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Negociando la derrota política, militar y moral de la insurgencia

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Monday April 20, 2015 03:05author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

El ataque en Buenos Aires, Cauca, de una estructura de las FARC-EP en contra de una unidad contra-insurgente de élite del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, que dejó como saldo 11 soldados muertos y varios heridos de consideración, ha puesto nuevamente al rojo vivo el debate en torno al proceso de paz. El sector uribista y el sector santista de la oligarquía se han unido para declarar, con gran estridencia, que esto es una violación intolerable al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que los “terroristas” no han cumplido su palabra y han roto el cese al fuego unilateral, que las acciones militares deben arreciar. Santos ha ordenado reanudar los bombardeos, tras un mes de haber sido suspendidos (mientras proseguía la ofensiva militar en el terreno) y apenas a escasos días de haber decretado que la suspensión de éstos se prolongaría por un mes más. Situación que, aunque de momento no pone a peligrar la mesa de negociaciones de paz, sí nos demuestra que estamos muy lejos del punto de no retorno, refutando algunas visiones excesivamente optimistas. ¿Es necesario insistir en que estos eventos comprueban una vez más que la fórmula de negociar en medio de las hostilidades se vuelve cada día más insostenible?
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Negociando la derrota política, militar y moral de la insurgencia

El ataque en Buenos Aires, Cauca, de una estructura de las FARC-EP en contra de una unidad contra-insurgente de élite del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, que dejó como saldo 11 soldados muertos y varios heridos de consideración, ha puesto nuevamente al rojo vivo el debate en torno al proceso de paz. El sector uribista y el sector santista de la oligarquía se han unido para declarar, con gran estridencia, que esto es una violación intolerable al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que los “terroristas” no han cumplido su palabra y han roto el cese al fuego unilateral, que las acciones militares deben arreciar[1]. Santos ha ordenado reanudar los bombardeos[2], tras un mes de haber sido suspendidos (mientras proseguía la ofensiva militar en el terreno) y apenas a escasos días de haber decretado que la suspensión de éstos se prolongaría por un mes más. Situación que, aunque de momento no pone a peligrar la mesa de negociaciones de paz, sí nos demuestra que estamos muy lejos del punto de no retorno, refutando algunas visiones excesivamente optimistas. ¿Es necesario insistir en que estos eventos comprueban una vez más que la fórmula de negociar en medio de las hostilidades se vuelve cada día más insostenible?

La naturaleza política del debate

No me referiré a los hechos sucedidos en el Cauca, porque son aún objeto de investigación y porque no creo que sea necesario. Han aparecido excelentes contribuciones para demostrar que, fueran cuales fueran las circunstancias del ataque –defensiva u ofensiva- este ni constituye una violación al DIH ni los soldados eran personas protegidas[3]. Pero en realidad ese nunca ha sido el debate. En Colombia todo el tiempo se bombardea campamentos guerrilleros en medio del sueño, aun en medio de treguas unilaterales de la insurgencia; se saca a campesinos de sus camas, con sacos en la cabeza, para luego desaparecerlos, torturarlos, o asesinarlos y presentarlos como guerrilleros “muertos en combate”; se da sistemáticamente tratamiento de guerra a la protesta popular como lo demuestra el reciente caso del norte del Cauca. Eso es pan de cada día en Colombia y nunca, jamás, hemos visto ni al Fiscal ni a ninguno de los que hoy lloriquean por el DIH hacer un escándalo siquiera comparable. El problema no es de orden técnico-jurídico. El problema no es ni el DIH, ni una violación al cese al fuego unilateral de la insurgencia. El problema es de orden político.

Confrontación y negociación

Bien decíamos que la negociación política no sería en Colombia ni un gran sancocho ni un tintico entre amigos, sino la confrontación encarnizada de dos visiones de país radicalmente diferentes[4]. En esta confrontación, la oligarquía ha buscado mantener la hegemonía y lo ha conseguido: las continuas e hipócritas acusaciones del sector uribista de la oligarquía -que se está vendiendo al país a las FARC-EP, que Santos está arrodillado y cede en todo a los insurgentes- apenas sirven para ocultar el hecho irrefutable de que hasta el momento Santos no se ha comprometido a nada sustancial que pueda tocar los intereses estratégicos de la oligarquía y de sus socios en el plano transnacional en ninguno de los puntos de la agenda. Esto es así, por vitriólicas que sean las declaraciones de Uribe y sus compinches, así como por iluminadas que parezcan algunos momentos de lucidez de Santos. La oligarquía colombiana no tiene buena fe, ni voluntad de paz en el sentido real del término. Nunca las ha tenido y nunca las tendrá. Sus concesiones nunca van más allá de lo estrictamente necesario que les permita mantener su hegemonía.

Se ha señalado que la agenda de negociación reflejaba el equilibrio de fuerzas que existía en el conflicto hasta el momento de ser acordada. Alterar ese equilibrio es la prioridad para el gobierno de Santos, que acusa cínicamente a la insurgencia de doble juego, mientras son ellos quienes utilizan esta negociación, como todas las anteriores, para fortalecerse y debilitar a su adversario. Rompiéndose ese equilibrio, la oligarquía no tendrá ningún impedimento, ni moral ni político, para pisotear la agenda, seguir evadiendo los compromisos bilaterales y forzar más y más acciones unilaterales de los insurgentes –es decir, de una manera u otra, lograr la rendición de la insurgencia en medio de la mesa de negociaciones, mediante la hábil combinación de todas las formas de lucha. Busca contener la presión militar y social del conjunto de los detractores del régimen, por todos los medios a su mano, violentos y cívicos, legales y extra-legales. Para este fin, la oligarquía colombiana aplica la misma fórmula que Prashant Jha identifica para el bloque dominante en la India-Nepal, consistente en “negociar, coaccionar, dividir, frustrar, degastar, corromper, engañar, repetir el ciclo y no ceder nada”[5]. Con el agravante de que esta fórmula la aplica mientras sus fuerzas armadas oficiales y para-oficiales arremeten militarmente en contra de la insurgencia y de todo aquel que identifican, aunque sólo sea potencialmente, como base social de apoyo.

