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Pederastas y poder en México

category américa del norte / méxico | crime prison and punishment | opinión / análisis author Friday December 07, 2007 14:55author by Demetrio Beazauthor email dematrios at yahoo dot com dot mx Report this post to the editors

Suprema injusticia: ¿qué podíamos esperar?

La absolución al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala el abuso de poder, incluso para el tráfico de niños en el mercado negro de la prostitución y la pornografía infantiles...

Secuestrada por traficantes de la ley, sepultureros de la justicia y delincuentes de toga y birrete, sumisos incondicionalmente al Poder Ejecutivo -aunque no tanto como al poder fáctico del crimen organizado, por lo visto-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sus tres años de inexorable descomposición, primero avaló el desafuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y favoreció más de una vez al genocida Luis Echeverría Álvarez; después bendijo el golpe de estado y la militarización del país, así como el anatocismo, que no es otra cosa que la usura; ahora legitima la pederastia (o sea, la explotación sexual de menores, el tráfico de niños para uso y abuso sexuales, o sea, la prostitución y la pornografía infantiles), además del secuestro y la tortura, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo también en los estados, la del Ejecutivo a "particulares" y la degradación del aparato completo de "justicia" para ponerlo al servicio de una venganza personal, todo en el caso de la violación a las garantías individuales de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro.
Como es previsible, la "suprema corte de inmundicia de la nación" (Jesusa Rodríguez dixit) o preciosa corte de injusticia o corta de justicia o cohorte de supremas absoluciones y exoneraciones a pederastas y gobernadores corruptos, avalará también el terrorismo de Estado en el caso de Oaxaca.
Por lo pronto, abundan antecedentes de la indignidad y el deshonor de la SCJN, en especial de su "ala conservadora", que es mayoritaria. Recordemos que su actual presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, violentó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al aceptar una controversia constitucional de Vicente Fox a finales de 2004, cuando los ministros estaban de vacaciones, y citó después una ley inexistente (el "Código de Instituciones y Procedimientos Federales"). Recordemos que Fox de Sahagún presentó la querella contra la Cámara de Diputados por los cambios que le había hecho a su Presupuesto de Egresos para 2005, y Ortiz Mayagoitia -que fungía como ministro instructor del caso- alegó entonces que un "acuerdo" del pleno de ministros podía suplantar a una ley.
Recordemos también que en 2005, el mismo ministro impidió que la Auditoría Superior de la Federación saneara y sancionara las irregularidades del rescate bancario detectadas en el Fobaproa-IPAB.
Recordemos además que, inicialmente, Ortiz Mayagoitia se opuso a que la Corte ejerciera su facultad constitucional de investigar el contubernio entre el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, y el empresario señalado como pederasta, José Kamel Nacif Borge, para detener y trasladar ilegalmente a Lydia Cacho, encarcelarla y vejarla, y que luego el ministro presidió la primera comisión integrada para tal investigación, la cual determinó que no hubo violaciones graves en este caso, dictamen que fue considerado como "insuficiente".
La comisión presidida más tarde por el ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, en cambio, recabó información consistente en pruebas documentales y periciales, testimonios de víctimas y funcionarios implicados (reunió declaraciones de 117 personas), sobre la confabulación y el abuso de poder, así como la existencia de una red internacional de pederastia que opera en Cancún, Quintana Roo, desde hace más de 20 años, con conexiones en por lo menos cinco entidades mexicanas y otros países. Este asunto, según el informe de la comisión, no ha sido atendido por autoridades federales, estatales ni municipales, lo que propicia una total impunidad (en los casos de Oaxaca y Puebla, confirma la prensa por estos días, los gobiernos locales atienden el problema con diligente prontitud... para darles todas las facilidades a los operadores y usufructuantes).
Integrada también por los ministros Sergio Alvarado Puente, Enrique Escobedo Ángeles y Emma Meza Fonseca, la comisión encabezada por Silva Meza consideró que Mario Marín había orquestado el atropello a las garantías individuales de Lydia Cacho, y lo responsabilizó de irregularidades, alteraciones, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de "particulares" en todas las etapas de proceso legal radicado en Puebla contra la periodista, así como de inconsistencias, contradicciones y falsedades en las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en el caso, y de violar los principios democráticos de federalismo, división de poderes e independencia judicial.
Como era de esperar, el informe fue rasurado y, antes de absolver al gobernador de Puebla, la SCJN decidió pasar por alto la relación del contubernio con la pederastia, no obstante que, según su propia investigación, hay más de 9 mil demandas por abuso sexual a menores de edad en Puebla, Quintana Roo y otras entidades... En otras palabras, el "pinche coscorrón" de Marín Torres a Lydia Cacho nada tiene qué ver con que ella hubiera mencionado a Kamel Nacif en su libro Los demonios del Edén, que trata sobre pornografía infantil, y el llamado góber precioso es inocente de todo, hasta del "pinche coscorrón", resolvió la Corte con seis votos contra cuatro.
Los ministros que votaron a favor de la impunidad y la ignominia una vez más son Guillermo Ortiz Mayagoitia (actual presidente), Mariano Azuela Güitrón (el abogado del desafuero), Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Armando Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. Cada uno gana 308 mil 333 pesos al mes, además de contar con privilegios inimaginables... y dos botellas bellísimas de coñac por su voto, pensarán los maliciosos. Un trabajador que reciba el salario mínimo de mil 517 pesos al mes tendría que ahorrar durante 17 años sin gastar nada para juntar el sueldo mensual de uno de estos señores que, por lo visto, le cuestan al país algo más que dinero.
En el cabildeo con los ministros para que votaran por la exoneración del góber precioso, además del propio Marín Torres y sus abogados, participararon: el ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz; el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones; el coordinador de la fracción parlamentaria del mismo partido en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón; el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes Linares, y el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel de Jesús Espino Barrientos, así como los abogados de Kamel Nacif. En la mayoría de los casos, es ampliamente conocida la relación de estos personajes con el capo de la pornografía infantil, Jean Succar Kuri.
Por último, no es un dato aislado que Fabián Aguinaco, uno de los defensores legales del gobernador de Puebla, junto con Alberto Zinser, sea hijo de José Vicente Aguinaco Alemán, quien fuera presidente de la SCJN desde 1995 hasta enero de 1999.

