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El gringo y la paz

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Tuesday February 24, 2015 18:44author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Bernard Aronson ha sido nombrado delegado especial de los EEUU en la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y los insurgentes de las FARC-EP. Su presencia es un reconocimiento explícito de que el conflicto colombiano no es un conflicto meramente interno, sino de carácter hemisférico, en el cual EEUU ha clavado sus garras desde antes del surgimiento de las guerrillas.
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El gringo y la paz

Finalmente se metieron. Bernard Aronson ha sido nombrado delegado especial de los EEUU en la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y los insurgentes de las FARC-EP. No es primera vez que los gringos, después de exacerbar la violencia, se meten a los procesos de paz en lo que consideran su “patio trasero”: Aronson ya tiene experiencia en las desastrosas negociaciones de paz con injusticia social alcanzadas en Nicaragua y El Salvador. Creo, sin embargo, que la presencia del gringo es positiva, más allá de las suspicacias naturales. No porque crea que los colombianos necesiten de la “orientación” de la civilización del dólar ni de la bendición de ese país para el proceso de paz, como lo ha dado a entender la gran prensa[1].

Lo considero positivo porque, aunque quieran acotar su participación a temas como extradición o narcotráfico, su presencia es un reconocimiento explícito de que el conflicto colombiano no es un conflicto meramente interno, sino de carácter hemisférico, en el cual EEUU ha clavado sus garras desde antes del surgimiento de las guerrillas. De alguna manera, los EEUU han estado siempre detrás del gobierno de Colombia, y éste sabe que no tiene mucho margen de maniobra sin el beneplácito del Tío Sam. Como lo expresa de manera lapidaria el investigador Marco Palacios, “el límite de la soberanía nacional colombiana es la subordinación pragmática de las élites del poder a los grandes paradigmas y políticas de Washington, en particular, la Guerra Fría, la guerra a las drogas, la guerra al terrorismo y al crimen organizado (…) Washington le provee los argumentos y la agenda”[2].

Una historia de intervencionismo y subordinación

Esta política de injerencia, se explica necesariamente en el marco de una política de dominación hemisférica de EEUU plasmada en cuatro documentos claves –la resolución de no-transferencia (1811), doctrina Monroe (1823), Corolario de Roosevelt (1904) y Corolario de Wilson (1913). Esta política en Colombia ha tenido una larga y decisiva influencia en el curso histórico de la violencia institucional y estructural. Ésta comenzó a dejarse entrever en las múltiples intervenciones a Panamá cuando aún era territorio colombiano, así como su rol decisivo en las intrigas que llevaron a que este territorio fuera arrebatado para poder adueñarse del Canal. También se entrevé en el uso de tropas locales para defensa de los intereses de compañías norteamericanas, como la United Fruit Company, que tuvo como corolario la Masacre de las Bananeras en 1928.

Sin embargo, es desde 1938 que esta influencia se vuelve sistemática y estructural, durante el gobierno de Eduardo Santos, abuelo del actual presidente -el poder funciona en Colombia como una curiosa mezcla de clase y casta. Santos convierte a los EEUU en socio estratégico, aliándose irrestrictamente a su política hemisférica y entregándoles, mediante frecuentes misiones militares que siguen ininterrumpidamente hasta nuestros días, la posibilidad de moldear a las Fuerzas Armadas colombianas según los intereses particulares de los EEUU. Moldeadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, todas las ramas castrenses en Colombia han funcionado como una fuerza de ocupación para aplastar al “enemigo interno” –definido también según los estrechos intereses de la elite norteamericana. Clave en el desarrollo de este mentalidad fue la participación colombiana en la bárbara Guerra de Corea, y las misiones militares como las de 1959 y 1962 que definen el carácter contra-insurgente del Ejército colombiano, concepción reproducida mediante manuales en que se celebra el uso de la tortura, paramilitares y el abuso a menores (como el documento del general Yarborough de 1962). Esto, para no hablar del rol decisivo jugado por los EEUU en las operaciones militares contra las comunidades de Marquetalia, Riochiquito, el Pato y Guayabero en 1964-1965, que escalaron el conflicto hasta llegar al Plan Colombia de nuestros días, apogeo de la guerra sucia y de las violaciones en masa en contra de las comunidades campesinas y empobrecidas.

