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argentina/uruguay/paraguay / género / opinión / análisis Saturday September 21, 2019 08:33 byFederación Anarquista de Rosario

En estos últimos días, en el medio de una crisis económica y social que avasalla cotidianamente a los sectores oprimidos, asistimos a cuatro femicidios en solo 48 horas que ponen de relieve la gravísima situación a la que las mujeres nos vemos expuestas diariamente.

Estamos hablando de la forma más extrema de la violencia de género, que termina con la vida de una mujer cada 26 horas en nuestro país.

En la mayoría de los casos las mujeres mueren en manos de varones conocidos por las víctimas, en general parejas o ex parejas.

Ahora bien, no son dos hechos separados el contexto de crisis con estos femicidios que pasan a engrosar la larga lista. En este sentido, el movimiento de mujeres no para de denunciar la falta – y subejecución- de presupuesto destinado a la prevención y atención de los casos de violencia de género.

Al mismo tiempo, como ya dijimos en análisis anteriores, la pobreza, la desigualdad, el clientelismo y la falta de participación política autogestiva de los sectores excluidos ha dado lugar al crecimiento de la influencia del evangelismo y la iglesia católica en las barriadas populares y en la escena política. Esto no solo se traduce en discursos reaccionarios ante hechos de violencia de género sino que obstaculizan constantemente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, a la educación sexual integral en las escuelas y sistemáticamente demonizan al movimiento feminista en nuestro país.

Por último, el contexto electoral ha dejado al descubierto el utilitarismo que los partidos políticos institucionalistas hacen del tema. Poco hablan los candidatos sobre la legalización del aborto, pocas propuestas hay respecto como abordar la problemática de la discriminación y la violencia machista. La política de la desmovilización que vemos por parte de estos partidos, de manera directa o por omisión, en pos de sacar más votos, también afecta a la lucha feminista.

Estos cuatro femicidios han generado una alerta que ha saltado hasta los medios de comunicación, pero poco se dice respecto de que estas mujeres eran de abajo (enfermera, empleadas de casas particulares y estudiante). Poco se dice que la pobreza y la violencia patriarcal están relacionadas, que los hogares más pobres están a cargo de mujeres, que son las mujeres pobres las que más difícil la tienen a la hora de poder salir del círculo de violencia por falta de recursos. Por el contrario, los medios de comunicación mezclan estos casos con los de la farándula como el de Mariana Nannis –incluso al punto de banalizar la problemática-. No sólo se frivoliza la grave situación, sino que se exponen los femicidios como un entretenimiento y ponen en un mismo plano realidades cabalmente diferentes.

Es un contexto complejo y que nos desafía a la hora de posicionarnos en semejante embestida contra las de abajo. Sin embargo, la estrategia sigue siendo la misma fomentar las organizaciones de base con una verdadera participación de las mujeres en las mismas, estar en la calle demostrando la fuerza que podemos tener y que quedó evidenciado el año pasado en la pelea por la legalización del aborto y fundamentalmente fomentar y no perder de vista la perspectiva clasista que la lucha feminista requiere para que sea verdaderamente transformadora del sistema de dominación.

*¡Las calles son nuestras!
¡Arriba las que luchan!*

argentina/uruguay/paraguay / cultura / enlace al audio Tuesday September 10, 2019 02:16 byPodcast Bloco A

La entrevista fue realizada por la compañera Mi, vinculado al anarquismo y al muralismo. El entrevistado es Juan Pilo, militante anarquista de la FAU (Federación Anarquista Uruguaya) desde que tenía 13 años, todavía en la década de 1960. La conversación tuvo lugar en julio de 2019, en Montevideo, Uruguay, sobre la militancia y el arte realizado por FAU y los movimientos sociales y sindicales con militancia anarquista.

LINK para escuchar: https://t.co/GtZAx25NLg https://t.co/QSmdickCDd.
argentina/uruguay/paraguay / represión / presos / comunicado de prensa Tuesday September 10, 2019 01:52 byFederación Anarquista Uruguaya

La Federación Anarquista Uruguaya repudia la represión policial a la movilización contra UPM y la detención de cinco manifestantes el día 5 de setiembre y el conjunto de hechos que se suscitaron a partir de allí: detención de otros dos manifestantes en la puerta de la Seccional 7ª y las golpizas llevadas contra los detenidos en los calabozos de dicha comisaría.

