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Protesta social recibe tratamiento militar en Colombia

category venezuela / colombia | represión / presos | news report author Thursday August 22, 2013 09:27author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Grave situación humanitaria en el Cauca

El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Una situación particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública demuestran su interpretación de la doctrina del “enemigo interno”. En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío), y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía) se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua. [Português]

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Protesta social recibe tratamiento militar en Colombia

Grave situación humanitaria en el Cauca


El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Es más, ni siquiera ha recibido la protesta social un trato sencillamente militar: el trato que ha recibido es propio de una situación de guerra sucia. Tanquetas, helicópteros artillados y desembarco de tropas, sobrevuelo de aviones de guerra, fusiles, perdigones, bombas aturdidoras, gases, bombas caseras con metralla… ese es el arsenal al que se han enfrentado campesinos desarmados, que han salido a marchar presionados por el hambre y las necesidades más básicas insatisfechas, muchas veces de la mano de sus familias. En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el gobierno ofrezca hasta $10 millones (pesos colombianos) por información para identificar a los líderes del paro, utilizando mecanismos propios de la guerra contrainsurgente.

Oscar Salazar, dirigente del proceso campesino de La Vega (Cauca) y uno de los voceros nombrados por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), una de las principales instancias convocantes al paro, nos explica el panorama represivo que se vive a nivel de país:

Hay una falta absoluta violación a los derechos humanos, estamos ante formas desproporcionadas, absurda, hasta criminales, de violencia en contra de quienes manifiestan su legítimo derecho a la protesta… el ejército lanza desde helicópteros bombas aturdidoras, es muy duro, traen tropas de infantería, tropas del ejército, que disparan de manera indiscriminada… hay una niña víctima de estas agresiones, que le atravesaron el abdomen con un proyectil de un fusil, acá en Cundinamarca… se están usando armas no convencionales, escopetas recargadas con metralla para agredir a los manifestantes… la violencia es totalmente desproporcionada…

Guerra sucia contra los campesinos en el Cauca: El Cairo y Galindez


Una situación particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública demuestran su interpretación de la doctrina del “enemigo interno”. En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío), y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía) se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua. Según explica Lisette Montero, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, la situación es incluso más grave que un tratamiento militar, porque se están violentando principios básicos aún en tiempo de guerra, como ser la “negación de corredores humanitarias, y el mantenimiento de condiciones mínimas de las personas, se les está haciendo pasar hambre y se les está privando de acceso a la salud… en el sector del Cairo incluso tuvimos un ataque contra una misión médica, porque el ESMAD no permitió que se evacuara a los heridos”. En esa ocasión, según informa un comunicado de la mencionada Red, una misión humanitaria integrada, entre otros, por miembros de la defensoría del pueblo, fueron repelidos por ESMAD y ejército con bombas de aturdimiento.

En El Cairo (Cajibío), se encuentran congregados unos 2.000 campesinos, que están siendo violentados por unos 600 efectivos, fuerzas combinadas del Ejército, Policía Nacional, Policía Militar, ESMAD y 10 tanquetas. Aparte de los sobrevuelos constantes y ataques desde helicópteros. Logramos hablar con un dirigente de los campesinos que están acorralados, y su testimonio es dramático:

Tenemos aproximadamente 13.000 personas movilizadas en el Cauca, unos en el sur del departamento, otros en el norte... estamos sufriendo en estos mismos momentos de un cerco militar, la defensoría del pueblo ha hecho presencia pero la fuerza pública no permite siquiera que haya salida de la gente, nos amenazan que nos van a capturar, tenemos 2.000 campesinos en esta situación de zozobra… En el sur tenemos unos 7.000 campesinos en un hueco, mientras la fuerza pública está avanzando, tanto en el sur como en el norte, no nos dejan pasar alimentos, lo mismo pasa en el sur del Cauca los compañeros piden auxilio pero no saben qué hacer, es muy grave la situación”.

Tan grave es la situación, que el gobierno ha llegado incluso a judicializar a dos heridos, Juan Pablo Bueno y un mayor de edad, Eusebio Ulcué, heridos durante la represión de ayer, 20 de Agosto, en El Cairo. Nos aclara Lisette Montero, sobre la represión en El Cairo, que

en estos momentos tenemos un herido por arma de fuego, Andrés Guachetá, herido en el pie. También hay otros cinco heridos a causa del uso de gases y armas no convencionales, granadas con grapas, y otras que se están arrojando contra la población campesina. También tenemos cuatro detenidos, incluido un menor de edad, Carlos Andrés Giraldo, del municipio Corinto, que no sabemos dónde lo tienen… está desaparecido, lo que es una situación muy angustiante”.

Los campesinos no dudan en señalar a los oficiales Julio Pinzón Arévalo, comandante de la XXIX Brigada del Ejército, y Ricardo Alarcón Campos, comandante de la Policía en el Dpto. de Cauca, de ser los responsables materiales directos de estas agresiones y abusos.

En el punto de concentración sur, en El Pilón (Galindez, Patía), también se han reportado ataques contra los manifestantes con fusil, bombas de aturdimiento, armas de fragmentación y perdigones, por parte del ESMAD y el Batallón de Alta Montaña No. IV "General Benjamín Herrera Cortez" del ejército. Como consecuencia de estas agresiones, se han dado los siguientes heridos de gravedad: Eiver Bolaños, herido de un impacto de bala en el pie, Diógenes Enríquez, herido en el cuello, Nestor Timana, herido en el cráneo, cuello y brazo, Marino Díaz, herido en la pierna y Apolinar Montero, herido en la espalda. También hay 22 detenidos en el sur del Cauca, y un número no determinado de personas agredidas y golpeadas por la fuerza pública. Según Lisette Montero, “no hay garantías para la protesta en ninguno de los puntos de concentración en el departamento”.

Pese a la aplicación de una violencia desmedida y de métodos terroristas por parte de las fuerzas del Estado, la justicia de las demandas de los campesinos los mantiene firmes y resueltos a seguir en su lucha. “Los campesinos están replegados en estos momentos”, nos comenta el dirigente campesino del Cairo, “están en asamblea tomando decisiones, la gente está con ánimo y con la fuerza pues por la justeza de las exigencias que tenemos, así vamos a seguir la movilización, pero estamos cercados militarmente, entonces nos toca ver la correlación de fuerzas y evaluar la manera de seguir adelante”.

Unidad nacional del movimiento: garantía para la victoria

Montero ratifica la resolución del campesinado: “La definición de la gente es de mantenerse y seguir en paro hasta que se tengan los resultados a nivel nacional… la gente sigue con la decisión firme de participar en la jornada, pese a la represión, estamos trabajando la unidad a nivel de las coordinaciones nacionales para que haya más participación, hay perspectivas positivas para los próximos días”.

Ese es el factor clave: en medio de los pliegos regionales y departamentales, y de las dinámicas locales de cada proceso, no debe perderse de vista que es una lucha nacional, que debe darse de manera unitaria, sin ánimos mezquinos, que es lo que intenta cultivar el gobierno para así dividir al movimiento y reducir la protesta a la impotencia. Oscar Salazar se refiere a este tema, aclarando que:

El gobierno está utilizando la táctica de negociar con unos y no con otros de hace varias semanas, para fortalecerse utilizando a los movimientos que buscan prebendas particulares, en lugar de demostrar la unidad del conjunto… el gobierno da oportunidades para que se ganen prebendas y así ir cooptando... a nosotros mismos nos llegó con esos señuelos, prometiendo que nos darían plata, pero nosotros dijimos que no, que esto es un problema de todos, que tenemos una mesa nacional para negociar el conflicto y como tal tenemos que operar. Tenemos un pliego nacional, tenemos un espacio de coordinación con los otros procesos en la movilización nacional, esperamos así que podamos coordinar las acciones y esperamos que todos los procesos fortalezcan sus acciones para negociar con el gobierno nacional de manera conjunta”.

A pesar de la violencia oficial que hemos presenciado en Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nordeste Antioqueño, Cauca, etc., así como del bloqueo de los medios de información oficiales, la protesta sigue. “La represión ha sido brutal”, nos explica Salazar, “pero aquí estamos. Hay 24 departamentos que han acogido las diferentes convocatorias en el marco de este paro nacional agrario y popular… nosotros como MIA, tenemos acciones en 17 departamentos, con unos 50 puntos de concentración en todo el país, hemos llegado a tener alrededor de 12 puntos de bloqueos nosotros solos… se mantienen sistemáticamente 6, porque la represión ha sido brutal”. En total, sumando a todas las expresiones convocantes a este paro (incluyendo a los camioneros, al Coordinador Nacional Agrario, etc.), según la policía, se sostienen un total de 18 los bloqueos en ocho departamentos. Según cifras oficiales de la policía, se trataría de 30.000 manifestantes, pero en total, el número de personas que participarían del paro, según la prensa oficial, podría ascender a 200.000 personas [1], cifra que no se ha podido concentrar debido a la violenta represión que mantiene a los grupos dispersos.

La respuesta violenta del Estado a una movilización social pacífica pone en entredicho las credenciales democráticas de las que el gobierno colombiano presume, particularmente en momentos en que se negocia un acuerdo de paz con la insurgencia. Salazar nos dice de manera enfática al terminar nuestra conversación que “la injusticia social es lo que causa toda esta violencia en Colombia, porque los campesinos se manifiestan con sus manos vacías… las políticas del gobierno son violentas e injustas. No hay de momento ninguna voluntad de diálogo”. Es preciso juntar manos y esfuerzos, apoyar este paro, no ceder al miedo ni a la violencia del Estado, materializar la indignación en acciones solidarias concretas. ¡Viva el paro agrario y popular!

José Antonio Gutiérrez D.
21 de Agosto, 2013


[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/hay-18-bloqueos-4...760-3
* Para informaciones actualizadas sobre la situación en el Cauca y en el Suroccidente colombiano, revisar la página web de la Red “Francisco Isaías Cifuentes” http://www.reddhfic.org

author by MOVICEpublication date Thu Aug 22, 2013 17:32Report this post to the editors

Siguiendo el compromiso de denunciar las agresiones contra participantes en el Paro Nacional Agrario, el Movice informa que al terminar el día 21 de agosto aumentaron detenciones masivas, agresiones físicas y retenciones que impiden la movilidad de los manifestantes, por parte de uniformados de la fuerza pública.

En algunas regiones del país se han visto vehículos sin placas conducidos por autoridades estatales, colaboración entre hombres armados vestidos de civil y la Policía, y la infiltración en las protestas de miembros de la fuerza pública. En Cajibio, Cauca, la Policía ha impedido el ingreso de ambulancias.

Tolima

El día 20 de agosto el joven Andrés Fernando Rondan, menor de edad y perteneciente al Observatorio Ambiental, fue detenido por la policía del municipio del Líbano, por haber tomado fotografías a los policías mientras agredían verbalmente a los manifestantes.

En adición, el traslado de más de 40 campesinos del parque Libano al punto de encuentro para la protesta fue impedido por varios militares ubicados en diferentes puntos del municipio quienes no permitían su salida.

Además el señor Dagoberto Medina, presidente de la Asociación Campesina del Líbano, fue perseguido por dos personas no identificadas que se transportaban en motocicleta sin placas.

Aproximadamente a las 3.30 pm, en el corregimiento de Castilla - Coyaima Tolima, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arremetieron en contra de los manifestantes y habitantes del lugar, ocasionando daños en puertas, ventanas y vidrios, lanzando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras contra de la población civil. Esto generó desmayos y problemas respiratorios a dos menores de edad, de 3 y 12 años a quienes hubo que suministrarles oxigeno mientras eran trasladados a un puesto de salud del corregimiento.

Allí fueron capturados los siguientes manifestantes: Gustavo Mahecha, Silverio Luichí, Ivan Rene Vargas (menor de edad), Rosendo Cacal, Hernan Lopez, Fredy Ospina, Jaime Bocanegra y Jesús Antonio Masmela. Todos fueron liberados luego de la audiencia de legalización de captura.

En el municipio de Chaparral fueron detenidos los campesinos Silverio Moreno y Crisanto Mendez.

El día 21 de agosto, fueron detenidos temporalmente en el municipio de Castilla los campesinos Rigoberto Loaiza y Acenover Diaz Quimbaya pero con niveles de violencia que les dejaron lesiones fisicas; luego los trasladaron al municipio de Saldaña.

Meta

El 20 de agosto en el sector conocido como Pipiral, miembros de la fuerza pública restringieron el suministro de agua a los campesinos en protesta y hasta este 21 de agosto la situación seguia igual.

Hubo cuatro heridos de la vereda El Cairo, municipio de Mesetas, uno de ellos con una grave lesión en el ojo izquierdo.

En el mismo lugar, el 21 de agosto, se presentó la detención de veinte hombres, seis mujeres y una menor de edad detenida y herida.

Los medios de comunicación con los que cuentan los manifestantes para informar sobre situaciones como la restricción del uso de teléfonos celulares y señales de internet por parte de la fuerza pública.

Dentro de la movilización, los manifestantes encontraron a cuatro agentes de la Sijin infiltrados, que serán entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo.

Boyacá

El 20 de agosto en la vía Duitama - Nobsa, alrededor de las 6.00 pm el Esmad atacó a los campesinos que se encontraban en la protesta, lanzando gases lacrimógenos y golpeándolos. A raíz de esta arremetida resultó gravemente afectada la señora Elvira Acosta, quien está embarazada y fue llevada a un hospital de Duitama.

En el mismo lugar, el Esmad también ingresó a las viviendas por la fuerza, dejando daños en las mismas. El señor Uriel Pinilla fue golpeado por la policía.

En la vereda Germania sobre la vía Tunja - Bogotá, el señor Benedicto Plazas Barajas fue herido en la cabeza y en el brazo. Los policías le robaron el celular y 100mil pesos.

Además, la Policía no está permitiendo el paso de la Misión Médica en el punto denominado Germania.

En el sector de Tierranegra la policía utiliza armas de fuego y dispara al aire para dispersar las manifestaciones. En medio de la confusión tres personas fueron detenidas. Allí se presentan infiltraciones por parte de miembros de la Policía Nacional vestidos de civil, quienes alteran el orden público en este punto de la movilización.

