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El paro agrario y popular, síntoma de algo nuevo que nace en Colombia

category venezuela / colombia | community struggles | opinión / análisis author Wednesday September 11, 2013 01:07author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Finalmente, el gobierno se sentó a negociar a nivel nacional con dirigentes del paro agrario y popular que ha sacudido a Colombia desde el día 19 de Agosto. Esta reunión ha ocurrido después de semanas de dura represión contra los campesinos, en la cual se ha dado un tratamiento militar a la justa protesta social, dejando un saldo de, al menos, 12 muertos, más de 500 heridos (muchos de ellos mutilados) y cientos de detenidos. Al final de cuentas, el gobierno negocia pero no de buena fe. Su negociador estrella es Angelino Garzón, el mismo que en su condición de ex sindicalista, impulsó el TLC con EEUU ante la oposición de los sindicatos de ese país, que cuestionaban el asesinato de sindicalistas en Colombia. El gobierno de Santos negocia con sangre en sus manos y tendrá, tarde o temprano, que dar la cara a las víctimas. Santos negocia porque le tocó, porque no pudo derrotar la voluntad de un pueblo movilizado y digno.
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El paro agrario y popular, síntoma de algo nuevo que nace en Colombia

Finalmente, el gobierno se sentó a negociar a nivel nacional con dirigentes del paro agrario y popular que ha sacudido a Colombia desde el día 19 de Agosto. Esta reunión ha ocurrido después de semanas de dura represión contra los campesinos, en la cual se ha dado un tratamiento militar a la justa protesta social, dejando un saldo de, al menos, 12 muertos, más de 500 heridos (muchos de ellos mutilados) y cientos de detenidos[1]. El gobierno, de la mano de la represión, buscó desactivar el paro mediante la negociación de manera sectorial y regional, a la vez que intentó desconocer y ocultar la gravedad del malestar social (“No hay tal paro”). Ni 50.000 soldados a la calle para desbloquear las carreteras ni la militarización de Bogotá pudieron con la determinación popular de lucha ante las políticas nefastas que se vienen impulsando desde el gobierno en detrimento de las amplias masas excluidas, en particular, de los Tratados de Libre Comercio, TLC (con EEUU, UE, Corea del Sur)[2].

Crisis y represión: no hay sorpresas

Nadie puede decir que la crisis ha sido una sorpresa. Por años, diversas plataformas, organizaciones campesinas y populares, denunciamos los efectos que los TLC tendrían sobre las mayorías empobrecidas en Colombia, fundamentalmente sobre la población rural. Un estudio de Oxfam, fechado en el 2009[3], incluso denunciaba que el ingreso de las familias campesinas, de por sí el más bajo de toda la población colombiana, se desplomaría en un espectacular 70% gracias al TLC con los EEUU... ¿equivale la firma de este TLC a otra cosa que a decretar la pena de muerte para el campesinado nacional? ¿Se refería a los campesinos el ex vicepresidente Francisco Santos cuando decía, celebrando la firma del TLC, que habría “perdedores”?[4] Y cuándo decía, con visible entusiasmo, que también habría ganadores, ¿se refería acaso a los grandes consorcios agroexportadoras norteamericanas que en un año han aumentado las exportaciones de arroz subsidiado a Colombia en un astronómico 2000%?[5] ¿Acaso exageraba el arzobispo de Tunja, Mons. Luis Augusto Castro cuando llamaba a estos TLC una “traición a la patria”, si por “patria” se entiende a las personas de un territorio? Marx decía que el Estado es la oficina de la clase capitalista para administrar sus negocios. En Colombia, el Estado es una oficina transnacional manejada por gente que desprecia y desconoce al pueblo colombiano, que están más familiarizados con Nueva York que con Ciudad Bolívar.

Así como no debería haber sorpresa sobre los desastrosos resultados del TLC, tampoco lo debería haber respecto al trato salvaje y desproporcionado que enfrentó la protesta social. Mal que mal, absolutamente todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia[6], criticaron la ampliación al fuero penal militar, la cual muchos denunciamos a su momento como carta blanca para la impune represión a gran escala de la creciente movilización social. Del mismo modo, criticamos que la Ley de Seguridad Ciudadana serviría para criminalizar la protesta social. ¿No es esto acaso lo que hemos visto en estos días? Se criminaliza la protesta y luego se dan garantías de impunidad y rienda suelta a los más bajos instintos represores de un ejército formado en la doctrina del “enemigo interno”.

¿Negociar o ganar tiempo?

Al final de cuentas, el gobierno negocia pero no de buena fe. Su negociador estrella es Angelino Garzón, el mismo que en su condición de ex sindicalista, impulsó el TLC con EEUU ante la oposición de los sindicatos de ese país, que cuestionaban el asesinato de sindicalistas en Colombia. El gobierno de Santos negocia con sangre en sus manos y tendrá, tarde o temprano, que dar la cara a las víctimas. Santos negocia porque le tocó, porque no pudo derrotar la voluntad de un pueblo movilizado y digno. El domingo 8 de Septiembre, voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), representando a organizaciones de 17 departamentos, acordaron desbloquear las carreteras para el día martes 10, para así comenzar el proceso de negociación en torno a la agenda de seis puntos que presentaron al gobierno el día 8 de Agosto y que, al ser ignorada, forzó el recurso a las vías de hecho. Estos puntos son la crisis de producción agropecuaria; la propiedad de la tierra; la territorialidad campesina, afro e indígena; política minero-energética y extractivista; derechos políticos de la población rural; e inversión social (educación, salud, vivienda, vías, servicios)[7].

Santos, lo que pretende, es ganar tiempo con estas negociaciones, mientras su “unidad nacional” se agrieta por todas partes y su imagen se desploma ante la opinión pública sin que ninguna operación de maquillaje mediático pueda hacer nada al respecto. Se critica que Santos tenga una política zigzagueante, pero no puede ser de otra manera pues ésta refleja las contradicciones propias del bloque dominante en medio de una grave crisis de hegemonía. Pero en lo que no muestra ningún zigzagueo, es en la defensa a rajatabla del modelo, como queda demostrado con la nominación del nuevo ministro de agricultura, Rubén Darío Lizarralde, empresario palmicultor, gerente general de Indupalma, empresa intrínsecamente ligada al paramilitarismo, personaje implicado en negocios obscuros y acusaciones de corrupción en su contra en el departamento de Vichada, enemigo declarado de las Zonas de Reserva Campesina[8]. No podía Santos, en todo el país, encontrar un ministro más anti-campesino. Pero Lizarralde representa fielmente el modelo de desarrollo rural al servicio de las multinacionales y la agroindustria que su gobierno define como una locomotora del desarrollo.

Santos negociará desesperado, improvisará, ofrecerá plata a diestra y siniestra, asumirá compromisos que invariablemente incumplirá. No podrá cumplir a menos que dé un viraje radical en su política, cosa que no hará. Ya lo hemos visto prometiendo demasiado estos años, sin cumplir nada. Amylkar Acosta, ahora flamante ministro de minas, explicaba -en una columna escrita hace apenas una semana- que, “en vísperas del ‘tal paro’ (…) un proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 (…) recorta la partida correspondiente a la inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 37%. Más grave aún, (…) habiéndose comprometido el Gobierno a mantenerle a los cafeteros el programa de Protección de Ingreso al Caficultor, (…), no incluyen esta partida en su proyecto de presupuesto.”[9] Así es Santos y toda la oligarquía colombiana: firman con la mano y borran con el codo.

Crisis del modelo y la verdadera naturaleza del régimen

Es importante recalcar que los compromisos asumidos por Santos con las “dignidades” en términos de salvaguardas y compensaciones no representan un cambio de política y no son más que paños tibios que postergan la crisis en lugar de superarla. De ahí no pasará, a menos que la presión popular se encargue de quebrar el espinazo del sistema. La profundidad de la crisis nos señala que estamos ante una crisis del modelo, como se expresa en la amplia convocatoria de la protesta; aún en nuestro ambiente cercano, hemos visto personas políticamente conservadoras expresar su hastío con las políticas de miseria del Estado oligárquico. Ahí está Boyacá, departamento tradicionalmente “godo” y hoy bastión de la lucha campesina.

Esta movilización, así como las luchas del Catatumbo, también han evidenciado la naturaleza violenta y anti-popular del régimen colombiano, más allá de toda la retórica hermosa sobre cambios que acompaña al proceso de paz. Santos fantasea con el post-conflicto y pone una presión indebida sobre las negociaciones de La Habana, a fin de sacar una paz barata, exprés, alimentando la quimera de que un conflicto de seis décadas puede solucionarse en unos meses de negociación porque a él, desde su cálculo politiquero le conviene; al mismo tiempo, utiliza la fuerza militar contra las protestas sociales que recorren el territorio colombiano. ¡Si no hay garantías para la protesta social de los sectores legalmente constituidos, nos podemos imaginar qué garantías puede dar el actual régimen a las fuerzas insurgentes una vez abandonen la lucha armada! La violencia del régimen contra el pueblo demuestra que es la violencia de Estado, como respuesta mecánica al descontento y las demandas sociales, la cuál está en la base del conflicto armado colombiano. Recordemos que los que originalmente se conformaron como autodefensas, fueron los campesinos ante la violencia oficial y paramilitar del régimen –de ahí proviene el movimiento guerrillero. Santos lo que ha hecho es demostrar que esta oligarquía, violenta, mafiosa, no ha renunciado a la utilización de la violencia letal para mantenerse en el poder a toda costa.

No menos sorprendente fue la estigmatización de los movimientos detrás de la protesta, en particular de la Marcha Patriótica, a quienes Santos cuestionó por tener una “agenda política”… ¿es que acaso la política es patrimonio de la elite dorada a la cual él representa? ¿Si los movimientos populares, campesinos o de izquierda tienen una agenda política también para el país, entonces eso los convierte en sospechosos y en objetivo militar? ¿Según Santos sólo los ricos tienen derecho a pensar el país y el rol de los pobres es servir de apoyo a las maquinarias clientelistas electorales que ellos crean para repartirse al país como su torta privada? Esta criminalización concluyó, entre otras detenciones arbitrarias, con la prisión de Húber Ballesteros, dirigente agrario y de la Marcha Patriótica, vocero nacional de la MIA, arrestado bajo cargos de “rebelión” sacados de debajo de la manga[10]. Con esto Santos nos demuestra que no tiene ningún interés de avanzar de manera sustancial en la apertura democrática y que su concepto de democracia sigue siendo restringido, elitista, impermeable a la participación popular.

Un nuevo poder en ciernes

El desarrollo de la lucha, que comenzó como un rugido sordo, que fue creciendo hasta convertirse en un poderoso clamor popular en todo el territorio, ha venido a confirmar y a matizar las cuatro constataciones básicas que hacíamos un día antes de comenzar el paro:

  • El sector que lidera las luchas populares en Colombia, es el campesinado, liderazgo que deriva de la centralidad que la Colombia rural tiene en el proyecto rentista, minero-exportador del gobierno; del carácter oligárquico del Estado; y del enorme acumulado de resistencias históricas de este sector. Al calor de las demandas y la movilización campesina, se canalizó el descontento popular de las amplias capas urbanas, expresado en movilizaciones gremiales, estudiantiles y cacerolazos. La ruana se convirtió en un emblema de dignidad.