Por qué ningún gesto unilateral será suficiente

La insurgencia fariana ha insistido en varias entrevistas que no ha llegado a la mesa de negociaciones derrotada[6]. Eso es verdad: el escenario de la mesa de negociaciones fue forzado por una creciente presión tanto en lo militar como en lo político, desarrollado desde el 2008 en adelante, que puso a la oligarquía entre la espada y la pared, forzándola a replantearse su esquema de guerra total[7]. Ahora bien, el hecho de que la insurgencia no haya llegado derrotada a la mesa de negociaciones, no significa que no pueda salir derrotada de ella. Santos está constantemente tanteando el terreno. Ignora negociar con el EPL, dilata los diálogos con el ELN, tensa las negociaciones con las FARC-EP para ver hasta dónde puede llegar. Decide que se negociará en medio del conflicto –precisamente porque la conviene desde su apuesta de debilitar a la insurgencia durante el proceso de negociación-, festeja sobre las cabezas de guerrilleros abatidos, pero patalea cuando el conflicto arroja resultados que no le complacen. Se para unilateralmente de la mesa, rompiendo todos los protocolos acordados, cuando se captura a un general en un área de operaciones militares (el caso del general Alzate en el Chocó) y exige que se le devuelva unilateralmente. Su comportamiento es recompensado: obtiene lo que quiere a cambio de nada. Y así sigue. Por su parte, la insurgencia decreta un cese al fuego unilateral para abrir un espacio que lleve, eventualmente, al cese al fuego bilateral. Dicen que éste acto unilateral depende de que no se ataquen sus estructuras, pese a lo cual reciben golpes militares contundentes en varias partes del país. Y no pasa nada.

Sea quien sea que haya asesorado a la insurgencia sobre la pertinencia de un cese al fuego unilateral de carácter indefinido (sabemos que deben haber operado grandes presiones, nacionales e internacionales, sobre esta decisión), hasta un medio representante de los intereses del bloque en el poder, la revista Semana, ha debido reconocer que esto fue un mal cálculo político de los guerrilleros que puede tener consecuencias gravísimas sobre su estrategia de negociar:

Adelantarse con un cese unilateral para presionar a la contraparte, como lo hicieron las FARC, sin negar que es un gesto de buena voluntad, también resultó ser un error de cálculo. (…) las acciones armadas de las FARC han disminuido sustancialmente, (…) el cumplimiento del cese se acerca al 95 por ciento. Sin embargo, la ofensiva militar del Ejército no ha bajado. (…) En esas circunstancias ellos mismos [las FARC-EP] no tienen cómo pedirles a los guerrilleros que aguanten la ofensiva por mucho tiempo, sin disparar. (…) El cese unilateral también tiene el problema de que cualquier violación que ocurra, por aislada que sea, es leída como una inaceptable traición a su palabra.”[8]

Al bloque dominante se le agota la paciencia cada vez más rápido, pero tanto la guerrilla como los sectores populares que luchan por sus derechos tienen que aguantar en silencio todos los golpes, todas las humillaciones y enterrar a sus muertos calladitos y sin protestar. A cada acción unilateral, el bloque dominante responde exigiendo más y más acciones unilaterales. Las sistemáticas concesiones unilaterales a la oligarquía colombiana, en lugar de amilanar sus tendencias guerreristas, las alimenta.

¿Cambio de corazón de un sector de la oligarquía?

Nadie puede llamarse a engaños: el “presidente de la paz” -con injusticia social-, tiene firmemente en sus manos las llaves de la paz, que le fueron entregadas en bandeja de plata por la izquierda que llamó a votar por él –de manera crítica unos, de manera entusiasta otros- en las pasadas elecciones; voto táctico que ocultó la derrota estratégica del proyecto transformador de izquierda[9]. Desde entonces, el tema de la paz es indivisible ante la opinión pública de la presidencia de Santos. Nos han querido vender que los “enemigos de la paz” están exclusivamente en el sector uribista de la oligarquía. Craso error en el que ha caído un sector importante de la izquierda que se ha dejado embaucar por una dicotomía inexistente –tanto el sector santista (supuestamente pro-diálogo) como el sector uribista (supuestamente anti-diálogo), pertenecen a la misma oligarquía que ha mantenido su hegemonía intacta por dos siglos de vida republicana a sangre y fuego[10]. Santos no ingresa a la mesa de negociaciones con la intención de alcanzar un acuerdo favorable a los intereses populares, sino como una estrategia más en la recomposición de la hegemonía del bloque dominante y en la derrota estratégica de los sectores populares que la cuestionan. Por ello es que junto con intensificar los operativos militares, ha buscado –de manera momentáneamente exitosa- desmovilizar las luchas sociales en el escenario post-paro agrario mediante la represión, la cooptación, las prebendas y el desgaste. Es decir, combinando las formas de lucha.

Los enemigos de la paz, si por ella entendemos una paz con derechos, una paz con justicia social, y no meramente una paz de los cementerios, son tanto el santismo como el uribismo. Ambos sectores oligárquicos, pese a sus contradicciones secundarias, están totalmente unificados a la hora de defender sus privilegios y su hegemonía absoluta. La discusión entre ambos es de orden táctico, pero nunca de orden estratégico. Por eso es que no han mostrado contradicciones en torno al debate sobre las fuerzas armadas, ya que ambos sectores saben que deben proteger y fortalecer al baluarte último de la defensa de sus privilegios –a ese ejército que por décadas se ha dedicado solamente a matar, desaparecer, torturar y violar al pueblo, que ha demostrado, como les fustigaba Gaitán después de la Masacre de las Bananeras (1928), estar siempre presto a masacrar a su pueblo y a arrodillarse ante los capitalistas extranjeros. El Ministerio de Defensa, capitaneado por Pinzón, sirve de bisagra entre ambas facciones oligárquicas. El Ministro Pinzón, sea cual sea el incierto escenario del actual proceso de paz, es el hombre que tiene todas las condiciones para unir, superada esta coyuntura, a estos dos sectores oligárquicos.

Más allá de los enemigos de la paz: la lucha por la transformación social

Santos tiene, de momento, el sartén por el mango: ha buscado una paz exprés, con pocas concesiones, sin mayor participación, con escasa movilización, y no faltarán los sectores al interior de la izquierda que defiendan esta posición[11]. Sea que la actual coyuntura sirva para acelerar la firma de un acuerdo insustancial para una paz a lo Guatemala, o que una seguidilla de coyunturas sirvan para quebrar la mesa de negociaciones y seguir avanzando en la guerra total, la decisión será tomada en última instancia por esa oligarquía de la cual él es representante. Una salida popular no está en la agenda política del momento, porque los sectores populares están en reflujo y han sido eficazmente cooptados o desgastados en las mil y una mesas de negociaciones que operan intermitentemente en todo el país en el contexto post-paros 2012-2014, las cuales no han llegado ni llegarán a nada sustancial. La oligarquía colombiana nunca ha cumplido su palabra, siempre opera en base a la presión y pretender que se está negociando con un actor honorable, o de palabra, es a todas luces un error. Hoy en día Santos no siente la suficiente presión ni militar, ni social, ni política que le fuercen a replantearse una salida un poco más favorable a los intereses de los de abajo. Es él quien tiene la iniciativa, de momento, para plantear los términos en los que se dará la paz, si es que se da.