El 21 de agosto en el centro de Paipa los manifestantes fueron amenazados por la Policía, quienes dijeron que si no desalojan la plaza serían retirados a la fuerza. Por otra parte se desviaron ambulancias con información incorrecta, tardando la atención médica de las personas heridas.

Cundinamarca

El 20 de agosto en el municipio de Ubaté aproximadamente a las 3.00 pm se presentaron agresiones de la Policía contra cerca de cien campesinos.

Bogotá

El 20 de agosto en horas de la tarde se presentaron hostigamientos contra los estudiantes de la Universidad Distrital por parte de miembros del Esmad. Como resultado de estas acciones fueron detenidos temporalmente 10 manifestantes.

Cauca

El 21 de agosto aproximadamente las 2.00 am, tres helicópteros sobrevolaron el municipio de El Bordo, Cauca. El Esmad, el Ejercito Nacional, y la fuerza disponible de la Policía arremetieron contra más de 4.000 manifestantes concentrados en las afueras del centro poblado de la vereda El Pilón, lanzando gases lacrimógenos, incluyendo a los menores de edad presentes en el lugar.

El 21 de agosto en el municipio de El Cairo continuaron los hostigamientos por parte de fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército en contra de los manifestantes que se encuentran allí, incluyendo el envío de aproximadamente 10 tanquetas y disparos de ráfagas de fusil que ocasionaron heridos.

Una de las situaciones más preocupantes es que la Policía ha impedido el ingreso de ambulancias al municipio de Cajibio.

Huila

El 20 de agosto en el municipio de La Plata fue retenido un vehículo por parte de la Policía en un operativo bajo el mando de un comandante con distintivo N° 230341 quen negó a los campesinos su identificación. Adicionalmente hubo presencia de miembros de la Sijin en la zona, en un vehículo con placas 230341 de La Plata, Huila.

El 21 de agosto en la vía que comunica con el municipio de Paicol, la Polciia impidió la movilización de todo vehículo con el argumento de que existe la orden de carácter nacional de no permitir el paso de las personas hacia los sitios de concentración.

En el sector de Algeciras, a 60 metros del rio Neiva, llegó una camioneta de platón color gris y cuatro motos de marca Suzuki de referencia V-Strong con miembros adscritos a la Policía Nacional quienes empezaron a agredir a las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente la comunidad detectó que dos policías que llegaron uniformados luego usaban ropa de civil y al parecer infiltraron la manifestación. Se teme que se presenten disturbios por provocaciones que pudieran generar estas personas.

Nariño

El 19 de agosto, aproximadamente a las 11.00 am, en el punto de concentración del municipio de Chachagüí, miembros de la Policía agredieron al señor Mario Santacruz, quien se encontraba en el lugar como delegado de Radio Universidad de Nariño, golpeandolo y subiendolo a un camión.

En el mismo lugar, la señora María José Villota, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh) - Nariño y beneficiaria de medidas cautelares de la Cidh, venia interviniendo para frenar los abusos, cuando fue atacada física y verbalmente por una agente de la policía en lo que se constituyó como un abuso de autoridad. La uniformada le obligó a subir a un camión de policía sin placas, y se negó a identificarse. La señora Villota fue requisada y le decomisaron el protocolo de derechos humanos y la Ley de Seguridad Ciudadana que llevaba, argumentando que era “material de guerra y documentos de la guerrilla”.

Los dos detenidos arriba mencionados fueron puestos en libertad de manera posterior, obligándoles a retirarse del punto de concentración.

También en el municipio de Chachagüí, miembros de la Policía Nacional arremetieron contra los campesinos, les hurtaron alimentos y demás utensilios necesarios para la subsistencia incluyendo el agua y la leña, los cuales se lelvaron en un camión de la Policía sin placas.

En otro punto de concentración en la misma zona, dos hombres armados y vestidos de civil a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo de servicio público en el que se movilizaba Carolina Bastidas, Andrés Cuatín y Giovanny Morillo, quienes fueron obligados a bajar del vehículo y abordar una camioneta de la policía identificada con el N° 19-010 y retenidos durante una hora con la amenaza de no regresarles sus documentos de identificación si no se comprometen a retirarse del punto de concentración.

El 20 de agosto aproximadamente a la 1.00 am miembros del Ejército Nacional en la vía Tumaco - Pasto retuvieron los vehículos provenientes del municipio de Mallama, destruyeron la planilla de viaje que portaba el conductor, e impidieron el avance de las personas durante altas horas de la madrugada, quienes se dirigían hacia uno de los puntos de concentración

El mismo 20 de agosto, sobre el kilómetro 10 de la vía que de Pasto conduce a la ciudad de Ipiales, en sector de Catambuco siendo aproximadamente 1:30 pm, miembros del Esmad adscritos a la Policía de Nariño irrumpieron en los cambuches provisionales construidos por los manifestantes, patearon las ollas en las que se encontraban los alimentos preparados, regaron y pisotearon las provisiones alimenticias y dispersaron a los manifestantes por la fuerza utilizando gases lacrimógenos y agrediendo física y verbalmete a los manifestantes. Como consecuencia 7 personas resultaron heridas, incluyendo un menor de edad y un periodista.

En los mismos hechos miembros del Esmad lanzaron elementos explosivos que ocasionaron perjuicios a la residencia de la Clara Elisa Mora, quien se encontraba allí con sus nietos, todos menores de edad.

En el sector de Catambuco y para el momento de los hechos se encontraba un mayor de la Policía quien se negó a identificarse, quien a su vez permaneció coordinando el operativo.

El día de 21 de agosto siendo aproximadamente las 11:30 am fue detenido para ser judicializado el campesino Oswaldo Buesaquillo, en el Municipio de Tangua. En horas de la tarde se informó sobre la detención dentro de los señores José Osvaldo Teusaquillo, Oscar Castillo, Ramiro Castillo, Segundo de la Cruz y Diogenes Rivera, supuestamente por obstrucción de la vía.

Antioquia

En Segovia, el 18 de agosto la policía arremetió contra los campesinos, dejando cinco heridos.

El 19 de agosto, a raíz del ataque en su contra, las comunidades agromineras del nordeste antioqueño asentadas en el coliseo de dicho municipio se declararon a partir de las 4.00 am en situación de vulneración, estableciendo una zona de "Refugio Humanitario Permanente".

En la noche del 19 de agosto la población resguardad en aquel Refugio Humanitario fue de nuevo víctima de una fuerte arremetida por parte del Esmad, quienes arrojaron gases lacrimógenos para desalojarlos. Adicionalmente a las afueras del coliseo municipal a pocos metros del Refugio Humanitario se realizaron disparos con armas de fuego, al parecer por la Fuerza Pública.

En la Comunidad de Paz de San José de Apartado, el 20 de agosto, tropas militares adscritas a la Tarea Conjunta Nudo de Paramillo ingresaron ilegalmente a una propiedad privada en la vereda la Resbalosa. Aunque la comunidad les exigió que se retiraran de allí, hasta el momento siguen en el lugar.

El 21 de agosto las tropas le pidieron a una familia de la Comunidad que les facilitara los nombres de todas las personas que viven en el asentamiento, reafirmando que no se retirarán y que "ellos hacen lo que se les dé la gana y nadie los va a mandar". La comunidad ha expresado temor ya que al estar sus nombres en las listas de los militares, podrían terminar en manos de los paramilitares.

El 21 de agosto en Caucasia, cinco campesinos manifestantes fueron detenidos en la estación de Policía.

Caldas

El día 21 de agosto en horas de la tarde, se presentó una confrontación con la fuerza pública, mientras voceros de la movilización trataban de dialogar. Sin embargo, la fuerza pública retuvo dos cámaras fotográficas que posteriormente fueron devueltas a los dirigentes sin las memorias de almacenamiento de información ni ningún registro fotográfico. En estas memorias había fotografias de la movilización y las reuniones previas a esta. Algunos de los policías que tuvieron que ver con el hecho se transportaban en la patrulla 240143; entre los uniformados estaba teniente con placas N° 240305 y un sargento antiexplosivos de la Sijin quien ocultó su identificación.

Exigimos:

-Que las autoridades colombianas respeten el derecho a protestar y actúen garantizando la seguridad de los manifestantes, incluyendo el cese de falsas acusaciones y señalamientos en su contra.

-Que la comunidad nacional e internacional vele por la seguridad de los manifestantes y se comunique con las autoridades colombianas para asegurar que cumplan su responsabilidad de garantizar los derechos humanos.

author by Agencia Prensa Ruralpublication date Thu Aug 22, 2013 22:09Report this post to the editors

La participación del Magdalena Medio en el Paro Nacional Agrario que inició el pasado 19 de agosto, se ha caracterizado por el desarrollo de actividades pacíficas y respetuosas del orden público y los derechos humanos.

El día 20 de agosto, comunidades de los municipios de Santa Rosa, Yondó y Cantagallo se desplazaron desde la ciudad de Barrancabermeja hasta el punto conocido como Expoeventos en la vía que conduce a la ciudad de Barrancabermeja. Allí se instaló transitoriamente un campamento para el descanso, alojamiento y alimentación de los casi 2000 participantes de la actividad. En esta cifra se debe resaltar la presencia de alrededor de 70 menores de edad dentro de los que se encuentran 30 niños.

Sin embargo el carácter pacífico que ha demostrado tener hasta este momento la actividad, se vio en la jornada de hoy alterado por la insistencia del Instituto de Bienestar Familiar en la zona y su insistencia en señalar a los padres, así como a los promotores del Paro, como violadores de los derechos de los niños.

Estas acusaciones han llevado a la institucionalidad a plantear la necesidad de devolver a los niños a la ciudad y tenerlos en un lugar de paso mientras termina el paro, pues de lo contario los padres podrían verse ante la suspensión de la patria potestad, así como demandas por la exposición de los menores a situaciones extremas de riesgo. La comunidad campesina se ha negado a permitir esta propuesta, pues consideran que los menores se encuentran más seguros estando con sus familias que un hogar de paso y por otro lado la participación en el paro desde sus promotores se ha determinado como una actividad totalmente pacífica.

Frente a esta situación se deben resaltar los siguientes puntos:

1. El ICBF no es reconocida por las comunidades como una institución legítima que pueda hablar en el marco del paro de la violación de los derechos de los niños, cuando no hace presencia en las regiones abandonadas por el Estado, ni se preocupa por exigir que los mínimos vitales de salud, educación y alimentación de los mismos se cumplan como lo estipula la ley.

2. La movilización tiene un carácter pacífico y en ese sentido si se habla de situaciones de ‘’alto riesgo’’, estas no serán generadas por las comunidades campesinas, más si por la Fuerza Pública y de ahí su insistencia con que los niños no hagan parte de las actividades del Paro Nacional.

3. La estadía de los niños con sus padres en la manifestación es legítima ya que estos están luchando por las garantías de la vida campesina y su unidad familiar, y esta incluye a sus hijos.

4. Denunciamos que la posición instigadora y amenazante del gobierno municipal, el ICBF, la policía, con el fin de desmontar la protesta pacífica que hoy se realiza es una actitud desafiante al movimiento que motiva a la violencia.

5. El movimiento agrario, minero y popular insiste en que la movilización es Pacífica y responsabiliza a estas instituciones si algo ocurre a los niños y los manifestantes en general.

Por la tierra, la defensa del territorio, la mediana y pequeña minería Paro agrrio y popular adelante.

Comunicado a la opinión pública y medios de Comunicación

Movilización Paro Agrario y popular. 21 de Agosto de 2013.

Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11772
author by Marcha Patrióticapublication date Thu Aug 22, 2013 23:51Report this post to the editors

Siendo aproximadamente las 9:30 de la mañana, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de la Policía Militar arremetieron indiscriminadamente contra los manifestantes del Paro Nacional Agrario y Popular y los habitantes de dicho Corregimiento, violando el derecho a la propiedad privada al saquear dos viviendas, destruyendo electrodomésticos, quemando objetos personales (maletines y ropa), botando abastecimientos de víveres de campesinos y campesinas pertenecientes a la movilización.

Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=D_H3KVfxJ38
author by Agencia Prensa Ruralpublication date Tue Aug 27, 2013 19:49Report this post to the editors

En varios puntos del país, la Fuerza Pública ha atacado con sevicia a los participantes en el paro nacional agrario y popular. En Fusagasugá (Cundinamarca) se reportó la muerte del joven Juan Camilo Acosta Acosta en la avenida Las Palmas, víctima de disparo de fusil lanza gas cerca de las dos de la tarde de hoy.

En Mojarras (Cauca), desde helicópteros de la Fuerza Pública se dispararon ráfagas de fusil, resultando heridos de bala Fabián Bolaños, de Brisas, Patía, de 23 años, y otra persona, de Sinaí, Argelia, que no ha sido identificada aún.

Por otra parte, se reporta que en el punto conocido como La Cantera, en Piedecuesta (Santander), las familias que estaban armando sus cambuches para pasar la noche del domingo al lunes fueron atacadas con gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes, Frengy Jiménez, fue atacado violentamente por la Fuerza Pública a solicitud del delegado del personero municipal, según se informa. La golpiza derivó en fracturas múltiples en brazo y pierna izquierda. Este hecho es sumamente grave ya que contradice completamente la función de la personería como garante de los derechos ciudadanos.

Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11842
author by Apoyo Mesa de Derechos Humanos de Tunjapublication date Tue Aug 27, 2013 20:33Report this post to the editors

El día de hoy 24 de agosto de 2013, nos desplazamos desde Bogotá varias organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos en el Departamento de Boyacá, en el marco del paro nacional agrario, encontrando hechos que generan gran preocupación.

La Comisión identificó prácticas que indican que el ESMAD viene actuando en el departamento como un Ejército de Ocupación, que ha suplantado a la autoridad civil y cometido violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, además de actos de vandalismo, y uso excesivo de la fuerza.

A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población.

De manera preliminar nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión y que serán objeto de un posterior informe:

-Disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población, causando varios heridos, principalmente en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá.

-Heridos con arma blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD.

-Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos.

-Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa el cuerpo de los pobladores.

-Ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios.

-El lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de concentración de los campesinos.

-El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos.

-La identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario en Boyacá.

-La detención masiva y arbitraria de manifestantes y otros pobladores en todo el Departamento.