¿A qué se debe esta represión policial? Se debe ni más ni menos, a la actitud servil y entreguista del gobierno ante la mayor inversión de una empresa multinacional en nuestro país. A UPM se le entrega la tierra, el agua, zonas francas, exoneraciones impositivas, seguridad jurídica y garantías para minimizar todos los conflictos laborales que se produzcan mientras se construye la planta de celulosa; pero también se le entrega las vías férreas y el ferrocarril y se le construye dicha infraestructura con los recursos que debieran ser volcados en beneficio de la población y no de una multinacional.

La entrega de soberanía no puede ser mayor. Este es otro capítulo de las políticas de saqueo de nuestra riqueza ante «sus espejos con brillo». Es la organización del despojo de los bienes naturales que deben estar en manos del pueblo, para entregárselos a las clases dominantes a escala internacional. Se profundiza así la inserción dependiente de la economía uruguaya en el mundo, seguimos siendo un país productor de materias primas pero cada vez más atrapado en los engranajes del capitalismo mundial.

Este proyecto forestal-celulósico trasciende gobiernos, es un proyecto de país que comenzó en 1987 con la aprobación de la Ley Forestal y se corona con estas plantas de celulosa, que se llevan la materia prima procesada para fabricar papel en Finlandia, en este caso. En cambio, en Uruguay han cerrado prácticamente todas las fábricas papeleras, que aunque parezca contradictorio, es la expresión concreta del «modelo de país» que los de arriba nos quieren imponer: producir materias primas, desocupación y miseria creciente. Todo ello acompañado de garrote.

En estas últimas movilizaciones ha aumentado la violencia policial. Apretes, detenciones, golpizas, uso de «tiras», presencia de la Guardia Republicana y orden de dispersar movilizaciones a bala de goma sin más, se están convirtiendo en parte de los nuevos elementos de esta coyuntura. Es que se está procesando un giro a la derecha, gane quien gane las elecciones. Un giro de ajuste con garrote, lo que está en discusión es la «dosis», pero no el ajuste en sí.

Lo cierto es que UPM necesita guardianes y los tiene. El capital tiene sus fuerzas represivas para imponer sus proyectos. El pueblo sabe de Resistencia, sabe de Lucha.

¡FUERA UPM!
¡CONTRA LA MISERIA Y EL GARROTE, CONSTRUIR PODER POPULAR!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA

argentina/uruguay/paraguay / miscellaneous / opinión / análisis Sunday September 08, 2019 05:28 byFederación Anarquista Uruguaya

Carta Opinión de la Federación Anarquista Uruguaya – agosto 2019

CARTA OPINIÓN FAU

AGOSTO 2019

Mártires Estudiantiles, Filtro… y las botas quieren volver

1968 ha sido un año clave en la historia del movimiento popular uruguayo. Las clases dominantes locales y el imperio yanqui impusieron el ajuste y el despojo a sangre y fuego. Con el asesinato de Líber Arce se iniciará una triste y larga lista de estudiantes asesinados por la represión policial y militar, entre ellos, nuestro compañero militante de FAU y de ROE, Heber Nieto, asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador.
1968 inaugura un período de fuerte avance autoritario hacia el golpe de Estado, concretado el 27 de junio de 1973. Allí los militares se hicieron con el control pleno del aparato estatal, a beneficio de los de arriba, los que aumentaron sus ganancias en forma exorbitante durante la dictadura. Claro, los sindicatos estaban ilegalizados, cualquier reclamo estaba prohibido y el país era una verdadera cárcel. El «Plan Cóndor» efectivizaba la desaparición y asesinato de los compañeros y las compañeras que continuaron resistiendo. Muchos de ellos, militantes de FAU.
En todo ese entramado participaron la Policía y el Ejército como instituciones, cumpliendo el rol que tienen asignado: ser el brazo armado del poder burgués. Salieron a la calle a hacer su tarea: reprimir. A la salida de la dictadura, las FFAA amenazaron con volver si se aprobaba el Referéndum del Voto Verde en 1989, fortaleciendo un miedo latente en la vida cotidiana acerca del retorno de estas bestias. Mientras, la policía asesinaba a Guillermo Machado, joven obrero de la construcción en la seccional 15 en esos años.

Luego de la represión del Hospital Filtro en 1994, hecho que costó la vida de los compañeros Morroni y Facal, la mira represiva fue puesta en el problema de la «seguridad». A diario los informativos realizaban verdaderos baños de sangre con hechos «delictivos». Se transformaba a cualquier joven que no encontraba trabajo -porque las fábricas estaban cerrando producto de la política neoliberal- en un enemigo de toda la sociedad y se exigían para él las máximas penas.