La búsqueda de una salida negociada al conflicto social y armado, que sirva de cimiento para construir la única paz posible, es decir, con justicia social y derechos plenos, no pasa ni por rodear al presidente, ni por apelar a la (inexistente) buena fe de la oligarquía, sino por cambiar el escenario que sirve de telón de fondo a la negociación, es decir, la correlación de fuerzas entre el bloque oligárquico y los sectores populares en lucha y resistencia. Así como la instalación de la mesa de negociaciones fue una conquista de la lucha del pueblo colombiano, inclinar la balanza de la paz en un sentido que beneficie a la inmensa mayoría empobrecida y expoliada, también ha de ser fruto de la lucha popular organizada. Para esto se necesita la capacidad de re-pensar colectivamente un proyecto alternativo al de la oligarquía, superar las cansadas fórmulas que no multiplican y ni siquiera suman, ir más allá de la inclusión hacia la transformación social. Se necesita un proyecto audaz de sociedad que vuelva a encantar a una muchedumbre incrédula, que unifique las mil demandas nunca atendidas, que articule políticamente la indignación.

Esta es la única garantía para desarrollar la capacidad de movilizar masas, no solamente en fechas simbólicas, sino que en caliente, en el día a día, la cual hoy es insuficiente. Solamente una amplia lucha popular, de masas, que confronte al establecimiento en base a las demandas más sentidas de los pobres, de los marginados, de los oprimidos en todo el territorio, es la que hoy puede destrabar el estancamiento en el que está el proceso. En Palestina lo llamaron Intifada; en Kurdistán lo denominaron Serhildan; en Nepal, le dieron por nombre Jana Andolan… pero todo es en el fondo el mismo proceso mediante el cual los de abajo sacuden al establecimiento sin pedir permiso a los poderosos. El pueblo colombiano deberá encontrar el lenguaje propio mediante el cual articular un levantamiento popular en contra de un sistema basado en la humillación colectiva del pueblo y en el despojo generalizado a los más empobrecidos. Un sistema que se ha vuelto intolerable para, por lo menos, dos terceras partes de la población. Se insiste en que el proyecto revolucionario no está en la agenda de negociación; pues bien, que sea entonces la agenda de movilización de los pueblos en la que se construya este proyecto. Pero lo que sí está claro, es que la podredumbre es tal que esto no se arregla ni con paños de agua tibia ni suplicándole a una oligarquía acostumbrada a robar, a matar y a mentir.

José Antonio Gutiérrez D.
19 de Abril, 2015


[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ataque-de-las...75376 ; http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-ge...55323

[2] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/santos-or...55165

[3] http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle...uerra ; http://prensarural.org/spip/spip.php?article16626

[4] http://www.anarkismo.net/article/21961

[5] “The Battles of the New Republic: a Contemporary History of Nepal”, Ed. Hurst, 2014.

[6] Ver, por ejemplo, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185605

[7] http://www.anarkismo.net/article/23744

[8] http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-el-ataque...537-3 El razonamiento final de Semana, es que las FARC-EP para no arriesgar el proceso de paz debieran pedir perdón al país (léase al gobierno), lo que equivale a exigir una rendición a las FARC-EP, negar que existe conflicto armado en el país y aceptar el carácter delincuencial que el Estado les ha impuesto, así como la legitimidad del Estado contra el cual se han rebelado. Desde esta lógica, es legítimo que el Ejército los mate, pero no es legítimo que esta organización en armas resista. Esto equivaldría a un suicidio político de la insurgencia.

[9] http://www.anarkismo.net/article/27091

[10] Hasta los uribistas más recalcitrantes defienden la necesidad de continuar los diálogos de paz, como lo expresó insistentemente Zuluaga durante su campaña presidencial. En lo que difieren es en los términos de la negociación y la amplitud que debiera tener la agenda. Ver a este respecto http://www.semana.com/opinion/articulo/uriel-ortiz-soto...389-3

[11] Ver, por ejemplo, un artículo de Fernando Dorado que evita toda mención al cese al fuego bilateral y que plantea la firma de una paz exprés, firmado a las carreras, por mínimo que sea, en perfecta coincidencia de fondo –aunque no necesariamente de forma- con la posición del gobierno. Curioso que al comienzo de la negociación este mismo comentarista criticaba la idea de una “paz perrata”, como la llamaba. http://prensarural.org/spip/spip.php?article16622 A una conclusión semejante llega también el representante de la socialbacanería León Valencia http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-re...568-3

author by DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EPpublication date Tue Apr 21, 2015 04:27author address author phone Report this post to the editors

Termina hoy el ciclo trigésimo quinto de los diálogos de paz de La Habana tras diez días de importante trabajo. En la mesa de conversaciones, como siempre, se prosiguió en la búsqueda de soluciones a los problemas y divergencias que llevaron al conflicto y a su cruel realidad en el campo de batalla; el tema de las víctimas continuó y continúa siendo punto central de nuestras preocupaciones. Por su parte, la comisión técnica integrada por generales y otros oficiales de la República y comandantes guerrilleros se apresta a dar a conocer las fechas de inicio del plan conjunto de descontaminación del territorio de materiales explosivos atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto, sin dejar de lado el perfeccionamiento del programa de desescalamiento que incluye iniciativas de naturaleza distinta a la ya mencionada.

Pero si bien entregamos este parte que debería invitar al optimismo, manifestamos nuestra preocupación por lo que viene sucediendo en el territorio colombiano. No se puede negar que los hechos ocurridos en la noche del 14 de este mes en la vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, no haya sido una tragedia. Y lo fue, porque la guerra es una enorme tragedia. En nuestra patria, una tragedia de más de medio siglo. Precisamente por esto nos encontramos en La Habana.

No puede seguir cayendo el pueblo por la irresponsabilidad de un Estado todos los días más responsable. Cae el pueblo. El pueblo de verdad.

Porque nunca nos hemos visto enfrentadosa soldados de estratos cinco o seis, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Curiosamente estratos estos que sin preocuparse por lo que aconteció la noche del día 14 claman por más sangre al cielo. La sangre ajena, naturalmente.

¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos del 14? Estos interrogantes parecen no ser de la incumbencia de esas clases que conforman el régimen. Y con el poder de los medios en sus manos envenenan al país sin permitir que se establezca con serenidad la verdad de lo ocurrido. Porque no puede haber juzgamiento certero de ninguna naturaleza si de lo que se trata es de envenenar los ánimos y con ello obstaculizar el camino hacia la paz.

Es que si de fotografías de cadáveres se trata, basta recordar la vulgar exhibición de los cuerpos destrozados que la llamada autoridad ha hecho de los comandantes guerrilleros muertos, no en combate, sino mientras dormían en sus campamentos.