-El saqueo, robo de dinero y comisión de otros delitos comunes a manos de la fuerza pública, con el acompañamiento de miembros de la SIJIN, incluso en la capital del departamento.

-La ocupación de bienes protegidos por el DIH, como la Institución Educativa Panamericano, Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas.

-El uso de ambulancias para el transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una violación al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión Médica.

Ante esta situación, las Organizaciones que conformamos la Comisión de Verificación de derechos humanos:

ALERTAMOS

Que ante la falta de escenarios de concertación y diálogo en los que se escuche a los campesinos, sumado la directriz presidencial de reprimir violentamente las manifestaciones, ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las comunidades.

RESPONSABILIZAMOS

Al Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos y al Director General de la Policía RODOLFO PALOMINO, de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, que han sido documentados por esta Comisión y que pueden incrementarse ante las directrices trazadas consistentes en la represión a las manifestaciones.

SOLICITAMOS URGENTEMENTE

El acompañamiento y verificación de la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, así como la intermediación para que se abran espacios eficaces de interlocución y diálogo con las comunidades.

EXIGIMOS

De las autoridades penales y organismos de vigilancia y control, que se inicien en forma inmediata las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de derechos humanos y DIH.

HACEMOS UN LLAMADO URGENTE

A los medios masivos de comunicación para que visilbilicen la grave situación ocasionada por la represión indiscriminada contra la población civil del departamento de Boyacá y divulguen SIN CENSURA lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La Misión de Derechos Humanos conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.

author by Eliecer Jiménez Juliopublication date Tue Aug 27, 2013 21:11Report this post to the editors

En medio de marchas, bloqueos de carreteras, confrontaciones y agresiones de la fuerza pública contra los manifestantes, unos 200 detenidos, 100 heridos, 5 de ellos de gravedad en diversas regiones y ciudades de Colombia, la negativa del gobierno nacional a dialogar, y el anuncio que a partir del 28 del presente se podrían sumar a la protesta el sector petrolero de la USO, el educativo con FECODE y los estudiantes, arriba a su primera semana el Paro Nacional agro-minero, de transportadores y de sectores sociales en Colombia, así lo confirmó Eberto Díaz, Presidente de Fensuagro y miembro de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional del sector agrario y popular (MIA) en dialogo para los medios de comunicación europeos.

“Afirmó el dirigente que “el paro va para largo, la protesta es indefinida y esta semana que viene va estar más fuerte en toda Colombia, los ataques desmedidos de la fuerza pública, del ESMAD contra los manifestantes que participan en la protesta aumentan, así como la violación de los Derechos Humanos y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sigue en su terca posición de negarse a dialogar con la MIA que es la mesa donde estamos las organizaciones que participamos en la protesta y prefiere darnos garrote, ante eso estamos preparando un documento para ser enviado el lunes a las distintas oficinas de DDHH de la ONU en Ginebra, Suiza y al mismo tiempo solicitamos la presencia y acompañamiento de las distintas organizaciones defensoras de DDHH en el mundo para que vengan a Colombia, incluso pedimos a la OEA y a la Cruz Roja Internacional que se hagan presente urgentemente con comisiones a fin de que verifiquen sobre el terreno la situación que día a día se torna más crítica para los manifestantes debido a los ataques de la policía y el ejército, queremos evitar más muertos ya van dos y evitar que el número de heridos continúen, todo por terquedad del gobierno a dialogar ”.

Denunció el dirigente que la protesta recibe tratamiento militar y la policía esta infiltrando las manifestaciones para generar el caos, incluso intentan dejar o sembrar granadas al paso de las manifestaciones como ocurrió en Tunja, torturan niños como sucedió en Tibasosa, Boyacá, destruyeron viviendas en Ventaquemada, hostigaron el refugio humanitario en Barbosa, al nordeste antioqueño, golpeó ancianos en Sogamoso, y en estos momentos miles de campesinos de la región del Magdalena Medio están en la carretera Barrancabermeja-Bucaramanga en la vereda Bélgica y los militares están intimidando y provocando a los manifestantes cuando estos campesinos están cumpliendo el acuerdo de tener abierto el paso de un carril por lo que responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier hecho de sangre que ocurra allí y en todo el territorio nacional donde se desarrollan las manifestaciones”

Expreso Eberto Diaz que “la unidad de los manifestantes es total y absoluta, la solidaridad ha sido muy fuerte en los sectores estudiantiles de las universidades especialmente en Bogotá y en Corabastos que es la mayor central de abastecimientos de alimentos ubicada en la capital del país, también hay respaldo de muchos comerciantes y transportadores, destacamos los sectores indígenas que están apoyando fuertemente la protesta, e igualmente los respaldos internacionales recibidos desde distintos países como Irlanda, Suiza, Venezuela, México, España entre otros son interesantes, pero se requieren muchos más, es necesario que en el mundo entero se conozca lo que sucede en Colombia y la razón de la protesta y que se le exija al gobierno que acepte dialogar”.

El dirigente de Fensuagro destacó la posición de algunos sectores políticos parlamentarios de la izquierda como el Polo, algunos liberales y del partido Verde que hacen parte de la Cámara de Representantes los cuales son y vienen de las diferentes provincias colombianas y conocen, sienten la situación y sus comunidades les exigen que se interesen en la búsqueda de la solución a la problemática que vivimos, y muchos de estos representantes liberales le han exigido al gobierno que se siente a dialogar a fin de buscar la solución a los múltiples y viejos problemas que tenemos los distintos sectores que participamos en la protesta.

Finalmente Eberto Díaz, presidente de Fensuagro a tiempo que agradeció el apoyo y la solidaridad internacional recibida, demandó continuar con la misma y ampliar y elevar la denuncia a diversos gobiernos especialmente europeos a fin de buscar parar la ratificación y aprobación del TLC Unión Europea-Colombia en los diversos parlamentos del viejo continente, “son acciones que se necesitan ya que el paro va a continuar indefinidamente hasta que el gobierno se siente a dialogar y cumpla con nuestras demandas que no son del otro mundo ya que lo que pedimos es lo mínimo para vivir dignamente”.

author by MIApublication date Tue Aug 27, 2013 23:45Report this post to the editors

Desde que inició el Paro Nacional Agrario y Popular el 19 de Agosto en el corregimiento de Chambimbal municipio de Buga, la Mesa de Interlocución Agropecuaria y Popular, MIA, Valle del Cauca, como en todo el territorio nacional, ha recibido un trato militar por parte del departamento de Policía del Valle del Cauca, del Ejército Nacional y por parte de las alcaldías de los municipios de San Pedro, Buga, Guacarí y Palmira.

Entre el 20 y 22 de Agosto, en San Pedro, Buga y Guacarí, tanto el Coronel del Departamento de Policía Valle del Cauca, Coronel Mariano Botero Coy, como el Mayor Wilson Gutiérrez, Comandante del Distrito de Buga, miembros de la SIJIN y del Batallón Palacé del Ejército Nacional, impidieron la movilidad de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que convergen en la MIA, prohibiendo el ingreso del colectivo a los municipios mencionados, citando un supuesto decreto de la Presidencia de la República que niega el derecho a la movilización por las carreteras del país a quienes hacen parte del Paro Nacional Agrario y Popular y concede poderes administrativos extraordinarios al Ejército y a la Policía Nacional y los declara como únicos entes que determinan quién se moviliza y quién no, violando los derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución Política de Colombia.

Entre la noche del 22 de agosto a la fecha, cerca de 400 campesinos se declararon en Asamblea Permanente en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar, SINTRAICAÑAZUCOL, en Palmira, espacio que ha sido declarado como Refugio Humanitario, dado que a las afueras del sindicato se encuentran por lo menos 100 policías, y aproximadamente un pelotón del Batallón Agustín Codazzi.

En la mañana del 24 de agosto, se hizo presente el delegado de la Personería de Palmira Dr. Isaza, quien manifestó que por “orden de la alcaldía municipal de Palmira del Dr. Ritter López, no se permitiría ningún tipo de movilización o manifestación así esta fuere pacífica, dada la orden de la Presidencia de la República”.

Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, tres grupos de campesinos e indígenas que en total no sumaban setenta personas, salieron a informar a la ciudadanía Palmirana sobre el Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, y la Asamblea Permanente declarada como herramienta para garantizar la vida, la integridad física y la dignidad humana de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que hacen parte de la MIA, así como solicitar la solidaridad del pueblo para con el Refugio Humanitario.

Sin embargo, el Comandante del Distrito Especial de Palmira de la Policía Nacional, Teniente Coronel Víctor Reina, reiterando las palabras del delegado de la Personería, manifestó a una comisión de Derechos Humanos que “procedería conduciendo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encontraban repartiendo volantes, informando y solicitando solidaridad a la ciudadanía palmirana, dado que estas actividades requieren de un permiso especial de la alcaldía municipal firmada por el señor alcalde y por el Secretario de Gobierno de Palmira y que como éste no existía, él procedería a detener a quienes se encontraran realizando estas actividades”.

El constreñimiento por parte del Distrito de Policía Palmira, comandado por el Teniente Coronel Víctor Reina, ha llegado a tal punto que se requisa a todas las personas que pretenden ingresar al Refugio Humanitario a realizar cualquier acto de solidaridad.

Desde las 7:00 PM del 24 de agosto de 2013, el Coronel Reina instruyó a los efectivos de policía que no permitiría el ingreso de ninguna persona al Refugio Humanitario, sin que existan argumentos certeros para ello. Lo que en verdad pretende el Coronel es impedir que las organizaciones, gremios y personas, conozcan de la situación de confinamiento y no se solidaricen con el Refugio Humanitario.

Reiteramos que estos actos de la alcaldía municipal de Palmira, en cabeza del Dr. Ritter López, de la Fuerza Pública y de la Personería municipal, no solo violan los derechos constitucionales de los colombianos, sino que demuestran una vez más el carácter fascista del Gobierno nacional, departamental y municipal, que trata al Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, como un campo de concentración en el que se encuentran retenidos forzosamente por lo menos 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Desde la MIA Valle del Cauca, instamos a los entes nacionales encargados de velar por el respeto de los derechos de la población, a investigar al Teniente Coronel Víctor Reina y al delegado de la Personería Municipal de Palmira Dr. Isaza, por violar los derechos a libertad de movilización y protesta pacífica que tienen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; solicitamos además que la Procuraduría General de la República investigue el accionar de la Alcaldía Municipal de Palmira y determine la legalidad del procedimiento de negar la protesta pacífica, la libertad de información a la ciudadanía y de impedir el ingreso de personas que representan organizaciones sociales y sindicales que vienen prestando solidaridad al Refugio Humanitario, siendo esta una clara muestra de que al régimen lo único que le interesa es bloquear la comunicación, el interrelacionamiento, el derecho a la libre movilidad; procedimiento que a su vez confirma, nuevamente, el secuestro que padecen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que se encuentran en el Refugio Humanitario para salvaguardar su vida de la posible arremetida de la Fuerza Pública.

Hacemos el llamado a los organismos internacionales que velen y exijan el cumplimiento de los tratados firmados por el Estado colombiano en materia de protección de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales que están siendo violentados por el Gobierno municipal de Palmira y por el Comandante del Distrito Especial de Policía Teniente Coronel Víctor Reina.

Exhortamos a las organizaciones sociales, gremiales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, a los viviendistas, a los defensores de Derechos Humanos, a los estudiantes, a los obreros y trabajadores y, en general a todos los sectores populares a rodear y solidarizarse con el Paro Nacional Agrario y Popular en el departamento del Valle del Cauca, exigiendo al Gobierno nacional, departamental y municipal, el cese definitivo del confinamiento al que han sido sometidos 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encuentran en el Refugio Humanitario de SINTRAICAÑAZUCOL y garantizando los derechos constitucionalmente adquiridos.

VIVA EL PARO NACIONAL AGRARIO
VIVA LA MESA DE INTERLOCUCIÓN AGRARIA Y POPULAR MIA

author by Nelson Lombana Silvapublication date Wed Aug 28, 2013 05:33Report this post to the editors

Desde las doce del día de este martes 27 de agosto, la Fuerza Pública, al parecer Esmad y Ejército Nacional, arremete contra los campesinos que protestan en el corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima (Tolima).

Información fragmentaria señala que tres campesinos han sido heridos a bala, entre ellos el líder del municipio de Roncesvalles Luis Carlos Forero. Al parecer los militares les estarían disparando a los campesinos e indígenas en las extremidades.

A pesar de los anuncios del presidente Santos y el gobernador Delgado Peñón de garantizar la protesta y brindar las garantías elementales, los hechos demuestran lo contrario, dijo el dirigente popular Édgar Sánchez Cortés.

A pesar de la violencia por parte de la Fuerza Pública, los campesinos ubicados en esta desértica zona del sur del Tolima se mantienen firmes en su justa lucha y llaman a los demás campesinos del departamento a salir a participar activamente del paro nacional agropecuario y popular.

Dijo Édgar Sánchez Cortés que no hay ambulancia ni personal médico para prestar los primeros auxilios en estos momentos de ataque desalmado por parte de la Fuerza Pública contra campesinos e indígenas que heroicamente se sostienen en sus justas reclamaciones.

La frase de Gaitán no pierde vigencia: “El Gobierno Nacional tiene la metralla homicida para los colombianos y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.

El Partido Comunista Colombiano, regional Tolima, llama a hacer presencia en la zona a la Cruz Roja, Derechos Humanos y medios alternativos de comunicación. Exhorta a los tolimenses a salir a apoyar la resistencia de los campesinos e indígenas y exige del Gobierno mesa nacional en el Tolima para resolver el pliego petitorio que vienen exigiendo los labriegos en esta parte del país. Llama a la unidad, la organización y la resistencia popular. A su vez, rechaza y condena la arbitrariedad de la Fuerza Pública, especialmente el Esmad y el Ejército Nacional.

author by SINALTRAINALpublication date Wed Aug 28, 2013 21:52Report this post to the editors

Centenares de habitantes de Facatativá recorrieron sus calles en rechazo al terrorismo de estado manifestado entre otras en la brutalidad policial del ESMAD y en solidaridad con el paro nacional agrario.

La marcha salió desde las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca hasta el parque Simón Bolívar de la ciudad. Estudiantes, campesinos, obreros, amas de casa, integrantes y no de organizaciones sociales salimos una vez más a la calle a condenar las políticas criminales del gobierno de Juan Manuel Santos y la total indiferencia del Alcalde Municipal Dr. Orlando Buitrago con los problemas de la población facatativeña.

