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[Colombia] La exhortación a la “protesta pacífica”: nueva táctica de criminalización y represión

category venezuela / colombia | community struggles | opinión / análisis author Tuesday August 27, 2013 21:08author by Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - CILEP Report this post to the editors

Las protestas, que nunca se plantean deliberadamente el uso de la violencia, son llevadas por las mismas autoridades a enfrentamientos violentos
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El Paro Nacional Agrario, que inició el pasado 19 de agosto, ha puesto de presente un aprendizaje por parte del gobierno en relación con jornadas de protesta precedentes. Ahora se han ensayado varias tácticas para aminorar la protesta o, por lo menos, sus impactos en los medios de comunicación. Así, al corriente espectáculo de los monopolios mediáticos, que en cada emisión de sus “noticieros” nos muestran “disturbios” y actos de “violencia” por parte de los manifestantes -pero nunca por parte de la policía, se han adicionado las declaraciones de miembros del gobierno, empezando por el mismo presidente, según las cuales el paro no tuvo el alcance que al principio se pensaba, al tiempo que insta a los descontentos a “protestar pacíficamente”. Lo que ha sucedido en los últimos días desmiente por completo el supuesto fracaso de la protesta, pero vale la pena examinar los mecanismos de criminalización y represión que conlleva la exhortación a la “protesta pacífica” en boca del gobierno.

Como bien lo mostró La Silla Vacía, el gobierno implementó varias medidas: desde el clásico “divide y vencerás”, que se manifestó en su intención por cooptar a los cafeteros del Huila, hasta la agudización de la represión oficial, que puede verse claramente en el número de personas judicializadas en aplicación de la denominada Ley de seguridad ciudadana (Ley 1453 de 2011): 22 en el primer día de paro y sólo en el Departamento del Valle. A ello puede adicionarse la oleada de amenazas paramilitares en contra de los líderes de las protestas, para tener un cuadro completo de la represión del paro.

En estas condiciones puede comprenderse el contínuo llamado del gobierno a “protestar pacíficamente”. En cualquier Estado de derecho ello implicaría que los ciudadanos pueden manifestar su descontento frente a determinadas políticas de las autoridades, siempre que ello no implique el uso de la violencia, tal como está consagrado en el Artículo 37 de nuestra Constitución Política. No obstante, este no es el caso de Colombia, donde desde hace dos años la protesta está prohibida por la mencionada Ley. Así pues, la represión oficial que hoy se desencadena sobre los miles de campesinos, quienes en distintas regiones intentan hacer oír su voz de descontento contra las erráticas políticas neoliberales del gobierno que han sumido en la ruina nuestro campo, tiene un sustento legal en esa norma.

El artículo 353A “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, declarado exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-742 de 2012), afirma: “El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Parágrafo. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política”.

Como en su momento se afirmó, esta norma implica una prohibición de la protesta. El parágrafo nos informa que no serán penalizadas las protestas autorizadas, lo cual supone que es necesario pedir permiso a la autoridad para manifestar nuestro descontento con ella misma. Por otra parte, la Corte resaltó que sólo se penalizarían los bloqueos cuando utilizaran medios “ilícitos”, es decir, ilegales. A priori, entonces, el que nuestros hermanos campesinos bloqueen pacíficamente una vía no implica automáticamente un delito.

No obstante, para cualquier persona razonable es obvio que en un contexto como el colombiano, caracterizado porque sus fuerzas de seguridad no han podido superar los esquemas de pensamiento de la Guerra Fría y ven un “enemigo inerno” en cualquier ciudadano que se atreva con justas razones a levantar su voz, la interpretación de la norma tiende a criminalizar cualquier tipo de protesta. Pero, más allá de la tradicional criminalización, que puede lograrse mediante ese u otros instrumentos juridicos, lo que está detrás de la norma es la prohibición tajante de la protesta.

Por eso da repugnancia e indignación escuchar a Juan Manuel Santos haciendo llamados a la protesta pacífica, cuando cualquiera que haya protestado por cualquier causa sabe que la forma de operación de la policía antidisturbios comprende mecanismos para asegurar que exista un enfrentamiento violento y más cuando tienen órdenes del alto gobierno de no permitir bloqueos, sean o no pacíficos. En el fondo, lo que el gobierno quiere decir cuando exhorta la “protesta pacífica” es que no se proteste, que la protesta además de ser ilegal es indeseable, lo cual dice mucho sobre el tipo de “democracia liberal” del que se enorgullece la oligarquía colombiana.