Pero lo que deseamos manifestar no toca con la versión gubernamental de lo sucedido esa noche. Nuestra aspiración es que en los próximos días se pueda dar respuesta a los tres interrogantes arriba formulados. Eso sí, reconstruyendo los movimientos del ejército desde las vísperas. Su llegada a la zona: A Comedulce, y su desplazamiento a Naranjal, Bellavista y Betulia. Su entrada a La Esperanza. Todo dejando entrever en la región, que no se trataba de un preparativo para una fiesta. Y esto en medio de la tregua unilateral e indefinida declarada por el Secretariado de las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014 en los siguientes términos: “…inspirados en el derecho de gentes, tradición constitucional colombiana y en homenaje a todas la víctimas ocasionadas en razón del conflicto que buscamos superar, y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte motiva de la agenda de La Habana, y, en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, que debe transformase en armisticio… Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública.

Ahora bien: No vamos a caer en la trampa tendida por quienes interpretan a sus anchas y capricho aquel aparte de nuestra declaración del día 17 de diciembre que señala que la tregua llegaría a su fin de constatarse ataques a las estructuras guerrilleras. Sabemos distinguir entre provocar, incitar, hostigar y azuzar, para lograr un fin dañado, y la necesidad imperiosa y el deber de darle una oportunidad al pueblo todo de reconstruir la nación. Como estamos muy en serio caminando el sendero de la paz, no vamos a ponerla en peligro por darle gusto a quienes miden sus éxitos regresando la situación a fechas anteriores al día en que ordenamos a toda las estructuras de las FARC, mantener en silencio sus armas, eso sí, quedando alertas. Por tal motivo, en el día de hoy reiteramos la decisión tomada en diciembre del 2014. Mantenemos entonces el CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas. Hay que entender que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa.

Llamamos la atención del país para que el cese in situ que hoy se reitera para ser mantenido por las estructuras de las FARC en todo el país, goce de una veeduría. Es de la naturaleza del cese del fuego y hostilidades que esta se cumpla. Su éxito radica allí. Hay mecanismos para hacerla. ¿Cuál puede ser el argumento para que un cese al fuego y de hostilidades no pueda gozar de una veeduría que evite muertes como las acaecidas el 14 de este mes? Tiene la palabra el gobierno.

Para garantizar el buen desarrollo de las conversaciones con el propósito de culminar exitosamente lo trazado en el Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, verdadero Marco Jurídico para la Paz firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012, por los plenipotenciarios de la partes y representantes de los países auspiciadores, se necesita, al decir del argot popular, “templar los nervios”; a la vez, impedir que los intereses partidistas de coyuntura como son las elecciones de octubre próximo, infecten los diálogos; que los odios nacionales que se perciben en todo escrito, en toda declaración, en todo comentario, se depongan; y que la paz sea de todos y para todos, en el buen entendimiento de que al ser el Estado el centro de la responsabilidad de lo acontecido durante los últimos sesenta años, como se desprende claramente de la historia reciente de Colombia y de quien no quiera tapar el sol con un dedo, para la tranquilidad de todos, para alcanzar la verdad de lo acontecido, y por ser un derecho de las víctimas, lo mejor es que el Presidente Santos y su gobierno se apresten a estudiar serena y patrióticamente el cese bilateral sin dilaciones ni temores. Sabe bien el gobierno que las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados. Con ese mismo sentimiento de la muchedumbre decimos: No más muertos. No más. Y que para el bien y conocimiento de todos los compatriotas de lo ocurrido en los últimos sesenta años, que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos!

Como bien lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, "cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del Presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final.

O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre". Entonces preguntamos ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación, o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo.

author by Élber Gutiérrez Roa - El Espectadorpublication date Tue Apr 21, 2015 17:21author address author phone Report this post to the editors

La crisis desatada en el proceso de paz tras la incursión armada de las Farc, que cobró la vida de 10 soldados en Cauca, le dejó grandes lecciones al país: la debilidad de las medidas unilaterales de desescalamiento del conflicto y la consecuente urgencia de buscar mecanismos bilaterales para aliviar la tragedia humanitaria y blindar el proceso son las principales.

Además, volvió a poner en evidencia las falencias de las comunicaciones respecto a los logros del proceso de paz y puso de relieve que la iniciativa de reconciliación no resiste otro ataque como el que el grupo guerrillero perpetró la semana pasada contra los uniformados. Ese es el balance del coordinador residente de Naciones Unidas, Fabrizio Hochschild, quien en diálogo con El Espectador celebró que Gobierno y guerrilla, en declaraciones públicas separadas, hayan reconocido ayer la necesidad de trabajar para recuperar la confianza perdida.

¿Qué lección deja la crisis del proceso de paz?

La debilidad de las medidas unilaterales. Se necesita acordar medidas conjuntas de desescalamiento, donde haya una clara y muy bien definida responsabilidad de cada parte y algún mecanismo conjunto de monitoreo.

Pero el Gobierno ratificó que no se dejará presionar por un cese bilateral y que esas propuestas desvían la atención de la mesa…

Es un reto. Lo que se argumenta es que no estamos para ponernos de acuerdo sobre medidas intermedias, sino sobre el fin del conflicto definitivo. Lo entiendo. Pero esa lógica funciona cuando no hay una negociación prolongada. Cuando es prolongada, en medio de un conflicto y con un público escéptico, si el público no ve resultados sino hechos de guerra, nadie va a tener confianza en el proceso. Dado que la negociación, por la complejidad de los temas, se ha alejado más allá de lo esperado, es muy importante tener medidas que nutran la confianza en el proceso, que muestren que la mesa puede llegar a acuerdos en el camino hacia el fin del conflicto.

Buscar la paz por partes…

En muy pocos casos el fin del conflicto llega con una firma de un día para otro. Normalmente se llega al fin del conflicto a través de medidas de construcción de paz, progresivas, muchos intentos de cese al fuego fallados, muchas medidas de construcción de confianza que se van acumulando hacia un cese definitivo. Pensar que se puede tener un tren del conflicto a 200 km y que de un momento a otro ese tren va a parar es muy difícil.

Verificar un hipotético cese bilateral sería un nuevo desafío...

Más en el caso colombiano, en donde todo el tema del conflicto está mezclado con el de operaciones puramente criminales ligadas a narcotráfico, minería ilegal, etc. Tener un sistema muy sofisticado y robusto de verificación es fundamental para que un eventual acuerdo de cese al fuego tenga chances de ser sostenido. ¿Quién lo va a hacer? Depende de lo que se acuerde en La Habana.

¿Qué tan tranquilo lo dejan las declaraciones que este lunes dieron por separado los negociadores de Gobierno y Farc?

