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Análisis de coyuntura de Colombia para 2022

category venezuela / colombia | miscellaneous | opinión / análisis author Saturday April 09, 2022 06:36author by ViaLibre - 1 of Anarkismo Editorial Groupauthor email grupolibertariovialibre at gmail dot com Report this post to the editors

En el presente escrito se desarrolla una análisis de la coyuntura socio política de Colombia para 2022 desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para tal fin, se esbozan en primer lugar algunas tendencias generales en materia de salud pública, economía y movimientos de población, para continuar en segundo termino con las características socio políticas que incluyen criterios como la gestión del gobierno nacional, la situación electoral, el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos. Finalmente y en tercer lugar, abordamos los movimientos populares, con los movimientos sociales generales, así como obreros, campesinos, indígenas, estudiantiles, cívicos, de mujeres y disidencias sexuales, ambientales y de otros sectores sociales.
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Análisis de coyuntura de Colombia para 2022

En el presente escrito se desarrolla una análisis de la coyuntura socio política de Colombia para 2022 desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para tal fin, se esbozan en primer lugar algunas tendencias generales en materia de salud pública, economía y movimientos de población, para continuar en segundo termino con las características socio políticas que incluyen criterios como la gestión del gobierno nacional, la situación electoral, el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos. Finalmente y en tercer lugar, abordamos los movimientos populares, con los movimientos sociales generales, así como obreros, campesinos, indígenas, estudiantiles, cívicos, de mujeres y disidencias sexuales, ambientales y de otros sectores sociales.

Tendencias generales
En materia de salud pública, el país siguió fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19. Así para finales de 2021, cuando la variante Omicrón empezaba a ser la dominante en el territorio, se registraron 5´157.440 casos acumulados comprobados del nuevo coronavirus según la base de datos de Google, además de la lamentable cifra de 129.942 muertes en total. Esto en un momento en que se transitaba por uno de los puntos mas bajos de una meseta, situación que rápidamente con el inicio de una cuarta ola de de casos, que mantuvo un número alto de contagios aunque menor de muertes.

Las anteriores cifras suponían un indice acumulado hasta el 31 de diciembre de 2.579,65 muertes por millón de habitantes en el país según Datosmacro, así como el promedio 10.754 casos por 100 mil habitantes en los últimos 14 días del año. Al tiempo, se acumulaba la cifra comparativamente baja de 29.564.153 pruebas de coronavirus realizadas según la base de datos de Google.

En materia del impacto del plan nacional de vacunación desarrollados durante algo mas de 300 días, se administraron 64.690.489 vacunas en total en el año, lo que arrojaba 28´323.837 personas completamente vacunadas y 38.353.097 personas con al menos una dosis, además de un número de 3´324.832 personas con dosis de refuerzo según la base de datos de la Universidad John Hopkins. Estos números brutos sin embargo, develaban un porcentaje de vacunación comparativamente bajo a nivel regional, con un 57% de la población completamente vacunada, del 78% con al menos una dosis y del 6.7% con dosis de refuerzo.

Por otra parte en materia económica, el país experimento un crecimiento notorio del 9.7% del Producto Interno Bruto (PIB) según el Ministerio de Hacienda, uno de los porcentajes mas grandes de la región. Esta recuperación, mayor de la esperada, inicio desde febrero de 2021 y tuvo un importante aumento desde abril, cuando se decidió la reapertura económica sin cuidados sanitarios. La misma se explica en gran parte por el aumento del consumo interno de los hogares, así como el crecimiento de rubros como el comercio y la industria.

Al tiempo se registro una inflación comparativamente alta del 5.62% según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), que casi el doble de la meta trazada por el Banco central. El que supone el mayor incremento de precios en cinco años, se noto sobre todo en el precio de alimentos y bebidas, que se ajustaron por encima del 17.23%, así como del transporte que subió un 5.69%, rubros cuyos aumentos afectan especialmente a los sectores populares. Adicionalmente, se estimo una inflación para las familias pobres del 6.85% según la misma fuente, un 50% mas alta que la experimentada por las familias ricas en el mismo periodo.

