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Colombia: La “reparación a las víctimas” como un nuevo mecanismo de despojo

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Wednesday September 02, 2015 06:46author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas.
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La “reparación a las víctimas” como un nuevo mecanismo de despojo

El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste consiste en quitar sus posesiones a pobres que, supuestamente o en la realidad, se hayan beneficiado por acciones de la insurgencia, y entregarlas al Fondo de Reparación de las Víctimas. Mientras tanto se le quita a los pobres, no se ha tocado a uno sólo de los ganaderos ricos y terratenientes que han acumulado más de 7 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego al campesinado durante las últimas tres décadas. Para estos latifundistas y agroindustriales, el gobierno ha inventado el eufemismo de “ocupantes de buena fe”. La buena fe, se sabe, es patrimonio de los ricos; los pobres siempre actúan de mala fe.

Dos casos demuestran esta peligrosa tendencia. Por una parte, está la situación de cerca de 280.000 hectáreas en partes de los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán y parte de Cartagena de Chairá (Meta y Caquetá) que serían, según las autoridades, fincas de las FARC-EP, compradas o adquiridas en territorios baldíos, actualmente en manos de testaferros[1]. Con total desparpajo, la estridente periodista española Salud Hernández, apologista del uribismo (y del paramilitar Carlos Castaño)[2], ha distorsionado la realidad colombiana al punto de hacerla irreconocible, afirmando, sin siquiera sonrojarse, que las FARC-EP, y no su círculo de asociados políticos, serían los terratenientes más grandes de Colombia[3]. Esto, en un país en el cual, según el Censo Agropecuario, el 41% de las 113.000.000 de hectáreas censadas, se encuentran en manos del 0,4% de los propietarios, mientras que el 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria tiene menos de 5 hectáreas, ocupando apenas el 5% del área censada[4]. Con asombro, vimos un sensacionalista capítulo de “Los Informantes” en el cual se hacía un “reportaje” sobre las supuestas fincas de los insurgentes, así como la presunta utilización de indígenas en el área para hacerse de territorios. En él, entrevistaron a burócratas de toda laya, pero sin embargo, no se entrevistó a uno sólo de los propietarios afectados o a personas de esas comunidades[5]. Así de prolijo es el mediocre periodismo colombiano. Estas tierras, curiosamente, están en territorios que han sido solicitados para prospección petrolera[6].

El segundo ejemplo lo constituye el caso que hoy viven los vecinos del barrio Simón Bolívar en Planadas, Tolima, quienes fueron informados en Junio, durante un operativo desproporcionado e intimidatorio por parte de la DIJIN y de la Brigada Móvil 8 del Ejército, que sus viviendas serán incautadas por las autoridades para “reparar a las víctimas”[7]. El año 2000, según la Fiscalía, las FARC-EP habrían invadido esos terrenos baldíos y dividido los lotes para repartirlos entre personas sin vivienda, en su mayoría desplazados por el incremento de la violencia paramilitar en esa región de Tolima. Sin embargo, las propiedades fueron regularizadas el 2004, adjudicándose títulos de propiedad, llegando los servicios públicos y construyéndose las viviendas sólidas con el esfuerzo comunitario y con algún apoyo de la Fundación Carcafé. Hasta la fecha, las familias de 24 viviendas han sufrido de “secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo”, pero todas las 136 familias del barrio se encuentran viviendo una auténtica pesadilla porque saben que quieren arrojarlos a todos a la calle, incluidos los más de 300 niños que viven ahí. En las inmediaciones, se está ampliando el aeropuerto militar y ya al barrio lo tienen convertido en un ghetto enrejado. Cabe destacar que, debido al hecho que la mayoría de los habitantes del barrio han sido desplazados, este nuevo hecho constituye una re-victimización de esta población que se verá forzada nuevamente a desplazarse.