  • Que el pueblo avanza en un proceso de unidad y convergencia, pero que los niveles de unidad alcanzados aún son insuficientes para las tareas del momento. La protesta comenzó con pliegos diferentes (MIA, Dignidades, CNA, gremios) y, aunque es normal que diferentes sectores y localidades tengan propuestas específicas, al calor de la lucha no se logró concentrar la lucha en las demandas centrales y más sentidas por todos los sectores. Eso dio pie para que el gobierno buscara dividir al campo popular mediante la negociación sectorial y parcial: paperos por un lado, transportistas por otro, lecheros por acá, indígenas Pastos por allá, etc. Al final, las “dignidades” se bajaron en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Nariño, y los transportistas lograron un acuerdo por su cuenta. Las negociaciones con la MIA tienen un carácter nacional y agrupan al sector más importante del paro; sin embargo, hay sectores que no están representados en ella, como los agrupados en torno al Coordinador Nacional Agrario, que tienen un aporte específico que hacer. La unidad no tiene sólo una dimensión cuantitativa, sino también cualitativa, ya que se enriquece no sólo por el número de personas sino por el número de visiones y aportes. La unidad desde abajo, desde la lucha, desde la base, sigue siendo una tarea pendiente en la cual hay que dar pasos mucho más audaces y abandonar ciertos chovinismos organizativos. Las tareas que nos convocan nos requieren espíritu amplio y generosidad con los compañeros.

  • Las bases populares, hastiadas y burladas, han comenzado a desbordar los canales institucionales de domesticación de la protesta y a superar a las dirigencias burocráticas. Las dirigencias de las federaciones, en la cama con el bloque en el poder, no impidieron que sus bases insatisfechas salieran a la calle aún cuando oficialmente no respaldaran o se opusieran a la movilización. Si bien los titulares de los primeros días decían que los sectores populares salían al paro “divididos”, en realidad quedaba en evidencia que esas burocracias están tan fuera de sintonía con las necesidades de sus bases como el mismísimo gobierno. Lo mismo se vio con las dirigencias superiores del movimiento indígena, que gracias a la luna de miel que vive con el santismo, evidenciada en los besitos que el 9 de agosto Santos envió a la ONIC y al CRIC (que les agradecía su contribución a Colombia)[11], se mantuvieron prácticamente al margen, salvo la movilización de último minuto del CRIC en el Cauca que más parecía un intento de no quedarse totalmente al margen de los eventos. Sin embargo las comunidades indígenas y las bases de esas organizaciones desde un primer momento se movilizaron de la mano de afrodescendientes y campesinos mestizos, con gran fuerza en el suroccidente, pero también en otras regiones del país.

  • Que las masas mismas son las que han irrumpido en el escenario político mediante su lucha. Sorprende no sólo la persistencia de la resistencia, sino además la capacidad popular para desarrollar al calor de la lucha liderazgos verdaderamente colectivos, nacidos de las mismas bases, dejando entrever una nueva forma de democracia, ajena a las roscas y caudillismos tan propios de la política colombiana. Hemos dicho que hay algo nuevo que está naciendo en Colombia, algo que se ha definido de forma más nítida en este paro, y es, ni nada más ni nada menos, que la emergencia de un verdadero poder popular capaz de enfrentar al poder de la oligarquía, concentrado en el Estado. Un poder creador y soberano, que no se conforma con promesas ni con ser tratado como clientela electorera.


  • *******

    El paro agrario y popular no se ha acabado, pese al acuerdo sobre desbloquear las rutas: hoy hay movilización del sindicato de la educación (FECODE), los estudiantes seguramente pronto tendrán sus propias movilizaciones y las organizaciones populares han planteado que estarán expectantes al cumplimiento de los acuerdos que, de no cumplirse, los verán de nuevo tomarse las rutas. Pero las luchas del mañana deben contar con niveles más amplios de coordinación y unidad, la cual no puede improvisarse a último minuto. La histórica división dentro del movimiento popular, sigue siendo el talón de Aquiles del pueblo. Aunque digamos a manera de consigna que necesitamos uno, dos, cien Catatumbos, en realidad el pueblo colombiano no puede darse semejante lujo: el Catatumbo fue una lucha heroica, histórica, que produjo un punto de inflexión en las luchas sociales, pero necesitamos movilizaciones de alcance nacional, con un programa mínimo común, que convoquen a todos los sectores afectados por el régimen en base a propuestas sencillas de superación del actual modelo rentista, neoliberal, excluyente.

    El consenso social en torno a Santos se ha esfumado y éste alcanza niveles históricos de impopularidad. El más claro sostén del régimen, en estos momentos es la física violencia, la cual no podemos permitir que quede en la impunidad. Lo cual tiene obvias implicancias para el actual momento político. Por una parte, debido a la ilegitimidad del actual régimen y del actual modelo, un eventual acuerdo de paz entre Santos (quien negocia a nombre del Estado y no como persona particular) y la insurgencia, si quiere tener un mínimo de legitimidad social, debe tener un mecanismo de participación popular más amplio y de mayor alcance que la mera ratificación por referéndum que propone el gobierno. La propuesta de la asamblea constituyente, en este escenario, adquiere una relevancia mucho mayor.

    Finalmente, en el seno del movimiento popular está naciendo un nuevo poder, que debe expresarse con toda claridad, que debe ser ambicioso en su vocación transformadora. Si bien algunos comentaristas mencionan la importancia de estar en el show que se está montando Santos el 12 de Septiembre con el Gran Pacto Nacional por el Agro, porque hay que debatirles, porque hay que “aguarles la fiesta”, también es cierto que no podemos seguir eternamente permitiendo que la agenda política la siga imponiendo la oligarquía. Si bien es importante que hayan representantes de las organizaciones populares en ese encuentro para debatir y sentar una posición clara, es muy acertada la decisión de la MIA de convocar a su propia Cumbre Agraria Campesina y Popular, donde la agenda la ponga el mismo pueblo. Por fin está llegando la hora a los de abajo y no podemos dejarla pasar. Estamos en un momento histórico que es como una bisagra y debemos poner todas nuestras fuerzas para que la crisis se solucione de manera favorable a los intereses populares; si no, como decía el anarquista italiano Malatesta ante la emergencia del fascismo: “la burguesía nos hará pagar con sangre el susto que le hemos hecho pasar”. Ya sabemos de sobra que a la oligarquía colombiana no le importa derramar toneladas de sangre para que no le alboroten el rancho; pero los vientos soplan a nuestro favor y de nosotros depende romper, por fin, el ciclo infernal de violencia de clase que consume a Colombia.

    José Antonio Gutiérrez D.
    10 de Septiembre, 2013



    [1] http://prensarural.org/spip/spip.php?article12045 ; http://anarkismo.net/article/26054
    [2] http://anarkismo.net/article/26094
    [3] http://www.oxfamamerica.org/files/colombia-fta-impact-o...h.pdf
    [4] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asi-celeb...43247
    [5] http://www.portafolio.co/economia/ventas-comida-estados...ombia
    [6] http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/reforma-a....aspx ; http://www.anarkismo.net/article/20768
    [7] http://anarkismo.net/article/26030
    [8] http://prensarural.org/spip/spip.php?article12015 ; http://prensarural.org/spip/spip.php?article12037 ; http://www.lasillavacia.com/historia/lo-que-se-pierde-y...45572
    [9] http://www.contextoganadero.com/columna/la-tormenta-per...fecta
    [10] http://anarkismo.net/article/26099
    [11] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/santos-ag...38971

    author by Red de Investigadores en Zonas de Reserva Campesinapublication date Wed Sep 11, 2013 23:03Report this post to the editors

    De nuevo nos enfrentamos a la ola discursiva del Gobierno, en la que se ubica un amplio espectro de la criminalización de la protesta. Como ya es costumbre, emergen ataques para desvirtuar el descontento social, generalizando hechos que hacen parte de una minoría al interior de la movilización y publicándolos como una totalidad homogénea al interior de la movilización social. Se construyen argumentos que lucen como las más elaboradas elucubraciones basadas en hechos creados desde el discurso, con el mismo actor que, dicho sea de paso, resulta ubicuo, holístico y omnipresente: las FARC.

    En la ciudad se elabora un intenso arsenal de indignación por parte de quienes, apoyando el discurso gubernamental, critican los actos “excesivamente violentos” y “vandálicos” que se hicieron presentes en la Capital durante el desarrollo de las movilizaciones. No obstante, la opinión creada desde la hegemonía de los medios de comunicación no da cuenta de las condiciones previas que han determinado tal expresión de violencia y, mucho menos, del carácter tanto o más violento de la vida diaria de colombianos y colombianas que deben caminar los senderos de la escasez, la carencia y, en muchas ocasiones, de la miseria. En el contexto de la política como una práctica vital social y colectiva, no se indican las condiciones de segregación y exclusión, promovidas desde el establecimiento y entroncadas en gran parte de la sociedad colombiana. Asimismo, no se señalan las infiltraciones por parte de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia del Establecimiento, que ocasionan, mayoritariamente, el desencadenamiento de la violencia al interior de las movilizaciones.

    Por lo tanto, rechazamos vehementemente los constantes pronunciamientos que derivan en la concentración del poder político en pocas manos; que resaltan la necesidad del establecimiento de cerrar filas ante las reivindicaciones sociales que exigen una sociedad distinta; que reprenden y suprimen cualquier salida ante la difícil situación de miles de colombianos y colombianas que, en su cotidianidad, deben lidiar con la pesada carga de la pobreza y la exclusión. Ni qué decir de la situación estructural de la ruralidad colombiana, que debe sobrevivir a un crecimiento exponencial de las condiciones ya señaladas y que, en tal sentido, se ve obligada a crecer en medio de la desesperanza y una gran brecha creada, a lo largo de la historia colombiana de los últimos dos siglos, que tiene su expresión más viva, cruda y violenta en el campo.

    Resaltamos que la lucha impulsada desde el Paro Nacional Agrario y Popular la consideramos como justa y necesaria, habida cuenta de la histórica y estructural disparidad en la que la mayor desventaja recae en el grueso de la sociedad colombiana. Sostenemos con gran fuerza, que la ruralidad colombiana exige, a todas luces, una reestructuración de las condiciones que hoy determinan la producción, la pobreza, los usos y la tenencia de la tierra, la autonomía y la participación política y del amplio estado de cosas que define la situación política, económica, social y cultural del campesinado colombiano.

    ¡No renunciaremos a la lucha por la dignidad de los pueblos y del campesinado colombianos!

    Red de Investigadores en Zonas de Reserva Campesina y Autonomías Territoriales

    author by Marcha Patrióticapublication date Thu Sep 12, 2013 18:43Report this post to the editors

    Los acuerdos firmados entre el Gobierno colombiano y la MIA (Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo) no detienen las manifestaciones de solidaridad y apoyo al Paro Agrario y Popular. Porque el Paro es de todo el pueblo colombiano y será éste quien vigilará que se cumpla lo acordado.

    Voces de aliento se escucharon a lo largo y ancho del territorio nacional. “¡El Paro sí existe!”, fue quizá la expresión que estalló con más fuerza cuando el Gobierno colombiano quiso negar la justa lucha del campesinado. No hubo rincón de Colombia que no celebrara y festejara cada comunicado y cada marcha que el Paro realizara. Todo el pueblo colombiano vibró con este Paro que hizo visible el tipo de Gobierno represivo e injusto que debemos cambiar.