Por otro lado, se registro un desempleo alto del 13.7% y 3.35 millones de persona en el año según el DANE. Este cifra, que representa una ligera disminución frente al año anterior, no desdice de una profunda desigualdad sexual del trabajo, pues los hombres se enfrentaron a un desempleo del 10.6% mientras las mujeres lo hicieron a un 18.1%, mas del doble, según la misma fuente. A nivel regional las mayores concentraciones de desempleados se dieron en las ciudades intermedias de Quibdó, Cúcuta y Riohacha, con porcentajes superiores al 19%, mientras la capital nacional se mantuvo en un 16%.

Así mismo, la pobreza monetaria rondo un estimado del 40% de la población y 21´500.000 de personas según Fedesarrollo, lo que supone una ligera caída frente al pico alcanzado durante la crisis del año pasado. La enorme pobreza, que se agrava sobre todo en las zonas rurales, no se vio muy afectada por las políticas de ampliación de subsidios mínimos focalizados del gobierno, pues el fenómeno se relaciona sobre todo con el alto desempleo, el aumento de la inflación y los bajos salarios.

En otro aspecto, se registro hasta el mes de noviembre de 2021, una enorme deuda externa, que representa 167.859 millones de dólares y el 53.1% del PIB según el Banco de la República, incluido un porcentaje de 31.7% de deuda pública y de 21.3% de deuda privada. Esto represento una mínima reducción frente al año anterior, aunque de hecho esta deuda usuraria, creció fuertemente en la segunda mitad del año por cuenta de nuevos prestamos adquiridos por las autoridades gubernamentales.

En otro indicador, se registro un déficit fiscal del 7.1% del PIB total y el 63.8% del PIB del gobierno nacional central, según el Ministerio de Hacienda, lo que supone una ligera reducción frente al año anterior. La reducción se explica por el un parcial aumento de la recaudación tributaria fruto sobre todo de la reapertura económica, que sin embargo, se ve limitado por el paralelo aumento de los intereses especulativos de las deudas.

Por otro lado parece haber aumentado la brecha en la balanza comercial del Estado, con el registro de un déficit de 6.135 millones de dólares en el cuarto trimestre del año según el Banco de la República, con unas exportaciones concentradas en bienes primarios con 19.972 millones de dólares y unas importaciones concentradas en bienes elaborados de 26.107 millones de dólares según la misma fuente, un balance negativo que casi triplica los registros del año pasado.

En materia de la extracción minero energética, que representa el 45.7% del total de las exportaciones del país en 2021, se registro una producción de 736.356 barriles diarios de petroleo, lo que supone una disminución del 5.7% y el número mas bajo en 13 años, descenso en parte explicado por una combinación de fallas eléctricas y mecánicas con afectaciones por el conflicto armado. En contra vía la producción de gas natural llego a los 10.87 millones de pies cúbicos, un aumento cercano al 2% con la mayor cifra en cinco años. En paralelo se presento un aumento de la producción de carbón con un estimado de 65 millones de toneladas extraídas en el año, así como un aumento bruto del 16% y 10.7 millones de toneladas según la patronal Fenalcarbón, en un sector que se vio beneficiado por el aumento mundial de precios, aunque aún esta lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis de 2019.

En materia de las extracción de productos agrícolas que representan el 16.4% de las exportaciones del país en 2021, se produjeron en materia de café, rubro donde el país es tercero a nivel mundial, 12.6 millones de sacos de café verde (del total 12.4 millones de ellos y el 98.4% para exportación), una reducción importante del 9% frente al año anterior, sobre todo explicada por malas condiciones climáticas. En el sector del banano, donde el país es cuarto a nivel mundial, se consiguió la producción de 84.5 millones de cajas para exportación y 770 millones de dólares estimados en ganancias según el DANE, indicadores que sin embargo, muestran una importante caída frente a 2020. En el sector de las flores, concentradas en un 80% en el mercado estadounidense, se alcanzaron ventas 1.727 millones de dólares, un aumento del 22.4% frente al año anterior, además de un acumulado de 266.5 millones de kilos, según la patronal Asocolflores.