Estas acciones por parte del gobierno representan, ante todo, un simulacro de reparación cosmética donde, en realidad, no ha habido nada. La política de víctimas del gobierno ha sido un fiasco estrepitoso y mediante estas acciones, como siempre inclinadas exclusivamente hacia la insurgencia, buscan dar la apariencia de acciones justicieras mientras la injusticia sigue siendo la ley en todo el país. Esto representa, además, un castigo en contra de personas que han vivido en zonas de control o influencia guerrillera, en nada diferente a las doctrinas contra-insurgentes del pez y el agua con los cuales se abusó de la población civil durante buena parte del siglo XX y del XXI. No se puede ignorar la realidad del conflicto, ni que los movimientos insurgentes han construido legitimidad en vastas zonas del país, en muchos casos, desarrollando políticas sociales donde el Estado ha sido incapaz o no le ha interesado hacerlo. Que sean las FARC-EP las que hayan garantizado el derecho a la vivienda o a la tierra a sectores vulnerables, no es algo por lo cual se deba criminalizar a la población. Esta situación revela, una vez más, el nulo interés de Santos en solucionar las causas estructurales del conflicto, así como la naturaleza mezquina y revanchista de la oligarquía colombiana.

Lo más escandaloso del caso, es que el propio Santos se apoya desvergonzadamente en lo discutido en el proceso de paz para avanzar en la expropiación de campesinos. Según él, el Banco de Tierras contemplado en los acuerdos parciales de La Habana, creado con el fin de reparar a las víctimas del despojo, saldría de tierras que se incautarían en zonas de influencia insurgente[8]. Si así es como el Estado pretende interpretar mañosamente los acuerdos del proceso de paz, entonces el post-conflicto sería un festín para quienes se han enriquecido a manos llenas durante el conflicto, mientras que los pobres vivirán una violencia y un despojo sin precedentes. De seguir así las cosas, se vendría una paz a la guatemalteca, una paz más violenta que la guerra. Si se va a sacar de los pobres para, supuestamente, reparar a las víctimas, estamos entrando a un camino muy peligroso pero el cual es bien conocido por el gobierno desde la época de la guerra del trapo rojo con el trapo azul… el de poner a pobres contra pobres y reforzar esa guerra caníbal entre los más necesitados. Mientras los pobres se matan entre ellos, los ricos se hacen finalmente con las tierras y sus recursos naturales. A río revuelto, ganancia de pescadores dicen por ahí.

Dejar pasar esto, cruzarse de brazos ante esta infamia, tendría consecuencias terribles para la perspectiva de que el país pueda superar, efectivamente, el actual conflicto social y armado. Hace rato que los derechos humanos (o mejor dicho, una interpretación burda de éstos) vienen siendo utilizados por el gobierno colombiano como un arma más de la guerra contra-insurgente[9]. Pero esto es elevar esta doctrina a un nivel totalmente nuevo. La utilización del discurso de las “víctimas” para seguir adelantando el despojo en zonas de interés para el bloque dominante, es una de las cosas más graves que están ocurriendo en estos momentos en Colombia. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es una perversión del espíritu de todo lo que ha reclamado el movimiento popular colombiano, la cual servirá para seguir despojando, re-victimizando y desplazando a campesinos pobres, mientras que sigue la acumulación de tierras y riquezas por parte de los latifundistas y la élite dorada que rodea a Santos. Para esto, mejor sería no tener Ley de Víctimas.


José Antonio Gutiérrez D.
1º de Septiembre, 2015



[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/las-tierras-que-s...770-3 Hay más tierras en la mira del Estado http://www.eltiempo.com/politica/justicia/finca-de-las-...74601
[2] Como se desprende de la apasionada introducción que escribió al libro del paramilitar titulado “Mi Confesión”.
[3] http://www.elmundo.es/america/2013/08/03/colombia/13755....html
[4] http://www.eltiempo.com/economia/sectores/censo-naciona...21076 ; http://www.elespectador.com/noticias/economia/ha-habido...556-0 Escuchar también una entrevista al maestro Darío Fajardo sobre el Censo http://www.contagioradio.com/censo-agrario-evidencia-qu...2270/
[5] http://losinformantes.noticiascaracol.com/reviva-el-cap...=1674
[6] http://www.verdadabierta.com/especiales-v/2015/tierras-...ueta/
[7] http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/secuestro-...lima/
[8] http://www.semana.com/nacion/articulo/las-tierras-que-s...770-3
[9] Para un análisis detallado de la evolución de los discursos de los derechos humanos en Colombia y su utilización por parte de las autoridades, ver el libro de Winifred Tate, Counting the Dead (Contando los Muertos), 2007.

