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Reforma a la justicia, peor que el narcomico

category venezuela / colombia | miscellaneous | non-anarchist press author Friday June 22, 2012 19:24author by Cecilia Orozco Tascón Report this post to the editors

El narcomico. Así denominó la prensa el intento de los congresistas de acabar con los juicios que contra ellos adelantaba la Corte Suprema por haber recibido dineros sucios de los carteles de Medellín y Cali para financiar sus campañas y carreras.

Concretamente, la justicia les había abierto una causa criminal por enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico. Pero con el narcomico los parlamentarios pretendían garantizarse inmunidad judicial, como desean hacerlo sus sucesores de hoy, 17 años después, frente a la parapolítica que van a sepultar con la supuesta reforma a la justicia, en verdad un plan encubierto de impunidad.

En diciembre de 1995 había muchas indagaciones dentro del llamado proceso 8.000 que afectaban a miembros de todos los partidos. Cursaba en el Congreso un proyecto de ley más, sobre seguridad ciudadana. El 13, la plenaria del Senado lo aprobó pese a que a última hora ‘alguien’ introdujo un artículo según el cual no se podía procesar a nadie por enriquecimiento ilícito hasta tanto los donantes de las campañas no fueran condenados. En esa década, el país entero se encontraba sometido por intimidación y corrupción a los sanguinarios Escobar, Rodríguez Gacha, Rodríguez Orejuela y otros capos. Éstos, igual que los mancusos y castaños recientes, habían conseguido llevar a sus conmilitones al Capitolio y Colombia entera lo sabía. Sin embargo, el Senado quiso hacernos tragar el cuento de que era una injusticia llamar narcotraficantes a los jefes de la mafia.

En medio del gran escándalo que se dio por el 8.000 y del que suscitó la aprobación del narcomico, el 15 de ese mes y año el presidente de la República —que también había sido investigado y absuelto en la Comisión de Acusación por la infiltración de tales dineros ilegítimos en su campaña— envió un mensaje a la Cámara de Representantes, donde se daría el debate final, con la advertencia de que usaría la facultad de objetar el proyecto en caso de ser refrendada la votación del Senado. El ministro del Interior Horacio Serpa, el ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez, y el fiscal general Alfonso Valdivieso pronunciaron fuertes discursos en los que se apelaba a la dignidad de la Nación para impedir que semejante inmoralidad se convirtiera en ley. La presión del Ejecutivo y de la prensa surtió efecto. La Cámara hundió por unanimidad el narcomico cómplice de los bandidos. Por cierto, esa noche el espurio artículo sólo tuvo un defensor: Carlos Alonso Lucio.

45 días después de que el honor del país hubiera ganado esa batalla, el 31 de enero de 1996, el Consejo de Estado les inició investigación de pérdida de investidura a cinco senadores porque, teniendo investigaciones abiertas en la Corte Suprema por el preciso delito que iba a tumbar el narcomico, votaron a favor de él. Eran: Jorge Ramón Elías Náder, José Guerra de la Espriella, Armando Holguín, Francisco José Jattin y Alberto Santofimio. Todos fueron condenados y despojados de su calidad de congresistas. Así triunfó el espíritu del constituyente del 91.

El panorama actual es bien diferente: el jefe de Estado hace mutis por el foro y deja que se beneficien sus aliados políticos —especialmente los corruptos— y unas cortes venales. El ministro del Interior y el de Justicia pasan de agache. Los enjuiciados votan con permiso el monstruoso proyecto que: 1. Tumba la eficacia del juicio penal y la pérdida de investidura de los congresistas. 2. Compra a los jueces de los parlamentarios 3. Impide que haya denunciantes anónimos, con lo que nadie se arriesgará a revelar los actos ilícitos que conozca. Triunfa el crimen, la Constitución está derrotada. 2012, peor que 1995: esto dirá la historia sobre el presente, del gobierno, el Congreso y la Rama Judicial.

Related Link: http://www.elespectador.com/opinion/columna-351306-reforma-justicia-peor-el-narcomico
author by Cecilia Orozco Tascón - El Espectadorpublication date Fri Jun 22, 2012 19:47author address author phone Report this post to the editors

No ha llegado a la mitad de su período el actual gobierno y el tema de la reelección del presidente Santos ocupa las conversaciones del mundo político.