Por otro lado, el indice de producción industrial del país creció un 10.3%, jalonado por el crecimiento de la industria manufacturera que se expandió en 15.9% según el DANE, aunque también fue importante el crecimiento en rubros de infraestructura como suministro de electricidad y gas, así como tratamiento de distribución de agua. En el personal ocupado del sector manufacturero creció especialmente la confección de prendas, fabricación de productos de metal, elaboración de bebidas y producción de alimentos. Mientras tanto el sector construcción logro mover 43.6 billones de pesos, con la venta de un estimado 239.000 unidades de vivienda según la patronal Camacol, el mayor registro de la historia reciente, además de registrar 10.2 millones de metros cuadrados construidos y 6.5 millones de toneladas de cemento despachado en el año.

En materia de población el país, que es por su cercanía geográfica el principal destino de la migración venezolana, registro 1´824.390 migrantes de este país según la plataforma R4V, acumulado que continua creciendo, pese a la contra tendencia del retorno que se presento durante los primeros meses de la pandemia. Esta es una población en condiciones mayoritariamente irregulares, por lo que el gobierno colombiano ha buscado adoptar de forma tardía un Estatuto Temporal de Protección, expuesta a un altísimo desempleo del 48% y de informalidad con solo un 22% de los empleados registrando un contrato laboral formal según Cende.

Por otro lado, Colombia continua consolidándose como un punto de transito peligroso para los migrantes que se dirigen hacia América del norte, con mas de 106.838 migrantes transitando el país este año según Migración Colombia, la mayoría en la segunda mitad del año cuando se llego a registras de mas 1.000 migrantes diarios al país. Esta población migrante, en un 87% haitiana procedente de otros países de Sudamérica, aunque también caribeña, africana y asiática. Su rápido incremento ha generado situaciones dramáticas en poblaciones pequeñas y empobrecidas como Necoclí en el Pacifico, donde se presento en agosto y septiembre la concentración de hasta 23.000 refugiados sin mayores condiciones de subsistencia.

Características socio políticas

En materia política, en 2021 cerro el tercer año del gobierno del ex senador y asesor de la banca comercial Iván Duque del derechista partido Centro Democrático y la coalición uribista, conservadora y evangélica en el ejecutivo. El de Duque es el gobierno mas impopular de la historia reciente, con un 71% de desaprobación en el año según Invamer, que en el mes abril llego hasta el 76% y entre los jóvenes supero el 84%. Otra encuesta en mayo de Cifra y Conceptos revelo que entre los jóvenes de las principales ciudades, el 91% manifestó su desconfianza hacia el gobierno y un 93% hacia el senado.

En medio de la impunidad oficial y el apoyo cómplice de la mayoría de la gran prensa empresarial, el gobierno logro bloquear varias de las investigaciones que se le seguían por fraude en las elecciones de 2018, tanto la de la “Ñeñe política” que vinculaba al narcotraficante Ñeñe Hernández con la financiación ilegal del la campaña y la compra de votos, como la de Aida Merlano, ex senadora del Partido Conservador y prófuga de la justicia, implicada en múltiples redes de corrupción y también en la compra masiva de votos. Al tiempo avanza su estrategia de impunidad, coordinada con la Fiscalía General de Francisco Barbosa, antiguo secretario presidencial, sobre su líder político el ex presidente Álvaro Uribe, que sin embargo ha corrido con menos suerte, por la gran cantidad de evidencias acumuladas en su contra por compra, falsificación y amenaza a testigos.

En materia política el gobierno afronto sin éxito el escándalo de corrupción de la Ministra de Comunicaciones Karen Abudinen, cuota política de la casa Char y antigua consejera presidencial de Duque, por irregularidades en el proyecto Centros Poblados que llevo al robo de mas 70 mil millones de pesos del erario, lo que condujo a su renuncia en septiembre, pese al apoyo que le brindo la mayoría gobiernista en el senado.