    Veintitrés días de Paro cumplimos hoy en los 17 departamentos que confluyen en la MIA. Y a esta fecha los acuerdos firmados con el Gobierno establecen que hoy se levantarán los bloqueos en todo el país. Sin embargo, es de recordar que el Paro sigue a la expectativa de la Comisión de Alto Nivel que deberá conformar el Gobierno para discutir los seis puntos del pliego nacional presentado por la MIA.

    Los seis puntos deberán ser resueltos, o de lo contrario las protestas retornarán en toda Colombia. El desbloqueo es el gesto de buena voluntad de los miles y miles de campesinos y sectores populares que, reunidos en la MIA, trabajan por un nuevo país sin corrupción, en condiciones de equidad, y que ponga fin a la guerra a través del logro de la paz con Justicia Social.

    En el Valle del Cauca, las actividades del Paro se extenderán hasta el jueves 12 de septiembre en la ciudad de Cali. El miércoles en acompañamiento a las actividades de Paro de la MANE y FECODE, y el jueves con Rueda de Prensa a las diez de la mañana en el Coliseo del barrio El Sena donde se expondrán los logros obtenidos en el Paro. Y como cierre de las actividades del jueves, la jornada finalizará con un Gran Movilización en apoyo a la Cumbre Agraria y Popular que estará realizándose en la ciudad de Bogotá. Marcha y actividades artísticas tendrán como punto de llegada la Plaza de San Francisco donde la resistencia, lucha, alegría y triunfos del Paro Agrario y Popular se verán reflejados en los rostros de los miles de manifestantes que hoy son ejemplo de dignidad.

    author by Marcha Patrióticapublication date Thu Sep 12, 2013 22:54Report this post to the editors

    La firma de un acuerdo entre la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gobierno en cabeza de Angelino Garzón, inauguró –desde el punto de vista de los medios de comunicación ofíciales– el fin del Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado el pasado 19 de agosto, ya que el vicepresidente junto con los gobernadores participes en el encuentro de Popayán, garantizaron que el campesinado despejara las vías.

    Lamentablemente, la realidad dice lo contrario. Los campesinos se mantienen en las orillas de las carreteras, esperando el cumplimiento del acuerdo logrado con Garzón: tras el despeje de las vías viene la instalación de una mesa entre la MIA y una comisión del alto gobierno. Por lo tanto, y como lo expresó Jorge Espítia, caficultor de Dolores-Tolima y participe de la reunión con el vicepresidente, “estamos en asambleas permanentes, discutiendo todo el pliego de exigencias que tenemos para presentarle al gobierno nacional”.

    Al respecto, los campesinos concentrados en Castilla-Coyaima, el casco urbano de Rovira y otros puntos, demuestra su apuesta por prepararse para interlocutor con el gobierno, en tanto se reúnen constantemente y procuran ganar el máximo apoyo social.

    HACIA LA CUMBRE NACIONAL AGRARIA Y POPULAR

    Danilo López –caficultor de Ibagué– señaló que el campesinado también se esta preparando para reunirse en un evento opuesto al pacto por el agro convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos el próximo 12 de septiembre: “nosotros también convocamos a nuestras fuerzas sociales para el mismo 12 en un evento nacional que se va a hacer en Bogotá, donde vamos a llegar todos los actores en conflicto y todos los sectores que reclamamos nuestros derechos, que somos excluidos del desarrollo económico en el campo y del derecho de tener precios de sustentación y condiciones al menos medianamente favorables para nuestra vida. Entonces, vamos a hacer nuestro propio pacto”.

    Esta decisión, la cual es la determinación de la MIA-Nacional, se soporta en una lectura critica del espacio gubernamental. Según López, “el pacto convocado por el gobierno esta convocando es a su clase, a la clase que ha generado la miseria, la pobreza, que ha despojado a todos los campesinos de sus tierras”. “Entonces es imposible que nosotros estemos en medio de semejantes actores que lo que esta haciendo es reestructurar sus posturas para impedir la reforma agraria, los cambios sociales que se reclaman y el derecho que tenemos los campesinos de conquistar para nosotros un mejor bienestar social”, añadió López.

    author by María A. García de la Torrepublication date Fri Sep 13, 2013 00:17Report this post to the editors

    Todavía chillaban los grillos cuando abría la puerta de casa a las cuatro de la mañana. La puerta estaba corroída por la humedad y sólo un alambre torcido servía de cerrojo. La carretera despavimentada empezaba a vislumbrarse con las primeras luces del alba. Ferney caminó durante tres horas, como era costumbre, y llegó al pueblo a tiempo para la primera clase en la escuela. Llevaba en una maleta de tela dos huevos duros, un cuaderno de ferrocarril y un lápiz al que le quedaban tres centímetros de vida.

    Todos los días iba y venía, de su casa a la escuela. Vivía en Potrerogrande, una vereda cercana a Choachí. Su hermano menor había muerto por una enfermedad jamás diagnosticada, a falta de dinero para costear un traslado al centro de salud del pueblo. Su abuela, doña Rosita, delgada y pequeña, con una trenza que amarraba a la altura de la nuca y el pelo negro azabache, pidió limosna durante días para comprarle un ataúd al niño. Comían guatila, sopa de fideos, aguadepanela. Y malvivían de unos cultivos de cebolla.

    Los sábados iban todos a la plaza del pueblo, la madre, con un sombrero marrón, hosco, una falda fucsia de tela gruesa y su ruana de lana. Atrapados en un tiempo miserable, donde sólo existía el suelo de tierra, el agua helada al amanecer y el hambre, siempre presente.

    Así viven muchos en Colombia, la gente del campo ignorada por los citadinos. Cientos de miles, doblegados, atemorizados. En la miseria. El paro que los apoyó pareciera unir por un momento esos dos mundos fracturados: el del campo y el de la ciudad. Hemos cerrado los ojos demasiado tiempo, no se sabe si por cobardía, por desconocimiento o por desdén. Pero nuestro silencio ha permitido pelechar un estancamiento en la realidad del campesinado: están atrapados en el siglo XIX. Los colonos siguen ampliando sus latifundios y arrinconando a los miserables.

    Y los campesinos, esos hombres y mujeres, esos ancianos y niños, sin posibilidad de ser escuchados hoy se levantan contra el mayor oprobio: la criminalización de su labor, la imposición de un tipo de cultivo foráneo. Su supervivencia estoica ha tocado fondo. Es mucho lo que han aguantado y mucho más lo que falta. Tal vez Ferney no pueda volver a la escuela y empezará a arar la tierra con su padre en un intento por mantenerse a flote, por no caer de la miseria a la indigencia.

    El apoyo de los citadinos -prolongado e incondicional- es el oxígeno que permite perpetuar un grito ahogado durante décadas. La única forma de recuperar su dignidad y de vislumbrar un horizonte de bienestar lejos de su miseria medieval.

    Y no es sólo la crisis innegable del sector agrícola, abandonado a su suerte, sin apoyo alguno del Gobierno, es también la situación insostenible del campesinado, inmerso en una guerra civil que se perpetúa en el tiempo como una maldición.

    Santos debe recordar que gobierna para ese pueblo que lo eligió y es a ese pueblo al que debe proteger e instar al desarrollo. No al pueblo estadounidense, a través de un TLC leonino, sino al pueblo colombiano.

    Firmar la paz con las Farc es el primer paso. Y reversar el TLC, el segundo. Es su oportunidad de oro para entrar a la Historia como el gran pacificador y no como un perpetuador más de una guerra fratricida olvidada para el mundo.

    author by Macario Martínezpublication date Sat Sep 14, 2013 16:47Report this post to the editors

    I

    Con burlas y amenazas está respondiendo el gobierno Santos a las legítimas exigencias del movimiento agrario. Así lo denotan: 1. El nombramiento de Rubén Lizarralde como ministro de agricultura. Lizarralde ha sido desde la gerencia de Indupalma uno de los grandes señores del desplazamiento y la guerra en todo el país, 2. La realización del “Pacto agrario” sin contar con la voz del campesinado y 3. La iniciativa legislativa presentada el día de ayer por el ministro de Defensa con la que se pretende igualar protesta con terrorismo. Los mensajes gubernamentales son muy claros: la palma proseguirá su expansión sangrienta, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas seguirán sin ser escuchadas y sólo habrá balas y cárcel para quienes salgan a las calles o carreteras. Es la ratificación de la dictadura de clase impuesta por la oligarquía pronorteamericana sobre el pueblo colombiano durante siglos.

    II

    Con organización, unidad y movilización prosigue su marcha el movimiento agrario. Así lo demostró la realización de la gran Cumbre Nacional Agraria y Popular en la Universidad Nacional el día de ayer. El ejercicio realizado por el campesinado fue muy significativo de las potencialidades del campo popular en la construcción de democracia y la germinación de poder constituyente. A diferencia de lo que acontece en las sesiones del Parlamento donde nadie escucha a nadie y los congresistas son simples levantabrazos, en la Cumbre Agraria se escuchó con respeto y atención, y se consensuó y aprobó una declaración que recogió el conjunto de las intervenciones.

    El movimiento social rindió homenaje a quienes cayeron por las balas asesinas del Estado en las recientes jornadas de lucha, realizó un juicioso balance de las diversas experiencias regionales de protesta y proyectó un escenario de nuevas y mayores movilizaciones.

    III

    El presidente Santos convocó al tal “Pacto agrario” urgido por la coyuntura, su propósito fundamental fue lograr que latifundistas y agroindustriales cerrarán filas en torno a su política agraria, sus recientes acciones (acuerdos de papel mojado como los alcanzados en Tunja, Ipiales y Neiva, ingreso de 2 ministros samperistas al gabinete -con guiño incluido a Piedad Córdoba- y represión -12 asesinados, 400 heridos, 200 presos-) y su reelección, sin embargo, se le vio muy solo, flanqueado por los “garzones” y “el señor de la palma”. Como quien dice la reelección se está envolatando y ha de darse por bien servido si, como se vislumbran las cosas, logra culminar su mandato.

    IV

    Mientras miles de manifestantes apostados al lado de las carreteras pasan otro día de dificultades e incomodidades y otra noche a la intemperie, el presidente, buscando poner al país en contra del movimiento agrario, anuncia que para resolver las demandas de los paros se precisan mayores impuestos. Mientras la MIA espera pacientemente a que el gobierno cumpla el acuerdo de Popayán del 8 de septiembre, el gobierno busca voceros que representen su indefendible política agraria.

    Si un paro que no existió tumbó al presidente en las encuestas, muchas más cosas pueden esperarse de un paro por existir…

    author by Campo ElíasGalindopublication date Tue Sep 17, 2013 16:44Report this post to the editors

    Han vuelto los campesinos. Por lo menos hasta el 7 de agosto de 2014, reelíjase o no Juan Manuel Santos, el paro agrario que acaba de terminar será tema nacional. Las campañas electorales para congreso y presidencia no podrán pasar por alto los nuevos compromisos que firmó el gobierno con las diferentes representaciones de agricultores, mineros y transportadores. Veremos entonces dentro de poco a muchos políticos disfrazados con ruanas, machetes y alpargatas recorriendo el país y hablando de justicia social para quienes trabajan la tierra.