En el recorrido escuchamos permanentemente las vivas al paro nacional agrario, a la justa lucha del pueblo colombiano, contra los tratados de libre comercio y a una sola voz el deseo para que las multinacionales abandonen el país y no sigan saqueando nuestros recursos naturales.

En el recorrido, los marchantes tuvieron que sacar a varios individuos de las fuerzas de seguridad gubernamental que estuvieron infiltrados de civil desde tempranas horas en las diferentes actividades que se desarrollaron en el municipio y quienes al final fueron quienes generaron el desorden.

Como ocurre la mayoría de las ocasiones, una vez terminada la movilización y cuando los marchantes nos encontrábamos frente a las instalaciones de la alcaldía exigiendo que el alcalde escuchara las peticiones de los participantes, lo único que salió de las oficinas del alcalde fueron los gases lacrimógenos lanzados por los miembros del ESMAD, quienes desocuparon la plaza Simón Bolívar para evitar que las exigencias continuaran saliendo a la luz pública.

La respuesta de la población fue dispersarse y correr hacia las calles aledañas al parque central, defenderse y exigir que nos respeten el derecho a movilizarnos y expresarnos.

A esta hora se escuchan disparos del ejército nacional, llueve gases desde sus helicópteros y seguramente mañana el número de detenidos y judicializados se incrementará, porque tienen que presentar resultados…nuevos falsos positivos ingresarán a las listas de nuestros gloriosos héroes de la patria.

Related Link: http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/nacional...icial
author by Luz Marina López Espinosapublication date Wed Aug 28, 2013 23:34Report this post to the editors

Pero no es sólo la sangre, porque bien podría no haberla habido –y nunca debió haberla-, y la fuerza, cubrimiento y mística de la movilización tenían que mantenerse. Porque el paro no fue por la sangre. Pero una vez derramada ésta, sangre humilde, e inocente, sangre buena nacida de la conciencia que dio el surco, el aula y la fábrica, ahora sí razón de más, no cualquier más, muchísimo más para que el Paro Nacional Agrario y Popular se mantenga y se extienda. Porque esa sangre no podrá ser en vano, y la mínima y siempre incompleta reivindicación que le corresponde, es que sea alimento para la causa que los sacrificó, semilla para la justicia que reclamaban.

Lo otro sería espantosa traición, felonía imperdonable.

Porque hay que sostenerlo y decirlo bien alto: la orden de matar, de torturar, de encarcelar y de mutilar y que con sevicia y complacencia cumplen las fuerzas armadas –Ejército y Policía- en el Paro Nacional Agrario y Popular en todo el país, es dada personalmente y con la profunda convicción que da el odio de clases, por el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Así que ningún miembro de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional MIA, o de la Mesa sectorial que en Boyacá negocia con el Presidente, vaya a dar crédito o sentirse justificado con las palabras de Santos que ofrece “excusas” por algún exceso que haya podido cometer en algún lugar de la geografía del paro algún miembro de la fuerza pública, en particular del ESMAD. “Excusas” que son más un insulto que un desagravio. “Excusas” que tienen el sello indeleble de la hipocresía y la mentira, como que de una parte no se corresponden ni compadecen con los actos de ferocidad y barbarie que con sevicia criminal ha cometido la fuerza pública en especial el criminal ESMAD contra el pueblo que protesta, y de otra, se refiere a conductas que expresamente el presidente ha aprobado, aplaudido y estimulado.

O ¿ha visto alguien o ha sabido de que frente a los cientos de ataques policiales contra la población civil desarmada en legítima protesta, el presidente haya mostrado, no digamos indignación que sería demasiado pedir, pero sí inconformidad con el consiguiente llamado –orden- a la moderación? ¿No es acaso el mismo Santos que “ofrece excusas” por algún posible “exceso de fuerza” que quizás haya podido de pronto ocurrir en alguna parte, el mismo que entronizó como director general de la Policía Nacional a un oscuro general cuyo más notable desempeño fue que venía de asesinar a cuatro inermes campesinos en el paro del Catatumbo?

Podrá alguien creer en las palabras del presidente Santos, si hasta Uribe Vélez lo acusa de falso y de felón después de haber sido su ministro estrella y no precisamente como canciller o manejador de las finanzas públicas, sino nada menos que como ministro de defensa y por lo ende ejecutor de esa abominación de los “falsos positivos”?

Por eso, que nadie en la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional MIA, la máxima y legítima representante del vasto movimiento agropecuario y popular que se ha alzado contra un modelo de miseria e injusticia para los más, se llame a engaño. Y que menos lo haga la Mesa que negocia en Tunja con el gobierno nacional. Y que ésta no caiga en la burda trampa ya tendida y conocida, de pretender el gobierno desarticular el movimiento solucionando –o prometiendo solucionar como es de uso- su interés sectorial, con pretensión de que estos desmovilicen el Paro Nacional con la impostura de que ya se dio justa solución a la problemática de todos y que fue la que lo generó. ¡No! El Paro es Agrario. Es Popular. Y es Nacional. Así que las negociaciones y las soluciones, tienen que ser agrarias, nacionales y populares. No son de los cafeteros, ni de los papicultores, ni de los arroceros. De todos estos sí, pero como parte de una vasta y múltiple comunidad nacional de productores del agro afectados por las políticas ruinosas del gobierno favorables a las multinacionales extranjeras y al capital foráneo.

Si los negociadores permiten la estrategia del gobierno de prometer soluciones parciales y sectoriales dividiendo el movimiento y desarticulándolo, lo que está trazado como teoría de cartilla de los gobiernos en este tipo de eventos, es que quienes queden inconformes y continúen en el Paro, ya no tiene justificación en su alegada reivindicación, y quedan evidenciados como terroristas. Y ya está el ejército avisado para que se encargue de ellos.

El tema de los muertos, los mutilados, los heridos, los torturados, los actos de pillaje sobre las humildes viviendas campesinas y los pequeños comercios de los sitios de las concentraciones, el robo de la comida preparada para los cientos de movilizados en todas las regiones pretendiéndolos así rendir por hambre, los ataques a los niños, el incendio de los enseres, elementos de trabajo, de transporte y de comunicación, la brutal y concertada agresión contra la prensa alternativa acompañada del robo o destrucción de las cámaras fotográficas, filmadoras y grabadoras, tiene que ser el primero e innegociable punto de la agenda de discusión con el gobierno. Lo otro, los motivos sustanciales del paro, resultan sorprendentemente, secundarios frente a esto. Pero es decisión y responsabilidad del gobierno esa variación de las prioridades. Porque lo primero es saber si la democracia colombiana, la Constitución, la ley y los tratados internacionales, permiten al pueblo colombiano la protesta social y la movilización. Y si el gobierno tiene potestad para criminalizar a quienes la ejerzan y darles el consecuente trato asesinándolos y encarcelándolos. Después de esto, sí se puede negociar la papa, el arroz, el café, los minerales y la leche, nobles elementos todos importantes para la vida de la gente, precisamente porque permiten sustentarla. Pero sin vida, ya no vale la pena pelear por ellas. No hay nada qué sustentar.

La Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional MIA y la Mesa que negocia con el gobierno nacional en Tunja, tienen que ser una sola. Y no rendirse ante los cantos de sirena mentirosos y oportunistas del Estado. Y sí oír y acatar con devoción, la voz y al voluntad de los miles de movilizados soportando inclemencias en caminos y poblados. Y sobre todo, acatar la mirada y la voz que más manda, la de los muertos en la causa cuya suerte está hoy en manos de los negociadores.

author by Colectivo de Abogados José Alvear Restrepopublication date Wed Aug 28, 2013 23:41Report this post to the editors

El joven de Pasca Juan Camilo León Acosta fue asesinado ayer por el ESMAD en Fusagasugá por un disparo de arma lanzadora de gas lacrimógeno en el pecho. Hoy se llevó a cabo la marcha fúnebre por las calles de Fusagasugá.

Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=QgYd007dTDk
author by Horacio Duque Giraldopublication date Sat Aug 31, 2013 00:46Report this post to the editors

Santos ha hecho, en as horas de la mañana, un discurso bélico y judicial para atacar y aplastar el justo paro agrario nacional que ya completa doce días y crece porque no hay soluciones.

Las medidas anunciadas son de orden represivo, de Estado de Sitio,pretextando la reacción popular contra el régimen neoliberal, los Tratados de Libre Comercio y la mediocridad de las autoridades santistas.

Las principales determinaciones autoritarias de Santos hoy son:

- Militarizar a Bogotá con 50 mil soldados más.

- Desalojo violento de los campesinos situados en las carreteras y vias nacionales.

- Criminalizacion de la protesta campesina mediante acciones judiciales/penales de la policía, el CTI y la Fiscalia contra los labriegos.

-Imposición de sus falsas medidas agrarias con pañitos de agua tibia representados en subsidios y fertilizantes, en vez de la reforma agraria y la aplicación de las medidas de desarrollo rural acordadas en La Habana con las Farc. Todo lo cual esta acompañado de amenazas contra los delegados sociales en la Mesas de dialogo en Tunja.

- Señalamientos y calumnias contra la Marcha Patriotica para desatar la represión violenta de los cuerpos policiales contra sus lideres y militantes. Vuelve y se repite la historia de la Unión Patriotica. El responsable de esto es el señor Santos.

- Orden a los Gobernadores y Alcaldes de imponer toques de queda en sus jurisdicciones al margen del manejo democrático y concertado de los conflictos.

Se le cayo la máscara de mansa paloma al pokerista de la Casa de Nariño. Saco las garras de dictadorzuelo engominado.

Viene otro nivel de la lucha campesina y popular. Hay que arreciar la ofensiva de las masas.

Nota 1. En l Cundinamarca y sus 140 municipios las sentidas protestas de los campesinos es contra la corrupción desfachatada del gobernador Alvaro Cruz, artífice del despojo de miles de millones del presupuesto público regional con los carruseles de la contratación fraudulenta. Que se vaya este bandido de cuello blanco, gritan los ciudadanos.

author by Misión de Verificación de Derechos en Boyacá y Cundinamarcapublication date Sun Sep 01, 2013 06:45Report this post to the editors

Sogamoso, Colombia. 31 de agosto de 2013.

La Misión de Verificación de Derechos Humanos, una vez terminado el segundo recorrido programado para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre los municipios de Chocontá, Ubaté, Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, e intermedios, informamos a la opinión pública que:

Durante los recorridos realizados se encontraron concentraciones pacíficas de manifestantes en las vías, con quienes dialogó la Comisión sobre sus condiciones actuales, permitiendo el paso normal de la Comisión, así como de las misiones médicas y de la defensa civil.

En algunos municipios recorridos la misión constató la suplantación de las autoridades civiles locales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de Fuerza Disponible de la Policía Nacional, quienes ostentan el control absoluto del orden público, bajo órdenes del ejecutivo nacional. Lo que ha posibilitado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, así como el trámite violento de la protesta social.

Las comunidades campesinas dieron a conocer a la Misión el insuficiente apoyo humanitario, evidente en la falta de suministros de alimentos, víveres e insumos médicos. Además señalaron que en algunos casos las autoridades municipales responsables no han ejercido su deber de acompañamiento.

En diálogos con las autoridades civiles municipales, éstas denunciaron la comisión de graves actos vandálicos sucedidos en el marco de las jornadas del paro nacional agrario y popular, haciendo claridad que habían sido cometidos por personas ajenas al paro y a las comunidades. En ese sentido, la Misión recibió denuncias de manifestantes referentes a la presencia de agentes de seguridad del Estado infiltrados, vestidos como campesinos o estudiantes, realizando labores de inteligencia, detenciones arbitrarias, actos de violencia y provocación.

La Comisión verificó un subregistro de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública. Además, en varios municipios las detenciones arbitrarias documentadas no han sido reconocidas como tales por los organismos locales de control e investigación y, por tanto, no están siendo investigadas.

Manifestamos la preocupación ante las actitudes hostiles contra la Comisión por parte de agentes de la Policía Nacional, entre las que destacamos el registro audiovisual y fotográfico a las personas y a los vehículos de la Misión, la descalificación de la labor de defensa de los derechos humanos y la pretensión de impedir el paso de la caravana humanitaria. También denunciamos el robo de un chaleco distintivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en el marco de la Misión.

Finalmente, en razón de las modalidades como fueron realizados los actos de violencia y abuso de poder en contra de la población civil de los diferentes municipios visitados, se constató la existencia una práctica sistemática y generalizada en el actuar criminal y violento de la fuerza pública, en particular del ESMAD.

La Misión de Derechos Humanos conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Campaña de Detenciones Arbitrarias, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizcor, periodistas independientes (El Turbión y Colombia Informa), con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Con el apoyo local de:

Mesa de Derechos Humanos de Tunja, Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombia, Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tunja, Mesa de Interlocución Agraria (MIA), FENSUAGRO, CPDH Boyacá, Corporación Zoscua, Fundación San Isidro y Red de Derechos Humanos Esperanza.

author by MIApublication date Sun Sep 01, 2013 06:49Report this post to the editors

Durante 12 días los diferentes sectores agrarios y populares que han confluido en las Jornadas Nacionales de Protestas y Paros Indefinidos, se han movilizado en diversas regiones del territorio nacional con el propósito de expresar su descontento social ante la desigualdad social y económica en el campo y la ciudad , lo cual pone en evidencia el ascenso de las luchas sociales del pueblo colombiano; cuyas justas demandas han sido invisibilizadas por el gobierno nacional, el cual lejos de buscar escenarios de dialogo e interlocución ha implementado una maquinaria de guerra contra el pueblo colombiano a través del Esmad, la Policía, el Ejército Nacional y agentes de civil, señalando y persiguiendo a miles de manifestantes y sus principales dirigentes.