Su nuevo ministro del Interior recuerda, en El Nuevo Siglo, que el mandatario decidió “congelar” el asunto mientras transcurre 2012, o sea, durante seis meses. Corto plazo. No cabe duda, sin embargo, de que el círculo santista empieza a moverse con la mira puesta en las elecciones de 2014. Varios síntomas lo indican. El primero de ellos, el traslado del hábil Germán Vargas Lleras a la cartera de Vivienda, desde donde buscará disparar el número de votos a favor de su candidato cuando inicié la construcción y adjudicación de casas a las clases más bajas. Segundo, el riesgo, en apariencia improductivo, que ha tomado el presidente de asistir a reuniones con grupos de la cúspide social hostiles a él para reducir la oposición a su nombre. Tercero, su ausencia de liderazgo y mando en la inmoral reforma a la justicia, que no puede interpretarse como debilidad sino como estrategia para no estorbar a los congresistas multiplicadores de electores, ni a las cortes, un frente de batalla que no puede darse el lujo de abrir.

A propósito, la enfermedad reeleccionista que nos inoculó Álvaro Uribe con su ceguera egocéntrica ha contagiado a las cortes. Ahora ellas quieren sacar tajada, y bien grande, del ponqué de mil pedazos en que se convirtió la que en realidad es una contrarreforma a la Constitución. Elegidos para un período de ocho años, los magistrados han hecho hasta lo imposible para que los reelijan por cuatro más. Concedido su sueño de 12 fijos, su apetito no se sació. Ramiro Bejarano, que conoce bien las aguas, hoy turbias, en que se sumergió la cúpula de la Rama Judicial, reveló que algunos desvergonzados están ambientando la idea de que el nuevo período se inicie a partir del momento de la aprobación del acto legislativo. Esto es, sin computar los años en que hayan vestido la toga quienes hoy ocupan esas sillas. La super-reelección cobijaría a todos pero beneficiaría, en particular, a aquellos que estén al borde del retiro por haber cumplido el tiempo previsto en el régimen actual. 8 + 12 = 20 años garantizados. ¡Cinco períodos presidenciales! ¡No lo imaginó ni José Obdulio Gaviria en el más esquizofrénico de sus delirios! Nadie sabe para quién trabaja.

Algo más. La Silla Vacía elaboró un impresionante mapa con “los seguros regionales para la reelección del procurador”. Ordóñez, autocandidatizado a su continuidad hasta diciembre de 2016, llenó las plazas de procuradores provinciales y regionales en el territorio nacional con amigos de los senadores que votarán por él dentro de poco. Unos cuantos ejemplos: el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, tiene “propiedad” sobre la procuraduría regional del Atlántico y sobre la procuraduría provincial de El Banco, Magdalena. Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, logró que Ordóñez pusiera a una amiga suya en la regional de Sucre. El protagonista de un famoso video de desacato a la autoridad, senador Merlano, metió dos goles: hizo sacar al procurador provincial de Sincelejo, cuota suya, porque “se pelearon”, y puso a otro. Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso, “posee” procuradores en Cúcuta y Ocaña. Sigue extensa lista. Como quien dice, el procurador habría asegurado sus votos en una masiva operación de yidispolítica. El padecimiento del reeleccionismo ha infectado al Estado entero. Empezó con Uribe y se convirtió en un cáncer que matará la alternación democrática y, con ella, a la propia democracia.

Related Link: http://www.elespectador.com/opinion/columna-352770-enfermos-graves-de-reeleccionismo
author by Juan Alberto Sánchez Marínpublication date Fri Jun 22, 2012 19:54author address author phone Report this post to the editors

La columnista Cecilia Orozco Tascón llamó “una contrarreforma a la Constitución” (1) la anunciada reforma a la Justicia que hace tránsito en el congreso, de la cual, entre otros, sacarán tajada grande los actuales magistrados de las cortes.

Un evento del cual se benefician quienes aprueban la ley, toda vez que proceden en bien de quienes tienen el encargo de juzgarlos (y absolverlos) a ellos mismos (por parapolítica y corrupción, más que nada). Y es que el dictamen de los legisladores a su vez sirve de provecho a los magistrados, que ven extender de ocho a doce años los períodos e incrementar las prebendas. Una natural ley del mutuo beneficio, esta vez, escandalosamente antidemocrática.

Las contrarreformas suelen hacer ir las aguas de vuelta, río arriba, contra toda lógica o sentido. Los avances de la democracia, las conquistas sociales, los logros de los pueblos, para atrás.

La contrarreforma salida del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, fue el modo que encontró la iglesia católica para echar por tierra las transformaciones a la institución que propugnaba Lutero. La marcha que dio fue hacia el absolutismo y hacia la atroz herencia confesional que todavía padecemos en esta parte del mundo.

