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[Colombia] La entrada en vigencia del TLC con EEUU

category venezuela / colombia | economía | opinión / análisis author Saturday June 30, 2012 00:12author by Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - CILEP Report this post to the editors

Boletín Perspectiva Libertaria No. 4 – Mayo de 2012
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La entrada en vigencia del TLC con EEUU

Un balance general


El pasado 15 de Mayo se cumplió el plazo de un mes para la entrada en vigencia del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos, anunciado en el cierre de la VI Cumbre de las Américas por el presidente Barak Obama. La implementación del mismo, por la magnitud de sus impactos en los diferentes ámbitos de la estructura productiva, será determinante para configuración del proyecto de país a futuro.

La negociación y firma de este tratado, más que encaminado a la generación de riqueza y bienestar social para los pueblos de las dos naciones, se configuró en un acto de sometimiento por parte de Colombia; otro más que perpetúa la vergonzosa cadena de acontecimientos históricos que desde hace más de un siglo hacen del país un verdadero ‘lacayo del imperio’. Lo que este tratado también pone de presente son las líneas de continuidad del proyecto de país de las élites colombiana, abocado a la reprimarización de la economía, la profundización de la lógica extractivista y la primacía de la producción orientada a la exportación; modelo en el que los únicos favorecidos son los grandes y medianos empresarios, y cuya formulación cumple más de dos décadas en el país, pero además hace parte del histórico saqueo a nuestra tierra. Así. Así, las disputas entre las facciones de la clase dominante, condensadas en los reiterados choques y desencuentros entre Santos y Uribe solo son un elemento distractor para la comprensión del panorama estructural de lo que piensa la oligarquía colombiana respecto del futuro de Colombia, sus actores, sus objetivos y sus beneficiarios.

Son especialmente preocupantes las consecuencias que se avizoran para el campo, “ese campo donde nacen todas las violencias colombianas”. Mientras que Estados Unidos “mantuvo su política de protección y estabilización a la agricultura a través de ayudas internas a la producción” Colombia aceptó desmontar sus principales instrumentos de política agropecuaria (Sistema Andino de Franjas de Precios y Mecanismo Público de Administración de Contingentes) y así permitió la desregulación de precios de productos sensibles para el campesinado. En consecuencia, a partir del pasado martes 15 de Mayo empezaron a llegar a Colombia contenedores y contenedores cargados de miles de toneladas de tomate, cebolla, maíz, trigo, frijol, arveja, sorgo, soya, entre otros alimentos que constituyen la dieta básica del 90% de la población, que en Colombia podemos, pero hemos dejado de producir para dedicarnos a sembrar combustible y arrasar territorios en busca de la ‘leyenda del Dorado’.

De igual manera, no existe en el tratado ningún mecanismo que impida a la contraparte –y proteja a Colombia- aumentar los niveles de ayudas internas que otorga a sus productos agrícolas, o de convertir los ‘mecanismos de protección de la frontera’ (aranceles) en mayores subsidios para la producción de mercancías de cuya comercialización Colombia podría efectivamente beneficiarse (tabaco, leche, carne). En este mismo sentido, Estados Unidos excluyó del programa de liberalización de precios algunos productos de interés para Colombia como el azúcar, mientras que no fue permitida ninguna exclusión para nuestro país. Finalmente, nos fue exigida de manera descarada la aprobación de una ‘cláusula de preferencia no recíproca’ bajo la cual Colombia deberá conceder unilateralmente a los Estados Unidos “cualquier preferencia adicional a las previstas en el TLC que acuerde con cualquier país con el que trabe acuerdos comerciales a partir de febrero de 2006”.

Las importaciones masivas de productos agrícolas que llegarán a Colombia a consecuencia de lo anterior representan una grave amenaza para la subsistencia de la producción rural del país, especialmente de aquella en cabeza del campesinado, por cuanto una parte importante de los alimentos producidos “no podrá competir” con los precios bajos de aquellos provenientes del norte. Se calcula que aproximadamente el 41% del campesinado sufrirá impactos entre el 40% y el 100% en el área de cultivo, el 28% de ellos registrando pérdidas de entre el 48,5% y el 70,2% de sus ingresos, mientras que el restante 13% se verá sujeto a detrimentos en sus ingresos de por lo menos el 25%.

Lo anterior se enmarca en un contexto de disputa por el control de territorios rurales incentivado por la avanzada de las ‘locomotoras’ minero energética y agroindustrial. Locomotoras cuya consolidación es heredera de los vínculos orgánicos entre las élites políticas, económicas y sociales regionales, del empresariado nacional y el capital extranjero, con el aparato paramilitar que funciona en todo el país. Locomotoras en este sentido responsables del desplazamiento forzado de más del 10% del pueblo colombiano, de la “contrarreforma” agraria a la que hemos asistido durante las últimas tres décadas impulsada a través del despojo violento de tierras, y responsables también de la configuración de una crisis humanitaria que no tiene parangón en el hemisferio occidental.