La persecución y señalamiento contra las organizaciones sociales y populares que han convocado el Paro Nacional Agrario y Popular se ha materializado en una grave crisis en materia de derechos humanos que se refleja en los siguientes hechos:

-503 casos violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país
-247 detenciones arbitrarias
-303 heridos
-11 personas heridas con arma de fuego
-48 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y lideres sociales
-La perdida de 9 vidas humanas a causa de impacto de arma de fuego, entre las que se encuentran las siguientes personas: JUAN CARLOS LEÓN ACOSTA asesinado el 26 de agosto en el municipio de Fusagasugá, JOHNY VELASCO GALVIS, asesinado el 29 de agosto en la localidad de Suba – Bogotá, CRISTIAN DELGADO asesinado en la localidad de Engativá en la misma fecha , EINER MOSQUERA asesinado en el municipio de Coyaima – corregimiento de Castilla – Tolima el 29 de agosto y UN MENOR DE EDAD DE 15 AÑOS, cuya identidad aun no ha podido ser precisada en el municipio de Rionegro – Antioquia.

Adicionalmente se han presentado en el curso de los últimos días señalamientos, seguimientos, y detenciones arbitrarias, entre las que se destacan la de nuestros compañeros HUBER BALLESTEROS Y RUBER MUÑOZ QUIJANO y todos los detenidos durante el Paro nacional Agropecuario y popular. Estos hechos hacen parte de la oleada de represión del gobierno nacional contra los líderes agrarios y sociales que hacen parte del paro agrario y popular.

Por otra parte, el día de hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en alocución oficial realizada en horas de la mañana ordenó la militarización de Bogotá y aseguró que así lo hará en cualquier zona donde sea “necesario”, destinando 50.000 hombres de las fuerzas militares para que trabajen con la policía en aras de garantizar la movilidad por las carreteras del país, situación que pone de manifiesto la grave crisis humanitaria que vive el país, caracterizada por la agudización de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional a rechazar las represalias contra los miles de manifestantes que desde el 19 de agosto se encuentran en las diferentes regiones del país ejerciendo el legitimo derecho a la protesta social y exigimos que cese la criminalización contra las iniciativas de movilización de los sectores populares.

Atentamente

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÒN Y ACUERDOS – MIA

author by Marcha Patrióticapublication date Tue Sep 03, 2013 18:11Report this post to the editors

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia emite ACCIÓN URGENTE ante la comunidad nacional e internacional por la integridad física y psicológica de nuestros integrantes, quienes se encuentran en inminente riesgo tras las declaraciones del presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón.

HECHOS

1. El 30 de agosto de 2013 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en alocución oficial realizada en horas de la mañana ordena la militarización de Bogotá y asegura que así lo hará en cualquier zona donde sea “necesario”, destinando 50.000 hombres de las fuerzas militares para que trabajen junto con la policía en garantizar la movilidad por las carreteras del país.

2. En la misma alocución, el presidente Juan Manuel Santos acusa al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de querer imponer su agenda política para impedir que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y los diversos sectores que han convocado al Paro Nacional, señalando que nuestro Movimiento Político y Social desconoce los intereses de los campesinos, algo contrario a la realidad, puesto que más de mil organizaciones de trabajadores agrícolas y campesinos son parte de Marcha Patriótica. Acto seguido, de manera irresponsable afirma que hay personas que están obligando a los campesinos a movilizarse y a poner en sus casas propaganda de apoyo al Paro, y ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos para quienes den información que permita “identificar y capturar a aquellos que están amenazando y extorsionando a las personas y empresas para obligarlos a parar”.

3. Esta declaración se produce en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular iniciado desde el 19 de agosto, que a la fecha ha dejado 9 personas muertas, cerca de 800 heridas y 512 personas detenidas y judicializadas, entre las que figura Hubert Ballesteros, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores-CUT, vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria-FENSUAGRO, vocero de la Mesa de Interlocución y Acuerdo-MIA e integrante de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, detenido en Bogotá el pasado 25 de agosto.

4. En el contexto del mencionado Paro, el jueves 29 de agosto se presentó en Bogotá una masiva movilización de trabajadores, estudiantes, gentes del común en apoyo a las justas reclamaciones de los sectores campesinos, la cual fue fuertemente reprimida, dejando como consecuencia varias personas heridas de gravedad y cientos de detenidos. Después de ser dispersadas las protestas pacíficas, en las horas de la noche se dieron otros hechos que no tenían relación con la protesta, especialmente en los barrios marginados de la capital colombiana, que desembocaron en violencia dejando dos personas asesinadas con arma de fuego, presuntamente por las fuerzas policiales estatales.

ALERTAMOS QUE:

1. Colombia se encuentra en una delicada situación humanitaria, caracterizada por la agudización de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública, especialmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejército Nacional.

2. La situación en las principales ciudades del país y en las zonas urbanas es dramática en lo referido a las garantías para la movilización y el ejercicio del derecho a la protesta social.

3. Desde su origen en 2010 y posterior lanzamiento en 2012, Marcha Patriótica ha sido sistemáticamente estigmatizada por el Estado colombiano. Las recientes declaraciones del presidente de la República van en el mismo sentido y aumentan la persecución y represión contra quienes integran el Movimiento.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado colombiano, en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, al General RODOLFO PALOMINO director general de Policía Nacional, al General OSCAR GUTIÉRREZ, director general Ejército Nacional, por las violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal que se cometan contra integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y en general contra quienes participan activamente del Paro Nacional Agrario y Popular.

EXIGIMOS

1. Que el señor Juan Manuel Santos se retracte públicamente de las afirmaciones hechas en la alocución del viernes 30 de agosto, que comprometen directamente a Marcha Patriótica con la imposibilidad de llegar a un acuerdo efectivo que permita levantar el Paro Nacional Agrario y Popular.

2. Que se suspenda la criminalización de la protesta social en Colombia, que lleva consigo la represión y estigmatización del movimiento social y popular.

3. Que se garantice la integridad física y psicológica de las y los integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y de todas las miles de personas que participan de la movilización.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, organizaciones solidarias, medios de comunicación, a difundir la presente ACCIÓN URGENTE y EMITIR SUS PRONUNCIAMIENTOS DE RESPALDO enviando sus cartas a las siguientes instituciones:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 - 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
Twitter: @angelino_garzon

RUTH CORREA
Ministra de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co;
webmaster@procuraduria.gov.co

JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
Fax: (+571) 640.04.91
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
e-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria
e-mail: pramos@defensoria.org.co

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN COLOMBIA
Diagonal 46 No. 15 B – 07
Teléfono (571) 245 10 48
FAX 232 06 38 - Confirmación 232 14 77
bogota.bog@icrc.org

SANTIAGO CANTON
Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de DDHH
e-mail: cidhoea@oas.org, apizarro@oas.org

Bogotá D.C. Agosto 30 de 2013

author by Agencia Prensa Ruralpublication date Wed Sep 04, 2013 18:35Report this post to the editors

El ataque inició hacia la una de la tarde de ayer, sobre los campesinos que se encontraban ubicados en la vía, entre Florencia y el aeropuerto de la ciudad.

El comunicador Blaismir Blas González denunció que el Esmad arroja gases a las casas del barrio el Gaitán y Primavera en el sector uno de las Malvinas, “afectando a niños y ancianos, en este momento la fuerza pública está abusando de autoridad llevándose a quienes este en las esquina para mostrar resultado ficticio”.

Desde el 3 de septiembre Santos ordenó el desalojo violento de los tres puntos de bloqueo de acceso a la ciudad, esto con el apoyo de 300 hombres del Esmad que llegaron a reforzar. La Fuerza Pública disparó contra los manifestantes , según se conoció les dispararon a los campesinos que se encuentraban en la loma al lado de la vía que conduce Florencia con el aeropuerto.

El periodista Oscar Javier Neira denunció que empezaron a echar gases a diestra y siniestra, afectando a la comunidad de la zona entre ellos varios niños. "Ante el reclamo de los pobladores, la Policía responde con gases que arrojan desde tierra y por aire desde helicópteros", se comunicó.

El periodista, Norberto Hurtado Cedeño afirmó que los casos más graves se registraron sobre la salida al aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, “a la altura del monumento Los Colonos, avenida los humedales del Versalles y el barrio El Rosal”. En los Colonos sobre las 9 de la noche persistían los enfrentamientos del Esmad contra los manifestantes.

Hasta el momento se repotan 10 heridos, se desconoce el número de detenidos que dejó la agresión del ESMAD.

Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=zQU16r6A9so
author by Congreso de los Pueblospublication date Wed Sep 04, 2013 19:03Report this post to the editors

La misión de verificación de derechos humanos, una vez terminado el segundo recorrido programado para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre los municipios de Chocontá, Ubaté, Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso e intermedios, informamos a la opinión pública que:

Durante los recorridos realizados se encontraron concentraciones pacíficas de manifestantes en las vías, con quienes dialogó la comisión sobre sus condiciones actuales, permitiendo el paso normal de la comisión, así como de las misiones médicas y de la Defensa Civil.

En algunos municipios recorridos la misión constató la suplantación de las autoridades civiles locales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de Fuerza Disponible de la Policía Nacional, quienes ostentan el control absoluto del orden público, bajo órdenes del Ejecutivo nacional, lo que ha posibilitado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, así como el trámite violento de la protesta social.

Las comunidades campesinas dieron a conocer a la misión el insuficiente apoyo humanitario, evidente en la falta de suministros de alimentos, víveres e insumos médicos. Además señalaron que en algunos casos las autoridades municipales responsables no han ejercido su deber de acompañamiento.

En diálogos con las autoridades civiles municipales, éstas denunciaron la comisión de graves actos vandálicos sucedidos en el marco de las jornadas del paro nacional agrario y popular, haciendo claridad que habían sido cometidos por personas ajenas al paro y a las comunidades. En ese sentido, la misión recibió denuncias de manifestantes referentes a la presencia de agentes de seguridad del Estado infiltrados, vestidos como campesinos o estudiantes, realizando labores de inteligencia, detenciones arbitrarias, actos de violencia y provocación.

La comisión verificó un subregistro de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública. Además, en varios municipios las detenciones arbitrarias documentadas no han sido reconocidas como tales por los organismos locales de control e investigación y, por tanto, no están siendo investigadas.

Manifestamos la preocupación ante las actitudes hostiles contra la comisión por parte de agentes de la Policía Nacional, entre las que destacamos el registro audiovisual y fotográfico a las personas y a los vehículos de la misión, la descalificación de la labor de defensa de los derechos humanos y la pretensión de impedir el paso de la caravana humanitaria. También denunciamos el robo de un chaleco distintivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en el marco de la misión.

Finalmente, en razón de las modalidades como fueron realizados los actos de violencia y abuso de poder en contra de la población civil de los diferentes municipios visitados, se constató la existencia de una práctica sistemática y generalizada en el actuar criminal y violento de la Fuerza Pública, en particular del Esmad.

La misión de derechos humanos conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Campaña de Detenciones Arbitrarias, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, periodistas independientes (El Turbión y Colombia Informa), con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

Con el apoyo local de:

Mesa de Derechos Humanos de Tunja, Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombia, Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tunja, Mesa de Interlocución Agraria (MIA), Fensuagro, CPDH Boyacá, Corporación Zoscua, Fundación San Isidro y Red de Derechos Humanos Esperanza.

author by Horacio Duque Giraldopublication date Fri Sep 06, 2013 17:15Report this post to the editors

Al estilo filibustero, el señor Santos ha protagonizado un asalto brutal contra cerca de 10 mil campesinos e indigenas que desde el 19 de agosto estaban concentrados a la altura de Mojarras, en el municipio de Mercaderes, sobre la vía Panamericana que comunica a Nariño con el centro de Colombia.

La acción colectiva que adelantan los labriegos es parte del paro nacional agrario que mantiene su vigencia, no obstante la propaganda oficial que pretende ignorarlo. En esta región habitan cerca de 150 mil colombianos que se asientan en los municipios de Leiva, Policarpa, Taminango, Andes, Patia, Mercaderes, Cumbitara, Bolivar y otras pequeñas poblaciones que se debaten en la pobreza, la exclusión y marginalidad.

La potente movilización de los labriegos llevó al bloqueo de la vía y a la realización de manifestaciones para reclamar la solución de los problemas centrales del agro en la región.

Pero la respuesta de Santos sigue siendo la de la violencia. Los campesinos fueron atacados a bala desde las montañas cercanas, igual con gases y bombas de todo calibre. Hay heridos, presos y desaparecidos.

El Coronel de la policía Ricardo Alarcon es el autor de esta repudiable acción autoritaria que constituye el lenguaje privilegiado del régimen ante las peticiones campesinas.

Pero los campesinos siguen allí y requieren de nuestra solidaridad con la denuncia de los atropellos y desmanes del militarismo.

En el Cauca, igualmente, hay en estos momentos un bloqueo de la vía Panamericana a la altura de Pescador en el municipio de Mondomo.

Sigue la lucha y Santos se hunde en su desastre. Que renuncie!!!!!!

author by Agencia Prensa Ruralpublication date Fri Sep 06, 2013 18:02Report this post to the editors

Según datos suministrados por la Procuraduría General de la Nación, el número de heridos en Mojarras-Cauca aumentaría a 35, de estos 4 en estado grave; habría 4 muertos, uno de ellos un niño de 6 años de edad que falleció por inhalacion de gases lacrimogenos. Uno de los heridos es un defensor de derechos humanos que se encuentra muy grave, DEIVID DE JESÚS HURTADO quien pertenece a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y a la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Cauca, es estudiante de derecho e historia en la Universidad del Cauca y activista estudiantil perteneciente a la Coordinadora Estudiantil Tuto González. Fue herido por esquirlas de artefacto explosivo lanzado por el ejercito (presumiblemente granada de mortero o fusil), a esta hora están llegando a la ciudad de Popayán, al hospital San Jose en donde se esta concentrando gente en su mayoría estudiantes de la Unicauca.

Aún se espera la comprobar estas cifras y más información acerca del estado de los heridos. El campesinado sigue exigiendo la instalación de una Mesa de Interlocución y Acuerdo en la que campesinos y campesinas sientan recogidas sus exigencias y que "no les den más plomo".

Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12005
author by Marcha Patrióticapublication date Fri Sep 06, 2013 18:06Report this post to the editors

A pesar de los gestos humanitarios que realizaron durante los días sábado 31 de Agosto y martes 3 de Septiembre los campesinos reunidos en el Corregimiento de Mojarras, Municipio de Mercaderes, Sur del Departamento del Cauca al entregar nueve (9) agentes activos del Ejército y la Policía Nacional sorprendidos realizando en la concentración actos de infiltración y pillaje ante organizaciones defensoras de Derechos Humanos como la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, la Defensoría Regional del Pueblo, la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, delegados de la Gobernación del Cauca y de las comisiones políticas del Sur del Cauca y Norte de Nariño. El Estado Colombiano continúa adelantando acciones represivas contra los manifestantes en este punto de la vía panamericana.