Al tiempo, el gobierno mantuvo su mayoría en el Congreso de la República, bajo la presidencia del político Juan Diego Gómez del Partido Conservador en el senado y la ganadera Jennifer Arias del Centro Democrático en la cámara de representantes. En su hegemonía el gobierno logra articular una coalición legislativa informal, que suma los defensores cerrados del gobierno que acumulan 52 representantes del Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, MIRA y Colombia Justa-Libres y los llamados partidos independientes, claves en su elección en segunda vuelta, que acumulan 30 representantes y lo apoyan frecuentemente como el Partido Cambio Radical y el Partido Liberal. Esta mayoría le permitió el el sostenimiento del Ministro de Defensa el político Diego Molano, cuestionado por crímenes de guerra en el marco del conflicto y los hechos de represión brutal sobre la protesta social.

A nivel del poder regional, se presento un fuerte desgaste de las alcaldías independientes de la académica Claudia López del Partido Verde en Bogotá, el empresario Daniel Quintero de un sector independiente en Medellín, el político Jorge Iván Ospina también del Partido Verde en Cali y en menor medida de Jaime Pumarejo del Partido Cambio Radical de la casa char en Barranquilla, en medio de la llamada crisis de la inseguridad urbana, explotada por la gran prensa empresarial.

En términos electorales, se anuncia la dinámica campaña al congreso y la presidencia de 2022, marcada por la continuidad de la polarización político, el fuerte rechazo a la gestión de Duque y el uribismo y la centralidad de la figura de oposición del candidato presidencial de centro izquierda Gustavo Petro. En el escenario se forman tres grandes coaliciones electorales, la de derecha liderada por Cambio Radical, la U, el Partido Conservador y los evangélicos, la centro liderada por el Partido Verde y los sectores independientes y la izquierda del Pacto Histórico liderada por Colombia Humana y el Polo Democrático, en momentos de gran dispersión de de candidaturas presidenciales con mas de 16 aspirantes.

En materia del conflicto armado el país vive un aumento importante de la violencia política, lo que llevo a 1.813 asesinatos por actores armados ilegales en el año, así como 870 amenazas de muertes, 94 hechos de confinamiento forzado según Indepaz, además 168 casos de desaparición forzada según el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además se presentaron 96 masacres con 335 victimas durante el año según la misma fuente, sobre todo concentradas en Antioquia, que obtuvo los mayores registros letales, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.

El recrudecimiento del conflicto llevo al 2021, ha convertirse en el año mas violento desde la firma del acuerdo de paz de 2016 con 884 violaciones del derecho internacional humanitario según la Cruz Roja. La guerra se expreso regionalmente en Arauca donde se presentaron dos olas de choques entre la Guardia Venezolana, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por Gentil Duarte, que condujeron a desplazamientos y confinamientos masivos de población. También se sucedieron confrontaciones diversas en los departamentos Choco por los choques en el ELN y la AGC, y en Cauca, Nariño y Putumayo por los choques entre las disidencia de Duarte con la Segunda Marquetalia y el ELN.

En el mismo terreno, se presentaron golpes militares por parte del Estado, con hechos como la captura por las Fuerzas Armadas de Dairo Antonio Úsuga “Otoniel” líder de las Autodefensas Gaitanistas (AGC) en el mes de octubre, así como la muerte tras un bombardeo en el mismo mes en Choco de Ángel Padilla “Fabián” comandante del ELN. Además ocurrieron las muertes de Hernán Darío Velásquez “El Paisa”, Henry Castellanos “Romaña” y de Seuxis Hernández “Jesús Santrich” comandantes históricos de la Segunda Marquetalia en diciembre, en aparentes combates con sectores rivales de las disidencias de la FARC, en la frontera con Venezuela.