Muchos años más acá, desde otra orilla, una contrarreforma fue lo que le hizo Leonid Brézhnev a la era de Nikita Jrushchov en los tiempos de la Unión Soviética, diluyendo en ácido sulfúrico la timorata apertura iniciada. Y en burocracia lo poco que podía haber valido la pena.

En Colombia, toda idea vaga de reforma ha tenido una desmesurada contrarreforma, que no sólo vuelve los cambios al punto inicial, sino que los lleva con eficiencia mucho más atrás.

En lo agrario, en las inequidades, en los despojos, en la violencia, la historia de Colombia pareciera que no camina hacia delante, sino hacia las más lúgubres etapas del pasado, tantas y tan heterogéneas que se dificulta establecer hacia cuál momento pretérito nos dirigimos.

Tal cual pasó con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumajero, un líder revolucionario que, de paso, encarnaba en sustancia y como ninguno otro el continuismo político, que en la constante de dejar todo a medias condujo a la debacle de sí mismo en su segundo período presidencial y a la del país por consiguiente, que entró de lleno en La Violencia, esa etapa de contrarreforma frente a lo que nunca llegó a reformarse, como la propiedad de la tierra, en el centro del conflicto, o la transformación política, que en cambio dio paso a la instauración en el poder de las vertientes más sectarias de liberales y conservadores.

Y es lo que pasó con las incipientes reformas agrarias de los años sesenta, que desataron una reacción tal que intensificó los despojos, aumentó las masacres, elevó los desplazamientos, y que, algo más acá, en comunión con el narcotráfico y el conflicto armado interno, concentró aun más la tierra. Y nos trajo al pedrusco adonde ahora estamos.

A cualquier momento de tranquilidad, los colombianos buscamos la manera de enfrentarle años y décadas de muerte. La paz se mira como una concesión inaceptable. El desarme del enemigo o el propio como una afectación grave del negocio, en unos casos, y como pérdida de identidad en la mayor parte de los restantes.

Pero guerra y violencia no sólo nos preocupa mantenerlas en el terreno militar, en el contorno geográfico del asunto, urbano y rural. Para perpetuarlas se hacen esfuerzos desde todos los espacios de la vida nacional. En medio de otros, la actual reforma a la justicia es uno de los frentes.

El llamado marco legal para la paz, otra ley que en estos momentos hace curso en el Congreso, terminó convertido en un armazón vacío, quizás un avance en el lenguaje, pero una frustración en lo demás: un muestrario de gangas penales, para una guerrilla que, sincera o no, habla de cambios estructurales y no de unos años de más o de menos en unas cárceles en las que no pretende alojarse. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por otro lado, es un arma de doble filo para quienes se atrevan a ir más allá de solicitudes, firmas y protocolos, y a creer que de verdad pueden volver a pisar la tierra que les fue despojada a sangre y fuego.

Dos leyes que hablan de paz, plantean objetivos de paz, hacen parte del manojo de llaves de la paz del presidente Santos, pero que no llevan hacia la paz. Patas de pato, plumas de pato, pico de pato, pero no es un pato.

La reforma a la Justicia complementa la tríada, que tendrá cuatro patas cuando se abra paso la otra cara de la impunidad que es el proyecto de ley que amplía el fuero militar. Un esperpento que burlonamente se precia de democrático por crear dos salas de garantías, una de ellas con mayoría de militares retirados, estamento más reaccionario y peligroso que los propios militares en ejercicio, hace poco envuelto en un oscuro juego de cartas cruzadas con tufo golpista.

Y, claro, la reforma a la justicia, que atenta contra las mayorías. Por regla general, las leyes se han encargado de poner en cintura los modestos vuelos de la Constitución del 91. Ahora, la situación es tan complicada que las esperanzas vanas se han puesto en que las leyes estatutarias enmienden los desatinos. Otra mentira que sus defensores echan a rodar.

Si el marco jurídico para la paz y la política de restitución de tierras van contra la paz por su carga de frustración y desesperanza, y por la reacción que generan en las extremas, la reforma a la justicia ataca la paz en su médula, trabando aún más el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos para ponerla a su favor, es decir, a casi todo el pueblo colombiano. Justicia congestionada, lejana, ahora arancelaria; nueva segregación y más privatización que se suman a las inequidades que afronta el país y que están en la razón del conflicto social que vivimos.