El club del contubernio

Con la absolución del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la SCJN exoneró a los demás funcionarios de la misma entidad implicados en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, a saber: el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; la juez quinta de lo penal, Rosa Cecilia Pérez González; la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villena Martínez; los agentes del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio Zavala Morales; el ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Káram Beltrán, el comandante Juan Sánchez Moreno y los agentes Jorge Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, de la misma corporación; hasta aquí todos poblanos.
Con su fallo a favor del precioso, la SCJN exoneró también al procurador de Justicia de Quintan Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, al subprocurador de la Zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento Silva, al ex director de Asuntos Jurídicos de la misma Subprocuraduría, Javier Brito Rosellón, y al director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Didier Vázquez Méndez, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.
La SCJN exculpó además a los "particulares" involucrados en el caso, principalmente al llamado rey de la mezclilla, Kamel Nacif Borge, cuya demanda legal contra la autora de Los demonios del Edén, que lo señala como pederasta, movilizó al aparato de "justicia" poblano y al de Quintana Roo; a Hanna Nakad Bayeh, ex propietario de un taller textil en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, ahora conocido por sus condiciones de esclavitud; a Luis Ángel Casas, también empresario de la industria textil y jefe de finanzas de Mario Marín durante la campaña por la gubernatura... Hay que escribir particulares entre comillas porque en realidad forman parte de una amplia red con hilos dentro y fuera del poder formal.
Otros funcionarios poblanos presumiblemente implicados son Valentín Meneses, director de Comunicación Social del gobierno del estado; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado de Mario Marín; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Rodolfo Igor Archundia Sierra, subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos; Luis Guillermo Arsención Serna, ex director de Averiguaciones Previas; José Adolfo Montes Pérez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Manuel Cándido Flores Mendoza, ombudsman local.
(Algunas fuentes mencionan a Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas, en vez de Rodolfo Igor Archundia Sierra).
Como suele operar la lógica de la impunidad -cuyo corolario en este caso es la absolución del precioso-, cuando cambia de parroquia a los curas pederastas y de cuartel a los soldados violadores, algunos de los servidores públicos aquí mencionados han sido removidos (que no cesados). Rosa Aurora Espejel, por ejemplo, fue cambiada a la Agencia Especializada en Homicidios. Luis Guillermo Arsención fue trasladado de la Metropolitana Sur a la Zona Norte. La Dirección de Mandamientos Judiciales, a cuyo Grupo de Aprehensiones estaban adscritos Juan Sánchez, José Montaño y Jesús Pérez, simplemente desapareció. Aunque menores, también hubo cambios en el Juzgado Quinto de lo Penal.

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