Más de 20 años del mismo discurso reiterado noche y día han calado hondo. Cada vez más la población pide policías, lamentablemente. Esa «inseguridad» ha sido fabricada entorno a «los robos» o ciertos niveles de violencia, frente a ciertos ilegalismos, pero no frente a otros. No se exigió «seguridad» cuando la familia Peirano vació el Banco de Montevideo y se llevaron 700 millones de dólares en plena crisis de 2002. No se exigió «seguridad» ante el peligro real que representan cientos de represores de la dictadura que andan sueltos, lo mismo que los responsables de la masacre del Filtro. Es un discurso de «seguridad» generado por una clase social hacia el conjunto de la sociedad. Los ricos, los que nos roban todos los días el trabajo y la riqueza, son los que nos dicen cómo debemos «protegernos» de unos muchachos que no tienen para comer, o que el consumismo atroz de este sistema ha lanzado a la desesperación a raíz de las políticas desarrolladas por esos mismos ricos y poderosos.

Claro, su protección pasa por más milicos en las calles. Así ha aparecido el PADO y todo el despilfarro que se destina al Ministerio del Interior. Se han saturado barrios enteros con milicos día y noche. Pero con ello no basta, parece. El discurso de la «inseguridad» sigue, aumenta. Y aparece el inefable Jorge Larrañaga proponiendo reformar la Constitución para permitir los allanamientos nocturnos y el despliegue de efectivos del Ejército, conformados en Guardia Nacional, en las calles para brindar «seguridad pública». Lo peor de todo, es que esta campaña «Vivir sin miedo», logró juntar más de 250 mil firmas para habilitar un plebiscito. Y que según las encuestas, la propuesta recoge la adhesión de una parte importante de la población.

Ello va en consonancia con la importante votación que obtuvo el novel partido Cabildo Abierto. Manini Ríos, ex Comandante en Jefe del Ejército, de familia aristocrática y fascista, lidera el «partido militar», que parece querer ganar un espacio propio en el espectro político electoral y se está convirtiendo en el lugar de rejunte de cuanto grupo fascista y nazi hay en la vuelta. Son muchas voces las que claman por las botas o por diversos grados de aumento de la represión.

Esta reforma -de aprobarse- generaría un aumento de la represión en forma inconmensurable, habilitaría por la vía de los hechos el «gatillo fácil», y generaría una situación de «medidas prontas de seguridad» por la vía de los hechos, sin necesidad de ser declaradas. Lo mínimo que cabría esperar es el retorno de las razzias, pero en camiones militares. Generará una sociedad híper-vigilada y militarizada, donde toda la violencia del Estado se va a descargar sobre los sectores populares cotidianamente. ¿O es que la reforma de Larrañaga se propone realizar allanamientos nocturnos en Carrasco? Claro que no, plantean saturar de violencia policial día y noche los barrios populares.

Una política netamente antipopular

Larrañaga en un intento por captar electorado de derecha y extrema derecha, lanza esta campaña de lo más rancia y antipopular. Desde el inicio, otros candidatos de derecha han marcado cierta distancia de esta campaña e incluso en las elecciones internas a Larrañaga no le fue nada bien. Pero lamentablemente, este tema recoge adhesión transversal a nivel de la sociedad. Y que el «sentido común» popular pide más represión, cuando justamente, aumentar estas políticas va a intensificar el problema.

Las cárceles están saturadas: Uruguay tiene más de 11 mil presos, que ni siquiera la política de «humanización de cárceles» del ex Ministro Díaz en el primero gobierno del FA tuvo efecto sobre ello. ¿Por qué? Porque la cárcel reproduce todo lo que dice pretender «reformar». La cárcel es necesaria para crear «esos monstruos» que la prensa nos pinta ante cada «hecho delictivo» y que Larrañaga se encargó de describir con detalles en su asquerosa cadena nacional.