Las acciones de hostigamiento comenzaron en la madrugada de este 5 de septiembre, cuando más de 10.000 campesinos trataban de conciliar el sueño y dos aviones de guerra comenzaron a sobrevolar el campamento lanzando luces de bengalas.

La tensión aumento entre las 6:00 y 6:30 de la mañana cuando el Ejército Nacional desembarca tropas en lugares aledaños al sitio de concentración y las fuerzas combinadas de soldados, agentes de la Policía Nacional y personas de civil comenzaron a realizar disparos con armas de fuego al aire.

Los campesinos apostados a lado y lado de la vía, siguen en resistencia y después de contener un enfrentamiento que se prolongó por más de cinco (5) horas, el saldo es de cinco personas afectadas por impactos de arma de fuego y esquirlas; dichos compañeros corresponden a los nombres de JHON JAMES CALVACHE (herido en la mano), JAIME DIAZ (herido en la pierna), CAMILO AVIRAMA (herido en la mano), JUSTINIANO ENRIQUEZ (Herido en la mano con una afectación en dos dedos) y NN (herida cerca a la cabeza)” . Igualmente los campesinos ALVEIRO MENESES y WILLIAM GUERRERO fueron detenidos arbitrariamente por agentes de Policía Nacional y hasta el momento se desconoce su paradero.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de Derechos Humanos, a los organismos de control, a los medios de comunicación tradicionales, alternativos, comunitarios, populares y a toda la ciudadanía en general, para que se pronuncien en contra del trato armamentista y de guerra que le está dando el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos al justo Paro Nacional Agrario y Popular que venimos adelantando en distintas regiones del país, desde el pasado 19 de Agosto.

Septiembre 05 de 2013

¡Hemos puesto en Marcha nuestro corazón,
Seguirá en Marcha la esperanza!

author by MIApublication date Fri Sep 06, 2013 18:26Report this post to the editors

La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos

(MIA –CAUCA)

Teniendo en cuenta los siguientes elementos:

En el transcurso de la semana se adelantó acercamientos entre el gobierno nacional y nuestros voceros, en la vía de abrir un escenario de diálogo y negociación que permitiera abordar salidas a la crisis del sector agropecuario, en el marco de nuestro pliego de exigencias obteniendo los siguientes avances:

1. Se acordó para el 6 de Septiembre una reunión con el vicepresidente de la república en la ciudad de Cali, con los representantes del proceso de movilización nacional.

2. En la reunión se abordarían elementos metodológicos para una posible instalación de una mesa en la ciudad de Popayán el día Sábado 7 de Septiembre.

3. Desde la MIA saludamos los esfuerzos por buscar salidas a la crisis a través del dialogo.

Desde las 7: 10 am del día de hoy se han adelantado operaciones militares y para militares por parte de las fuerzas combinadas del Ejército y Policía Nacional y personas de civil, en contra de concentración de humildes campesinos que participan de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS ubicados en el centro poblado de la vereda Mojarras del Municipio de Mercaderes en el Departamento del Cauca, cuyo resultado son heridos de gravedad, ataque a bienes civiles, detenciones arbitrarias, retrasos en misión medica debido a los ataques indiscriminados, en los cuales se usaron artefactos no convencionales (proyectiles recalzados y "papas" explosivas), armas convencionales (gases lacrimógenos, ráfagas de proyectiles de arma de fuego, granadas aturdidoras y perdigones).

Comunicamos a la opinión pública y comunidad en general ante las contradicciones del Gobierno Nacional y el trato de guerra hacia los movilizados.

1. Los cerca de 10000 campesinos, indígenas y afro descendientes concentrados en el sur, norte y oriente del departamento del Cauca, a pesar de las acciones de terror sobre nuestro proceso de movilización, mantenemos el Paro Nacional Agrario y Popular y continuaremos desarrollando acciones que permitan construir , socializar y exigir soluciones a la grave crisis que atraviesa el sector agropecuario.

2. Desde la MIA mantenemos la firme decisión de presentar y discutir nuestro pliego nacional de 6 puntos con el Gobierno Nacional. Nuestra disposición al diálogo persiste ante la intransigencia de la Casa de Nariño. Le pedimos al presidente Juan Manuel Santos aceptar una mesa de conversaciones con la actual movilización campesina en una ciudad capital de cualquiera de los departamentos que nos encontramos en movilización.

3. Saludamos a los millones de colombianos y colombianas, que desde las ciudades han apoyado el Paro Nacional Agrario y Popular. Nos solidarizamos también con los múltiples sectores en conflicto con los que hemos labrado este paro. La lucha por la salud, la educación y el transporte también es de los campesinos y campesinas colombianos.

¡¡¡Todos Paran, Todos Ganan!!!

MESA DEPARTMENTAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO -MIA CAUCA-

¡Por la vida y contra el desarraigo!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular!

COMUNICADO Nº2 A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Desde el pasado 19 de agosto cientas de organizaciones agrarias, sociales y populares en todo el país; nos dimos cita en las principales carreteras, calles y avenidas para expresar nuestro descontento con las medidas neoliberales que han asumido los gobiernos de turno y que el actual presidente ha ahondado a través de sus locomotoras de desarrollo, que empobrecen nuestros campos y ciudades y solo benefician al capital trasnacional. Ese día, histórico para nuestro legado de lucha y reivindicación popular, iniciamos la jornada de protestas y paros indefinidos en todo el territorio nacional.

En el punto de concentración del corregimiento de Mojarras, Municipio de Mercaderes, Sur del Departamento del Cauca, nos encontramos alrededor de 10000 campesinos de distintos Municipios del sur del cauca y norte del Nariño. A pesar de la invisibilización y desconocimiento de nuestra movilización por parte del Gobierno Nacional, a hoy, para nadie es un secreto la existencia del Paro Nacional Agrario y Popular, y de nuestro punto de concentración.

Desde el inicio del paro, hemos encontrado un acompañamiento de los sectores sindicales y populares que desde las ciudades con acciones como cacerolazos, marchas, concentraciones, plantones, mítines, etc. han contribuido a la visibilización del mismo y han apoyado nuestra exigencia de instalar de forma inmediata una mesa entre el Gobierno Nacional y la Mesa Agropecuaria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional), evidenciándose incluso tal apoyo en diversos sectores religiosos que se han sumado y contribuido desde sus enfoques al desarrollo del Paro Agrario.

Iniciada la movilización, los campesinos hemos realizado múltiples gestos humanitarios como el paso de peatones, de ancianos, de niños, mujeres embarazadas y de casos especiales, hechos a los cuales no se le ha dado ninguna trascendencia ante la opinión pública, sólo se han visibilizado los hechos más recientes relacionados con la devolución sanos y salvos ante organismos nacionales e internacionales como la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, la Defensoría Regional del Pueblo, la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Gobernación del Cauca de varios militares y policías que fueron sorprendidos, en flagrancia intentado infiltrar la concentración campesina.

El pasado sábado 31 de agosto, fueron entregados a sus familias e instituciones sanos y salvos Gentil Zambrano Valencia miembro de la Policía Nacional y Jesus Henry Criollo activo del Ejército Nacional y el día de ayer, 3 de septiembre, fueron devueltos los Cabos Terceros del Ejercito Nacional Darío Pérez Mesa, Darwin Rosa Jojoa, Marlon Arciniegas Chaucanes y Jovany Andrés Puerres, el soldado Profesional Lenis Hernández, el Soldado regular Leider España y el agente de la Policía Nacional William García.

Algunos medios nacionales dan prioridad a las declaraciones que realizo el agente de la Policía Nacional William García cuando afirmo ante los medios televisivos presentes en la entrega que “inicialmente cuando me retienen la gente que me identifica como militante de las Farc, del frente 29”, este señalamiento, casi hace abortar la acción humanitaria, al tratarse de una afirmación premeditada y malintencionada, que pone en riesgo la vida, seguridad e integridad de todos los campesinos que nos encontramos concentrados en la vía.

Seguimos con el mejor ánimo y disposición para interlocutar con el Gobierno Nacional, de converger en una mesa mediante un diálogo directo con la MIA – Nacional; espacio, en donde esperamos poder debatir las problemáticas del campo colombiano enmarcados en el pliego nacional de peticiones, en una salida alternativa a la propuesta militarista y de guerra que nos ofrecen a los campesinos colombianos.

Rechazamos los ataques indiscriminados que han venido adelantando los agentes del Estado a las movilizaciones agrarias y populares en todo el país. Invitamos a todos los sectores a sumarse al Paro Nacional Agrario y Popular, a multiplicar las denuncias, peticiones y exigencias ante el Gobierno Nacional, a ahondar en la visibilización, movilización por la justeza de nuestro paro.

Mojarras, Cauca

Septiembre 04 de 2013

VIVA EL PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR

VIVA LA MIA NACIONAL.

author by Marcha Patrióticapublication date Fri Sep 06, 2013 20:58Report this post to the editors

De la mano firme y transparente de los humildes campesinos, honestos, trabajadores y forjadores de paz, sigue avanzando a lo largo y ancho del país, el grito de los excluidos. Campesinos, trabajadores, amas de casa, indígenas, afrodescendientes, desempleados, estudiantes, jóvenes y ciudadanos de Colombia siguen sumándose con valentía al Paro Nacional Agrario y Popular engrosando un movimiento que exige soluciones reales y concretas a las múltiples calamidades desatadas por el Estado Colombiano en contra de las mayorías oprimidas y sometidas a los designios de la casta en el poder.

Es una realidad indiscutible que El Paro Nacional Agrario y Popular se mantiene más vivo que nunca, avanza conquistando el apoyo de millones de colombianos y deja en evidencia la perversidad de un Gobierno Nacional en nada comprometido con la construcción de la paz, que dice anhelar.

La cronología del ensañamiento con la que las fuerzas estatales vienen atacando a indefensos marchantes del Paro Agrario son sólo una muestra de la nula voluntad de paz que tiene el gobierno en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS: mientras los humildes manifestantes en Mojarras (Municipio de Mercaderes al sur del Cauca), que elevan los mas justos reclamos dieron gestos de humanidad, el TIRANO ordena a sus fuerzas armadas desatar todo su terrorismo de Estado; Mientras los campesinos defienden el derecho a vivir el TIRANO ordena masacrarlos precisamente para proteger los intereses de los grandes comerciantes que a diario mueven sus mercancías por la vía Panamericana.

Si en verdad el Gobierno de Santos, desea construir la paz, debería demostrarlo. Si se desea construir la paz ¿por qué ordena un tratamiento de guerra contra indefensos labriegos? Si se desea construir la paz ¿por qué se niega a escuchar el clamor popular recogido en la Mesa de interlocución y acuerdo nacional del sector agropecuario y popular (MIA)? Si se desea construir la paz ¿por qué ignora y no da solución a las justas exigencias de los sectores populares movilizados y de los que se van a movilizar?

Popayán, 06 Septiembre de 2013

¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular!

author by Marcha Patrióticapublication date Fri Sep 06, 2013 21:03Report this post to the editors

Que las botas no pisen las flores,
Ni los fusiles acallen las voces
A la vida por fin daremos todo
A la muerte jamás daremos nada.
Por nuestro compañero
VÍCTOR ALFONSO ORTEGA

Ni un minuto de silencio
Toda una vida de lucha y combate.
Consigna agraria, estudiantil y popular

La respuesta del Estado Colombiano a gestos humanitarios como el tránsito de personas, misiones médicas, insumos, enfermos, etc. mediante un corredor humanitario que conformaron las y los campesinos concentrados en la vía panamericana a la altura de Mojarras, Municipio de Mercaderes, Sur del Departamento del Cauca; así como, la entrega desiete miembros del Ejército entre Cabos y soldados regulares y dos agentes de la Policía Nacional por parte de los manifestantes, es el uso desmedido de la fuerza y el empleo de “artefactos no convencionales (proyectiles recalzados y "papas" bomba con metralla), armas convencionales (Lanza llamas, ráfagas de proyectiles de arma de fuego, granadas de fragmentación, granadas MGL, Granadas de mortero y de fusil, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos - lanzados por vía aérea y terrestre - y perdigones”, afirmo la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes en el Informe Especial - Mojarras 5 de Septiembre[1].

Este tipo de elementos fueron los empleados la mañana de ayer, 05 de Septiembre, por fuerzas combinadas del Ejército, agentes de la Policía de Carreteras, integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios - ESMAD y personas de civil armados, quienes realizaron un operativo sin precedentes para desalojar a sangre y fuego a los manifestantes concentrados en Mojarras. Llama la atención de los campesinos de la zona, la aptitud complaciente del Instituto Nacional de Vías – Invías – que el pasado martes 03 de Septiembre mientras se realizaba la segunda entrega humanitaria de uniformados se le permitió a sus técnicos, valorar el estado del Puente Marañón y establecer un cordón humanitario que permitiera el tránsito de misiones medicas durante el paro, y en palabras de un labriego de la zona “son cómplices porque de no haber sido valorado y colocado las placas sobre el puente, no hubiese sido posible la arremetida por tierra que nos realizaron”.

De la misma manera, preocupa que campesinos presentes en el punto de concentración manifestaran a la comisión humanitaria[2] que se hizo presente para constatar los graves hechos violatorios de Derechos Humanos de las comunidades movilizadas que “…en la zona y producto de la acción estatal se habría realizado una masacre en la cual cuatro personas habrían sido asesinadas entre los que se encontraba una niña de 6 años de edad”, pero a la fecha, no se ha podido establecer la veracidad de esta información, porque, el Ejercito ha impedido su verificación.