author by DFpublication date Mon Sep 07, 2015 05:26Report this post to the editors

Estoy de acuerdo con sus apreciaciones sobre los mecanismos del despojo. Además del esperpento de los "ocupantes de buena fe", monumento al cinismo, todas las actuaciones que se desprenden de la ley 1448 están diseñadas de manera amañada para dar los lamentables resultados que se conocen;simplemente se trataba de que no hubiera restitución, bajo el disfraz de la restitución! Han llegado al extremo de no registrar a las personas demandantes de hechos ocurridos con posterioridad a 2007 debidos a la acción de paramilitares, con el argumento presentado por los funcionarios de "restitución" según el cual la demanda era improcedente porque los paramilitares "ya se habían desmovilizado"!

author by DELEGACIÓN DE PAZ - FARC-EPpublication date Tue Sep 15, 2015 22:45Report this post to the editors

"En el Parque Nacional Chiribiquete no hay vida humana, salvo los indígenas que se considera que todavía están allí, que nunca han salido de allí, pero allá no hay vida humana".
Desconcertante opinión de Gabriel Vallejo, Ministro del Medio Ambiente

En el último cuarto de siglo, decenas de títulos mineros han sido entregados a empresas extractivas, otorgándoles “licencia para matar”, destruir la selva y desarticular los tejidos comunitarios que ancestralmente han basado su existencia en la plena integración con sus entornos naturales. La estrategia perversa ha sido la de desfigurar el obligado procedimiento de consulta previa, cooptando o corrompiendo a líderes de las comunidades para proceder a actuar a sus anchas bajo un viciado cobijo legal. En medio de esta adversidad, afortunadamente una sentencia de la Corte Constitucional puso freno a la voracidad de la llamada “locomotora minero-energética” que amenazaba arrasar con el Parque Nacional Yaigojé Apoporis, en la Amazonía colombiana, beneficiando a la trasnacional canadiense Cossigo Frontier Mining Corporation en detrimento de la naturaleza y los nativos de ese santuario de vida.

Como la Cossigo, muchas otras empresas han realizado una sistemática práctica detestable de injerencia y presión indebida sobre las comunidades para lograr sus objetivos de explotación, sin que les importe para nada el daño a las familias indígenas y al medio ambiente. Pero esto no es parte solo del despojo aurífero, sino de toda la actividad económica minero-energética y de explotación agroindustrial, que se expresa también, por ejemplo, en la propagandizada “recuperación de 280 mil hectáreas de tierra” en el Caquetá, que supuestamente pertenecían a las FARC-EP.

Se pretende engañar al país diciendo que esta acción se encamina a recuperar predios para entregárselos a los campesinos necesitados. Pero quien medianamente conozca la historia y el diario vivir en estos escenarios, sabe sin dudas que lo que han hecho los funcionarios del gobierno es una falsa “incautación de activos” que en nada está dirigida a beneficiar a los más necesitados.

No más mentiras al país, titulen las tierras a los campesinos que las trabajan. El acuerdo de paz no consiste en darle gabelas a multinacionales como la Hupecol, ni a Canacol; la paz no consiste en entregar bloques petroleros a diestra y siniestra solo para que las empresas extranjeras se lleven la riqueza y como la Emerald Energy, al final solo dejen pedazos de pavimento, huecos y daño ambiental.