Por su parte, mientras en esta relación los intereses de los EEUU son claramente los que han primado, la oligarquía colombiana también ha obtenido beneficios sectoriales mediante el desarrollo de una subordinación estratégica[3]. Arlene Tickner mencionaba que la subordinación –que ella define como pragmática- “ha reportado ganancias económicas y políticas”[4], particularmente mediante la creación de redes clientelistas con las cuales los negociadores de la subordinación obtienen jugosas “mordidas”, sea mediante la firma de acuerdos de libre comercio, mediante su asociación al capital transnacional o mediante contratos militares.

Responsabilidades históricas ante las víctimas

Los EEUU no llegan con una moral intachable, ni mucho menos, a la mesa de negociaciones. Su presencia proyecta macabras sombras más allá de su tóxico rol en alimentar la guerra: investigaciones serias han encontrado vínculos entre la asistencia militar de EEUU y la implementación de macabras políticas, como los “falsos positivos” o la misma estrategia paramilitar[5]. El mismo DAS, institución de inteligencia implicada en asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas, espionaje, vínculos mafiosos, estuvo todo el tiempo bajo la supervisión directa de la Embajada de EEUU, quienes organizaron un grupo secreto en su interior, llamado GAME, que reportaba directamente a la Embajada[6]. Esto fue así desde un comienzo, ya que la misión militar de EEUU en Colombia de 1959, en medio de la paranoia de la Guerra Fría, recomendaba reorganizar el Servicio de Inteligencia de Colombia hasta “llegar a convertirse en una fuente virtualmente dirigida por los EEUU para operaciones de guerra psicológica abierta y encubierta”[7]; a los pocos meses de presentado este informe, se crea el DAS, según el modelo del FBI. La mano de la CIA también se ha visto presente en las “salas grises” de la inteligencia militar, destapadas con el escándalo de Andrómeda. Todos estos datos y mucho más, se encuentran condensados en la investigación del profesor Renán Vega en el marco de la Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas, en la cual tuve el honor de ser su asistente[8].

Esta historia de humillaciones no es cuento viejo: basta ver hoy en día la maraña de miles de asesores, mercenarios “contratistas” y militares norteamericanos operando en Colombia, con pleno acceso a las instalaciones militares, al espacio aéreo y marítimo colombiano, para comprobarlo. Esta presencia goza de total impunidad, como lo demuestra el escándalo de las niñas vejadas sexualmente en Melgar. Precisamente en los momentos en que las clases dominantes, mediante sus aparatos de propaganda, nos insisten que hablar del imperialismo yanqui suena muy trasnochado, es cuando más insoportable se ha vuelto su influencia y su control sobre los asuntos en Colombia.

La presencia del delegado de los EEUU en la mesa de negociaciones es una oportunidad histórica para, dignamente, exigirles explicaciones. De la misma manera en que se debe reconocer a EEUU como un actor decisivo en el conflicto colombiano, se les debe exigir: que reconozcan su responsabilidad en el sufrimiento de millones de colombianos; que pida perdón y repare a sus innumerables víctimas; y que contribuya a la recomposición del tejido social violentado y fracturado. Aunque su mejor contribución sería, de una vez por todas, permitir que este país continúe su desarrollo libre de su desfachatado intervencionismo.