En materia de derechos humanos, se presento el asesinato de 171 lideres sociales y 48 ex integrantes de las FARC según Indepaz, concentrados sobre todo en la región pacifica de Cauca, epicentro de la violencia, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Choco. Los asesinatos golpearon especialmente de los sectores indígenas, los mas victimizados, además de sectores como los cívicos, comunales, campesinos y afrodescendientes. Esta triste cifra sin embargo, representa una reducción importante frente al último periodo y el pico del año pasado, lo que no desdice de 1.286 lideres sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 según Indepaz.
Por otro lado se registro un gran aumento del desplazamiento forzado en el país, con 82.846 personas desplazadas y un aumento del 169% frente al 2020 según Codhes, con la ocurrencia además de 167 hechos de desplazamiento masivo, que se concentraron en los departamentos de Nariño, el que concentra la mayor cantidad de personas desplazados, Antioquia, Choco y Cauca, un fenómeno especialmente graves para la población negra e indígena.

Movimientos populares

En materia social, el hecho central del año lo constituyo el estallido social iniciado tras el paro nacional del 28 de abril. La protesta que combino movilización y bloqueo de calles, fue fuerte en las principales ciudades del país y tuvo por eje el sur occidente y especialmente la ciudad de Cali y su área metropolitana. La misma se extendió por lo menos durante tres meses, con niveles muy altos de actividades en mayo, y más reducidos en junio y julio. Para el mes de mayo una encuesta del diario El Tiempo revelaba que un 63% de los jóvenes consultados en las principales ciudades del país, participaron en las protestas y el 84% se sintió representado por el movimiento. La represión contra el estallido dejo un registro de 80 victimas mortales de la represión estatal y para estatal, además de 83 victimas de violencia ocular y 1.832 detenciones arbitrarias para finales del mes de junio, según cifras de Indepaz y Temblores.

En materia de luchas obreras fue central la extensa protestas con ocupación de instalaciones de las obreras de Ecopetrol en Barranca, Cantagallo y Yondó en los meses de septiembre y diciembre contra la tercerización laboral. También fueron relevantes los paro de las trabajadoras de la empresa de cables Centelsa en Cali en febrero por su convención colectiva, y las huelga parciales de las trabajadoras de Notariado y Registro en la segunda mitad del año contra una reforma inconsulta de la entidad.

Así mismo se presento un interesante ciclo de movilización obrera en octubre y noviembre, como lo muestran las movilizaciones de trabajadoras del área de cocina de la Refinería de Cartagena en octubre en rechazo a posibles despidos, así como la huelga de hambre de mineras de Prodeco del Cesar en los meses de febrero y octubre contra los despidos. Un poco después se sucedió la movilización de las trabajadoras de la empresa de acueducto Essmar en Santa Marta en noviembre contra la intervención de la empresa por parte del gobierno nacional y de las empleadas de la empresa plástica de Taghleff en Mamonal el mismo mes, contra la persecución judicial a la que se han sometido las activistas sindicales. Además se presentaron paros regionales del magisterio estatal en Antioquia, Valle, Tolima y Risaralda en noviembre, contra el impago de salarios del mes anterior.

En el marco del paro nacional, fue clave la desigual huelga en solidaridad con el paro nacional de cerca de un mes de las docentes de los colegios públicos, que se extendió entre finales de abril y mayo, y en algunas instituciones llego hasta junio. También fue clave la asamblea permanente de las obreras de Ecopetrol en la Refinería de Barrancabermeja en mayo por medidas de bioseguridad y de las obreras de la empresa Termo Candelaria de Mamonal en junio por mayor contratación de residentes locales. También se presentaron importantes avances legales como las conseguidas por las trabajadoras del vidrio en su demanda contra las convenciones colectivas de trabajo impuestas por las empresas y por la re admisión de los pilotos despedidos de Avianca tras la huelga de 2017. Mas particular fue la huelga de jugadores del deportivo Pasto en octubre por retrasos en el pago de salarios.