En la práctica son muchos los “Apoporis” amenazados, parece inminente la privatización de la Altillanura, y es claro que en todo el país ocurre lo que en San Vicente del Caguán, donde de las tierras supuestamente incautadas a las FARC por lo menos el 50% son parques naturales sobre los que respecto a los campesinos se argumenta que no se puede entregar títulos, pero en cambio a las petroleras ya se les ha otorgado concesiones. Ello explica la creciente presencia de las multinacionales y de los afanes de incautación del gobierno, pues el hecho concreto es que de los 42 proyectos para buscar petróleo habidos hasta mediados de este año en el Caquetá, 20 están en San Vicente del Caguán, escenario donde dicen que recuperaron las tierras de las FARC.

author by MPpublication date Mon Oct 05, 2015 16:55Report this post to the editors

Alrededor de 4mil personas llegaron a La Macarena, Meta, provenientes de la basta región del oriente, muchos surcando el histórico rio Guayabero, otros cruzando las carreteas que ellos mismos han construido, para decirle al estado que sí existen, que tienen nombres, apellidos, historias y que no se llaman “señor baldío”.

Los días 28, 29 y 30 de septiembre se realizó la audiencia publica en defensa de la tierra, el territorio y por la paz, contando con gente tanto del departamento del Caquetá como del Meta. Esta audiencia se llevó a cabo, debido a que el estado colombiano ha desarrollado el nivel máximo de violencia contra una comunidad: negar su existencia.

El Incoder expidió una resolución, donde declara un terreno de mas de 277mil hectáreas como “baldío”, afirmando que en esa región no viven comunidades, y que los que viven son supuestamente testaferros de las Farc.

Un elemento que desconcertó mucho a la comunidad fue la respuesta cínica por parte del Incoder, quien manifestó que la supuesta intención de esa resolución era entregarle la propiedad a los campesinos.

Pero las comunidades entienden que para que se reconozcan los terrenos baldíos del estado, no es necesario recuperar el baldío, si no, llevar un proceso de reconocimiento del derecho a la propiedad.

Tampoco era necesaria toda la estigmatización que se ha generado en contra de las comunidades, tildándolos de ser testaferros de las Farc, o de no existir. Es claro que existe una mala intención de la institucionalidad, que lo que quiere realmente es generar una dinámica de expropiación, despojo, repoblamiento del territorio y agudización de conflictos territoriales en la Región.

El objetivo de la Audiencia, básicamente fue decir que existen las comunidades, que han construido sus territorios, que han hecho sus puentes, sus carreteras, que son los que han edificado todo lo que hay hoy en esta Región.

Llegaron diferentes instituciones del estado como el Ministerio del interior, la Defensoría del pueblo, Incoder, las corporaciones autónomas regionales del Caquetá y Meta, parques naturales y Ongs, que a través de la cooperación internacional desarrollan su labor en la región.

Conclusiones

Las comunidades, junto al Movimiento político y social Marcha Patriótica, desarrollaron un plan nacional de acción, para visibilizar esta región y dar cuenta de que la paz no puede ser el camino para nuevas violencias institucionales.

Uno de los objetivos será llevar a cabo un plan jurídico y político tanto nacional como internacional, que logre que el Incoder eche atrás esta resolución.

Se aprobó conformar una comisión que pueda ir directamente a la Habana para hablar con la delegación de paz de las Farc-Ep y del gobierno nacional, para llevar la inquietud de que es un despropósito que se esté hablando de un fondo de tierras y de unos acuerdos en torno a la necesidad de una reforma agraria y de desarrollo integral, pero que en las regiones se les esté quitando las tierras a los campesinos.

Se acordó también la creación de una Coordinación, en donde quedarán registrados todos los afectados de esta nociva resolución del Incoder, personas que viven desde el municipio de San Vicente del Caguán, La Macarena y también gran parte de La Uribe, una zona muy basta entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.

También se diseñó la forma de recoger toda la documentación, que da cuenta como la gente ha construido realmente esta Región, sus planes de manejo ambiental, de desarrollo de vida digna, y en general las formas en las que han ejercido la propiedad y la construcción de este territorio.