Puede que la Constitución de 1991 tenga aspecto de colcha de retazos, con remiendos de afán, visibles contradicciones y difíciles conciliaciones con la realidad de un país, amén de atrasado, mezquino.

Además, porque se está volviendo una tradición que las constituciones en Colombia procuren poner el país a tono con el siglo que está a punto de morir y no con el que viene, o sea, con el porvenir.

Así pasó con la Constitución de 1886, que integró en sus títulos y artículos la visión de caridad hipócrita que distinguió el siglo a las puertas de la muerte, el XIX, y que por añadidura los regeneradores, con Rafael Núñez a la cabeza, cedieron a la iglesia.

La Constitución de 1991 involucra una asistencia y un apoyo sociales que eran un cuento viejo venido desde la década del treinta, y, aunque de manera inconstante y a flechazos, todavía de más atrás. Aun si no fuera enteramente asunto de la índole constitucional, así lo han venido entendiendo los gobiernos, desde su promulgación hasta, por lo que se ve, los finales del siglo XXI.

Algo es algo, dirán algunos. Y hasta razón tendrán. A un país al que todo le llega tarde, mucho cuento que la Constitución llegue sólo con setenta u ochenta años de atraso. (2) Cien y más hay de soledad.

Adoleciendo de todas las torpezas del mundo, sin embargo, y apuntando de para atrás, no puede negarse que aquella última Constitución fue un intento por establecer un nuevo marco legal en diferentes aspectos de la vida colombiana. Si no una visión prospectiva, por lo menos la cruzaba un vago aire de modernidad más digerible. Que en buena medida mantiene a pesar de los ocho años de Álvaro Uribe Vélez poniéndole jáquimas desde el “El Ubérrimo”.

En ese sentido, los actuales intentos de arreglo de sus desidias, errores y erratas pueden ser válidos en la intención, como lo fue en lo mismo la propia Carta Magna (la antecesora Libertatum inglesa del siglo XIII o el facsímile que nos convoca), y una frustración en los resultados, como lo fue también la misma. O lo fueron.

Con todo, el problema no es de intenciones, que podríamos llegar a creer que son piadosas. Lo grave es en manos de quiénes quedó la ingente tarea, en medio de un mar vasto de deudas y conveniencias de los implicados: los legisladores, varias decenas de ellos presos, ya guardando el traje a rayas, como Mario Uribe, el primo del ex presidente.

En la promulgación de la Constitución de 1991 participaron grupos divergentes, líderes contrarios, con asesores en todas las áreas imaginables. Si no quedó mejor no fue por sustracción de materia, sino quizás porque los mejores negociantes casi nunca coinciden con ser los mejores hombres ni los bienintencionados.

Los actuales aportes, en cambio, se efectúan en manguala entre congresistas y magistrados, dejando en el camino los puntos que podrían representar algún beneficio para la sociedad y catapultando los ítems que sí lo tienen (y grande) para unos y otros de los justipreciados. Sintetizando: una contrarreforma que beneficia a diez por cada millón de habitantes. Como el espíritu de la Constitución de 1886, ¿justicia representativa?

Es cierto que la Constitución del 91 creó el adefesio superlativo llamado Consejo Superior de la Judicatura. Pero ni siquiera ese organismo desaparece, sólo cambia de nombre. Y se afirma que desaparece la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual tampoco es cierto. También es un cambio nominal, y ahora sus integrantes cobran.

No solamente no desaparecen los lastres, sino que son más costosos. Pero eso tampoco es lo más grave. Congresistas blindados, intocables; magistrados vendidos, un tanto vitalicios; herramientas truncadas de la justicias; instancias de investigación y juzgamiento abolidas, como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; una justicia de marras, callejera, privatizada e hincada a los bancos… Apenas gajes del oficio de la nueva contrarreforma.

Lo preocupante en verdad es que después de esta trasquilada la Justicia en Colombia seguirá siendo igual o más lenta y ciega para los de ruana, y más presta apenas cuando involucra grandes intereses, para actuar, desde luego, a su favor.

Nada nuevo, pensará cualquiera. Pero no. Hay mucho deshonor en lo que acaba de acontecer en el país. El espectáculo de la mal llamada reforma a la Justicia es un concierto pleno para delinquir, que hace ver a buena parte de los congresistas y a muchos de los magistrados de todas las cortes colombianas como verdaderos hampones, delincuentes vendidos por unos años más en el cargo a costa de ocasionarle un daño increíble y sin precedentes a la rama a la que dicen deberse. O deberían deberse.