Justamente en este país donde no hay políticas de generación de fuentes y puestos de trabajo, donde se niega el mínimo del 6% para la educación, donde la salud sigue teniendo dificultades, donde no hay políticas de vivienda ni inversiones, donde se reprimariza la economía y nos entregamos de brazos abiertos al capital multinacional – caso de la mega inversión de UPM2, que será un gran saqueo de nuestros bienes naturales y no deja un sólo peso en el país ni invertirá nada en la industria local, además de llevar al cierre del ya limitado servicio ferroviario de pasajeros, porque los uruguayos le vamos a financiar las vías y el tren a esta multinacional-, es lógico que los de arriba propongan este tipo de políticas represivas. En mayor o menor grado, pero es una propuesta lógica y acorde a sus intereses. Que el pueblo no chille. Que a los gremios estudiantiles no se les permitan colgar un cartel ni pintar las veredas de los liceos. Las clases dominantes quieren someternos aún más y profundizar el saqueo. Políticas de empobrecimiento del pueblo siempre han sido acompañadas de garrote. «Donde falta el pan, siempre sobran los decretos», dice la canción.

Habilitar esta Reforma significa conculcar una serie de derechos sociales y garantías individuales, los mismos que Pacheco barrió a vía de decretos y Medidas Prontas de Seguridad en la antesala de la dictadura, abriendo de esa manera la puerta a los militares. Y sabemos que una vez que los militares son llamados, no vuelven así nomás a los cuarteles. Son las mismas instituciones represivas que conformaron las Fuerzas Conjuntas y han asesinado, torturado y desaparecido compañeros en dictadura. No han cambiado. Esas instituciones no cambian, no se «humanizan» ni nada que se les parezca.

Sólo la lucha define

Hay que enfrentar esta campaña con todas las fuerzas del movimiento popular y posicionar a las organizaciones sociales como protagonistas de luchas que nos permitan arrancar conquistas que vayan en sintonía con soluciones de fondo a los problemas más sentidos por la población. Avanzando en la construcción de una sociedad diferente, solidaria, donde ser botón, milico o alcahuete sea de lo peor junto con ser patrón; una sociedad donde no tengan cabida las botas y sí la lucha.

En esa lucha todos tenemos algo que decir y hacer. Todos jugamos un rol de primera línea para detener estos embates reaccionarios. La única garantía de vivir sin miedo es desmantelar el aparato represivo. La única garantía es construir Poder Popular.

Junto a Heber Nieto, Elena Quinteros, León Duarte y Gerardo Gatti decimos bien fuerte

¡NO PASARÁN!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA

argentina/uruguay/paraguay / miscellaneous / opinión / análisis Thursday May 30, 2019 01:13 byFederación Anarquista Uruguaya

Carta Opinión de la Federación Anarquista Uruguaya. 20 de Mayo 2019

CARTA OPINIÓN – fAu – 20 de Mayo 2019

IMPUNES HOY, GOLPISTAS MAÑANA

«Son las momias que aún se escurren a hurtadillas, por las negras galerías de la infamia»

Este verso del compañero Carlos Molina bien describe y cataloga el constante accionar de las Fuerzas Armadas y de quienes esconden la verdad de los crímenes que éstas cometieron durante la dictadura. De toda esa estructura de poder, que para eso existe y ampara a estas instituciones.

Un «Tribunal de Honor» militar -habría que decir un Tribunal de Vergüenza y Cinismo- entendió que José «Nino Gavazzo» y Jorge «Pajarito» Silveira debían ser expulsados del Ejército por haber guardado silencio ante la prisión de otro militar, Juan Carlos Gómez, por el crimen de Roberto Gomensoro Josman. Pero en el mismo acto, Gavazzo, de hecho, se autoadjudicó el crimen de Gomensoro, y eso fue considerado como un hecho irrelevante por el Tribunal militar. Silveira a su vez le adjudica más crímenes a Gavazzo, pero nada de ello motivó que sus «camaradas» de armas dieran cuenta de esos mismos hechos de acuerdo a su gravedad. Al contrario, para ellos, bien adoctrinados y bestializados, la tortura, muerte y desaparición de gente del pueblo no es algo que importe.

Una pequeña y horrenda parte de lo que todo el mundo conoce hace décadas, se hizo público luego de que un periodista con vínculos con Gavazzo publicara los fallos del Tribunal militar. Este hecho no queda claro en primera instancia, ni tampoco por qué Silveira le suma una serie de acusaciones a Gavazzo.