La previsible quiebra de buena parte del campesinado colombiano nos enfrenta entonces a una agudización de los ritmos de la migración forzada campo-ciudad, el crecimiento de los cordones de miseria en las áreas urbanas y el recrudecimiento de la concentración de la tierra en manos de “los emprendedores” de los agrocombustibles, de la extracción de los recursos naturales de nuestros suelos, y de los monocultivos, todo destinado a la exportación. Así las cosas, es inevitable el aumento de los niveles del desplazamiento forzado –ahora por razones económicas- como también el crecimiento de los cultivos de coca a los que probablemente el campesinado acudirá para subsistir. En últimas, una profundización de las precarias e indignas condiciones de vida del pueblo colombiano, y por esta vía, una agudización de las tensiones que median la inequitativa y violentamente desigual correlación de fuerzas entre actores en el país.

A pesar de todo anterior, de manera canalla los representantes del actual gobierno se ufanan de los supuestos beneficios que el tratado implicara para Colombia intentando endulzarnos el oído con promesas que no resultan ser más que las baratijas propias de un vendedor de ilusiones. Así, Santos ha declarado “Estos tratados hay que verlos más que un peligro como una gran oportunidad, tener el mercado más grande el mundo libre para nuestros exportadores es para aprovecharlo, sobre todo la pequeña y mediana industria y para aquellos que nunca han exportado, pues ahora lo podrán hacer. (…)Cuando uno hace el balance de ganadores y perdedores, son más los ganadores y con creces. A los perdedores se les va a ayudar y es una gran oportunidad para generar el empleo. Los economistas dicen que aumenta el crecimiento económico entre 0.5 y 1% y genera 100.000 empleos anuales de buena calidad”. Se ha atrevido incluso el Ministro de Comercio Exterior a prometer la creación de entre 200 mil y 500 mil nuevos empleos en los próximos cinco años, cuando Estados Unidos -una de las economías más grandes del mundo que multiplica por más de dos dígitos el PIB colombiano- pronostica solo 7000 nuevas plazas en base a exportaciones de $1.100 millones de dólares anuales a Colombia, mientras que esta última en el mejor de los escenarios exportará $487 millones de dólares al año.

Se ha afirmado con bombos y platillos que el tratado logró conseguir para Colombia aranceles cero en el mercado norteamericano para ciertos productos; lo que no nos han querido contar es que estos beneficios ya existían y se implementaban hace algunos años en el marco del ATPDEA como resultado de una política de apoyo al ‘desarrollo alternativo’ en el marco de la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos. Inclusive el TLC reversa algunas condiciones favorables para Colombia en tanto el tratado recrudece las exigencias de tipo sanitario y fitosanitario para los productos colombianos y en ese sentido “los excluye del mercado estadounidense”.

Hablando de buenas expectativas, parece necesario recordarle al gobierno colombiano las experiencias de otros países latinoamericanos que han trabado este tipo de acuerdos con la potencia del norte. En el marco del tratado entre Centroamérica y Estados Unidos, mientras las exportaciones de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador crecieron un 1,4%, Estados Unidos inundó sus países de productos baratos aumentando sus exportaciones un 18% a los mismos. La desestructuración del sector agropecuario mexicano y la quiebra masiva del campesinado en este país deja un balance desbastador a dos décadas de implementado el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, país que, a pesar de todas las expectativas y promesas generadas, ha mantenido un crecimiento económico muy inferior al promedio latinoamericano.

Este tratado nos forzará a encarnizarnos en el camino de la competitividad, trayecto para el cual los últimos gobiernos han definido estrategias especificas que en el período de Santos conocemos como locomotoras mineras, agroindustrial e infraestructural; iniciativas que necesariamente le disputan el control territorial a aquellas actividades no configuradas a partir de la lógica de la productividad y la acumulación de capital; territorio que se este TLC se encargará de previamente de vaciar a través de la quiebra de las economías abocadas al autoconsumo y la subsistencia. Pero no debemos preocuparnos, nos dicen, dado que el campesinado podrá asociarse con el empresariado del agro para cultivar aquello en lo que Colombia supuestamente tiene ventajas competitivas (agrocombustibles); lo que no es otra cosa que volverse peón de los actores del despojo, en las haciendas de tierras usurpadas avocadas a la siembra de palma y otros cultivos agroindustriales.

La disputa por el control y la vocación de los territorios desde ya pone en jaque la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria del país, y por esta vía estrecha los cerrados límites de autodeterminación con los que aún cuenta el pueblo colombiano. Lo que está en juego entonces no es solo la redefinición de la estructura productiva del país, o las opciones alimentarias de la población; este TLC pone de presente de manera descarnada la disputa por el proyecto de país y de sociedad para Colombia, en donde los sujetos populares somos sistemáticamente desconocidos y desconocidas por los representantes del establecimiento a través de la imposición unilateral de su empresa hegemónica disfrazada con un velo de consenso propio de la lógica representativa proveída por la entelequia de la democracia liberal.

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