A continuación trascribimos un segmento del Informe Especial que emitió la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes sobre el desafortunado desenlace de la arremetida estatal en Mojarras, Municipio de Mercaderes y que dejó como resultado: Un (1) campesino asesinado, veintiún (21) heridos de los cuales nueve (9) revisten gravedad y dos (2) detenciones arbitrarias.
“Pese a las dificultades para el ingreso de la misión médica debido a la intensa represión de que fueron objeto los campesinos por la acción de las fuerzas combinadas estatales y para estatales, finalmente un grupo de campesinos fueron remitidos a centros hospitalarios de la ciudad de Popayán:

Respecto a su condición médica se tiene que en la Clínica la Estancia fueron atendidos:

1. FLEIDER ORTEGA GALINDEZ, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda La Mesa, Herida por arma de fuego penetrante de abdomen.
2. HOOVER CRUZ BURBANO, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda Santa Cruz, Herida por objeto contundente en región toraco abdominal posterior,
3. WILSON IDROBO, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda Villa Nueva. Trauma en cara.
4. HAMILTON ESNEIDER SOLARTE MOSQUERA, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda El Crucero. Trauma cráneo encefálico moderado.
5. VICTOR ALFONSO ORTEGA, Procedente del Municipio de Leiva, Trauma cráneo encefálico.
6. DEIVIN JESUS HURTADO ERAZO, Hematoma y esquirla en cuello izquierdo, esquirla en pierna derecha, amputación de 4 dedo mano izquierda.

Igualmente en el Hospital Susana López de Valencia, fueron atendidos:

1. JUSTINIANO DE LA ENCARNACIÓN ENRRIQUEZ, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda El Altillo. Ablación Tejido Blando Perdida 1,2,3 dedos
2. JENNIS ANTONIO DE LA ENCARNACIÓN ZUÑIGA, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda Brisas. Trauma de mano derecha con pérdida de 1,2 dedo
3. MILTON CAMILO AVIRAMA GONZALEZ, Procedente del Municipio de El Bordo Patía, Vereda Zarzal. Trauma mano derecha con pérdida de 2 dedo y heridas múltiples en la mano, en Susana López
4. JONAIVER BENITES QUINAYAS, Procedente del Municipio de Balboa. Fractura de tibia y peroné izquierda mas fractura de cubito derecho.

Y en el Hospital Universitario San José, fueron atendidos:

1. YEFER ARNOLDO BOLAÑOS SAMBONI, Procedente del Municipio de Balboa. Herida Toraco abdominal.
2. FERNANDO HURTADO MENA

De igual manera resultaron afectados OVER ADELMO HOYOS GÓMEZ, Procedente del Municipio de El Bordo Patía. Herida Toraco abdominal, herida de muslo y pierna izquierda, JHON JAMES CALVACHE (herida en la mano), JAIME DIAZ (herido pierna), CAMILO AVIRAMA (herido en la mano), JUSTINIANO ENRRIQUEZ (Herida en mano que le afecto dos dedos), JONER MAYUNGA, (Herida en pierna, brazo y Axila derecha), RAFAÉL DÍAZ, FABIAN MARTINEZ, YONNY RODALLEGA y CARLOS ROJAS

Cerca de las 11:00 de la noche se confirma que el campesino VICTOR ALFONSO ORTEGA, Procedente del Municipio de Leiva quien había sido remitido a la Clínica la Estancia de Popayán con diagnostico de Trauma craneoencefálico, había muerto producto de las heridas que integrantes de las fuerzas militares y de policía le causaron.

Pese a la represión violenta de que fueron objeto un grupo de campesinos se encuentran concentrados sobre el puente del corregimiento Puerto Nuevo del Municipio de Leiva”.

Septiembre 06 de 2013

¡Hemos puesto en Marcha nuestro corazón,
Seguirá en Marcha la esperanza!

author by MOVICEpublication date Tue Sep 10, 2013 01:03Report this post to the editors

Organizaciones pertenecientes al Capítulo Movice en Cauca denunciamos las violaciones a los derechos humanos sufridos por las comunidades movilizadas y concentradas en la vereda Mojarras, municipio de Mercaderes sobre la vía Panamericana en el marco del Paro Agrario y Popular.

Por aire y tierra desde las 4:00 de la madrugada del pasado jueves 5 de septiembre y durante todo el día los campesinos y ciudadanos concentrados en el lugar fueron atacados por Ejército, Policía y Esmad.

Las fuerzas militares han acudido al uso desmedido e indiscriminado de la fuerza para disolver la concentración, violando los derechos humanos.

Las comunidades del municipio de Mercaderes, distantes del lugar de los hechos denuncian que existen cuatro personas muertas, dos de ellas oriundas del municipio de Mercaderes y dos del vecino municipio de Leiva en el departamento de Nariño. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el municipio de Leiva en el norte de Nariño.

Asimismo, agentes de la Fuerza Pública siguen intimidando a la población con sobrevuelos permanentes de helicópteros sobre la zona. En el lugar hubo muchos heridos que llegaron hasta la cabecera municipal de Mercaderes y son los ciudadanos quienes los están socorriendo ya que el centro de salud local no cuenta con las condiciones básicas para su atención.

Los habitantes del casco urbano de Mercaderes se encuentran aterrorizados por los hostigamientos de las fuerzas militares y el uso excesivo de la fuerza durante este operativo, además de los abusos por parte de los mismos.

Informan que en el municipio de Leiva se está presentando una fuerte movilización de los pobladores; además que la Policía asentada en el lugar está arremetiendo contra la población, la situación es preocupante y se teme lo peor.

Instamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos a estar pendientes de la situación, pronunciarse y solidarizarse ante tan graves hechos y atropellos contra las comunidades.

Condenamos y responsabilizamos al Estado colombiano por los hechos sucedidos.

Exigimos investigaciones sobre lo ocurrido y garantías de justicia.

Finalmente nos solidarizamos con las organizaciones y las familias que han sido victimizadas en este brutal ataque del Gobierno Nacional.

author by MIApublication date Tue Sep 10, 2013 22:11Report this post to the editors

Durante 21 días los diferentes sectores agrarios y populares que han confluido en las jornadas nacionales de protestas y paros indefinidos, se han movilizado en diversas departamentos y regiones del territorio nacional con el propósito de expresar su descontento social ante la desigualdad social y económica en el campo y la ciudad , lo cual pone en evidencia el ascenso de las luchas sociales del pueblo colombiano; cuyas justas demandas han sido invisibilizadas por el gobierno nacional, el cual lejos de buscar escenarios de dialogo e interlocución ha implementado una maquinaria de guerra y muerte contra el pueblo colombiano a través del Esmad, la Policía, el Ejército Nacional y agentes de civil, señalando y persiguiendo a miles de manifestantes y sus principales dirigentes.

La persecución y señalamiento contra las organizaciones sociales y populares que han convocado el Paro Nacional Agrario y Popular se ha materializado en una grave crisis en materia de derechos humanos que se agudizó en el transcurso de la última semana en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño y Cauca, lo cual se refleja en los siguientes hechos:

660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país

262 detenciones arbitrarias

485 personas heridas

21 personas heridas con arma de fuego

52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales

- 4 personas desaparecidas

- 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país

Asimismo denunciamos la perdida de 12 vidas humanas a causa de impacto de arma de fuego, entre las que se encuentran las siguientes personas: Juan Carlos León Acosta asesinado el 26 de agosto en el municipio de Fusagasugá, Johny Velasco Galvis, asesinado el 29 de agosto en la localidad de Suba – Bogotá, Cristian Delgado asesinado en la localidad de Engativá en la misma fecha , Einer Mosquera asesinado en el municipio de Coyaima – corregimiento de Castilla – Tolima el 29 de agosto y un menor de edad de 15 años, cuya identidad aún no ha podido ser precisada en el municipio de Rionegro – Antioquia. En el transcurso de los últimos tres días perdieron la vida los jóvenes campesinos Victor Alfonso Ortega quien falleció en la ciudad de Popayán luego de ser trasladado desde el municipio de Mercaderes a causa de una herida por impacto de arma de fuego y José Luis Enríquez, asesinado en el municipio de Leiva – Nariño, luego de la arremetida de la fuerza pública que se prolongó durante las horas de a tarde y la noche del pasado 5 de septiembre. Finalmente el 7 de septiembre en horas de la tarde se tuvo conocimiento del asesinato del joven Jhon Alexander Valencia, de 18 años, miembro de ASOMINUMA, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda San Lorenzo – Rio Nulpe, quien fue asesinado en circunstancias aún por precisar.

Adicionalmente en el curso de los últimos días se han incrementado los señalamientos, seguimientos, y detenciones arbitrarias y los ataques indiscriminados contra los manifestantes en varios departamentos del país. Como resultado de estas acciones criminales se presume la presunta masacre de cuatro (4) campesinos en el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, entre los que posiblemente se encuentra una niña. Se reportan a su vez en los departamentos de Caquetá, Nariño y Cauca numerosos ataques a bienes civiles, actos de pillaje, retrasos en misión médica, uso desproporcionado de armas convencionales y uso de armas no convencionales, ataque al medio ambiente y ataques a misión humanitaria y comisiones de Verificación en materia de Derechos Humanos.

Particularmente, denunciamos los hechos ocurridos contra el defensor de Derechos Humanos y miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” Deivin Jesús Hurtado Erazo integrante de la Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes", quien en horas de la mañana del 5 de septiembre recibió una llamada de uno de los mandos militares asentados en la zona en donde se le proponía que él en compañía de dos voceros se acercaran al lugar controlado por la fuerza pública en la idea de realizar una mediación humanitaria y buscar suspender los niveles de confrontación.

Cuando el ciudadano Deivin Jesús Hurtado Erazo se acercaba a realizar la mediación humanitaria fue alcanzado por esquirlas de un artefacto explosivo el cual le causó heridas de consideración.

De igual manera, denunciamos ante la opinión pública los hechos ocurridos el de septiembre en la ciudad de Florencia contra el estudiante de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonia José Arlevi Ríos, quien transitaba cerca de su vivienda en el barrio Los Transportadores de la capital del Caquetá y fue herido por una bala de goma que fue disparada por miembros del ESMAD, lo cual ocasionó la pérdida de su ojo derecho.

Estas acciones que se han presentado en varios departamentos del país, son el resultado de ataques indiscriminados y desproporcionados, en los cuales fuerzas combinadas del ejército, la policía nacional, miembros del ESMAD y personas de civil, han hecho uso de artefactos no convencionales (proyectiles recalzados y "papas" bomba con metralla), armas convencionales (Lanza llamas, ráfagas de proyectiles de arma de fuego, granadas de fragmentación, granadas MGL, Granadas de mortero y de fusil, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos - lanzados por vía aérea y terrestre - y perdigones), en contra de las concentraciones de humildes campesinos y pobladores urbanos que se han sumado a la jornada nacional de protesta y paros indefinidos, situación que pone de manifiesto la grave crisis humanitaria que vive el país, caracterizada por la agudización de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública.

Finalmente, el día de hoy 8 de septiembre aproximadamente a las 11:30 a.m. , el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el general Palomino dieron la orden de desalojar a los campesinos de la Nohora y Buenavista, puntos de concentración de miles de campesinos del departamento del Meta, desconociendo el pacto de no agresión mientras los voceros nacionales de la MIA se reúnen con el gobierno nacional en la ciudad de Popayán. Esto implica el rompimiento de los acuerdos que se hicieron con la institucionalidad hace dos días, lo cual agrava aun más la situación de derechos humanos a nivel local y nacional.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional a rechazar las represalias contra los miles de manifestantes que desde el 19 de agosto se encuentran en las diferentes regiones del país ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social y exigimos que cese la criminalización contra las iniciativas de movilización de los sectores populares.

Atentamente

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÒN Y ACUERDOS – MIA

author by Diego Castropublication date Wed Sep 11, 2013 22:05Report this post to the editors

Los hechos violentos que fueron protagonizados por la policía y que terminaron con la vida de un menor de edad, producto de un impacto de bala en la cabeza nos dejan múltiples dudas del origen de la protesta y el objetivo que buscaban.

En un primer momento me preguntaba quiénes eran los organizadores de la “marcha” que se había desarrollado en Suba y que terminó en confrontaciones por el habitual uso desmedido de la fuerza por parte de la policía. Al indagar por el origen de la protesta varios jóvenes que observaron y participaron nos indicaron que en ningún momento hubo marcha, que de alguna manera (aún desconocida) los jóvenes de los barrios de “abajo” (Lisboa, Toscana, Santa Cecilia) se habían puesto de acuerdo para agredir a los policías del sector y aprovechar para saquear el comercio que se encuentra cercano al CAI.

Realmente no se supo el punto originario de los desmanes, pero todos los testimonios repetían cierta información: 1) los comerciantes fueron los primeros en tomar medidas de seguridad ante la noticia de una manifestación; 2) los enfrentamientos con la policía se realizaron en medio de intentos de saqueo a establecimientos de comercio, protagonizados por jóvenes del sector; y 3) la policía utilizó armas de fuego para atacar a los manifestantes, produciendo la muerte a un menor que se sumó a la protesta.

Una de las deducciones tras estos acontecimientos es que las pandillas o mal llamadas “ollas” de la localidad de manera organizada, llevaron a cabo saqueos en los barrios anteriormente mencionados. Es así que aprovechando el inconformismo con la policía dentro de la localidad por parte de los residentes del sector y las jornadas de movilización en solidaridad con el paro agrario, se convirtieron en la cortina de humo perfecta para atacar los establecimientos de comercio que habitualmente son víctimas de extorsión por parte de estas bandas y/o pandillas.

Nuevamente surgen dudas. ¿Por qué razón promovían una actividad como esta, si ellos tienen el poder económico y territorial de una gran proporción de la localidad? ¿Por qué tensionar el ambiente con la policía si ya habían llegado a una forma estable de relacionarse? ¿Por qué generar un ataque en el cual serían señalados tarde o temprano? Declaraciones de la alcaldesa local, afirmaban que personas habían promovido el saqueo pagando entre 20 mil o 10 mil pesos.

Otro factor que genera inquietud es el desmedido uso de la fuerza por parte de la policía que provocó la muerte de un menor, que no tenía relación entre las “ollas” o las organizaciones sociales de la localidad.