Según el Incoder esta tierra que “en su mayoría es deshabitada o que es poblada por testaferros de las Farc”, tiene múltiples cabildos indígenas, más de 80 juntas de acción comunal y una población superior a los 35mil habitantes.

Lo que ha denominado muy groseramente el estado como “Señor Baldío”, es negar a las personas que viven en este territorio, que no hay hombres, ni mujeres o niños; que además se contrapone con la zona de reserva campesina de El Pato, ya reconocida legalmente; con áreas de parque natural y otras zonas de reserva campesina que están camino ha constituirse.

Parte de la ofensiva sistemática de anulación de esta comunidad, se vivió también por parte del Concejo Nacional Electoral, que anuló en una resolución, la inscripción de casi 2mil cédulas de habitantes de esta región. Lamentablemente, también quedó en evidencia una institucionalidad muy poco comprometida, y muy poco preparada para la paz.

author by MPpublication date Mon Oct 05, 2015 16:55Report this post to the editors

Alrededor de 4mil personas llegaron a La Macarena, Meta, provenientes de la basta región del oriente, muchos surcando el histórico rio Guayabero, otros cruzando las carreteas que ellos mismos han construido, para decirle al estado que sí existen, que tienen nombres, apellidos, historias y que no se llaman “señor baldío”.

Los días 28, 29 y 30 de septiembre se realizó la audiencia publica en defensa de la tierra, el territorio y por la paz, contando con gente tanto del departamento del Caquetá como del Meta. Esta audiencia se llevó a cabo, debido a que el estado colombiano ha desarrollado el nivel máximo de violencia contra una comunidad: negar su existencia.

El Incoder expidió una resolución, donde declara un terreno de mas de 277mil hectáreas como “baldío”, afirmando que en esa región no viven comunidades, y que los que viven son supuestamente testaferros de las Farc.

Un elemento que desconcertó mucho a la comunidad fue la respuesta cínica por parte del Incoder, quien manifestó que la supuesta intención de esa resolución era entregarle la propiedad a los campesinos.

Pero las comunidades entienden que para que se reconozcan los terrenos baldíos del estado, no es necesario recuperar el baldío, si no, llevar un proceso de reconocimiento del derecho a la propiedad.

Tampoco era necesaria toda la estigmatización que se ha generado en contra de las comunidades, tildándolos de ser testaferros de las Farc, o de no existir. Es claro que existe una mala intención de la institucionalidad, que lo que quiere realmente es generar una dinámica de expropiación, despojo, repoblamiento del territorio y agudización de conflictos territoriales en la Región.

El objetivo de la Audiencia, básicamente fue decir que existen las comunidades, que han construido sus territorios, que han hecho sus puentes, sus carreteras, que son los que han edificado todo lo que hay hoy en esta Región.

Llegaron diferentes instituciones del estado como el Ministerio del interior, la Defensoría del pueblo, Incoder, las corporaciones autónomas regionales del Caquetá y Meta, parques naturales y Ongs, que a través de la cooperación internacional desarrollan su labor en la región.

Conclusiones

Las comunidades, junto al Movimiento político y social Marcha Patriótica, desarrollaron un plan nacional de acción, para visibilizar esta región y dar cuenta de que la paz no puede ser el camino para nuevas violencias institucionales.

Uno de los objetivos será llevar a cabo un plan jurídico y político tanto nacional como internacional, que logre que el Incoder eche atrás esta resolución.

Se aprobó conformar una comisión que pueda ir directamente a la Habana para hablar con la delegación de paz de las Farc-Ep y del gobierno nacional, para llevar la inquietud de que es un despropósito que se esté hablando de un fondo de tierras y de unos acuerdos en torno a la necesidad de una reforma agraria y de desarrollo integral, pero que en las regiones se les esté quitando las tierras a los campesinos.