    De manera que habrá tiempo y tinta para hacer los análisis y balances de ese movimiento de protesta, el más importante hasta ahora contra el modelo de desarrollo neoliberal aperturista que se le impuso al país desde fines de los años ochentas, el que produjo un remesón ministerial, el que hizo caer a sus niveles más bajos la favorabilidad del gobierno, y sobre todo, el que derrotó el libreto infalible con que el establecimiento había desbaratado casi todas las protestas nacionales. Ese libreto, de aprendizaje obligado para quienes han gobernado o aspiren a gobernar a Colombia, empieza con la negación de los hechos (“el tal paro agrario no existe”), continúa con las estigmatizaciones intimidatorias (el paro es político, es subversivo, está infiltrado), luego las ilegalizaciones y judicializaciones de organizaciones y dirigentes, las capturas, la brutalidad policial contra los manifestantes y el hostigamiento a sus campamentos. Todo lo anterior en un contexto de movilización mediática para poner a la opinión pública en contra de quienes reclaman, que incluye el agradecimiento a quienes no participan por su “apoyo” al gobierno y su respaldo a las instituciones legítimas. Esta ruta metodológica es la institucional, porque al margen de las instituciones, otros actores, con otros métodos y otras agendas siempre en Colombia hacen lo que haya qué hacer para lograr los fines del establecimiento. Se trata de la parainstitucionalidad, aquella que más o menos camuflada en los aparatos de inteligencia y de choque del estado, cuando no independientemente de ellos, se encarga del juego más sucio y menos visible, como la ejecución de más de sesenta líderes reclamantes de tierras asesinados en años recientes.

    El libreto gubernamental ya mencionado, es cada vez menos eficaz. La proliferación de cámaras fotográficas y filmadoras en manos de manifestantes o simples ciudadanos con acceso a internet y a las redes sociales, sumadas a la prensa alternativa digitalizada, están planteando al periodismo tradicional vendido a los conglomerados político-económicos una batalla contra sus mentiras y sus verdades a medias, cuya primera víctima está siendo el libreto antiprotestas que los asesores estatales diseñaron para la guerra fría, pero que se les terminó de quemar en la efervescencia del paro campesino. Los medios alternativos pudieron retratar y filmar de cuerpo entero las violaciones a los derechos humanos y decir las verdades que siempre ocultaba la gran prensa.

    Deberán los asesores del presidente Santos, idear sobre la marcha nuevas tácticas para enfrentar las movilizaciones ya agendadas, la de los estudiantes universitarios principalmente, a quienes menos podrá asustar señalando infiltraciones subversivas o negando por Caracol y RCN lo que miles de cámaras le mostrarán al país. Deberán el presidente y su ministra convencerse de que se quedaron sin libreto, y prepararse en cambio para dialogar con la sociedad y las comunidades educativas sobre los problemas de los colombianos y las colombianas que reclaman el derecho a una educación gratuita, crítica y de calidad.

    El camino hacia la reelección del presidente Santos se ha inclinado hacia arriba. La apuesta por continuar habitando la casa de Nariño se hizo más costosa para los sectores de la oligarquía que siguen creyendo en el mandatario. Los índices de favorabilidad presidencial no se recuperarán fácilmente en un contexto de luchas sociales que no se cansarán de meter los dedos en las llagas más infectadas de su modelo de subdesarrollo, hecho de extractivismo, desindustrialización, demagogia y confianza inversionista uribista. El solo cumplimiento de los compromisos que ha firmado con los actores movilizados desde febrero, será una fuente de renovados conflictos para el presidente y sus ministros.

    La negociación del conflicto armado es el otro frente que ofrece grandes dificultades al proyecto de reelección. Debilitado por el paro agrario y la solidaridad popular que recibió, Santos tendrá que jugar todas sus cartas para lograr un acuerdo definitivo hacia noviembre, mes en el cual tendrá que anunciar oficial y públicamente su nueva candidatura. Sin tales acuerdos además, quedará prácticamente con las manos vacías para adelantar su campaña y tendrá que adoptar un discurso autoritario perdedor, estará frente a un verdadero abismo político llamado “expresidencia” y al borde de un mal retiro para la estirpe que posee. Es en este escenario, donde la Unidad Nacional podría jugar la carta poco novedosa de otro heredero “legítimo” a la presidencia, es decir, un nieto de expresidente, el mismo Germán Vargas Lleras.

    No nos extrañemos pues los colombianos, si la próxima competencia por la Casa de Nariño ocurre entre dos discursos autoritarios, cuál más que el otro; entre el Vargasllerismo y el uribismo, entre el paludismo y la malaria.

    Pero la suerte del gobierno en esta coyuntura de movilización popular, pudo ser peor. La coincidencia del paro agrario con las negociaciones que transcurren en La Habana era una oportunidad quizá única de retroalimentación entre los dos fenómenos para avanzar en la dirección de la paz, la democracia y la justicia social. Tan solo unas semanas antes, los negociadores en Cuba habían alcanzado un acuerdo sobre el punto primero y más importante de su agenda, el tema del agro; de suerte que lo mínimo que se podía pedir en ese escenario a un movimiento nacional campesino y a los negociadores del conflicto, era abrir sus agendas políticas y hacer el debate nacional abierto que históricamente han evadido las oligarquías, el del modelo de desarrollo agrario. Santos salió bien librado en cuanto pudo negociar por separado con cada sector, y no todos entendían que resolver sus demandas en conjunto era un paso crucial hacia la pacificación del país.

    Más allá del libre comercio y sus tratados leoninos, y la consolidación del gran empresariado rural bajo la sombra de la confianza inversionista, la movilización de la periferia profunda le recordó como otras veces a la sociedad su deuda histórica con el campo, la pequeñez de su dirigencia y el costo en sangre que seguirá pagando si no se decide a escuchar esa otra Colombia. Por ello, la negociación del conflicto armado con la insurgencia y la negociación del conflicto agrario con las organizaciones civiles campesinas, aunque muchos no lo entiendan o no lo acepten, son las dos caras de la misma moneda.

    El tercer frente en que Santos tendrá que emplearse a fondo para alcanzar su reelección, es el de la lucha contra el expresidente que según el Tribunal Superior de Medellín, parafraseando a un director de El Espectador, se baña en las piscinas sin mojarse. Allí la confrontación parece menos comprometida para el presidente en ejercicio, pues su adversario antecesor tiene enemigo propio y legitimamente ganado a lo largo de toda su carrera política: es el sector del poder judicial que resistió su persecución y continúa abrazado al derecho, los jueces que lo han mandado investigar por la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía por delitos de paramilitarismo y conexos. El sistema judicial colombiano está diseñado para la impunidad de los presidentes, pero sí alcanza para que algunos segundones conozcan “cárceles” aunque sea de cinco estrellas. Es el caso de Luis Alfredo Ramos, quien a propósito, pocos días antes de su captura afirmó en un debate televisado que el paro agrario estaba infiltrado por las FARC y era subversivo: pájaros disparando a las escopetas.

    Otros dos precandidatos presidenciales uribistas cargan con señalamientos de paramilitarismo, y el mismo Alvaro Uribe volvió a ser señalado el 6 de septiembre, esta vez, por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín. El juego político de esa fuerza se está reduciendo a lo mínimo y su apuesta máxima apunta hacia un fracaso de las negociaciones de paz que les dé aire para seguir instigando la guerra y extenderla a los “guerrilleros de civil”, que sigue viendo en todos los ciudadanos que se le oponen.

    En la perspectiva de boicotear la negociación de la paz, el uribismo se esfuerza en deslegitimar por igual al gobierno, a las FARC y al proceso mismo. Enceguecido, ha posado de aliado de algunas de las causas campesinas, sin importarle que en sus dos cuatrenios se cocinaron los tratados de libre comercio y se despojaron a los campesinos centenares de miles de hectáreas. El Centro Democrático uribista le teme a un acuerdo de paz porque su existencia está ligada a la guerra; se alimenta del fracaso de la negociación de la paz en la administración Pastrana y aspira a que la actual corra la misma suerte, pues la firma de un acuerdo definitivo los dejaría sin programa y les plantearía el reto de inventarse una guerra nueva, ahora protagonizada por ellos mismos.

    Los caminos de las reelecciones son siempre “culebreros”. Si no, que lo diga Uribe, quien para lograrla tuvo que reformar la constitución mediante un delito, el cohecho de la “yidispolítica” por el que algunos ya fueron condenados y otros siguen esperando la cárcel. Santos por lo menos encuentra el camino constitucional abonado, aunque sea mediante el delito de los uribistas, pero tendrá que hacer tantas concesiones a tantos actores que con seguridad la nómina burocrática y el presupuesto no le van a alcanzar. Ya lo vimos en la crisis ministerial reduciendo las cuotas de unos para ampliar la de los otros y creando fricciones nuevas dentro de la clase política que lo rodea a través de la Mesa de Unidad Nacional.

    Todo se pondrá al servicio de la sagrada causa de la reelección, incluída la “suprapartidista” política internacional. Las promesas, compromisos y buenos propósitos del gobierno, están ya a la orden del día. Tampoco sería de extrañar que en este nuevo “bienvenidos al futuro” Santos haga rendir tanto la mermelada, que pueda untar el plato de algún uribista o algún “izquierdista” dispuesto a todo, de Garzones como los que ya ha incorporado a su proyecto en el intento de cooptar los movimientos sociales.

    El nuevo auge de la movilización popular y democrática, la negociación del conflicto armado con las FARC y pronto con el ELN, y la oposición disminuída del uribismo, son los tres campos de batalla en los que se dirimirá la suerte de la reelección. El que plantea las mayores urgencias es indudablemente el de los diálogos de La Habana, salvo si las partes flexibilizan sus cronogramas y los independizan de la agenda electoral para 2014. Los otros dos elementos están estrechamente vinculados al anterior, pero de diferente forma: un fracaso de la negociación ampliaría la audiencia del relato autoritario de los uribistas, mientras que la firma de un acuerdo los dejaría como una fuerza marginal. Para los movimientos sociales y la protesta ciudadana, la apuesta es la contraria, pues un acuerdo de paz solo puede implementarse mediante reformas sociales y políticas que le reconozcan a la oposición su vocería legítima y a los excluídos sus derechos largamente conculcados. Un conflicto de más de medio siglo no puede estar hecho de retóricas sino de opresiones y vejámenes que han dejado huella en la historia nacional. Son estas las tres cartas que están en juego en el período que va desde el paro agrario hasta la posesión del próximo o del mismo presidente que hoy tenemos los colombianos.

    author by Campo ElíasGalindopublication date Tue Sep 17, 2013 16:44Report this post to the editors

    Han vuelto los campesinos. Por lo menos hasta el 7 de agosto de 2014, reelíjase o no Juan Manuel Santos, el paro agrario que acaba de terminar será tema nacional. Las campañas electorales para congreso y presidencia no podrán pasar por alto los nuevos compromisos que firmó el gobierno con las diferentes representaciones de agricultores, mineros y transportadores. Veremos entonces dentro de poco a muchos políticos disfrazados con ruanas, machetes y alpargatas recorriendo el país y hablando de justicia social para quienes trabajan la tierra.