Vi en los dos pronunciamientos mucha madurez sobre el daño que el ataque del 14 de abril produjo, pero vi también un compromiso de seguir adelante con esfuerzos para llegar a un acuerdo que va a asegurar que ese tipo de ataques no se repitan. Quizá lo que faltaba era un indicio de las medidas que se van a tomar en la mesa para evitar que se repitan estos hechos. Porque creo que el proceso, dados los niveles de escepticismo que hay, no puede sobrevivir a más ataques de este estilo. Por eso es importante blindarlo con medidas virtuosos, como las que se habían producido antes del ataque.

¿Está errada la estrategia de comunicación?

No tanto errada. Ha habido una falta en la comunicación sobre lo que el proceso ya ha alcanzado. El escepticismo se debe a muchos factores, pero también a un desconocimiento sobre el pasado. Un desconocimiento de ciertos actores sociales sobre el impacto del conflicto y cómo el proceso ha aliviado ese impacto. Un colombiano afectado es demasiado, pero hay tendencias positivas que no han sido destacadas lo suficiente y por eso oscurece muy fácilmente cuando hay una crisis de este tipo.

¿Y de dónde saca usted que hay fallas en la difusión de estos temas?

El llamado por mejor comunicación es algo que he escuchado de todos los dirigentes de muchos sectores políticos, de grupos de mujeres en Cauca, afrocolombianos en Tumaco y gobernadores desde Antioquia hasta Norte de Santander y Nariño. Hay necesidad de tener más comunicación y más diálogo. Pero no va a ser fácil. El problema es cuando el conflicto está muy alejado de los centros urbanos, donde las personas lo conocen más a través de los medios que en carne propia. Entonces la urgencia de resolverlo no se conoce.

¿Está lo suficientemente sólido el proceso para superar esta crisis?

No hay proceso de paz sin estas crisis. En Sudáfrica, opositores al proceso armaron a parte de la población para atacar al partido de Nelson Mandela y hubo cientos de muertos, pero el proceso logró superarlo. En Irlanda del Norte, un año antes de la firma de la paz, después de que el Ira anunciara cese al fuego, se produjeron nuevos ataques con muertos. El proceso logró superar esta crisis. El proceso no es lineal, pero cuando se producen esos ataques hay que apoyar a los afectados y, al mismo tiempo, redoblar esfuerzos para que no se repitan dichas acciones.

¿Qué deben hacer las partes para no dejarse llevar por el fatalismo de las voces incautas?

Es necesario que se acuerden medidas para blindar el proceso de negociación en un ámbito en donde hay mucho escepticismo. Y, sobre todo, que se tomen medidas para reducir el sufrimiento del conflicto, que es la realidad para cientos de miles de colombianos. En ambos casos, las medidas deben tomarse lo antes posible. La prioridad es llegar a donde estaba el proceso antes. Había una promesa de cambio en la lógica de ataques y contraataques, que se inició con el cese al fuego unilateral el 20 de diciembre.

¿Y qué tan cierto será que los opositores políticos del gobierno Santos están tratando de sacar provecho de la crisis?

Hay una contradicción entre el apoyo total internacional al proceso y el escepticismo en la población nacional. Muchos de los escépticos se ven apoyados por el ataque del 14 de abril y es allí donde toca explicar mejor, comunicar mejor y seguir adelante, y no perder de vista que lo que se está intentando es un cambio histórico en Colombia. Si se responde a este ataque con una intensificación del conflicto no habrá menos Fuerzas Armadas muertas. Sólo más guerrilleros muertos.

Related Link: http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-reto-de-los-acue...56187
author by Semanapublication date Tue Apr 21, 2015 17:28author address author phone Report this post to the editors

Kai Ambos, profesor y magistrado alemán y experto en justicia transicional quien lleva 25 años siguiendo el caso colombiano habla del atentado de las FARC, la crisis de las altas cortes y del proceso de paz.

Semana.com: Ayer las FARC asesinaron a 11 miembros del Ejército mientras se encontraban dormidos, lo cual ha generado una enorme indignación en el país. El fiscal dice que estos actos se pueden entender en el marco del DIH como un crimen de guerra entendido como homicidio en persona protegida. ¿Qué piensa de ese calificativo y qué efectos tendría?

Kai Ambos: Si se aplica el Derecho Internacional a este incidente, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ser considerados personas "protegidas", pues este calificativo es solamente aplicable a los civiles. De hecho, miembros de las Fuerzas Armadas son blancos militares por su estatus y pertenecen a una parte del conflicto, al igual que los miembros de las FARC pertenecen a la otra parte del conflicto. Estos combatientes (de facto) por estatus solamente gozan de inmunidad frente a ataques si han depuesto las armas o han sido puestos fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa.

Semana.com: Usted ha acompañado muchos procesos de justicia transicional alrededor del mundo. Aquí en Colombia el debate alrededor de ese tema ha girado en torno a cárcel o no cárcel ¿Qué piensa?

K. A.: En la justicia transicional la pena en el sentido tradicional tiene un papel secundario. Lo que se busca es lograr un paquete de mecanismos de los cuales la verdad, la admisión de crímenes, la reparación para las víctimas, garantías de no-repetición, etc. son más importantes. Claro, no es posible que una parte del conflicto se niegue a reconocer su responsabilidad. Algo tiene que ser reconocido y, consecuentemente, alguna sanción debe haber. Allí hay una serie de posibles penas alternativas o sanciones que no implican necesariamente una pena privativa de libertad.

Semana.com: El presidente Santos le ha pedido al procurador Alejandro Ordoñez que “no se meta” en el proceso de paz. Como usted sabe, él no sólo es un gran crítico de los diálogos en La Habana, sino que ha acudido a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional para exponer su desacuerdo. ¿Qué opina de esa intervención?

K. A.: El procurador puede intervenir de acuerdo con su papel constitucional y claramente puede opinar como cualquier ciudadano colombiano. Lo que no puede es representar Colombia, como sujeto jurídico de derecho internacional, en el exterior y ante organismos internacionales. Esta función solamente les corresponde, en un Estado de derecho y según las reglas de derecho internacional, al presidente y a los ministros designados por él.

Semana.com: Y ya que hablamos de la CPI, ha hecho carrera la tesis de considerarla el gran “coco” del proceso de paz. Pero por otro lado, en los años que lleva ha logrado condenar apenas unas cuantas personas. ¿Cree usted que la corte es un “coco” o un “tigre de papel” para el proceso colombiano?

K. A.: Claramente, y sobre todo en estos momentos con la crisis en el medio Oriente y la guerra en la Ucrania, la Corte es más un tigre de papel que un coco. Hay muchas denuncias de la Corte en manos de la Fiscalía contra todos los actores en el conflicto armado en Colombia pero ninguna fue formalizada, o sea ninguna salió de la fase preliminar de investigación a la investigación formal con identificación de casos concretos y sospechosos.