Pero a esta especie no se le puede pedir algo de ética, en el silencio compartido no hay nada de valores solidarios. El silencio es para cubrirse entre cómplices que ejecutaron horror y muerte. Así que de estos círculos cualquier cosa se puede esperar, la existencia de enfrentamientos mezquinos no es algo que a nadie pueda llamar la atención. Son buenos discípulos de un sistema genocida y fueron bien enseñados para servirlo. El Ejército, como parte de las FFAA, actuó como ha venido haciendo desde luego de la dictadura: ampararse en un profundo pacto de silencio y en la impunidad que todo el sistema político, todos los gobiernos, le ha garantizado a los militares. A esos “pobres viejitos” que igual mataban a la madre.

La destitución del Comandante en Jefe del Ejército Manini Ríos y de los seis generales que integraron los llamados Tribunales de Honor y de Alzada, más ministro y secretarios, se debe a que esta vez a estos asesinos, genocidas y encubridores, se les ha ido la mano. Queda expresado a nivel público lo que sienten y son y esto tiene efectos políticos, que por distintas razones, conveniencias y cálculos mediante, debe ser cubierto en esferas públicas. Se trata de esas mismas denuncias que familiares han hecho una y otra vez durante décadas y que han tenido como respuesta la indiferencia inhumana y cruel. Cuando mucho alguna cosa mínima para hacer como que hay preocupación sobre el tema y con esto tratar de mantener apoyo y votos para sus partidos o gobiernos.

Hay una confesión de un asesinato político y el hecho pasa desapercibido, porque al decir de Manini, ya era un hecho conocido y que nada aportaba. Con esas declaraciones de Manini al semanario Búsqueda, y todo el contenido de la entrevista que dio a ese medio, se sigue justificando el terrorismo de Estado y la impunidad. Asesinar, torturar, secuestrar -incluso bebés-, desaparecer, no parecen ser hechos que ameriten ningún tipo de castigo, sino que son las tareas «naturales» que un Ejército como el uruguayo tiene encomendadas para «mantener el orden». Y lo peor es que así funciona el sistema capitalista vigente. Forma y tiene una máquina de muerte que usa de acuerdo a las circunstancias sociales que la coyuntura le indica en referencia al mantenimiento y reproducción de sí mismo. Sistema configurado para que unos pocos tengan la riqueza y el poder. Y esa institución militar actúa de diferente manera de acuerdo a la situación social existente, por momentos reprimiendo episódicamente reclamos populares y en extremo directamente como dictadura. Defienden la patria en todo momento, la patria de los poderosos. Después van volviendo al carril, no sin menores contradicciones, nuevamente dóciles y dispuestos, habiendo sacado la tajada que han podido. Siempre a la orden y con el odio a flor de piel contra esa chusma sediciosa del pueblo que quiere comer todos los días y un futuro digno y justo.

La impunidad tiene su historia…

Los militares garantizaron para sí mismos la impunidad. La última puntada de esa costura la dieron en el Pacto del Club Naval en 1984, con el aval del Partido Colorado y el Frente Amplio que participaron de dicha reunión de contenido secreto. Mientras la reunión del Club Naval tenía lugar, aún se torturaba en los cuarteles y en el Servicio de Inteligencia, morían compañeros en la tortura y la represión se mantenía en las calles. A ese pacto secreto se sumó luego por la vía de los hechos el Partido Nacional, aprobando la Ley de Impunidad a fines de 1986, para evitar que algunos cuantos asesinos fueran citados por el Poder Judicial.

El Referéndum de 1989, el llamado popularmente «voto verde» movilizó a amplia militancia popular; primero en la campaña de recolección de firmas, luego en la campaña hacia el 16 de abril, hecho del cual se cumplen 30 años. Por allí se canalizó el intento de anular tan infame ley, pero se perdió. Se perdió ante una campaña de miedo, ante los rumores y temores de retorno de los militares, de que saldrían nuevamente de los cuarteles… En ese clima se desarrolló el referéndum… Razzias policiales mediante y el asesinato del compañero Guillermo Machado, joven obrero de la construcción en 1988.

Parecía que los de arriba y los militares habían cerrado el tema. Durante años casi no se habló de las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura. Vino la represión del Filtro y se cobró la vida de dos compañeros más. Pero no se puede derrotar a la Resistencia. Un pueblo con dignidad encuentra caminos. Es así que Familiares convoca en 1996 a la «Marcha del Silencio». Y otra vez el tema se coloca en el centro de la discusión política del país e interpela a los gobiernos y al sistema político. Algo tenían que hacer.