    De manera que habrá tiempo y tinta para hacer los análisis y balances de ese movimiento de protesta, el más importante hasta ahora contra el modelo de desarrollo neoliberal aperturista que se le impuso al país desde fines de los años ochentas, el que produjo un remesón ministerial, el que hizo caer a sus niveles más bajos la favorabilidad del gobierno, y sobre todo, el que derrotó el libreto infalible con que el establecimiento había desbaratado casi todas las protestas nacionales. Ese libreto, de aprendizaje obligado para quienes han gobernado o aspiren a gobernar a Colombia, empieza con la negación de los hechos (“el tal paro agrario no existe”), continúa con las estigmatizaciones intimidatorias (el paro es político, es subversivo, está infiltrado), luego las ilegalizaciones y judicializaciones de organizaciones y dirigentes, las capturas, la brutalidad policial contra los manifestantes y el hostigamiento a sus campamentos. Todo lo anterior en un contexto de movilización mediática para poner a la opinión pública en contra de quienes reclaman, que incluye el agradecimiento a quienes no participan por su “apoyo” al gobierno y su respaldo a las instituciones legítimas. Esta ruta metodológica es la institucional, porque al margen de las instituciones, otros actores, con otros métodos y otras agendas siempre en Colombia hacen lo que haya qué hacer para lograr los fines del establecimiento. Se trata de la parainstitucionalidad, aquella que más o menos camuflada en los aparatos de inteligencia y de choque del estado, cuando no independientemente de ellos, se encarga del juego más sucio y menos visible, como la ejecución de más de sesenta líderes reclamantes de tierras asesinados en años recientes.

    El libreto gubernamental ya mencionado, es cada vez menos eficaz. La proliferación de cámaras fotográficas y filmadoras en manos de manifestantes o simples ciudadanos con acceso a internet y a las redes sociales, sumadas a la prensa alternativa digitalizada, están planteando al periodismo tradicional vendido a los conglomerados político-económicos una batalla contra sus mentiras y sus verdades a medias, cuya primera víctima está siendo el libreto antiprotestas que los asesores estatales diseñaron para la guerra fría, pero que se les terminó de quemar en la efervescencia del paro campesino. Los medios alternativos pudieron retratar y filmar de cuerpo entero las violaciones a los derechos humanos y decir las verdades que siempre ocultaba la gran prensa.

    Deberán los asesores del presidente Santos, idear sobre la marcha nuevas tácticas para enfrentar las movilizaciones ya agendadas, la de los estudiantes universitarios principalmente, a quienes menos podrá asustar señalando infiltraciones subversivas o negando por Caracol y RCN lo que miles de cámaras le mostrarán al país. Deberán el presidente y su ministra convencerse de que se quedaron sin libreto, y prepararse en cambio para dialogar con la sociedad y las comunidades educativas sobre los problemas de los colombianos y las colombianas que reclaman el derecho a una educación gratuita, crítica y de calidad.

    El camino hacia la reelección del presidente Santos se ha inclinado hacia arriba. La apuesta por continuar habitando la casa de Nariño se hizo más costosa para los sectores de la oligarquía que siguen creyendo en el mandatario. Los índices de favorabilidad presidencial no se recuperarán fácilmente en un contexto de luchas sociales que no se cansarán de meter los dedos en las llagas más infectadas de su modelo de subdesarrollo, hecho de extractivismo, desindustrialización, demagogia y confianza inversionista uribista. El solo cumplimiento de los compromisos que ha firmado con los actores movilizados desde febrero, será una fuente de renovados conflictos para el presidente y sus ministros.

    La negociación del conflicto armado es el otro frente que ofrece grandes dificultades al proyecto de reelección. Debilitado por el paro agrario y la solidaridad popular que recibió, Santos tendrá que jugar todas sus cartas para lograr un acuerdo definitivo hacia noviembre, mes en el cual tendrá que anunciar oficial y públicamente su nueva candidatura. Sin tales acuerdos además, quedará prácticamente con las manos vacías para adelantar su campaña y tendrá que adoptar un discurso autoritario perdedor, estará frente a un verdadero abismo político llamado “expresidencia” y al borde de un mal retiro para la estirpe que posee. Es en este escenario, donde la Unidad Nacional podría jugar la carta poco novedosa de otro heredero “legítimo” a la presidencia, es decir, un nieto de expresidente, el mismo Germán Vargas Lleras.

    No nos extrañemos pues los colombianos, si la próxima competencia por la Casa de Nariño ocurre entre dos discursos autoritarios, cuál más que el otro; entre el Vargasllerismo y el uribismo, entre el paludismo y la malaria.

    Pero la suerte del gobierno en esta coyuntura de movilización popular, pudo ser peor. La coincidencia del paro agrario con las negociaciones que transcurren en La Habana era una oportunidad quizá única de retroalimentación entre los dos fenómenos para avanzar en la dirección de la paz, la democracia y la justicia social. Tan solo unas semanas antes, los negociadores en Cuba habían alcanzado un acuerdo sobre el punto primero y más importante de su agenda, el tema del agro; de suerte que lo mínimo que se podía pedir en ese escenario a un movimiento nacional campesino y a los negociadores del conflicto, era abrir sus agendas políticas y hacer el debate nacional abierto que históricamente han evadido las oligarquías, el del modelo de desarrollo agrario. Santos salió bien librado en cuanto pudo negociar por separado con cada sector, y no todos entendían que resolver sus demandas en conjunto era un paso crucial hacia la pacificación del país.

    Más allá del libre comercio y sus tratados leoninos, y la consolidación del gran empresariado rural bajo la sombra de la confianza inversionista, la movilización de la periferia profunda le recordó como otras veces a la sociedad su deuda histórica con el campo, la pequeñez de su dirigencia y el costo en sangre que seguirá pagando si no se decide a escuchar esa otra Colombia. Por ello, la negociación del conflicto armado con la insurgencia y la negociación del conflicto agrario con las organizaciones civiles campesinas, aunque muchos no lo entiendan o no lo acepten, son las dos caras de la misma moneda.

    El tercer frente en que Santos tendrá que emplearse a fondo para alcanzar su reelección, es el de la lucha contra el expresidente que según el Tribunal Superior de Medellín, parafraseando a un director de El Espectador, se baña en las piscinas sin mojarse. Allí la confrontación parece menos comprometida para el presidente en ejercicio, pues su adversario antecesor tiene enemigo propio y legitimamente ganado a lo largo de toda su carrera política: es el sector del poder judicial que resistió su persecución y continúa abrazado al derecho, los jueces que lo han mandado investigar por la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía por delitos de paramilitarismo y conexos. El sistema judicial colombiano está diseñado para la impunidad de los presidentes, pero sí alcanza para que algunos segundones conozcan “cárceles” aunque sea de cinco estrellas. Es el caso de Luis Alfredo Ramos, quien a propósito, pocos días antes de su captura afirmó en un debate televisado que el paro agrario estaba infiltrado por las FARC y era subversivo: pájaros disparando a las escopetas.

    Otros dos precandidatos presidenciales uribistas cargan con señalamientos de paramilitarismo, y el mismo Alvaro Uribe volvió a ser señalado el 6 de septiembre, esta vez, por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín. El juego político de esa fuerza se está reduciendo a lo mínimo y su apuesta máxima apunta hacia un fracaso de las negociaciones de paz que les dé aire para seguir instigando la guerra y extenderla a los “guerrilleros de civil”, que sigue viendo en todos los ciudadanos que se le oponen.

    En la perspectiva de boicotear la negociación de la paz, el uribismo se esfuerza en deslegitimar por igual al gobierno, a las FARC y al proceso mismo. Enceguecido, ha posado de aliado de algunas de las causas campesinas, sin importarle que en sus dos cuatrenios se cocinaron los tratados de libre comercio y se despojaron a los campesinos centenares de miles de hectáreas. El Centro Democrático uribista le teme a un acuerdo de paz porque su existencia está ligada a la guerra; se alimenta del fracaso de la negociación de la paz en la administración Pastrana y aspira a que la actual corra la misma suerte, pues la firma de un acuerdo definitivo los dejaría sin programa y les plantearía el reto de inventarse una guerra nueva, ahora protagonizada por ellos mismos.

    Los caminos de las reelecciones son siempre “culebreros”. Si no, que lo diga Uribe, quien para lograrla tuvo que reformar la constitución mediante un delito, el cohecho de la “yidispolítica” por el que algunos ya fueron condenados y otros siguen esperando la cárcel. Santos por lo menos encuentra el camino constitucional abonado, aunque sea mediante el delito de los uribistas, pero tendrá que hacer tantas concesiones a tantos actores que con seguridad la nómina burocrática y el presupuesto no le van a alcanzar. Ya lo vimos en la crisis ministerial reduciendo las cuotas de unos para ampliar la de los otros y creando fricciones nuevas dentro de la clase política que lo rodea a través de la Mesa de Unidad Nacional.

    Todo se pondrá al servicio de la sagrada causa de la reelección, incluída la “suprapartidista” política internacional. Las promesas, compromisos y buenos propósitos del gobierno, están ya a la orden del día. Tampoco sería de extrañar que en este nuevo “bienvenidos al futuro” Santos haga rendir tanto la mermelada, que pueda untar el plato de algún uribista o algún “izquierdista” dispuesto a todo, de Garzones como los que ya ha incorporado a su proyecto en el intento de cooptar los movimientos sociales.

    El nuevo auge de la movilización popular y democrática, la negociación del conflicto armado con las FARC y pronto con el ELN, y la oposición disminuída del uribismo, son los tres campos de batalla en los que se dirimirá la suerte de la reelección. El que plantea las mayores urgencias es indudablemente el de los diálogos de La Habana, salvo si las partes flexibilizan sus cronogramas y los independizan de la agenda electoral para 2014. Los otros dos elementos están estrechamente vinculados al anterior, pero de diferente forma: un fracaso de la negociación ampliaría la audiencia del relato autoritario de los uribistas, mientras que la firma de un acuerdo los dejaría como una fuerza marginal. Para los movimientos sociales y la protesta ciudadana, la apuesta es la contraria, pues un acuerdo de paz solo puede implementarse mediante reformas sociales y políticas que le reconozcan a la oposición su vocería legítima y a los excluídos sus derechos largamente conculcados. Un conflicto de más de medio siglo no puede estar hecho de retóricas sino de opresiones y vejámenes que han dejado huella en la historia nacional. Son estas las tres cartas que están en juego en el período que va desde el paro agrario hasta la posesión del próximo o del mismo presidente que hoy tenemos los colombianos.

    author by MIA - Magdalena Mediopublication date Tue Sep 17, 2013 18:11Report this post to the editors

    Desde la justa y patriótica movilización que llevamos a cabo los campesinos y mineros apoyados por los sectores populares del Magdalena Medio queremos manifestar a la opinión pública lo que acontece con nuestra irrestricta decisión de luchar por lo que nos pertenece como colombianos. Desde el pasado Domingo 8 de septiembre los delegados de la Mesa Nacional Agropecuaria y popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, suscribieron un acuerdo con el gobierno nacional para iniciar los diálogos y resolver la crisis del sector agrario que presenta el país.

    Con voceros de 17 departamentos en términos generales determinaron con el gobierno de Juan Manuel Santos representado en el Vicepresidente Angelino Garzón el compromiso de poner fin a los bloqueos de “ manera simultánea y progresiva” dando un plazo límite del día martes 10 de septiembre a las 12 am. El cese de los bloqueos es la muestra de garantía que las comunidades campesinas tienen hacia el dialogo con el gobierno Nacional. El Acuerdo suscita que el gobierno tiene la responsabilidad de crear una comisión del más alto nivel para iniciar los diálogos y dar la discusión frente a la política agraria y encontrar caminos que resuelvan la crisis.

    La comunidad agraria representada en la MIA está convencida que el tratamiento que le da el presidente a los campesinos sigue siendo un tratamiento déspota y que no tiene ninguna intención de resolver la crisis agraria, que al contrario propone un pacto con los gremios económicos para fortalecer las medidas que hoy tienen al campo volcado en las calles de Colombia. El tal Pacto Nacional Agrario es un falso Pacto donde el campesinado no tiene representación y si, un pacto donde los poderosos del país reformulan la profundización del modelo neoliberal del sector agropecuario, un pacto que no reformula las leyes y los tratados como el TLC, que al contrario busca medidas para posicionarlo. “Un pacto de Corbatas y no de azadón y hacha”.