Se acordó también la creación de una Coordinación, en donde quedarán registrados todos los afectados de esta nociva resolución del Incoder, personas que viven desde el municipio de San Vicente del Caguán, La Macarena y también gran parte de La Uribe, una zona muy basta entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.

También se diseñó la forma de recoger toda la documentación, que da cuenta como la gente ha construido realmente esta Región, sus planes de manejo ambiental, de desarrollo de vida digna, y en general las formas en las que han ejercido la propiedad y la construcción de este territorio.

Según el Incoder esta tierra que “en su mayoría es deshabitada o que es poblada por testaferros de las Farc”, tiene múltiples cabildos indígenas, más de 80 juntas de acción comunal y una población superior a los 35mil habitantes.

Lo que ha denominado muy groseramente el estado como “Señor Baldío”, es negar a las personas que viven en este territorio, que no hay hombres, ni mujeres o niños; que además se contrapone con la zona de reserva campesina de El Pato, ya reconocida legalmente; con áreas de parque natural y otras zonas de reserva campesina que están camino ha constituirse.

Parte de la ofensiva sistemática de anulación de esta comunidad, se vivió también por parte del Concejo Nacional Electoral, que anuló en una resolución, la inscripción de casi 2mil cédulas de habitantes de esta región. Lamentablemente, también quedó en evidencia una institucionalidad muy poco comprometida, y muy poco preparada para la paz.

author by Agencia Prensa Ruralpublication date Sat Oct 24, 2015 07:06Report this post to the editors

Hace algún tiempo se escuchó la noticia de que el gobierno Santos había realizado la más grande incautación de tierras de la historia: un supuesto baldío ubicado en Meta y Caquetá.

La noticia estaba acompañada por un estruendoso título: Las FARC son los más grandes terratenientes en Colombia.

En la Audiencia Pública realizada en La Macarena (Meta) del 28 al 30 de septiembre, convocada por los campesinos que habitan la región que el gobierno ha declarado baldío, Prensa Rural dialogó con Carlos Julio Rodríguez, campesino nacido en la región y miembro de la Corporación de Trabajadores Campesinos, Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).

Buena parte de estas tierras tienen títulos

–¿Cómo recibieron ustedes el anuncio del gobierno sobre la incautación del supuesto baldío en manos de las FARC?

–Hoy tenemos una preocupación que nos tiene a todos consternados, y es la resolución 00810 del Incoder del 19 de marzo, en la cual dicen que los campesinos estamos haciendo una ocupación ilegal de tierras y que nos hemos puesto en la tarea de realizar daños ambientales.

Lo más grave de esa resolución es la afirmación de que los campesinos somos los administradores de las tierras de la guerrilla.

Mi familia llegó aquí en 1945, fue de las primeras familias que llegaron a San Vicente del Caguán.

Es verdad que mucha gente, cuando los paramilitares y después del despeje, abandonó sus hatos, pero eso no da razón para decir que esos hatos le pertenecen a la insurgencia.

Si ese territorio que se considera baldío lo colocaron encima de tierras tituladas, a uno le asalta la duda de que aquí hay un montaje y que están trastocando la realidad.

Nosotros no decimos que la insurgencia no tenga predios, pues yo creo que ellos ya lo habrán expuesto en la mesa de La Habana. Personalmente no conozco, ni he recorrido todo ese territorio.

–¿Existen títulos de las tierras que el gobierno ha declarado como baldías?

–Para 1968 el Incora le hizo titulación a muy buena parte de los hatos de la Sabana del Yarí. Para esa época no existía por acá la guerrilla de las FARC.

Tienen título de propiedad los hatos más cercanos a La Macarena, y al otro lado de la Tunia. Casi el 60% de los hatos de la Sabana del Yarí tienen títulos, y ahora esas tierras se las endilgan al “señor baldío”.

Por ejemplo, está el hato El Danubio, que es de la familia de Ricardo Cabrera, que fueron desplazados desde la época de los paramilitares. También está el caso del hato Manchuria, del señor Fontalvo, un médico cardiólogo de Ibagué.