En el movimiento campesino fue central la participación de esta sector en la dinámica del estallido social y el desarrollo de movilizaciones de sectores rurales en Bolívar, Arauca, Casanare, Nariño, Guaviare, Putumayo, Cauca, Tolima y Huila. Además se presentaron en febrero, mayo y noviembre fuertes protestas en Anorí en Antioquia y Iscandúe en Nariño, por la tensión entre la población cocalera y los grupos de las fuerzas armadas encargados de la erradicación forzada, en medio del incumplimiento sistemático del Estado de las políticas de sustitución voluntaria y la búsqueda de la re implementación de la peligrosa aspersión aérea de cultivos por parte del gobierno.

En el movimiento indígena se desarrollo la Minga Indígena dinamizada por Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que reúne los pueblos nasa, misak, totoroe, yanacona, entre varios, con la minga hacia adentro en el departamento del Cauca en abril, así como la participación de delegaciones de estos organismo en las protestas sociales en Cali en mayo y las nuevas protestas en diciembre contra la violencia en sus territorios. Por otra parte, gano gran visibilidad la movilización del pueblo misak agrupado en las Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) en Bogotá en el mes de mayo, que derribo diversas estatuas y símbolos coloniales con apoyo popular.

En el movimiento estudiantil el hecho central lo constituyo el paro de 2 meses que se experimento en 18 universidades públicas entre los meses de mayo y junio en solidaridad con el estallido social, que se extendió un mes mas en instituciones como Unisucre. También fue relevante el paro en la Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC) de Tunja entre junio y agosto por presupuesto, que se salgo con un acuerdo parcial.

En el movimiento cívico se presento una huelga de hambres de jóvenes del La Guajira entre septiembre y octubre por inversión social en el departamento, que contó además con una movilización a la capital, así como una protesta de las habitantes de Sotaquirá en Boyacá en julio en demanda de la finalización de la construcción de un colegio público en la zona. En otros sectores sociales, se presento también una huelga de hambre de los detenidos en la cárcel La Picota en agosto en contra de las malas condiciones de los servicios de alimentación y salud del penal.

En el movimiento de mujeres se mantuvo la importante participación en las movilizaciones tradicionales del 8 de marzo y el 25 de noviembre, mientras creció la fuerza de las movilizaciones por el derecho al aborto alrededor del 28 de septiembre y de acompañamiento a la demanda judicial ante la Corte Constitucional por la legalización de esta práctica terapéutica. En el movimiento de disidencias sexuales se presentaron grandes jornadas de movilización por el día del orgullo, así como un crecimiento de la marchas trans también en junio.

En el movimiento ambientalista, se registro las protestas de pescadores y habitantes de Puerto Wilches en febrero y marzo contra el piloto de fracking, así como la convocatoria del 5 de junio la parcial convocatoria del paro nacional ambiental, pequeña pero con varios puntos de movilización. Así mismo se desarrollo la protesta de campesinos de El Cocuy en julio contra un proyecto de explotación minera en el parque nacional de esa región.

También entre estos sectores diversos, se presento la protesta en septiembre de los mineros informales de Caucasia, tras el asesinato en Nechí de un minero en los enfrentamiento a raíz de los operativos del Ejercito y la Policía contra esta actividad. Por otro lado se desarrollo durante 11 días el paro cívico y minero del Choco en octubre contra la persecución gubernamental de esta actividad, así como una protesta de los mineros artesanales de Borbur por la posibilidad de explotar las minas de esmeraldas entregada en concesión a la empresa Fura Gems. Además se reseña la participación de los mineros informales en la movilización del 11 de mayo dentro del marco del estallido social.

En resumen este fue un 2021 marcado por el enorme peso de la pandemia del Covid-19, una recuperación parcial de la economía, la fuerte crisis de legitimidad del gobierno Duque, el recrudecimiento del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos, así como por el histórico estallido social del 28 de abril y múltiples luchas obreras y populares.

¡Arribas las que luchan!

Grupo Libertario Vía Libre

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