Semana.com: ¿Cuáles son las posibilidades reales de una intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia?

K. A.: En este momento no veo esta posibilidad. También por el hecho que en Colombia hay un sistema judicial que está actuando, o sea no es la situación de un Estado plenamente incapaz o sin cualquier voluntad. Claro, siempre se puede mejorar y de hecho, si no se producen resultados concretos, por ejemplo en el tema de los falsos positivos, es bastante factible que la Fiscalía de la Corte en un momento va formalizar una investigación.

Semana.com: El expresidente Gaviria propuso hace unas semanas que la justicia transicional debería ser para todos (militares, ganaderos, políticos, terratenientes, etc.) ¿Qué opina de esto?

K. A.: Tiene razón, pero la base de esta afirmación ya se encuentra en el artículo 6 inc. 5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Según este, se debe buscar una amnistía amplia al terminar un conflicto armado. La idea de esta norma es que las partes no deben ser responsabilizadas penalmente para los actos que fueran parte intrínseca de las hostilidades, lo que, sin embargo, no cubre crímenes de guerra u otros crímenes internacionales. Por otro lado, en los procesos de justicia transicional siempre se ha beneficiado también la fuerza pública y no solamente los actores no-estatales. Para ellos se parte en principio de la idea del artículo 6 inc. 5. Es decir, de una cierta simetría de las partes que implica que los militares deben beneficiarse por igual que los alzados en armas.

Semana.com: Usted es quizás uno de los expertos extranjeros que mejor conocen el sistema judicial en Colombia. ¿Cuáles cree que son sus grandes problemas?

K. A.: Este es un tema muy complejo, pero en el fondo creo que los problemas vienen de la formación en las facultades de Derecho, incluso del sistema de la educación primaria o secundaria. En Colombia se puede ver claramente la diferencia entre una persona que estudió bachillerato en un colegio privado, sea religioso o extranjero, y las personas que vienen del sistema educativo público. Esto se reproduce en las universidades, pues la diferencia entre las mejores y las peores es abismal. Algunas excepciones pueden confirmar la regla. Entonces, para mejorar este sistema judicial no es suficiente un control de los egresados, se necesitarían reformas estructurales de todo el sistema educativo. De hecho, si este control fuera demasiado estricto, usando por ejemplo el modelo del examen alemán, al final la Fiscalía y el Poder Judicial quedarían sin funcionarios.

Semana.com: Esa crisis ha llevado al Gobierno y a las mismas cortes a proponer reformas, por ejemplo en el proceso de selección de magistrados. ¿Usted cree que eso se necesita?

K. A.: En casi todos los países del mundo hay un componente político en la elección de magistrados. Es decir, una participación de la rama ejecutiva o de la legislativa. Soy escéptico respecto a que la elección directa por las altas cortes sea una alternativa mejor en términos en garantía de calidad y ética de los elegidos y de transparencia del proceso.

Semana.com: ¿Y entonces?

K. A.: El problema es más estructural, más de fondo, tiene que ver, como ya dije, con la formación y la calidad de los abogados en general. Creo que lo que falta es una opinión pública, sobre todo promovida desde las universidades, que sea suficientemente crítica y que preste atención a los problemas de la justicia. De hecho, las universidades son parte del problema porque quieren colocar sus candidatos o sea sus egresados independientemente de sus calidades.

Semana.com: ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser magistrado de una alta corte?

K. A.: Hay estándares internacionales que pueden darle luces a Colombia para resolver esa pregunta. Por ejemplo, en el Estatuto de Roma y sus reglamentos hay unos requisitos básicos para ser magistrado de la Corte Penal Internacional. Allí están consignados básicamente dos criterios. Por un lado, adecuadas formación y calidad como profesionales de derecho. Por otro lado, integridad personal y ética más allá de cualquier duda. Lo importante no sólo es que los requisitos estén consignados en una norma, sino que sean cumplidos en la práctica y sean tomados en cuenta en el proceso de selección. Allí el control por la opinión pública es muy importante.

Semana.com: Ya que habló de que esos requisitos también deben aplicar a todos los profesionales del derecho, ¿Qué opina de la propuesta del ministro de Justicia, Yesid Reyes, de realizar exámenes de Estado a los abogados?

K. A.: En principio me parece bien la idea de un control de calidad de los egresados de las Facultades de Derecho. Cómo se hace este control es un tema abierto a debate. El examen del Estado es el sistema que usamos en Alemania. Este es un requisito no sólo para terminar la universidad, sino también para entrar al trabajo práctico de abogado, fiscal o juez. Obviamente, hay otras posibilidades, por ejemplo el modelo de las Escuelas de Magistratura para jueces y un examen específico para los abogados (como, por ejemplo, el Bar Exam en los Estados Unidos o el examen del “Ordem dos Advogados” en Brasil).

Semana.com: Y en Colombia ¿cuál cree que funcionaría?

K. A.: Lo que creo es que ya está claro que la situación colombiana en la que cualquier egresado de una facultad de Derecho puede practicar como abogado no debería continuar. También considero que debe haber un concurso más estricto para entrar a la Fiscalía o la Magistratura. Hay demasiadas facultades de Derecho de mala calidad e incluso las facultades con mejor reputación no garantizan la calidad de sus egresados. Yo llevo trabajando 25 años en Colombia. He sido profesor en varias universidades del país al nivel de posgrado y siempre me sorprende el bajo nivel de los estudiantes, entre ellos fiscales y jueces con larga experiencia práctica. Claro, siempre hay excepciones, pero los mejores estudiantes son normalmente aquellos que estudiaron afuera, especialmente en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

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author by Horacio Duquepublication date Wed Apr 22, 2015 18:03author address author phone Report this post to the editors

Los combates propios del prolongado conflicto social y armado, ocurridos la semana anterior en el Norte del Cauca, donde se dieron cruentos enfrentamientos entre los actores en combate (contraguerrilla anticomunista y guerrilla revolucionaria); y, simultáneamente las crueles masacres de indígenas ejecutadas por grupos paramilitares, acompañantes de las fuerzas contrainsurgentes de las brigadas militares Apolo del gobierno de Santos, han perfilado una “coyuntura critica”, una encrucijada política, que nos indica, nuevamente, el cierre de un ciclo histórico y la apertura de otro, en la que las acciones y omisiones de los sujetos resultan teniendo espacios y posibilidades de remontar condicionamientos estructurales, y cuyo desenlace tendrá importantes consecuencias de mediano y largo plazo en el escenario político nacional, como la necesaria convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

No sobra reiterarlo, los graves acontecimientos de guerra ocurridos en el municipio de Buenos Aires, son la directa consecuencia de la estrategia oficial de negociar el fin del conflicto en medio de la guerra. Más puntualmente, del disparate santista elaborado por el sionismo israelí de conversar en La Habana ignorando la guerra nacional y seguir la guerra como si en Cuba no ocurriese nada. Un verdadero exabrupto liberal que se ingenió como artimaña para sacar ventajas e imponer los enfoques del bloque oligárquico dominante que se empeña en una paz con injusticia social y democracia neoliberal.