La mayoría de las personas con las que conversábamos argumentaban que la policía se estaba defendiendo, que en los barrios “bajos” las personas que protagonizaban los desmanes habían respondido con armas de fuego a la presencia policial, esto podría ser justificado, pero entonces… ¿Por qué la policía no apuntó a las personas que portaban esas armas?, ¿Por qué no dispararon a los ya muy reconocidos “jíbaros” del sector, que participaron de manera directa en los saqueos? [1]

¿Por qué realizar ese acto de barbarie delante de todos los ciudadanos de La Gaitana, por qué en el lugar más concurrido por las personas de estos barrios, por qué no lo hicieron de manera solapada como acostumbran a hacerlo cuando violan los derechos humanos y la ley?

Todo está dentro del mar de las dudas, pero un comentario en uno de los testimonios, orientó el análisis desde otro punto de vista, apuntaba a decir que en medio de los desmanes algunas personas señalaban lugares para atacar y saquear, uno de estos lugares fue una sede de una organización social que desarrolla una labor político cultural en la localidad. El rumor fue confirmado cuando el día viernes evidenciamos los destrozos realizados por “la turba”, a una casa llena de tableros y balones.

No podría decir que los hechos tomaron un argumento pero sí tomaron una lógica, tanto los desmanes como la militarización de la localidad y el legitimado abuso policial, afectaba negativa y profundamente a las organizaciones sociales, culturales y políticas de la localidad. Entre estas a Marcha Patriótica, organización de la cual hago parte.

Esta lógica se confirmó con el pronunciamiento de Santos al día siguiente, donde de manera irresponsable señaló a este movimiento como instigador a la violencia. El panorama no podría ser peor, en este análisis del contexto teníamos dos elementos manifestándose, la ciudad se encuentra militarizada y Marcha Patriótica es señalada por el gobierno nacional como principal instigador de la violencia.

Por último, es importante recordar que los saqueos se desarrollaron en localidades con altos niveles de micro tráfico, no en vano, el presidente Santos visitó y se pronunció acerca de la seguridad en el barrio Rincón de Suba, hace ya unos meses. Recordar que esa dinámica económica fue acogida por desmovilizados de grupos paramilitares que se concentraron en localidades como Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba. Que producto de estas estructuras la extorsión y el consumo desmedido de drogas en estas localidades se naturalizó ante los ojos cómplices de la policía.

Si esta complicidad se manifiesta con un objetivo económico, ¿Por qué no utilizarla para fines políticos? ¿Por qué los choques en estas localidades fueron caracterizados por dos jóvenes muertos con disparos en la cabeza? Y ¿Por qué señalar a Marcha Patriótica al día siguiente de estos desmanes? Además ¿Por qué dejar el orden público en manos de las fuerzas militares si con la desmedida fuerza de lo policía lo podrían retomar?

Lo único que sé, es que filas de militares rodean la zona de la Gaitana, que las familias salen a darles tinto, galletas y gaseosa, que jovencitas se toman fotos con los militares llenos de armas y los niños se acercan a ellos motivados por la curiosidad. La nueva pregunta es, ¿A quién benefician los frutos de la campaña mediática del ejército nacional?, ¿Al país de la prosperidad para todos o al de la seguridad democrática?

En los dos casos las organizaciones sociales salen perdiendo.

[1]. Entendiendo que no estoy de acuerdo con el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones.

author by FARC-EPpublication date Sun Sep 15, 2013 08:30Report this post to the editors

COMUNICADO
LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJÉRCITO DEL PUEBLO

Frente a los hechos acaecidos el día 24 de agosto, en los cuales campesinos que participaban del Paro Nacional Agrario, fueron víctimas de un campo minado instalado por el ejército, como expresión del terrorismo de Estado contra la población civil movilizada, denunciamos la grave violación a los derechos humanos que constituye el suceso, y rechazamos rotundamente la acusaciones del ejército y algunos medios de comunicación que pretenden responsabilizarnos de este crimen.

Por tanto El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC-EP, informa:

1. Que mientras los campesinos se encontraban resistiendo en la vía panamericana que conduce de Popayán a Cali en la vereda El Túnel, municipio Cajibío, Departamento del Cauca, y tal como lo manifiestan diversas organizaciones de derechos humanos del país, la fuerza pública armó un campo minado, y para llamar la atención de la población civil ubicó billetes de 50 mil pesos en su interior, lo cual llevó a la trampa a uno de los manifestantes que al entrar a la zona minada, provocó su detonación causando el trágico resultado de 12 campesinos heridos, algunos de los cuales se encuentran en estado de gravedad por las quemaduras y mutilaciones sufridas en brazos y rostro.

2. Denunciamos la campaña de desprestigio que encubre la realidad de los hechos; responsabilizando a las FARC EP de semejante atrocidad y hablando de los “pequeños” excesos de la fuerza pública, justifica la brutal represión del Estado contra las justas peticiones de los campesinos que han sido víctimas de la bala y explosivos empleados por el ESMAD y el ejército.

3. Esta monstruosa acción se enmarca dentro de la política de criminalización de la protesta social que consuetudinariamente ha adelantado el Estado colombiano, tiene como fin sembrar terror en los manifestantes y atemorizar a los inconformes para que no sigan reclamando sus derechos.

4. Las FARC-EP nos solidarizamos con las justas reivindicaciones que defienden el campesinado, indígenas y afrocolombianos que han protagonizado el Paro Nacional Agrario, ya que la política neoliberal y sus TLC apuntan a acabar con estos sectores que garantizan el sustento de los colombianos, para favorecer a las trasnacionales de los alimentos.

5. Hacemos llegar nuestra voz de aliento y solidaridad a las familias y personas afectadas por esta acción criminal del Estado colombiano, y los alentamos a seguir en esta lucha para que entre todos construyamos una Nueva Colombia en paz y con justicia social.


BLOQUE OCCIDENTAL COMANDANTE ALFONSO CANO
Montañas del Suroccidente.
Septiembre 2013.

author by Agencia Prensa Ruralpublication date Thu Nov 14, 2013 17:26Report this post to the editors

Varias organizaciones sociales colombianas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la brutal represión que han sufrido en los últimos meses las manifestaciones de protesta en el país.

En Washington (Estados Unidos), sede del organismo, fue expuesto el desmedido uso de la fuerza que las autoridades del Estado colombiano lanzaron contra protestas sociales como el paro agrario y popular, entre otras movilizaciones adelantadas durante el 2013.

Luz Stella Aponte, abogada de la Corporación Reiniciar, narró lo ocurrido en julio pasado en la región del Catatumbo, en donde comenzaron las protestas campesinas que fueron extendiéndose a otras zonas de Colombia, así como a otros sectores sociales.

Según relató Aponte a la CIDH, durante los 53 días de protesta hubo cuatro intentos de diálogo con el Gobierno. Pero mientras se trataba de negociar con las autoridades, la fuerza pública arremetió contra los manifestantes, causando cuatro muertes violentas.

“Unas 200 personas fueron heridas de gravedad, sufrieron tentativa de homicidio y cuatro fueron víctimas de homicidio”, informó la vocera de las organizaciones sociales.

“Hoy tememos por nuestras vidas, hay estigmatización pero, aparte de eso, la paramilitarización de la zona es una realidad, por mucho que lo niegue el gobierno”, añadió.

Las cifras

Durante la audiencia, celebrada el 31 de octubre pasado, las organizaciones sociales intervinientes informaron que, en el marco de las movilizaciones de los últimos meses, hubo al menos 15 personas muertas, más de 800 resultaron heridas y cerca de 3.000 fueron detenidas.

Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó también que las protestas sociales que han sacudido Colombia a lo largo de este año han tenido un carácter pacífico. Y aunque muchas de ellas han sido precedidas de reuniones con el gobierno, fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad con un uso excesivo de la fuerza.

“Hemos sufrido un proceso de estigmatización”, dijo Castañeda, y además explicó que, en algunas regiones llegó a haber “toque de queda de facto”.

Para el vocero de las organizaciones sociales, la fuerza pública incurrió en comportamientos irregulares para mantener el orden en las protestas.

“El año pasado 600 personas fueron arrestadas en Colombia en el marco de la protesta social, este año ya son más de 3.000”, reportó.

Respuesta oficial

El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, trató de desvirtuar la contundente denuncia ante la CIDH con el falaz argumento de la infiltración.

“Nosotros respetamos la protesta pacífica. Pero en ciertos casos fue necesario el uso de la fuerza para contener a los terroristas que se infiltran entre los manifestantes”, alegó.

Por su parte, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, expresó que “lamentamos profundamente cada una de esas muertes. No debían haber ocurrido”. El representante del Estado colombiano agregó que “no podemos entender el uso de armas dentro en una protesta pacífica”.

El presidente de la audiencia, el comisionado José de Jesús Orozco, solicitó investigar los hechos y pidió castigo para los causantes de los episodios de violencia.

Además, el comisionado advirtió de los peligros de la estigmatización social, y manifestó una profunda preocupación por los episodios de uso desproporcionado de la fuerza y por la “criminalización” de las protestas.

Orozco también instó a ambas partes (Estado y peticionarios) a aportar más información sobre los episodios denunciados.

En Nueva York

En otros escenarios también se denunció la represión contra el campesinado colombiano por parte de los organismos estatales.

Diana Nocua, de la comisión nacional de derechos humanos de Marcha Patriótica, y Olga Lucía Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo, se dirigieron a un público internacional en otros espacios de Washington y Nueva York.

Las exposiciones incluyeron una muestra videográfica de la fuerte violencia estatal contra las comunidades campesinas. Se proyectó el documental “Hijos del Catatumbo”, entre otros trabajos de periodistas independientes y alternativos.

En “Hijos del Catatumbo” se muestran claramente las crudas imágenes de la Policía disparando contra los campesinos en paro, y éstos muriendo frente a las cámaras por impactos de bala en su cuerpo.

También registra cómo las víctimas de impactos por explosivos eran rescatadas por otros campesinos, irreconocibles detrás de las cantidades de sangre.

En las intervenciones de Nocua y Quintero también se presentó la campaña por la libertad de los presos políticos “Yo te nombro libertad”. En particular, se habló del caso de Húber Ballesteros, líder sindical y vocero del movimiento Marcha Patriótica detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Ballesteros, también dirigente de Fensuagro y de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), fue detenido el 25 de agosto pasado en el marco del gran paro agrario y popular que movilizó a miles de personas en todo el país.

Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12606
author by Corporación Suyanapublication date Fri Mar 07, 2014 01:33Report this post to the editors

Desde el pasado lunes 24 de febrero del 2014 en horas de la noche se encuentran en libertad las personas ARMAN MARCIAL RAMIREZ TIGUANA, WILSON ANDRES FLOR QUIGUANAS y MARLON ALEXIS CORDOBA ANIZARES, líderes sociales integrantes de organizaciones campesinas del Valle del Cauca que se encontraban con medida de aseguramiento intramuros bajo el delito de Obstrucción a la Vía Pública; Fueron retenidos en el corregimiento del Presidente, Municipio de San Pedro-Valle del Cauca, por miembros de la Policía Nacional el día 19 de agosto del 2013, retenido aproximadamente a las 9:00 am en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular.

En el marco del Paro Nacional Agrario y Popular que dio inicio el 19 de agosto del 2013, se realizaron jornadas de protesta y movilización social en todo el territorio nacional donde cientos de campesinos del Valle del Cauca se concentraron en el corregimiento de Presidente, municipio de Buga VALLE DEL CAUCA con el fin de manifestar su descontento con las políticas estatales que han llevado a sus pobladores a la ruina y la miseria plena. Las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública: Ejército, Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- quienes arremetieron contra los manifestantes, resultando heridas varias de ellos y detenidas más de 100 personas; gracias al acompañamiento del Colectivo de Abogados SUYANA que representó jurídicamente a los detenidos, a la presión ejercida por organizaciones como la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes (Red DDHH FIC), el Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos (CPDH –Buga) y de organizaciones sociales y populares se logró la libertad de aproximadamente 80 personas el mismo día de los hechos reduciendo el número de capturados a 21 personas que fueron judicializadas.

Se encontraban a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Buga, a cargo de la Doctora CARMEN CECILIA BARBOSA. El día 20 se realizó la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, ante el Juez de Control de Garantías, en tal diligencia, los capturados no aceptaron cargos y 18 de ellos fueron puestos en libertad, se les sindico de la obstrucción de vías públicas, según lo consagrado en el artículo 353A del Código Penal, en concordancia con el artículo 429, violencia contra servidor público e incitar al desorden.

Tuvieron que pasar más de 6 meses retenidos en contra de su voluntad estos tres campesinos para que los funcionarios encargados de administrar justicia se vieran precisados a aceptar que no son un peligro para la sociedad y se vieron obligados a conceder la libertad. ¿Quién les devuelve el tiempo perdido a estos campesinos que se proyectan como líderes sociales? ¿Hasta cuándo vamos a soportar las arbitrariedades cometidas por un régimen despótico, corrupto y criminal? El delito de opinión no existe, y el derecho a la movilización y la protesta está consagrado en la constitución política nacional, si somos un Estado Social de Derecho ¿por qué se inventan normas represivas donde los funcionarios de la fuerza pública proceden de manera salvaje en contra de la gente más humilde de este país?.

PERFIL DE LOS TRES COMPAÑEROS QUE RECOBRARON LA LIBERTAD EL 24 DE FEBRERO DE 2014

MARLON ALEXIS CORDOBA ANIZARES, Estudiante, ciclo 4 de media segundaria, perteneciente a la Comunidad de San José del Rio Naya, Buenaventura Valle del Cauca. Folklorista de la región.

WILSON ANDRES FLOR QUIGUANAS, Estudiante universitario de la Universidad Minuto de Dios, Licenciatura en Básica con énfasis en Legua Castellana, tercer semestre. Perteneciente al resguardo indígena Kwet Wala, Vereda la Carbonera, Municipio de Pradera – Valle del Cauca, su actividad principal es la docencia, dedicada exclusivamente a su comunidad y realiza labor como comunicador social, al servicio de su resguardo.

ARMAN MARCIAL RAMIREZ TIGUANA, Bachiller del Instituto Educativo Alto Rocío de Tuluá – Valle del Cauca, graduado como Tecnólogo en Sistemas. Perteneciente a la comunidad indígena Dachivedea, de la localidad Paila Arriba, Municipio de Bugalagrande-Valle del Cauca, gran colaborador de su comunidad.

POR EL DERECHO AL LIBRE PENSAMIENTO, MOVILIZACIÖN, EXPRESIÖN Y ORGANIZACIÓN POPULAR

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Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

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