Del choque del ejecutivo con las cortes, tan violento y dañino para la institucionalidad colombiana, que se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasamos a los órganos legislativo y judicial confabulados, junto a un Procurador que perdona en relación con su propia absolución y elección. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado lo absuelven y re absuelven, para no resolverlo.

Uribe armó un complot para tumbar la Corte Suprema de Justicia y nombrar una de bolsillo, como lo atestigua el propio paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos (3). Echó mano de recursos criminales en su intención de llevarse por delante cualquier institución o persona que le ofreciera resistencia a sus maquinaciones. No lo logró en esos ocho años de pequeño emperador, y sí en cambio lo consigue ahora, con sus trinos intrascendentes y sus pataletas de ahogado. Una ironía de la vida, pensaría uno, que en realidad es el resultado de la inserción de sus prácticas en las mentes de quienes fueron una vez sus contradictores. Y una transición en esta patria, que avanza de las invasiones bárbaras al oscurantismo medieval.

Un buen trabajo de divulgación de quiénes son los magistrados directamente beneficiados lo hizo el periodista Juan David Laverde Palma, del diario El Espectador, contando cuáles integrantes de las altas cortes que estaban por cumplir su período se van a quedar otros cuatro años. Este es el vínculo: http://bit.ly/LjAJfo

No quisiera estar en el pellejo de cualquier juez de pueblo. Si el sumun de la Justicia negocia tan rebajadas las togas, ¿por cuánto pensarán los parroquianos que puede comprarse la corte de Caparrapí?

“…entre política y políticos, entre influencias y enemistades y en condiciones tan extremadamente complicadas, comprendía, que mi iba a ser muy difícil cumplir con mis buenos propósitos. / La justicia –pensaba yo- ha sido siempre una aspiración nacional… Pero que no a todos conviene…” (4)

Camino a hacerse juez en un distrito feroz y remoto, esto piensa el personaje de las “Memorias de un juez de pueblo”, de Rafael Pérez Palma, un libro pequeño en extensión que nuestros magistrados deberían saberse de memoria, aunque las estampas corresponden a los años treinta y cuarenta del siglo XX y aunque se ubica geográficamente en el Estado de Hidalgo, en México.

Qué difícil para nuestros jueces de pueblo, pero también para los presidentes de las altas cortes y para aquellos magistrados que aun en contravía de sus intereses particulares se han venido oponiendo al hecho legislativo, ver el desmadre que esto significa para la justicia: Acto inconstitucional, cuya constitucionalidad revisa la favorecida Corte Constitucional.

Una reforma que, en todo caso, no buscaba el país, así el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirme lo contrario. La pretenden los congresistas urgidos de impunidad, sí. La aceptaron a cambio de abalorios muchos magistrados de las Cortes, sí. Le gusta harto a notarios y leguleyos de toda calaña, también. Pero sostener que “incorpora muchas cosas muy importantes para la justicia del ciudadano de a pie” (5), cuando menos, es una desvergüenza.

Aprobada en Cámara y Senado por abrumadora mayoría, la reforma acabó con la muerte política de los aforados y con ello se lapidó a sí misma como opción de equidad para el país, el cual, con sus dos millones seiscientos mil procesos judiciales pendientes a diciembre de 2011, proseguirá con el amargo honor de contar con la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. (6)

Buscamos los modos que sean para echarle leña al fuego perpetuo que se volvió la violencia en Colombia. Esta contrarreforma, frente a la cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos patalea quieto, protesta callado y dice “no” sonriendo, es un modo esquizoide de dispararle a la paz sin gastar balas y de atravesársele a cualquier posibilidad de diálogo social sin necesidad de negarse.

No puede ser otra cosa esta enmienda ya vigente, que en unas horas empezará a desocupar pabellones carcelarios y a liberar parapolíticos, auspiciadores y cómplices de brutales asesinos, y corruptos ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, de alto vuelo y cercano afecto al ex presidente, como Andrés Felipe Arias o Diego Palacio, sus dilectos ministros, o Bernardo Moreno, su secretario de Presidencia, o Edmundo del Castillo, su secretario jurídico. Desvergüenza libertaria. ¿Y quién, después de esto, se atreve a apelar a alguna de las altas instancias?


(*) Juan Alberto Sánchez Marín es periodista y director de cine y televisión colombiano.