Intentemos un balance del proceso de paz de La Habana que despegó desde el año 2011 con acercamientos y conversaciones reservadas entre las Farc y Santos.

Primero. La Mesa de conversaciones de La Habana fue el resultado de la constante potencia militar y política, desplegada por las Farc y demás grupos insurgentes desde finales del 2007, que coloco a la defensiva al bloque dominante de la oligarquía, obligándola a descartar su estrategia de guerra final y de exterminio absoluto de la resistencia campesina y popular.

Segundo. El Acuerdo especial para la terminación del conflicto y la Agenda temática, reflejo la correlación de fuerzas existente en su momento. El preámbulo, las reglas de juego, la organización de la mesa, el papel de los garantes internacionales, los temas y el mecanismo constituyente de refrendación, resumían plenamente la fuerza y capacidad acumulada por el movimiento popular y la guerrilla.

Tercero. En plena globalización, el escenario cubano, resultó óptimo para la delegación plenipotenciaria de las Farc, pues el ambiente sosegado de los diálogos ha permitido el pleno ejercicio del conocimiento, la inteligencia, epistemología y sabiduría que se desprenden de la estrategia revolucionaria socialista. Nada de presiones y trampas de los tahúres oficiales, acostumbrados a jugar con cartas marcadas. Trascendental que el contexto de Cuba socialista fuese el espacio de La Mesa, pues el ejemplo de las conquistas populares ha sido un estímulo crucial al pliego histórico de las masas populares colombianas.

Cuarto. Tres acuerdos en asuntos cruciales: tierra, democracia ampliada y cultivos de uso ilícito, son indicadores de la seriedad con que se han desarrollado los diálogos. De la misma manera, consensos en temas como el desminado y desescalamiento del conflicto, pactados entre comandantes guerrilleros y oficiales del ejército, son pruebas contundentes de los avances de la Mesa de La Habana.

Quinto. La tregua unilateral determinada por las Farc, desde noviembre del 2014, le mostró al país la voluntad de avanzar en la superación de la guerra. Nunca antes se había dado un hecho de ese nivel y los efectos están a la vista con la disminución sustancial de la violencia.

Sexto. Santos no fue reciproco y su aparato militar prosiguió las acciones ofensivas asesinando líderes guerrilleros, asaltando campamentos, desapareciendo militantes populares y promoviendo e instalando nuevos grupos paramilitares por todo el territorio nacional. En Colombia, dice J.A. Gutiérrez, todo el tiempo se bombardea campamentos guerrilleros en medio del sueño, aun en medio de treguas unilaterales de la insurgencia; se saca a campesinos de sus camas, con sacos en la cabeza, para luego desaparecerlos, torturarlos, o asesinarlos y presentarlos como guerrilleros “muertos en combate”; se da sistemáticamente tratamiento de guerra a la protesta popular como lo demuestra el reciente caso del norte del Cauca.

Sexto. El sabotaje, con el doble juego santista del Ministro uribista Pinzón, al proceso de paz ha sido una constante durante los últimos 30 meses. Uribe Vélez ha construido una corriente militarista que involucra generales, oficiales y paramilitares, para bloquear y estigmatizar los diálogos. Para cambiar la correlación de fuerzas a su favor. Altos oficiales, con el consentimiento presidencial y ministerial, han chuzado, infiltrado, descalificado y macartizado la salida negociada al conflicto. De ese juego han hecho parte los dos delegados militares en La Habana. El más reciente episodio en ese sentido fue el ruido de Rangel Mora quien, en la práctica, termino desplazando a De La Calle y a Jaramillo como jefes del grupo. Fue una especie de “golpe suave” a la paz, en complicidad con los voceros periodísticos y de la Acore del uribismo.

Séptimo. Como el modelo neoliberal no se negocia, según la determinación de Santos, hasta la fecha el gobierno no se ha comprometido en nada que pueda afectar su régimen social y el de las multinacionales. Por el contrario, la Casa de Nariño, ha seguido adelante con su agenda neodesarrollista, incrustada en el Plan Nacional de Desarrollo que reúne descaradamente el recetario neoliberal de la OCDE y demás organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.

Octavo. El funcionamiento de La Mesa de diálogos ha sido un descomunal pivote de la lucha popular y la acción colectiva. Las grandes acciones campesinas del 2013, 2014 y las que se desplegaran desde el próximo 22 de abril, reciben el estímulo de la potencia emancipadora de la resistencia campesina revolucionaria. Han surgido nuevas subjetividades asociadas con la paz y grandes movilizaciones, ligadas a la memoria histórica, han enriquecido el espacio público democrático. Sin embargo, el proceso de paz, la lucha por los cambios demandan una acción directa, en caliente, de los movimientos sociales, con sus pliegos y demandas. Los desfiles y marchas simbólicas no pueden reemplazar el alcance radical de acciones como las de los indígenas del Cauca, los alzamientos obreros, las huelgas estatales, los bloqueos de carreteras, los paros de maestros y las huelgas campesinas. El alzamiento popular debe llegar a nuevos niveles de acción política evitando, claro está, la claudicación y conciliación de las Mesas que terminaron subsumidas en el transformismo ministerial de la revolución pasiva de tercera vía del señor Santos y sus asesores agrícolas.

Noveno. Merced a los diálogos de paz, el Polo Democrático resurgió del despeñadero en que lo habían colocado en Bogotá. Clara López y Aida Abella, con la bandera de la reconciliación y la terminación de la guerra, recibieron el respaldo de más de 2 millones de colombianos, que las votaron con entusiasmo e independencia como candidatas en las elecciones presidenciales del 2014. Estas dos líderes, junto al senador Iván Cepeda, alcanzaron la envergadura de verdaderos referentes progresistas, con enormes potenciales para conducir un gran movimiento de cambios en los meses venideros, particularmente en las próximas elecciones de autoridades locales infiltradas desde ya por la mermelada, la corrupción y el clientelismo de la partidocracia sistémica. La Mesa de paz de La Habana tendrá un gran influjo en el proceso político del 25 de octubre.

En igual sentido, dichos líderes tendrán un rol destacado en la Asamblea Constituyente por la paz que habrá de convocarse para Salir de la enorme crisis orgánica y sistémica que sacude al régimen político dominante.