    La Cumbre Nacional Agraria, Campesina y popular desarrollada igualmente el 12 de septiembre nos convoca a todos los campesinos y mineros a seguir y continuar con la lucha de las resistencias, a continuar la lucha por la defensa del territorio y por la defensa de la vida campesina, a unar esfuerzos con todos los sectores populares y excluidos del país los cuales somos víctimas a diario del modelo rampante aplicado por Juan Manuel santos quien dirigiendo las locomotoras sin frenos pretende arrasar y atropellar a quienes se encuentren en los caminos del campo y las ciudades de Colombia.

    Hoy cada vez más convencidos de nuestra justa causa y que la respuesta a toda esta represión y maltrato por parte del gobierno nacional es la movilización y la protesta; instamos al gobierno nacional a cumplir los acuerdos delegando la comisión de alto nivel y abrir un escenario de diálogo para discutir nuestro pliego.

    El Magdalena Medio sigue con la firme posición de manifestación, movilización y de protesta hasta que el gobierno Nacional atienda las peticiones del campesinado colombiano y se le busque la solución a toda la crisis partiendo del reconocimiento de las comunidades campesinas y mineras en su territorio.

    Hoy las comunidades campesinas y mineras del Magdalena Medio somos el mayor ejemplo de que sin la protesta o vías de hecho no se le es escuchado. Desde el pasado 30 de Agosto se inició la interlocución con el ministerio del interior y la gerencia del Incoder y hasta la hora después de llegar a unos acuerdos mínimos para iniciar un diálogo los responsables de esta delegación no han aparecido.

    Reiteramos nuestro compromiso con el Paro Agrario Nacional, con la unidad de los sectores campesino, minero, obrero, estudiantil y popular y con la reforma Agraria Integral.

    Exigimos una mesa de diálogos nacional para el sector agrario y minero.

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Tue Sep 17, 2013 18:49Report this post to the editors

    A raíz de la instalación de los diálogos de La Habana y de la organización de la Mesa de conversaciones, en Colombia se inició un nuevo ciclo político. Con las lecciones aprendidas en otros procesos y en el marco de una estrategia más sopesada, las partes y sus delegados plenipotenciarios, organizaron un escenario para adelantar intercambios sobre temas vitales en la solución del conflicto social y armado que caracteriza a la nación desde hace casi 60 años.

    El funcionamiento de la Mesa y las coincidencias, tanto en el tema agrario como en el campo de la democracia participativa, han creado un marco de reactivación del campo político mediante la movilización de agrupaciones colectivas y expresiones sociales y populares que han formalizado pliegos de demandas y reivindicaciones esenciales, con agenciamientos que han apalancado paros, huelgas, bloqueos de carreteras y otras formas de lucha que han sacudido la institucionalidad del modelo neoliberal imperante.

    El reciente paro campesino, con evidentes continuidades territoriales, fue una explosión de proporciones insospechadas. Su despliegue ha detonado una crisis política estructural.

    El traumatismo ha sido absoluto y la salida no puede remitirse al procedimiento contemplado en la mecánica electoral.

    Santos ha llegado a una extrema debilidad y su aislamiento es innegable. Su gerencia de los intereses del gran capital es recelada por los más poderosos clanes de la élite dominante (banqueros, multinacionales, burocracia, generales, etc) que barajan con celeridad otras alternativas para la dirección del Estado. Vivimos, en palabras de Gramsci, un equilibrio inestable y catastrófico, y la homeostasis natural buscará los equilibrios necesarios para que la dinámica social siga el curso de los dueños de todos los hilos del poder. Es lo que explica la insistencia en el nombre del señor Vargas Lleras, dispuesto a la traición y la audacia para acceder a las posiciones claves del régimen político.

    Sin embargo, Santos ha recompuesto su equipo ministerial y explora otras formas de rearticulación con la sociedad civil para normalizar una interfase complementaria a su estrategia de mediano y largo plazo. Le apuesta a la continuidad y a un inminente acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc para consolidar su liderazgo en la solución del largo conflicto armado que empantana la proyección histórica nacional. El jefe de Estado parece no querer ser inferior a los retos que le plantea el momento.

    Esa es su lógica. Analizarla y comprenderla obliga superar enclaustramientos mentales y esquemas que se alimentan del dogmatismo y la rigidez epistémica. Los ataques personales y las descalificaciones caprichosas son inútiles y de una enorme esterilidad política.

    Consideración que también lo incluye a él.

    Siendo evidente su voluntad en favor de la paz es inexplicable que descarte el proceso constituyente y la conformación de una Asamblea soberana que asuma claramente la crisis mediante la construcción de nuevas bases del Estado y la democracia participativa.

    El referendo que se tramita y el Marco legal son una perfecta coartada de la vieja política. Un salto al vacío que destruye lo avanzado.

    Por lo contrario, una Asamblea Constituyente es un recurso extraordinario para cerrar correctamente el trabajo de la Mesa de La Habana. Hay que hacer a un lado los temores y los prejuicios.

    En su momento, la Asamblea Constituyente de 1991 probó ser una herramienta óptima para superar el atasco de la crisis institucional heredada por el Frente Nacional. No ocurrió la catástrofe anunciada por las aves de mal agüero de aquella etapa. Hechas las elecciones, ocurrida la deliberación y aprobado el nuevo texto, el Estado social de derecho validó los acuerdos del gobierno con las guerrillas de la clase media que se desmovilizaron en los años 90.

    Es lo que nos permite reafirmar la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente como alternativa consistente a la actual crisis política que conmueve a Colombia.

    La coyuntura demanda más audacia, presidente Santos. No se asuste y de el paso que en su momento dio el presidente César Gaviria.

    author by Eberto Díaz - Fensuagropublication date Sun Sep 22, 2013 00:36Report this post to the editors

    El acuerdo de Popayán, firmado el pasado 8 de septiembre entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a través de su vicepresidente Angelino Garzón y la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, permitió a esta última poner fin a los bloqueos de carreteras, como un gesto de buena voluntad, eso sí, dejando claro que no se trataba del levantamiento del paro agrario y que los campesinos volverían a las vías si el gobierno incumple su compromiso de nombrar una comisión de alto nivel gubernamental y la instalación de una mesa nacional dispuesta a discutir y dar salida al pliego de exigencias de la MIA.

    No cabe duda que la incapacidad del gobierno y de sus más importantes funcionarios para resolver los gravísimos problemas que angustian a la mayoría de la población rural colombiana y el hecho de negarse a reconocer a un interlocutor del movimientos campesino como la MIA que ha logrado no sólo articular y cohesionar una fuerza social, que en el pasado actuaba dispersa ,sino que además ha pasado a ser el referente más destacado de la lucha campesina y agraria del país; lo convierte en responsable de que no se hubiese avanzado con anterioridad en un acuerdo, el cual estamos seguros habría evitado las pérdida de vidas, como consecuencia de la acción alevosa de la fuerza pública y de sus escuadrones de muerte llamados ESMAD.

    La presencia en el acto de acuerdo en Popayán de nueve gobernadores de los departamentos que sintieron con mayor rigor los efectos del paro agrario deja al desnudo las limitaciones de una seudodemocracia descentralizada que no tiene los alcances políticos, participativos y mucho menos económicos que posibiliten solucionar los conflictos de carácter estructural que como el agrario rebosa los escenarios locales, lo que requiere no solo un profundo reordenamiento territorial de la nación, sino además una necesaria democratización de la riqueza y la nacionalización de los recursos naturales, y nuevos niveles de participación social y política en el diseño y ejecución de las políticas que atañen a los intereses de la mayoría.

    El desplante hecho por el movimiento campesino y sus principales organizaciones, a la convocatoria del pacto agrario y desarrollo rural realizado por el gobierno, donde las corbatas y la tecnocracia brillaron por su presencia, pero donde no se vieron las ruanas, los sombreros, los azadones ni los machetes, hizo que dicho evento pasara sin pena ni gloria.

    Mientras los burócratas burgueses se paseaban desesperados por los pasillos del recinto donde se llevó acabo el nefasto pacto agrario, réplica del recordado pacto de Chicoral que dio paso al desmonte de lo poco positivo de las políticas agrarias, fruto de la acción organizada del campesinado que se desarrolló al calor de la revolución Cubana en los años 60. Al otro lado de la ciudad, en la Universidad Nacional, uno de los lugares que ha visto nacer la resistencia y rebeldía estudiantil, miles de líderes campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, de fuerzas sociales y políticas como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, ondeaban las banderas de la Colombia soberana, anticapitalista, antilatifundista y revolucionaria.

    En efecto, el lanzamiento de la gran cumbre agraria, campesina y popular el pasado 12 de septiembre en la ciudad de Bogotá, el mismo día del frustrado pacto de los poderosos se efectuaba uno de los actos más trascendentales y unitarios de las fuerzas populares que tienen presencia en el campo colombiano.

    Dirigentes y delegados de la MIA y sus principales organizaciones como Fensuagro, Anzorc, ACVC, Apemecafé y más de un centenar de organizaciones de carácter regional, la Coordinadora Nacional Agraria, CNA, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ACIN, entre otras, abren el camino a la construcción de una gran fuerza social agraria y popular que confluya en un inmenso torrente de movilización y lucha en conjunto con el movimiento sindical, del transporte, de la salud, de los ambientalistas, del estudiantado, de los desplazados por la violencia, de los excluidos y marginados sociales por el modelo de desarrollo neoliberal; por una política agraria incluyente y antilatifundista, la reversión de los tratados de libre comercio, la nacionalización del petróleo, el gas, el agua y demás bienes naturales, y por la solución política del conflictos social y armado y la paz con justicia social.

    Octubre llegará, lleno de primavera, con la minga social indígena y la gran cumbre agraria campesina y popular. Las fuerzas del cambio están andando, la nueva patria está en marcha.

    author by Alberto Pinzón Sánchezpublication date Sun Sep 22, 2013 00:38Report this post to the editors

    Una de las torpezas más notorias de JM Santos y que demuestra su talante ambiguo y tartamudeante, ha sido la de imponer como condición “sine qua non” para adelantar el proceso de paz en la Habana, un “esquema de negociar en medio de la guerra”, y simultáneamente o a la par, buscar por todos los medios posibles que se haga realidad la vieja obstinación del militarismo oligárquico colombiano de impedir que la insurgencia no combine (según la orientación leninista) todas las formas de lucha de masas. De masas, repito.

    Pues bien, el paro Agrario y Popular iniciado el 19 de agosto y que no ha terminado aún, ha puesto al descubierto como criterio práctico de verdad, la existencia de las más variadas formas de lucha de masas, practicadas por el pueblo colombiano en su lucha contra la oligarquía consular que domina y gobierna en Colombia:

    1) Hay lucha armada, con todas sus implicaciones deletéreas, con la que se está enfrentando el plan estadounidense “Espada de Honor”, sucedáneo del desprestigiado Plan Colombia. El enorme número diario de muertos y heridos de las partes enfrentadas, a pesar de los ocultamientos mediáticos, así lo demuestra.

    2) Presenciamos todos los días la intensa lucha diplomática que se desarrolla (rodeada de agua por todas partes) en la isla de Cuba entre las partes enfrentadas, Estado Colombiano e Insurgencia de las FARC, para concluir el enfrentamiento armado y avanzar en una Solución Política al viejo e histórico conflicto social y armado colombiano.