NOTAS:

(1) El Espectador: “Enfermos graves de reeleccionismo”. 12 de junio de 2012. http://bit.ly/LvOOET

(2) Julio Flórez, poema “Todo nos llega tarde” del libro “Manojo de zarzas” (1906). Referencia al célebre verso: “Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte!”.

(3) Portal de La FM: “Mancuso entregó pruebas sobre complot de Uribe contra la Corte.” http://bit.ly/Ah9AUj

(4) PÉREZ PALMA, Rafael. “Memorias de un juez de pueblo”. Librería de Manuel Porrúa, S.A. México, 1960. Pág. 12.

(5) El Liberal: “La reforma a la justicia ya es una realidad”. 15 de junio de 2012. http://bit.ly/LRgN1Y
(6) Portal de la Presidencia de Colombia. “El ciudadano de a pie se enfrenta a un sistema de justicia caracterizado por la congestión y la ineficiencia”. 21 de marzo de 2012. http://bit.ly/GEKsoB

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author by María Teresa Ronderos - El Espectadorpublication date Fri Jun 22, 2012 20:36author address author phone Report this post to the editors

Con la recién aprobada reforma a la justicia, la clase política consiguió una vez más devolver el péndulo de poder a su favor, y en contra de los avances que habían conseguido diversos sectores del país por imprimirle ética a la cosa pública.

Ante la mirada bonachona del ministro Juan Carlos Esguerra y amparados por la indulgencia del presidente Santos para con ellos, los congresistas conciliadores borraron las prácticas que establecía la ley como causa para sacarlos de su cargo. Si bien estas inhabilidades ya figuran en otras normas, y si los congresistas las violan, pueden perder su curul, el gesto de borrarlas de un brochazo es diciente.

Por otra parte, los conciliadores terminaron relativizando además las faltas éticas que dan lugar a la pérdida de la investidura. Así, si algún congresista se encuentra investigado por algunas de esas causas, el contencioso-administrativo puede suspenderlo o expulsarlo, dependiendo de la gravedad. Como si la ética de la investidura parlamentaria fuese medible en grados, y alguien que deshonró el cargo, si apenas lo deshonró un poquito, se va solamente por un año. ¿Será que a quien se le compruebe que tiene con contratos públicos utilizando testaferros lo suspenden o lo echan, según si el monto de los contratos era pequeño o grande?

Peor es lo que hicieron frente a la veintena de gobernadores y exgobernadores a quienes estaba investigando la Fiscalía por posibles nexos con el paramilitarismo. Estos casos y otros procesos delicados que llevaba la Fiscalía, como los que se derivaron de las chuzadas del DAS a opositores del gobierno Uribe con posible complicidad de la Casa de Nari; o de la fiesta de subsidios a los amigos del exministro Andrés Felipe Arias, pasan a una sala nueva que será creada en la Corte Suprema. Y según informó este diario, la misma Corte había dicho que si se le cambia de juez a alguien a mitad de camino, el proceso quedaría nulo.

Estarán de fiesta los mandatarios regionales en “Villa Piquis”, el mote cariñoso que los honorables reos le pusieron al pabellón de políticos de La Picota.

Como cereza del ponqué, la reforma prácticamente deja eliminada la prohibición de volver a la política que tenían los congresistas condenados. Si la nueva ley pasa el control constitucional, éstos se evitarán la pantomima de buscar ser elegidos en los cuerpos ajenos de hijos o esposas.

Es cierto que con esta reforma, a los congresistas –con excepción de los 10 representantes y los 16 senadores que votaron en contra– se les vio la moral resbalosa con la que representan los intereses del pueblo. Pero, si se mira más al fondo, la aprobación de esta reforma, más que un asunto de individuos corruptos, desnuda cuán agotado está nuestro modelo de gobierno.

Desde que me conozco, los presidentes colombianos han repetido el santo credo de la repartición de los cargos, la distribución de los contratos y la alcahuetería a los peores líderes regionales. Pero cuando la corrupción se desborda y la asqueada ciudadanía exige cambio, como en el proceso 8000 o en la parapolítica, le arrojan a la justicia (tampoco ajena del todo a la politiquería) la espinosa tarea de limpiar la escoria que deja su preciado modelo. Después, los congresistas, que son los que más suelen pagar los platos rotos, reviran pues se sienten culpables sólo de haber bailado al son que les han tocado ministros y presidentes. Y éstos últimos, como buenos practicantes de la fe clientelista, alegan que ésta es obligada exigencia para la gobernabilidad, sin importarles demasiado que con frecuencia vaya untada de sangre y de injusticia.

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