José Antonio Gutiérrez D.
24 de Febrero 2015


[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/la-bendicion-de-o...597-3
[2] “Violencia Pública en Colombia, 1958-2010”, Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2012, pp.27;36.
[3] Concepto explicado en el trabajo de Renán Vega para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), de la siguiente manera: “una relación de subordinación, por lo que entendemos un vínculo de dependencia en el cual el interés particular de Colombia se considera representado en los servicios a un tercero (Estados Unidos), que se concibe como dotado de una superioridad política, económica, cultural y moral. Es una relación desigual, asimétrica y no exenta de disensos así como de conflictos, que asume un carácter estratégico, pues la existencia misma de la república se piensa como indisociable de la situación de subordinación, por lo que cabe hablar de una subordinación estratégica más que pragmática”, p.1.
[4] “Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales”, Colombia Internacional, 65 (2007), p.98
[5] Ver Human Rights Watch, “Las Redes de Asesinos de Colombia. La Asociación Militar-Paramilitares y Estados Unidos”, 1996; Colombia Nunca Más, “Crímenes de Lesa Humanidad, Zona 14ª 1966…” Tomo I, 2000; Dube, Oeindrila & Suresh Naidu, “Bases, Bullets and Ballots: The Effect of US Military Aid on Political Conflict in Colombia”, Washington: Center for Global Development, 2010; FOR, “Military Assistance and Human Rights: Colombia, US Accountability, and Global Implications”, 2010; FOR & CCEEU, “’Falsos Positivos’ en Colombia y el Papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos, 2000-2010”, Julio 2014.
[6] Dora Montero, «El detrás de cámaras del reportaje del Washington Post sobre el DAS y la Embajada gringa», en La Silla Vacía, septiembre 8 de 2011.
[7] Rempe, Dennis M., “The Origin of Internal Security in Colombia: Part I - A CIA Special Team Surveys la Violencia, 1959-60”, Small Wars & Insurgencies, 10:3 (1999), p.41.
[8] http://www.rebelion.org/docs/195465.pdf

author by Gustavo Veiga - Página12publication date Wed May 06, 2015 22:51author email gveiga12 at gmail dot comauthor address author phone Report this post to the editors

Renán Vega Cantor, un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá e integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), lo llama el “imperialismo sexual”. Esa es una de sus conclusiones sobre la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Está explicada en un extenso informe oficial de 809 páginas que presentó aquella comisión de expertos en febrero pasado y cuya vigencia se fortaleció con las orgías de efectivos de la DEA que le costaron la cabeza a su directora, Michele Leonhart, en abril. El autor aporta un ejemplo de “las violaciones y tráfico sexual que realizan funcionarios civiles y militares de EE.UU.” en su país: el caso de las 53 niñas abusadas en las localidades de Melgar y Girardot en 2007. El más difundido de estos delitos es el de la hija de Olga Lucía Castillo. Tenía 12 años cuando la secuestraron y drogaron en una discoteca. Terminó en la base aérea de Tolemaida, donde la violaron dos uniformados estadounidenses. Pero hay más. Como lo documentan las denuncias de prostitución infantil en el puerto de Tumaco, sobre el Pacífico, conocidas en 2013. O los sitios de Internet descubiertos en 2010 que ofrecían sexo con mujeres y niñas en la zona vecina a la base de Palanquero.

Cuando habla de “imperialismo sexual”, Vega Cantor compara el caso de Colombia con el de “todos los lugares donde se encuentran militares de Estados Unidos, como en Filipinas, Japón o Corea del Sur”. El profesor –también diplomado en la Universidad de París– define a su país como “el portaaviones terrestre de Estados Unidos” desde 2009, cuando se estableció que EE.UU. utilizaría siete bases en su territorio por un acuerdo con el gobierno de Alvaro Uribe. Están ubicadas en Cartagena, Malambo, Tolemaida, Palanquero, Apiay, Bahía Málaga y Larandia. Son una formalidad bilateral. Otras instalaciones militares eran empleadas desde mucho antes, sin que existiera el acuerdo firmado por el ex presidente. Colombia es un disciplinado escudero de Estados Unidos desde la década del ’50. Al punto que colaboró con un batallón de 5204 soldados en la Guerra de Corea (1950-1953).