Llegó el inefable Jorge Batlle y crea en el año 2000 la Comisión para la Paz, como un intento de poner un «punto final» al tema. Intenta obtener algunas «confesiones» y se recolecta información de varios casos. Se elabora un informe, que en realidad, estaba lleno de inexactitudes y mentiras. Lo cierto es que se reconocían las violaciones a los Derechos Humanos y desapariciones, esas que ahora desconocen Manini y Feola. Pero se quedaba ahí. Ese «punto final» no agregaba nada; más bien oficiaba como cortina de humo y ahondaba en el discurso de «dar vuelta la página» y «olvidar el pasado».

En 2005 con la llegada del Frente Amplio al gobierno, las expectativas de algunos sectores de la población de que se avanzara en este tema, se disiparon rápido. «Todo dentro de la ley», dijo el presidente Tabaré Vázquez al asumir, y ello implicaba respetar la Ley de Impunidad y su artículo 4º, el cual se mostraba como el estandarte de la lucha por «verdad y justicia». Exceptuando algunos pocos casos que fueron quitados de la Ley de Impunidad y el procesamiento de las figuras más notorias de la represión, no ocurrió mucho más. Acerca de la verdad y el famoso artículo 4º, poco se obtuvo. Fue casi imposible avanzar en otras causas judiciales.

Todavía está en nuestra retina la figura del ex Comandante del Ejército Carlos Díaz junto a Macarena Gelman, señalándole el lugar donde estaba enterrada su madre. Y allí no había nada.

Durante el gobierno de Mujica se impidió la anulación de Impunidad en el Parlamento con la «cruzada» de Víctor Semproni, haciendo los mandados a Mujica y al Ministro de Defensa Fernández Huidobro. Es que tenían un pacto con los militares que no podían romper…

Han sido innumerables las mentiras que han propalado los militares hasta el día de hoy. Las declaraciones de Gavazzo al diario El País del domingo 5 de mayo son, por lo menos, repugnantes. Se reiteran las mentiras, igual que ante el Tribunal militar. La desinformación ha sido siempre su tarea, por lo tanto, no debe sorprendernos que este tipo de personajes mientan. Es parte de la política de impunidad.

Construyendo la impunidad del mañana…

El hecho de no avanzar en materia de verdad y justicia, hace que la impunidad se perpetúe y fortalezca, que cimente la impunidad de mañana. Pero, además, hay políticas específicas que fomentan la impunidad del futuro. Una de esas políticas es la «ley antiterrorista», que ya fue aprobada por el Senado con el voto de todos los partidos, y que «era necesaria» para colocar a Uruguay a tono con las exigencias internacionales en la materia. Claro, las exigencias vienen del norte, del imperio, del mayor terrorista del mundo. Se decía que Uruguay podía quedar expuesto a sanciones por no controlar el lavado de activos para financiar el «terrorismo». El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) presionó a Uruguay para aprobar dicha ley, ya que este organismo se encarga de la revisión de la normativa en materia financiera, y viene presionando en cuanto a fondos que pueda recibir el «terrorismo».

Pero lo cierto es que el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Senado -fue aprobado por unanimidad-, y no solo se enfoca en los fondos que financien el «terrorismo», sino que tipifican como tal a una gama bastante amplia de acciones o posibles móviles de acciones del movimiento popular. Permite el uso de «agentes encubiertos» en investigaciones -vaya novedad-, pero ahora con total desparpajo se permite que utilice la identidad ficticia en el juicio. A través de esta ley se legaliza y garantiza el espionaje a las organizaciones populares y facilitará el armado de causas judiciales cuando sea de su antojo.

Por otra parte, en algunos de sus artículos se abordan asuntos un tanto improbables, como por el ejemplo el manejo y traslado de material radiactivo… El texto de la ley parece que ni siquiera fuera hecho en Uruguay, parece ser un modelo, una receta brindada desde el extranjero.

Este tipo de leyes no se diseñan y aprueban para enfrentar a los grupos terroristas que apoya y financia Estados Unidos. Esos grupos tienen cuenta corriente de la CIA y otros organismos similares. El terrorismo tiene un origen bien claro: Estados Unidos. Desde allí proviene su financiamiento, entrenamiento y las más diversas justificaciones ideológicas. Ayer fue Al Qaeda y Osama Bin Laden financiados por el gobierno de Ronald Reagan para contener la invasión soviética en Afganistán, al mismo tiempo financiaba la «contra» nicaragüense para hacer fracasar la Revolución Sandinista y el continuo apoyo en dinero, armas y entrenamiento a los ejércitos centroamericanos que cometieron verdaderos genocidios en los años ’80, aplicando los manuales norteamericanos de la «guerra sucia».