    3) El Paro Agrario y Popular de la gente del Común en su marcha definitiva, ha mostrado principalmente la infinita creatividad del pueblo colombiano, largamente aplastada por “la espada exterminadora del Estado” como solía decir Francisco Mosquera, contra la cual se ha enfrentado mediante la más grande movilización legítima (no armada) de masas de los últimos cien años en Colombia. Movilización Social y Popular de la gente del Común que como primera conclusión gruesa, en la que tirios y troyanos estamos de acuerdo es, la de que HA CAMBIADO TODAS LAS REALIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS Y SU PERCEPCIÓN GENERAL.

    4) Pero además de lo anterior, también ha quedado en evidencia la intensa y variadísima lucha Política e Ideológica y hasta Cultural (abierta y clandestina) con que se está librando la confrontación de clases en Colombia: Las ruanas, las polleras colorás y sombreros sabaneros, los jipas paisas, los bastones indígenas, las cachuchas obreras, los grafitis juveniles, las pancartas de los maestros, los manifiestos, análisis de opinión y sobre todo las declaraciones políticas de las organizaciones movilizadas así lo dejan ver a pesar de su silenciamiento oficial.

    Es decir que, lo que el militarismo oligárquico de JM Santos y el régimen que representa ha logrado al tratar de impedir la utilización de todas las formas de lucha populares y de masas es, exactamente lo contrario. Es el bumerang que vacilante y tartamudo está recogiendo.

    Pero también es deber reconocerlo, el peso del exterminio por parte del Estado de la herramienta política legal alternativa y popular, es muy grande y ha dejado ver el espacio vacío que se ha abierto, y que es PRECISO llenar rápidamente, mediante una valoración objetiva y colectiva de la coyuntura que se está dando y los cambios acelerados especialmente en la coyuntura electoral, pues es deber nuestro, interpretar las modificaciones para actuar rápidamente frente a ellas, máxime cuando la Oligarquía Consular que tiene todos los medios para la medición de la opinión pública ya lo ha percibido y se ha dispuesto o se dispones a manipular la situación a su favor.

    Con esto, y contrariando por primera vez mi “sesgo profesional” me aventuraré a dar algunos elementos HIPOTÉTICOS y tendenciales de la tal coyuntura electoral, que afloran desde ya:

    1) Santos no se reelegirá. Él lo sabe, pero mantendrá el bluf de su reelección como forma de incertidumbre electorera de la cual son maestros el gamonal Iragorri Hormaza y su Hijo.

    2) Si no remonta las encuestas (de aquí a noviembre, cosa bastante difícil) Santos y su unidad electorera lanzarán al autoritario, enemigo jurado de la paz Vargas Lleras. La reactivación del panzer Buen Gobierno y los mascarones de proa que allí se metieron, así lo demuestra.

    3) El Partido Liberal no acompañará a Vargas Lleras y lanzará su candidato presidencial propio.

    4) El Partido Conservador se dividirá en tres: Los que van con Vargas Lleras y la mermelada, los pocos que van con el Gamonal del Ubérrimo con su programa del “Feudalismo Siglo XXI”, y los “cuentapropistas” de Pastrana que irán por cuenta propia.

    5) La tercería de Navarro, al no llegar a acuerdos con otras fuerzas, se harán contar solos.

    6 ) El Polo-Moir, que a través del senador Robledo ha recogido algunas simpatías en las clases medias citadinas por su apoyo al Paro Cafetero y las ha sabido trasferir a la candidatura de la señora Clara López (quien entre otras tiene una excelente consigna presidencial de paz, justicia social, democracia y soberanía) lo más probable es que trate de consolidar su tendencia dominante de convertirse en un partido parlamentario.

    7) “El Feudalismo Siglo XXI” de Uribe con sus poderes fácticos, como ya se sabe, lanzará alguno de sus pajes conocidos.

    8) Los demás partidos pequeños dividirán sus lealtades entre las alternativas con más posibilidades de ganar.

    9) Y en el campo alternativo popular (esa es la expectación) se hará un debate interno que está en Marcha para aclarar su participación en la coyuntura electoral abierta a través de la conformación de un amplio frente de convergencia sobre los 4 cuatro puntos programáticos planteados en el debate interno:

    a) Apoyo irrestricto a la Solución Política al conflicto armado Colombiano y al proceso de paz de la Habana,

    b) refrendación de lo acordado y salida de la crisis mediante una Asamblea Nacional Constituyente,

    c) Promoción de un modelo económico nuevo y alternativo de desarrollo para Colombia y

    d) Conformación de un Gobierno Democrático, Pluralista de Coalición Popular.

    Sin embargo la pregunta es: ¿En medio de la utilización de todas las formas de lucha de masas que se están dando actualmente en la realidad colombiana, cuáles dos candidatos presidenciales pasarán a la segunda vuelta presidencial? … En cualquier caso quedar de segundo es perder.

    Entonces, conscientes de la importancia histórica de la brecha que se ha abierto en la muralla oligárquico-Imperial de Colombia, en donde por primera vez en muchos años se puede avanzar realmente sin que nos vuelva a pasar lo que sucedió con Jorge Eliécer Gaitán; es indispensable que como solía decírnoslo nuestro maestro en la facultad de ciencias humanas de la universidad Nacional de Bogotá, el sacerdote Camilo Torres, ¡“Comencemos ya! La Unidad Popular en Colombia es posible”.

    author by Dairo Ruizpublication date Mon Sep 23, 2013 21:36Report this post to the editors

    En Colombia el régimen se ha venido preparando para su paz, que es al tiempo complementaria con sus formas de dominación, e inherente al carácter capitalista de su clase.

    El soporte indudablemente de su paz es la guerra de las clases, élites, y sectores dominantes del poder económico, militar y político que no cederán “ni un poquito” a las formas de resistencia de las clases subordinadas, ni a sus espacios no institucionales donde se recrea otra paz y otro diferente derecho, que no es el de la guerra, que define al pueblo en resistencia como infractor, terrorista o delincuente, razones para que el derecho burgués los juzgue como tales, por lo menos mientras no les llegue la solución “final”, o según el estado criminal, se “rehabiliten” , se rindan , o se declaren , o los declaren “pacificados” , por un régimen narco- terrorista que como para-estado hoy está obligado a “flexibilizar” su posición que no es de paz digna, pero que da un nuevo aliento al modelo criminal de acumulación con el que negocia o propone su paz, que “rapidito” espera ver materializada con el sonoro aplauso imperial, el de los empresarios de la cocaína – el narco –poder-, y sus aliados internacionales que ya esperan un ininterrumpido festín financiero y geo-estratégico para sus “locomotoras”, que con otras fracciones del capital aspiran a tomarse todo el territorio, y a la destrucción ya sin insurgencias, de las fuerzas sociales y populares que sin pausa y pese a los planes gubernamentales de exterminio han defendido y seguirán defendiendo con dignidad su riqueza y la justicia social.

    Derrotar al pueblo, controlar sus luchas; firmar una paz capitalista para las multinacionales y el paramilitarismo que hoy exigen mayores tasas de acumulación y de rentabilidad es la estrategia del Estado, que con sus bases militares, mercenarios, y con su modelo económico se comprometen ante la comunidad internacional a una nueva paz pero con impunidad y sin arriesgar, - eso si-, la estabilidad de la dominación política de imperio y narco-oligarquía.

    Esa paz no la queremos l@s Colombian@s, es inaceptable para NuestraAmérica y para la Humanidad, es una paz que nunca tendrá paz , pues el poder la “edifica” con la guerra intentando engañar a los pueblos del mundo para revertir o derrotar las luchas históricas del pueblo Colombiano que no pueden permanecer como una interminable guerra, y para lo cual la paz que ha de ser no será de indigencia o de indignidad, será de reivindicaciones concretas económicas, sociales y políticas A FAVOR DEL PUEBLO, siendo este el PROTAGONISTA CENTRAL.

    author by Deade Abajopublication date Wed Sep 25, 2013 22:52Report this post to the editors

    Con bloqueos, luchas de calle y carretera miles de colombianos dieron orden: ¡Hay pueblo inconforme y rebelde! Por encima de todos los cálculos y previsiones políticas, alrededor del 29 de agosto hubo colapso en el país. Con más de 16 departamentos en agitación y protesta en las principales ciudades de la nación, dando un sí a la convocatoria de solidaridad que despertó la ruana ayer olvidada, hoy rescatada como símbolo de rebeldía agraria. La capital estuvo cerca del quiebre en su cotidianidad y mostró fragilidad en su abastecimiento. Por supuesto, al gobierno Santos le dio soponcio. Un malestar con efecto en las conversaciones de los colombianos en esos días, en las encuestas inmediatas y en la siembra de una duda sobre su futuro. Como señal inevitable de un pueblo que supera a sus dirigentes, y sus ’representaciones’ actuales de todo orden, el carácter y la convocatoria "admitida" fueron rebasados por el temple de la protesta.

    Con el Paro Nacional Agrario explosionó el sentimiento de ira de miles de productores agrícolas, tenedores de tierra minifundistas y medianos que están quebrados o en riesgo de quedar así. Por primera vez, en mucho tiempo no estuvieron solos. Contaron con los pequeños mineros, alguna convocatoria estudiantil de la Mane, de la Cut y con la novedad y el reconocimiento de algunos sectores de opinión. A su vez, las frases democráticas sobre el derecho de la protesta quedaron pisoteadas, en tanto y de facto, el Presidente declaró estado de sitio.

    Con las primeras carreteras bloqueadas su respuesta fue la negación del paro y en una acción nacional en televisión abierta, acompañó la orden brutal al Esmad de disolver a los "desestabilizadores". En la vigilancia y represión, no solo los agentes de la policía con uniforme antidisturbios, sino también desde los helicópteros con su tremor y "mensaje de guerra", se lanzaron gases. Sin cambio en la correlación de poder entre oligarquía y pueblo, todo discurso y comportamiento de "la política" frente a la acción, la "paz" y la concordia resultó sorprendido: El del poder, la fuerza y los gremios económicos, el de la derecha, el de quienes quieren fisonomía en el "centro político" y de llamados al conformismo y la ’ciudadanía’ paciente, el de la izquierda y el de la insurgencia.

    Para los manifestantes y participantes en la protesta, la propaganda de los últimos gobiernos quedó reducida a paja: Aunque urde evasivas, con causa y responsabilidad directa y prolongada en la situación –ayer y hoy–, Juan Manuel Santos no puede ocultar que regresó de Londres en alfombra a ocupar el ministerio de Comercio Exterior con César Gaviria –fue su Designado– y menos, su condición de cómplice neoliberal en las leyes contra el derecho al trabajo y la salud de los entonces defensores, proponentes y senadores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de quienes luego fue ministro de hacienda y defensa.

    De repente en la plaza pública, en las carreteras del país y en el vigor de los bloqueos, apareció un sujeto inadvertido, para muchos muerto, y para otros, pesadilla. Con nuevas reivindicaciones y memoria de incumplimientos anteriores, un amplio sector de pueblo rebelde, inconforme; paseó sus banderas, planteó defensa e hizo estaciones por la Carretera Panamericana, por la Troncal del Oriente, por la carretera Tunja-Bogotá y Bogotá-Girardot. Una vez más, el llamado "inconsciente social", la espontaneidad e inconformidad de quienes no están alineados en ninguna propuesta política, ni tradicional ni de izquierda, dejó sentir su grito y volumen con algo de claridad y expresiones –contenida hasta ahora– en su aspiración de un gobierno distinto y poder real –no son solo "desestabilizadores"–; sin que nadie estuviera atento; tal como ocurrió hace años en el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977.