Basándose en el texto de Vega Cantor, una guerrillera de las FARC, Natalie Mistral, escribió un extenso artículo donde sostiene que “la prostitución organizada alrededor de las bases norteamericanas es justificada por la administración militar con el eufemismo de ‘las necesidades sexuales’ de sus soldados. Estamos ante el mayor proxeneta del planeta”. Para Mistral, “no es difícil averiguar por qué los alrededores de las bases ocupadas se volvieron inseguras zonas rosas, donde ya las niñas no pueden salir solas a la calle”.

El caso que más repercusión tuvo en Colombia es el de la niña de 12 años violada la noche del 26 de agosto de 2007 en Melgar, departamento de Tolima. Su madre, Olga Lucía Castillo, buscó y buscó hasta que encontró a los responsables. Son dos soldados norteamericanos que regresaron a su país amparados en las leyes de inmunidad que EE.UU. firma con los países donde tiene bases o realiza maniobras conjuntas de tropas: el sargento Michel Cohen y el militar retirado César Ruiz, contratado en el marco del Plan Colombia.

La mujer le dio una entrevista al diario El Tiempo de Bogotá el 22 de marzo. Dijo que “al final se pudo establecer que la niña había sido violada, logramos saber quiénes eran los responsables y, pese al dolor que nos embargaba, yo misma los busqué en la base y los confronté. Su respuesta fue: ‘Su hija es una putica; aquí no ha pasado nada’”. Desde ese momento, a Olga comenzaron a seguirla, tuvo que abandonar Melgar con sus dos hijas –la mayor, que fue la víctima, hoy tiene 20 años– y perdió todo. El diario informó que Castillo inició una demanda formal, que investigaron tanto la Justicia ordinaria como la militar y hasta hubo un llamado de la Defensoría del Pueblo para que se acelerara el proceso. Pero los acusados regresaron a Estados Unidos sin pasar por los tribunales colombianos y mucho menos por la cárcel.

Seis años después, en octubre de 2013, el Puerto de Tumaco, sobre la costa sur del Pacífico, era noticia por informaciones semejantes. Militantes de derechos humanos, docentes y vecinos del lugar, denunciaban que militares estadounidenses y colombianos pagaban hasta 50 dólares para tener sexo con menores de edad. Citado por Caracol Radio, uno de ellos precisó: “En el sector turístico de El Morro particularmente hay hoteles que hospedan pilotos y militares extranjeros, los cuales buscan tener compañía con menores de edad. A ellos no les importan quiénes son, sólo les interesa satisfacer sus apetitos sexuales”.

Otro sitio donde hubo denuncias es Puerto Salgar, que alberga a la base militar de Palenquero. El Movimiento Social contra la Guerra y por la Paz (MSGP) comprobó que existen sitios de Internet desde los que se ofrecen servicios de prostitución que consisten en catálogos de mujeres y niñas. Su investigación se difundió en 2010 durante el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización realizado en Colombia.

Solano es un municipio próximo a la base de Tres Esquinas, una de las más importantes pero que no está entre las siete del acuerdo que firmó Uribe. En esa zona, la tasa de violaciones de menores es una de las más altas del país. Según escribió Mistral, desde ahí “opera la empresa contratista Dyncorp, involucrada en redes de prostitución en Bosnia”. En 1999, sus empleados en ese país surgido de la ex Yugoslavia fueron acusados de comprar y traficar niñas para utilizarlas como esclavas sexuales.

Sus primeros pilotos y aviones –generalmente fumigan las plantaciones de coca con glifosato– se instalaron en Colombia en 1993. La compañía creada en 1946 por un grupo de aviadores tiene un contrato con el Departamento de Estado “para trabajar en proyectos antinarcóticos con la Dirección Antinarcóticos y la unidad aérea de la Policía Nacional de Colombia. Además presta apoyo a la Brigada Aérea del Ejército Nacional”. Dyncorp viene haciendo pingües negocios desde la guerra de Corea. Pasó por Vietnam, El Salvador, Bosnia, Irak y Afganistán, entre otros conflictos, siempre como contratista de Estados Unidos.

