intereses concretos.
La reforma constitucional a la justicia en 2012 será conocida en la historia como la reforma del “plato de lentejas”. Doce años de período para los actuales y futuros magistrados, y setenta años como edad de retiro forzoso, son un plato suculento en un país salarial y pensionalmente incierto. El Gobierno sabe bien, con sus amplias mayorías en el Congreso, cómo doblegar voluntades. Más ventajas personales a cambio de relajar el control judicial a los desmanes de los legisladores. La presión de los congresistas, luego de años de juicios por parapolítica, ha acabado haciendo mella en el diseño institucional. Es parte del costo a pagar por mantenerse en el poder de cara a las elecciones de 2014. El resultado no asombra a quienes asocian la salud de la República exclusivamente con la economía y no con el mantenimiento de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público.
A partir de la reforma, por primera vez en la historia del país, fiscal y magistrados de altas cortes podrán ser sometidos a juicios políticos en el Congreso. ¿Dónde queda la independencia de la Rama Judicial con esta sorprendente medida, como bien se pregunta la Corporación Excelencia en la Justicia? No bastó a los virtuosos congresistas reivindicar la doble instancia en los procesos judiciales que se lleven en su contra. Con sigiloso caminar limitan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a las causales constitucionales, dejando por puertas las establecidas en la ley como hasta ahora. Menos virtud, más liberalidad para nuestros responsables representantes.
El 2012 será recordado como el año del desmonte de una concepción republicana —basada en la limitación y control del poder público— en la justicia, todo a cambio de poder burocrático (retorno a la cooptación) y de ventajas salariales (más período y más edad). El último bastión del Estado constitucional social y democrático de derecho, la justicia independiente, ha caído.
El país necesita con urgencia un nuevo partido político en el poder, el partido de la esperanza, que logre mayorías en el Congreso para desmontar las contrarreformas a la Constitución de 1991. Una juventud esclarecida es necesaria, además, para oponerse a los intentos del Gobierno de Colombia por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, como bien lo ha puesto de presente recientemente César Rodríguez, también en este diario. El Gobierno contradice en las reformas al aparato judicial, a la justicia transicional y, próximamente, a la Ley de Justicia y Paz, lo que proclama en la Ley de Víctimas y en los escenarios internacionales.
La condición más baja de los miembros de todas las cortes ha quedado al descubierto con la reforma a la justicia que acabó de reventar la respetabilidad que todavía existía en los altos tribunales.
Sus ambiciones económicas y vanidades personales han salido a flote por el acicate que los políticos, deseosos de arrodillar a sus jueces, les pusieron a las puertas de sus despachos con la ampliación de su período de 8 a 12 años: pura compraventa. Es, claro, el triunfo de Álvaro Uribe y del círculo que conformó para derrotar a la Rama Judicial. Ahora, esa vieja aspiración que él no pudo concretar porque se topó con otra Corte Suprema, esa sí digna, con una Sala Penal compuesta por juristas valientes y con una Corte Constitucional autónoma, se hará realidad, quién lo dijera, en la era del gobernante que el exmandatario califica de enemigo.
En la Suprema, en donde ya no están los tres presidentes (Yesid Ramírez, César Julio Valencia y Augusto Ibáñez, a días de su retiro) que se interpusieron al plan de aniquilamiento que orquestó la Presidencia a través del DAS, ni la mitad de los magistrados de la época de las condenas a los yidispolíticos y parapolíticos, obtienen reconocimiento los togados tramitadores ante el Congreso, del regalo envenenado que les están concediendo. Los demás, los que no han ido a suplicar el favor directamente, permanecen en silencio, convencidos de que pueden pasar desapercibidos aunque estén aferrados a sus sillas. No les falta razón a los que han dicho que cesarán los procesos en esta Sala Penal de la que se anticipa que entrará en receso, dejando una que otra orden de captura en suspenso.
En la Corte Constitucional los tiempos no parecen ser mejores. La afortunada elección del rector de la Universidad Externado significó, simultáneamente, la creación de un vacío enorme en el máximo tribunal. Hace algunas horas se publicó la lista de preseleccionados a reemplazar a Juan Carlos Henao, hombre de mente libre, en el Consejo de Estado que debe presentar la terna. Entre los escogidos están dos abogadas: Gina Magnolia Riaño, que obtuvo la mayor votación, entró a la vida pública de la mano del exsenador conservador Ciro Ramírez, condenado a 7 años de cárcel por parapolítica. E Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada cercanísima a Alejandro Ordóñez, es la que estigmatiza a las mujeres que ejercen su derecho a la autodeterminación. Sería irónico que llegara a la magistratura constitucional el personaje que ha usado el poder de la Procuraduría para perseguir a las beneficiarias de una sentencia de esta Corte.
En el Consejo de Estado la división es evidente. Mientras su presidente Gustavo Gómez parece trabajar acompasadamente con el gobierno, seis magistrados que se identifican con el uribismo bloquean las decisiones públicas de su representante. Esto explica que Gómez decida hoy apoyar la reforma a la justicia y mañana firme un comunicado en que argumenta lo contrario. Por su lado, el gobierno se ha dejado meter en la falsa disyuntiva de sostener, a costa de la moralidad, el impresentable cambio constitucional de blindaje a congresistas y togados o de, presuntamente, ser derrotado por el expresidente Uribe que preferiría lo contrario. Un único interrogante para resolver el dilema: ¿Quién tuvo y tiene interés en doblegar la justicia y en que los parlamentarios “votaran antes de ir a la cárcel”? La Casa de Nariño se deshonra defendiendo a ultranza unas modificaciones a la Carta que incrementarán el poder de sus antiguos amigos de la derecha delictiva, los mismos que le bajarán la cabeza.