En la región, Brasil y Argentina aprobaron bajo los gobiernos progresistas de Dilma Roussef y Cristina Kirchner leyes de este tipo. En Brasil, el Movimiento Sin Tierra ya cuenta con sus primeros procesados bajo esta ley por acciones que tienen que ver con la lucha campesina. Este es un proyecto para que los de arriba tengan más herramientas legales para reprimir la lucha del pueblo. Lo vemos en Argentina y Chile con la lucha del pueblo mapuche y el armado de la causa judicial «RAM», que vincula a la lucha y acción directa mapuche a diversas organizaciones populares y de izquierda y las acusa de tener vínculos con las ya disueltas FARC y con la guerrilla kurda, lo cual es disparatado. Es decir, el armado de causas para los y las militantes populares, estará a la orden del día con este tipo de leyes. Con esta ley y otras, que conforman un marco jurídico denso, generan las condiciones para reprimir y encarcelar al pueblo ante los futuros descontentos. El sistema tiene previsto posibles estallidos, nuevas rebeldías, el avance de la lucha popular y generas sus «antídotos» contra eso, que no son más que barreras para que unos pocos puedan seguir gozando de sus privilegios. Para eso necesitan garantizar la impunidad del mañana y mantener latente el terrorismo de Estado.

El puñado de poderosos y beneficiarios…

La dictadura no fue solo un asunto militar. Varios civiles participaron directamente, algunos del gobierno, otros no se mancharon las manos, pero estuvieron tras las bambalinas, alentando, palmeando el hombro a estos asesinos.

Apenas se produce el golpe de Estado el 27 de junio de 1973, las cámaras patronales (Unión de Bancos del Uruguay, Asociación y Federación Rural, Cámara de Industrias, entre otras) saludaron dicho golpe. Y se vieron beneficiadas rápidamente con el decreto del 4 de julio de 1973 -en plena huelga general- el cual habilitaba a los patrones a despedir obreros a causa de su actividad sindical. Pero no quedó allí: más adelante la dictadura aprobó la rebaja de aportes patronales a la Seguridad Social, por la cual los empresarios pagan solamente el 7,5% como concepto de Montepío, mientras los trabajadores pagamos el 15%. Justamente ahora, que se empieza a hablar de reformar la Seguridad Social y todas las propuestas van en la línea de aumentar los años de trabajo -tal como acontece en la región y en el mundo-, hay que poner arriba de la mesa que los patrones durante 46 años han pagado menos que los trabajadores al BPS y que ya es hora de que se termine con esa impunidad e injusticia y que aporten el 15%, como antes del golpe. De este modo se solucionaría el déficit del BPS y, por otra parte, se pondría fin a un aspecto de la impunidad que han gozado aquellos que se beneficiaron de la dictadura y fueron sus autores intelectuales.

Por otra parte, jamás se investigaron los negociados realizados durante la dictadura, los préstamos a ciertos empresarios, el abultado crecimiento de la deuda externa. Fue la dictadura militar la que generó una brutal transferencia de ingresos, bajando los salarios reales de los trabajadores y aumentando la porción de la riqueza que se apropiaba la burguesía criolla y extranjera. Fue el «boom» de la construcción en Punta del Este, para que esos asesinos de guante blanco pudieran descansar tranquilos…

Y la dictadura dejó implantado el modelo neoliberal. Avanzó todo lo que pudo en ello; hirió de muerte definitiva al aparato industrial, reprimarizando aún más la economía. El gobierno de Lacalle sólo vino a profundizar ese modelo, que ya estaba implantado por los militares y su execrable ministro de economía Alejandro Vegh Villegas.

La impunidad también tiene varias facetas que hay que atacar.

Una larga y porfiada lucha de nuestro pueblo

Es legítimo que el pueblo uruguayo, los hombres y mujeres bien nacidos en este rinconcito del mundo, manifestemos nuestra indignación y bronca ante tanto cinismo; ya no podemos tolerar tanta infamia. Asco nos da que sujetos de la calaña de Gavazzo y Silveira sigan existiendo, y que lejos de ser juzgados haya impunidad y amparo. Pero que no sean juzgados por esta justicia también tiene su explicación profunda. Es ella una institución de primer orden para la seguridad del sistema y todo el privilegio que circula en su seno. Decía Foucault al respecto en un estudio de mucho rigor: «Si se puede hablar de una justicia de clase no es sólo porque la ley mismo o la manera de aplicarla sirvan los intereses de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos por la mediación de la penalidad forma parte de esos mecanismos de dominación… hablar de política criminal es hablar de unos de los capítulos claves de poder». El sistema capitalista ha organizado los «ilegalismos» de tal forma que aseguran y reproducen su dominación.