La periodista norteamericana Debra McNutt escribió un interesante artículo en 2007 titulado “La prostitución militarizada y la ocupación de Irak”, donde recuerda que “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen prohibido tratar con prostitutas”. Está documentado hasta por el cine de Hollywood que la realidad funciona al revés. Con varios centenares de bases desparramadas por el mundo o más de mil según de qué fuente se trate, alrededor de cada una se expande el problema de la trata de mujeres, su explotación y el abuso de menores.

Donde las tropas de EE.UU. se han establecido por un tiempo prolongado, las redes de prostitución gozan de buena salud. En 2005, Sarah Mendelson, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, escribió un informe titulado “Barracas y burdeles”: “Los oficiales militares suelen hacer la vista gorda con la explotación de mujeres por el personal militar y el de los contratistas privados, porque quieren elevar la ‘moral’ de sus hombres”. Se refería al conflicto de los Balcanes. La semejanza con lo que ocurre en Colombia es notoria. La naturalización de los delitos sexuales también.

Related Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-271923-2015-05-04.html
author by Reiniciarpublication date Sun May 10, 2015 16:22author address author phone Report this post to the editors

La Corporación Reiniciar cuestiona la impunidad por parte del Estado colombiano y de los Estados Unidos en los casos de violencia sexual contra menores de edad por parte de militares estadounidenses en territorio colombiano.

La inmunidad diplomática de la cual gozan los militares estadounidenses, contemplada en un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos en el año 1974, con base en la Convención de Viena de 1961; origina la impunidad que se ha dado en estos casos.

Esta inmunidad cobija a los agentes implicados, acreditados y no acreditados, e incluso a sus familiares y permite el traslado de estos procesos a Estados Unidos donde deben ser investigados; pero sin permitir resultados en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En Colombia el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona en incapacidad de resistir, el acceso carnal abusivo con menor de catorce años y los actos sexuales con menor de 14 años están tipificados como delitos en los artículos 206, 207, 208 y 209 del Código Penal; pese a esto los delitos han quedado en la impunidad cuando se trata de agentes extranjeros.

La Corporación Reiniciar, que representó a Olga Lucía Castillo y su hija J.P.B.C. [1] en este caso por violación en agosto de 2007 en contra de los militares Michael Cohen y César Ruiz; enfrentó un sistema estatal que no respondió a sus demandas de justicia y prevalencia de los derechos de los menores.

Si bien J.P., víctima del hecho, su madre y su hermana recibieron por parte de Reiniciar el apoyo psicosocial y jurídico necesarios; su caso no prosperó penalmente debido a los factores que se relatan a continuación. Reiniciar solicitó a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Relaciones Exteriores la protección de los derechos de la menor, pero no obtuvo ningún resultado.

Por ello, Reiniciar presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá e impugnó el fallo negativo ante la Corte Suprema de Justicia reclamando el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la prevalencia y protección de los derechos de los menores, en este caso J.P., presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ambos entes negaron la tutela de este derecho y fallaron negativamente.

Ese fallo negativo se sumó a la negativa para suministrar información sobre el estado del proceso que se encuentra en la justicia penal de Estados Unidos, solicitada por escrito y de manera personal a la Embajada de ese país por los abogados de la Corporación Reiniciar y pese a que sostuvieron dos reuniones con el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en esa época Jim Faulkner.

Por tanto, la Corporación Reiniciar considera que la existencia de ese acuerdo bilateral que otorga inmunidad diplomática a los agentes estadounidenses, la falta de información por parte de la Embajada de Estados Unidos y la negligencia de las instituciones estatales para investigar estos hechos, son factores que fomentan la impunidad en detrimento de los derechos de los menores y su exigencia de verdad, la justicia y la reparación.

Finalmente, la Corporación Reiniciar insta a las instituciones nacionales e internacionales a demostrar su voluntad política en la investigación y condena de estos hechos que atentan contra la dignidad de las menores de edad violentadas sexualmente y también a garantizar justicia en sus casos.