Por supuesto, lo deseable, en un país tan violento como Colombia, es que las protestas se desarrollen de manera no violenta. Sin embargo, el llamamiento del gobierno no se dirige a la forma de la protesta sino a su sustancia misma, a aquello que el sociólogo norteamericano Sidney Tarrow, uno de los más importantes expertos en movimientos sociales en el mundo, denomina el “desafio colectivo”. Para él, la violencia no es un rasgo distintivo de la protesta, no toda protesta tiene que ser violenta. Sin embargo, por más pacífica que sea, toda protesta debe plantear un “desafío colectivo”, esto es, debe introducir incertidumbre en las actividades cotidianas de los otros, sin esa incertidumbre, sin esa interrupción de la regularidad y de la cotidianidad, nadie sabría que existe una protesta, que existe descontento o que alguien está inconforme. El gobierno colombiano pretende que la protesta abandone el desafío colectivo, lo que equivale a asumir con resignación la miseria en que sus políticas están sumiendo el país, y la represión oficial y extraoficial.

Desde esta perspectiva, las protestas de los campesinos colombianos han sido pacíficas pero no por ello han dejado de plantear un desafío colectivo; sus bloqueos no pueden considerarse una forma de violencia, pero el afán de acabar con ellos a sangre y fuego lleva a que los campesinos se defiendan. Así, las protestas, que nunca se plantean deliberadamente el uso de la violencia, son llevadas por las mismas autoridades a enfrentamientos violentos, que unas horas después alimentarán el espectáculo mediático de un puñado de pseudoperiodistas que aún confunden la protesta ciudadana con “disturbios”. Si por estos días hemos podido conocer la verdad de lo que está sucediendo en nuestros campos con nuestra gente, ha sido gracias a la valentía y a la rebeldía de ciudadanos que, con una alta dosis de improvisación y de temor, pero tambien con mucha solidaridad y fraternidad, han puesto al descubierto lo que hace el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de los ciudadanos que debería defender:

El documental “970” de Victoria Solano [ver abajo] nos muestra la saña y la sevicia con que la fuerza pública defiende el “libre comercio”; por supuesto, el libre comercio de los monopolios agroindustriales transnacionales debidamente autorizados por el gobierno, siempre afanado en firmar tratados de libre comercio, para proveernos las semillas “certificadas”. Contra los campesinos que guarden, como lo han hecho por siglos, sus propias semillas, debe desencadenarse toda la fuerza: quizás la fuerza pública, con sus muy instruidos generales, cree que esa es la forma de defender su alardeada “soberanía nacional”.

Otros videos, más espontáneos pero no por ello menos valiosos, nos muestran las acciones de la policía en medio del paro: rompiendo vidrios y aterrorizando un vecindario en Tunja; en otro lugar se apropian de los alimentos y abastecimientos de los campesinos sumados a la protesta; también en Tunja arrojan lo que parece ser un elemento explosivo por donde van a transitar las marchas; en las protestas universitarias de Bogotá hubo 43 personas heridas y 3 policías y, algo igualmente inadmisible, fueron invertidos más de $30.000.000 para reprimir durante tres días. La indignación ciudadana alcanzó tal magnitud que la revista Semana destacó un completo informe en el que podemos apreciar burtales agresiones a un campesino en la terraza de su casa y a una mujer de la tercera edad.

En fin, el problema de la violencia en las protestas no es de los ciudadanos, quienes no se plantean como horizonte deseable el ser maltratados y judicializados por la autoridad, sino radica en la terquedad de los gobernantes y la brutalidad de la fuerza pública. En un contexto de tremenda represión y criminalización de la protesta, la enseñanza que debía inferir el gobierno es que en Colombia hay un pueblo que no está dispuesto, como la oligarquía, a arrodillarse a los poderes económicos globales y la infinita avaricia que los sustenta.

Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular
CILEP

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