Aparte, tanto en 1988 como en 1994 el Incora realizó titulaciones. Así mismo, hace tan solo un año el Incoder tituló tierras en cercanías a la cabecera municipal de La Macarena.

La colonización llegó en los años 20

–¿Hace cuánto los campesinos habitan La Macarena?

–La colonización de La Macarena inicia en la década de 1920, cuando colonos que estaban asentados donde hoy es San Vicente del Caguán, encontraron las Sabanas del Yarí. Vieron viable proponerles a ganaderos del Huila que instalaran una empresa. Entonces un grupo de ganaderos de Gigante y Garzón se unieron y formaron lo que se conoció como la empresa ganadera del Yarí.

Fueron 30 años de actividad ganadera, al punto de que algunos ganaderos construyeron sus propias pistas de aterrizaje en los hatos y comercializaban desde allí el ganado para Neiva.

Luego vino la violencia, y con ella los desplazados del centro del país que veían en esta región, antiguamente conocida como El Refugio, un lugar donde escapar de la confrontación entre liberales y conservadores.

Después volvió a crecer la ganadería de la mano de Oliverio Lara, un terrateniente dueño de casi la mitad de las tierras del Yarí, que resultaron repartidas en varios herederos y luego fueron a parar a manos de terratenientes y narcotraficantes.

Durante ese tiempo los campesinos siguieron llegando para servir como trabajadores y para hacerse de alguna porción de tierra donde poder echar raíces. Los colonos han creado progreso, el gobierno zozobra

–Si este territorio tiene historia de colonización, ¿por qué el gobierno insiste en la declaratoria de baldío?

–Del 28 al 30 de septiembre realizamos la audiencia pública, donde convocamos a la institucionalidad a que se hiciera presente para que le explicara a los campesinos de qué se trataba el asunto. Pero la respuesta fue muy poco efectiva.

En contra de lo esperado, nos encontramos con cuatro edictos que plantean que esas tierras serán recuperadas para ser entregadas a los pueblos indígenas que habitan la región. Si uno mira el edicto, no alcanzan las tierras de La Macarena para suplir la demanda de tierras de los indígenas. Es una contradicción hasta legal y administrativa.

Nosotros nos preguntamos por qué el afán de darle las tierras a unas cien o doscientas familias de indígenas para desproteger a seis mil o siete mil familias de campesinos que históricamente han venido realizando una actividad agrícola y ganadera en esta región, que le hemos aportado económicamente a este país y que hemos ayudado a mermar el desplazamiento a las grandes ciudades.

Aspiramos a que el gobierno del presidente Santos y las demás instituciones nos pongan cuidado y se sienten con nosotros a dialogar. Aquí cabemos los campesinos, los indígenas y las comunidades negras. Hablemos de las unidades agrícolas familiares establecidas por ley para las familias de campesinos. Sentémonos y dialoguemos, pero no nos enemistemos creando difamaciones.

–¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el territorio declarado como baldío?

–En lo que dicen que es un baldío hay establecimientos educativos con docentes, también hay vías que han sido construidas con recursos públicos.

En esa zona también ha habido cooperación internacional para invertir en proyectos. Por ejemplo, el proyecto de construcción de la Zona de Reserva Campesina de Losada-Guayabero, donde hay recursos de la agencia de cooperación internacional GIZ, hay una inversión de 780 millones. Y ahora aparece que el Estado y el gobierno permitieron que se hicieran inversiones en las tierras de la insurgencia. Eso es una mentira que se cae por su propio peso.

El turismo es un renglón importante en la economía, en La Macarena es el segundo ingreso más importante del municipio. Hoy tenemos un proyecto de turismo ecológico. El nombre del proyecto es Ecoamem (Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de La Macarena), un proyecto pensado por las organizaciones sociales para aportar en el posconflicto y donde se podrá emplear a quienes van a salir de este conflicto armado. Pensamos en la posibilidad de que se conviertan en los guías de los senderos ecológicos que hay en nuestra región.

Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article18024
 
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