Décimo. Los medios de comunicación y la denominada opinión pública predeterminada por estos, han sido y siguen siendo un obstáculo perverso para el proceso. Las grandes maquinas mediáticas reflejan y reproducen los intereses de reconocidos oligarcas como Sarmiento Angulo (El Tiempo), familia Santo Domingo (El Espectador), Grupo Prisa de España (Caracol), Ardida Lule (RCN y NTN24), familia Santos (Revista Semana) y los monopolios inmobiliarios regionales (Vanguardia Liberal, el Heraldo, etc.) familia Lloreda (El País), paramilitarismo paisa (El Colombiano, el Mundo), que hacen un sabotaje sistemático, con mentiras y tóxicos, a la Mesa de La Habana.

Los seudo analistas políticos, los y las (como cierta filosofa) columnistas de opinión, favorecidos con salarios y cheques de sus encumbrados patrones, construyen sofismas y narrativas arbitrarias para imponer la cosmovisión de las clases dominantes acérrimas enemigas de cualquier cambio democrático en la vetusta sociedad colombiana.

Once. La reciente Cumbre de Panamá constituyó un importante apoyo al proceso de La Habana, pues registro el triunfo de Cuba socialista y del bloque antiimperialista latinoamericano liderado por Venezuela bolivariana y chavista. Obama, representante de un imperio en retirada merced al contrapoder geopolítico oriental, debió admitir los errores, atropellos y equivocaciones cometidos contra el pueblo cubano durante más de 60 años. Es lo que Santos no vio, no leyó, ni escucho, pues como representante del bloque contrainsurgente del poder oligárquico sigue con la misma mentalidad violenta de hace 60 años. Este tipo se quedó en la guerra fría, en el anticomunismo cerril, en el odio al pueblo, en el dominio clientelar, en la misma corrupción.

Doce. La paz solo puede avanzar si se da un cambio profundo en los aparatos militares y de inteligencia del gobierno. Si los generales anticomunistas siguen con su sabotaje artero a La Mesa de La Habana, el cierre de las conversaciones tendrá mucho más complicaciones y obstáculos.

Trece. La paz exprés, la desesperada entelequia santista, con fechas puntuales es una falacia gubernamental que pretende distraer el verdadero debate para llegar a un consenso definitivo.

Catorce. La paz no será una realidad si Santos pretende resolver la actual grave crisis económica ocasionada por la caída de los precios del barril de petróleo, afectando las condiciones sociales de millones de colombianos sumidos en la pobreza. Que la crisis la paguen los ricos, no los débiles de la sociedad.

Quince. La agenda política de la delegación revolucionaria en La Habana hace parte de una estrategia revolucionaria para derribar el régimen oligárquico imperante en el Estado. Hace parte de la lucha por la democracia avanzada, por el socialismo y el fin de la sociedad mercantil neoliberal.

Diez y seis. Hay que mantener la firmeza frente a las bravuconadas de Santos y su compinche Uribe Vélez. Los revolucionarios no arrugan ni se dejan intimidar. La oligarquía es cobarde no tiene buena fe, ni voluntad de paz en el sentido puro del término.

Si la oligarquía quiere 100 años más de guerra, guerra popular prolongada tendrán. Han sido 500 años de guerra colonial, de violencia contra los indígenas, contra los esclavos afro, contra los campesinos y los obreros y la lucha se mantiene. Esa es la gran lección de Cuba, la de Venezuela y la del resto de los pueblos de nuestro continente.

Diez y siete. ¡No más Santos! ¡No más Uribe Vélez! ¡No más oligarquía putrefacta y asesina!

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author by TeleSURpublication date Fri Apr 24, 2015 06:18author address author phone Report this post to the editors

A raíz de la muerte de 11 militares en El Cauca circuló la versión de que se había tratado de un ataque de las FARC-EP contra personal indefenso. La versión de los habitantes de la vereda “La Esperanza”, lugar en el que se registró la muerte de 11 soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo de las Fuerzas Militares (FFMM), es muy diferente a la que se ha conocido como la versión oficial. Luego de la muerte de los militares, diferentes sectores se han manifestado en contra y en pro de la continuación de los diálogos de paz en La Habana. Las voces más radicales propugnan por un escalonamiento del conflicto y dar por terminadas las negociaciones. De otro lado son muchos quienes piden que continúen los diálogos y se declare un cese al fuego bilateral. De igual manera que se investigue a profundidad toda la cadena de acontecimientos que llevó al enfrentamiento donde murieron los 11 militares.

Según la verificación realizada por el Frente Amplio por la Paz, cerca de 300 habitantes del caserío, denunciaron que los militares se habían apostado en el polideportivo del caserío desde el pasado 19 de marzo y no se retiraron de allí, pese a los reclamos de los habitantes, argumentando que “tenían una orden superior” para permanecer en el centro urbano. Según los testimonios entregados por los habitantes de la vereda “La Esperanza” en el municipio de Buenos Aires, Cauca, los disparos comenzaron a escucharse hacia las 11:30 de la noche (hora local) del martes y solo terminaron entre las 5 y las 6 de la mañana del miércoles 15 de abril, este testimonio deja claridad en el hecho de que sí hubo combates entre el Ejercito y la Guerrilla, y no un ataque unilateral, como han afirmado los medios.

En cuanto a las afirmaciones de oficiales militares, en torno a que los militares estaban en el polideportivo para resguardarse de la lluvia, y solamente desde la misma noche del enfrentamiento, la comunidad afirma que cuando comenzaron los combates no estaba lloviendo y que solo después de varias horas de comenzados los enfrentamientos fue que el clima comenzó a arreciar. Según Cristian Delgado, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, los habitantes de la vereda La Esperanza, solicitaron a los militares que se retiraran del Polideportivo puesto que es un espacio para la población civil y se encuentra a tan solo 50 metros del sector poblado, los militares se retiraron durante 4 días pero volvieron y se asentaron allí, instalando una base militar desde el 11 de abril, es decir, 5 días antes del hecho que dejó un saldo de 11 militares muertos. Esta evidencia dejaría claro que los militares, asentados en la base sí tuvieron las condiciones para defenderse siguiendo los protocolos de seguridad para la instalación de una base militar.

Adicionalmente los habitantes denunciaron, ante la delegación del Frente Amplio, que en la cocina de una de las casas del sector poblado, se encontró el cuerpo sin vida de uno de los militares, lo cual evidenciaría que hubo clara infracción del Derecho Internacional Humanitario, al usar el polideportivo como base militar, pero también al buscar las casas de los civiles para resguardarse en medio de un combate y en una zona de alta confrontación. Así las cosas, la versión entregada por militares y reproducida por diversos medios de información quedaría desmentida por los habitantes de la vereda, quienes son los testigos directos del lamentable hecho.

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