Pero frente a ello el pueblo uruguayo ha mantenido el alto la bandera y el reclamo de justicia. Lo poco que se ha avanzando en materia de verdad y de algún milico procesado, ha sido por el esfuerzo de las organizaciones de Derechos Humanos y del conjunto del movimiento popular. Ante tanta impunidad, silencio, y tapadera de todo el sistema político que no le conviene que se abran a pleno los archivos y se sepa paso a paso lo que realmente ocurrió, no ha sido poco lo realizado por el campo popular.

Bien se sabe, Gavazzo y Silveira fueron dos de los represores que, actuando en el marco

del Plan Cóndor, plan genocida de las dictaduras de la región y de los Estados Unidos, secuestraron y asesinaron a nuestros compañeros y compañeras de FAU. Por sus sucias manos pasaron hombres y mujeres de la talla de Gerardo Gatti, León Duarte, Victoria Grisonas, Alberto Mechoso, Adalberto Soba y un inmenso grupo de compañeros y compañeras, todos detenidos y torturados por ellos y otras figuras deleznables, en Automotores Orletti. Ahora parece, según Manini Ríos y Gavazzo, que el segundo vuelo no tuvo lugar y que no se trasladaron 28 detenidos desde Buenos Aires a Uruguay. Testimonios de quienes fueron trasladados abundan, pero tienen el cinismo y el descaro de negar hoy la existencia de ese vuelo, y con ello poner en duda el resto de los mismos. Es más, es tan grande y profunda la impunidad y el silencio generado por estas bestias y todos los gobiernos desde 1985 a la fecha, que no se sabe con exactitud cuántos vuelos se desarrollaron ni quiénes fueron trasladados.

La impunidad asquea, repugna e indigna aún más que estos genocidas anden sueltos, caminando por las calles con total tranquilidad. Pero el pueblo sabe que esto no es casualidad. Solo han sido encarcelados unos pocos militares y policías, los más notorios, protegidos en una cárcel vip; pero son más de 400 los que andan tranquilos, impunes. Y junto a ellos están todos los civiles, la estructura de poder que los empujó y respaldó: dueños de diarios y radios, cámaras de comercio y rurales, grandes empresas extranjeras, dispositivos del imperio que operaban en el área. Todos ellos son responsables, nuestro repudio eterno a toda esta estructura del horror que asesinó a hijos e hijas de nuestro pueblo.

¿Hasta cuándo tanta impunidad? ¿Hasta

cuándo vamos a permitir que todos estos mal nacidos sigan jugando con la verdad y el destino de nuestros compañeros y nuestras compañeras?Necesitamos desde hoy y todos los días ir forjando un pueblo fuerte. La impunidad de hoy es el cimiento de nuevos golpes de Estado, de nuevos crímenes para cuando el sistema se vea en peligro por el clamor de justicia y libertad de los y las de abajo.

No nos resignamos a que no haya justicia, pero sabemos cuál justicia, tampoco a que se consagre sin más la impunidad y los discursos derrotistas. Seguimos la senda de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, no bajamos los brazos y señalamos a los responsables de los crímenes de la dictadura, amparados por toda la estructura del Estado, aparato de dominación de las clases poderosas para oprimir al pueblo.

Pero el pueblo, los pueblos, esos que las historias hechas desde la élite y cúpulas desprecian, han conservado en su imaginario, en el profundo de su corazón, el sentimiento de repugnancia a las atrocidades vividas, así como el recuerdo tierno, respetuoso por todos aquellos que fueron víctimas de la barbarie. En ese pueblo se ha conservado y ha ido creciendo el repudio a ese mundo del atropello y de la muerte. En el pueblo, las instituciones sociales, los familiares está el legítimo interlocutor; él está exento de cálculos, él constituye la única vía para lograr una verdadera justicia. Ese mismo pueblo ya encontrará su camino de justicia social total, donde volverán a habitar los mejores hijos e hijas de nuestra clase.

¡NI OLVIDO NI PERDÓN!
¡LIBERTAD O MUERTE!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!
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Argentina / Uruguay / Paraguay

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