[1] El nombre de la menor se protege para garantizar su integridad

author by Catalina Ruiz-Navarro - El Espectadorpublication date Tue May 12, 2015 20:30author address author phone Report this post to the editors

EN EL AÑO 2007 EL SARGENTO Segundo del ejército norteamericano Michael J. Coen y su hombre de confianza, César Ruiz, drogaron, secuestraron y violaron a una niña de 12 años en la base militar de Tolemaida.

Paola Rueda, psicóloga de la Comisaría de Familia de Melgar, valoró a la menor y dijo que no había duda de la violación. Cuando su madre, Olga Lucía Castillo, comerciante y vendedora de artesanías, fue a la base a reclamar, le dijeron que su hija era “una putica”. Comenzaron las gestiones de denuncia y empezaron a ser seguidas por camionetas de vidrios polarizados. Las amenazaron y tuvieron que huir a Pasto; después a Villavicencio. Fueron visitadas por John Ramírez, un hombre que trabajaba en la oficina de investigaciones criminales del ejército gringo, quien las buscó para sugerirles, con pistola al cinto, que firmaran un papel en el que renunciarían a cualquier indemnización. Olga Lucía Castillo perdió su negocio y hoy su hija tiene 20 años, una hija pequeña y tres intentos de suicidio.

Esta macabra historia vuelve a los medios gracias a que Castillo se fue hasta Cartagena a contarle su caso a la periodista Jineth Bedoya junto a la Iniciativa de Mujeres Nobeles, y a que aparece en el capítulo del académico Renán Vega Cantor en el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, realizado para las mesas de La Habana. Vega Cantor también habla de 53 niñas violadas en la base de Tolemaida, con las que hicieron películas porno que se vendían a 10.000 pesos. Del informe, la noticia saltó al diario digital The Daily Beast, que presenta el episodio como una “historia de horror”. Coincide con la noticia de que agentes de la DEA estuvieron una década haciendo fiestas con prostitutas pagadas con dineros oficiales y complicidad de la Policía, caso que hoy se debate escandalosamente en el Congreso estadounidense.

No es necesario ser un “intelectual de izquierda” para señalar que la relación Colombia-EE.UU. es desigual o para creer en la verosimilitud de estas denuncias, que en su momento fueron registradas hasta por El Tiempo. Sabemos que Ejército, guerrilla y paramilitares también han abusado de las mujeres y niñas de las zonas de guerra y que, en su gran mayoría, estos crímenes quedarán impunes. Pero en el caso de los gringos, existen montones de acuerdos bilaterales que les dan una protección a priori, un teflón que los hace inmunes a una justicia que de entrada es ineficiente. Estas 54 niñas se suman a la lista de miles de niñas y niños, mujeres y ancianos victimizados por los ejércitos gringos en su larga lista de atrocidades en territorio extranjero. ¿Por qué estos crímenes no son considerados “terrorismo”?

Colombia estaría obligada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Cedaw y la Convención Belem do Pará a investigar, castigar y reparar el daño. ¿Cómo? ¡Si los culpables son inmunes! Para la protección de los derechos de estas víctimas, el Estado colombiano debería pronunciarse diplomáticamente, así el gobierno estadounidense por lo menos se percataría de que tiene que procesar a estos criminales, y podría sacar a Coen de su feliz retiro.

Además, ha habido excepciones a las políticas de inmunidad; por ejemplo, en 1985, EE.UU. aceptó extraditar al piloto estadounidense Theodore Bruce Powell a Colombia, tras ser hallado culpable en una corte de Riohacha por un cargo de narcotráfico. EE.UU dio su brazo a torcer porque le interesaba fortalecer la extradición de Colombia hacia EE.UU. ¡Ah, pero eso era por la “Guerra contra el narcotráfico”! En cambio, la memoria y reparación de las víctimas y las vidas de las niñas colombianas no son tan importantes.

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