    Sin advertir la situación que venía subterránea en un vasto sentir de la población, desde el campo popular la convocatoria repitió con el mecanismo de la Mesa Integrada de Interlocución y Acuerdo -MIA, un espacio de encuentro, sin debate a fondo, de los principales agrupamientos y actores de izquierda que tienen acción y presencia agraria. Sus componentes iban del Congreso de los Pueblos, a la Marcha Patriótica, con paso, por el Movimiento Indígena del Cauca y las diferentes Dignidades Agrícolas ’gremiales’.

    Las energías acumuladas por años, evidencian ahora, con creces (potenciando la protesta), que los costos del libre comercio sobre el campo son más profundos que la simple discusión acerca de si son los efectos del Tlc con los Estados Unidos ó con Europa los que quiebran las bases de la economía campesina. A esa parcial dimensión la reducen los tecnócratas del gobierno actual. Ocultan que desde el gobierno de Virgilio Barco, la carrera neoliberal implica un profundo vuelco del campo, con agravamiento de la miseria y la situación social:

    - Primero, con el desmonte del fomento estatal a la producción agrícola. - Segundo, por la "apertura económica" de Gaviria, con aumento estrepitoso de las importaciones agrícolas, apalancadas por la reducción de los aranceles, que en su tasa promedio cayó de un 24 por ciento en 1986 a un 7,2 por ciento en el año 1994. - Tercero, por la firma progresiva de decenas de tratados de libre comercio, los primeros bajo el trámite de Juan Manuel Santos, en su época de Ministro de Comercio Exterior, con el G3 (México, Colombia y Venezuela) y la Comunidad Andina de Naciones, después, un Tlc con firma entre la Casa Blanca y el gobierno Uribe-Santos que comienza a tener sus efectos. - Cuarto, por la carencia de control fronterizo, pues Colombia a pesar de tener la proporción más elevada de miembros de las fuerzas armadas por habitante en América Latina (11 colombianos por cada miembro de las FF.MM.), carece de control alguno sobre las fronteras. Es más, la oligarquía colombiana usa para mantener su estabilidad, el mecanismo de permitir una frontera porosa, por la cual pasan cientos de productos de contrabando, los cuales inundan el mercado nacional y su producto, mecanismo que funciona como paños de agua tibia a la crisis estructural de las zonas fronterizas, léase, quiebra de ciudades como Cúcuta o la relación de la economía del Catatumbo, o Nariño y Putumayo con el contrabando de Ecuador y Venezuela.

    Así Tlcs, sostenimiento y defensa institucional y paramilitar del latifundio, destrucción del fomento económico agrícola, ausencia de control fronterizo y reducción de los aranceles que incentivan la importación de mercancías agrícolas han sido algunos de los ingredientes del coctel neoliberal contra el campo.

    De esta manera, con las características de la hegemonía internacional y la preeminencia de los intereses financieros, estamos ante el resultado de una guerra de larga duración contra la producción nacional, con sus bemoles en estos últimos seis años de crisis capitalista mundial. Sin embargo, no son las meras condiciones económicas las que hacen de la rebelión de las ruanas una posibilidad. Sin duda alguna, la pérdida de credibilidad en la acción del estado y en las élites, y la superación en algunos aspectos de los efectos del terror, hicieron eco en el resurgir de una acción de ruptura, por qué no beligerante, que pone en presente una extensión de la lucha que desmarca y va más allá del margen de los supuestos espacios civilistas y legales, para la resolución de conflictos sociales, que en su espera y acomodo sostienen el estado de cosas e injusticia. Pero surgió la contraparte.

    Con el Paro Agrario Nacional la realidad política –no solo electoral ni del protagonismo bilateral en la Mesa de La Habana– vive el renacer de un sujeto social plural y diverso, con avance de interrelación campesina y urbana, campo-ciudad que acerca sintonía con la historia nacional, a la vez, que desnuda la magnitud y dificultad de la contradicción y de la lucha política, de poder y gobierno, desde los diferentes intereses sociales y de clases.

    Independiente de sus características, el desenlace del Paro, esta vez de varios días, escribió otro capítulo de una novela con párrafos escritos desde hace varias décadas. Entre tanto, Santos aplicó una vieja táctica para enfrentar el Paro que a la larga le sirvió para navegar, sin dejar de estar perdido en la mar: Fracturó a la MIA, con negociación por aparte con los productores paperos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca –agrupados en su mayoría en la iniciativa de Dignidad papera. Para el resto en paro, dispuso un tratamiento como lo ordena el manual represivo: aumento de la violencia y sindicación de su nexos con la insurgencia, al punto fariseo, de vincular la negociación de estos temas agrarios con la Mesa de La Habana y al nacimiento de la Mesa con el ELN.

    De la indignación en aumento tanto por la negación del paro como por los golpes del Esmad que transitaban en internet y en las noticias, hubo un salto a las iras urbanas. Algunos con cacerolas, otros, con piedras y bombas molotov, hubo disparos aislados –diferentes a hostigamientos guerrilleros–, todos en fin, fracturando la continua deidad del poder oligárquico, rompiendo la rutina de la sociedad pasmada, de esa que no ve o de un mirar a otra parte. Sucedió entonces, que decenas de miles de colombianos en la calle, o desde la cabecera y la vereda, con cientos de reclamos, o sin ninguno en concreto –la inconformidad basta–; constituyeron el vapor que en toda olla a presión tiene que pitar: el de los debilitados, los de nunca y sin voz. Ellos ante quienes, el régimen político y el gobierno fueron capaces de decir en un momento que no tienen nada que ofrecer. Apenas promesas de estudiar... cada caso.

    Un escenario que tuvo protagonismos de rebeldía espontánea, con dolor, llantos, cuestionamientos a las organizaciones más cercanas y firmeza ante el inmediato de un Paro que desde la rebeldía, tiene un día después por resolver y no dejar pasar de largo. Porque, ¿quién capitaliza? ¿Quién en colectivo legítimo tendrá la primera línea en conducir la próxima batalla?

    Están en el partidor: Atento y con audiencia, el cinismo uribista que nunca tuvo un sonrojo por los usufructos y el profundizar el libre comercio, ahora, trata de capitanear el momento, con argumentos como la falta de diálogo regional y la pérdida del principio de autoridad por parte del Ejecutivo. Desde su interés, rondan al presidente Santos el desafío del Paro y sus consecuencias inmediatas y mediatas, y para su defensa y perpetuidad, la élite económica con pañales de larga data, antes del narcotráfico, debe acomodar un referente de más tamaño que el partido de la U y el partido liberal. En la acera del frente, ante la inmensa lección motora con pies de campo y descontento, de inmediato, pocos toman la responsabilidad de reflexionar con sentido de poder.

    Apenas como una referencia, en la inercia de las aspiraciones individuales, política electoral y su coyuntura, en el país alcanza base de configuración, "sectores medios" un "centro político", viable en sociedades europeas, con un conflicto distinto. En este rango, Progresistas y Partido Verde intensifican los contactos regionales. De este modo, en Boyacá, el intento propende por captar un naciente caudal electoral en busca de una tercería. En su esfera, el Polo a través del Moir rema igual, con otras palabras.

    Y en otro ángulo, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica con calendario y tareas en referencia con el provecho de las negociaciones de paz, asumen y proyectan pasos más largos en la movilización y la consigna de participación social, como recurso ahora urgente para defender y profundizar una agenda política de reconciliación, con vía a conquistas de democratización, que en el corto tiempo y bajo su exclusivo porte, no tendrán virtud de plenas.

    De plano, en Colombia ocurrió un sacudón nocivo para el gobierno y cuestionante para el poder. Vista la movilización del Paro en su extensión y característica de choque y de tropel, quedó una orden: Dar curso a una amplia agenda de diálogo por la unidad social y política del país nacional que con miras a febrero próximo, corrija y de continuidad a las búsquedas locales con sentido nacional, y alce consenso en una plataforma de seguimiento con rigor a las "promesas" de Santos. O el Ejecutivo cumple antes de febrero o tropezará con una nueva o segunda irrupción del presente en lucha, y su espiral de otro futuro.

    author by Dairo Ruizpublication date Mon Sep 30, 2013 18:04Report this post to the editors

    En Colombia el pueblo ya no estará impedido para construir y reconstruir nuevas relaciones sociales que sean alternativas, o que se proyecten desde las luchas populares, para edificar nuevas instituciones.

    La transición tiene que venir desde la inmensa riqueza social y del poder popular, con su propia historia política creativa y de ruptura innovadora.

    La re-invención radica en que el sentido de la democracia NO sea más solamente una “democracia liberal”, con “pluripartidismo” y/o “elecciones formales para parlamento y gobierno”, pues por lo que se seguirá luchando es en realidad por una democracia popular, que con sus múltiples acumulados de lucha, y desde las raíces más profundas del movimiento popular y revolucionario le cumpla a las mayorías, y que “no le entrará”” a las reglas de juego oligárquicas cundidas de clientelismo, soborno y fraude electoral, financiadas y/o armadas por narcotraficantes, terratenientes, banqueros, militares y paramilitares, que constituyen el poder electoral, económico y político que hoy prevalece en Colombia.

    Las fuerzas populares no “encajan” en el corrupto y criminal aparato político-electoral de Colombia, diseñado para dar cabida a la delincuencia política y a la mafia política de los Uribe, Pastrana, Lleras, Vargas Lleras, Gaviria, Luis Alfredo Ramos, Zuluagas, o las de la auto-denominada “fundación buen gobierno”, y/o “movimiento ciudadano centro democrático - entre otras -, de las muy distinguidas familias de narco-militares que persisten - pese a su profunda crisis de ilegitimidad- , en ejercer el control sobre las ya “ingobernables” mayorías, pero por la vía de la guerra y la para-política, lo que refleja “una vez más” el pulso político entre fuerzas opuestas, entre autoritarismo y democracia, entre guerra y paz.

    La resistencia que el pueblo ha crecido ya no puede ser ignorada o forzada a seguir por los viejos canales de la política electorera, la lucha popular ya tiene un espacio propio y no será dirigido por el monopolio de la política de un Estado moribundo, que ha privilegiado la agenda política del imperio y de la clase dominante.

    El Estado ya no tendrá la legitimidad que en el pasado imponía con la guerra, utilizando la tortura, el asesinato, las desapariciones¸ las aldeas modelo, y/o el desplazamiento forzado como mecanismos encubiertos para lograr el control de las regiones y sus “triunfos electorales”, “hechos por sus autoridades, los paramilitares Uribistas, Santos y los escuadrones de la muerte”.

    Tampoco los sobornos políticos o económicos del poder detendrán las gestas populares para conquistar su independencia política y/o geo-politica; nuestro pueblo y los de NuestraAmérica trabajan por avanzar en formas no capitalistas de relaciones sociales, por lo tanto NO preferimos un Estado neoliberal; y la transición NO será hacia una nueva fase del Estado Capitalista.

    Los Colombianos NO queremos una “democracia cuantitativa”, de compraventa de voluntades que dé mampara a un nuevo régimen criminal y violento, y que exige perpetuarse en el poder con las históricas desigualdades sociales, e intentando con su paz desintegrar a la poderosa insurgencia popular y social autónoma.

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