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De crímenes y “roscogramas”

category venezuela / colombia | miscellaneous | non-anarchist press author Tuesday August 19, 2008 23:53author by Reinaldo Spitaletta - El Espectador Report this post to the editors

TODO COMENZÓ CON LA explosión de la parapolítica, o, en palabras del senador Jorge Robledo, del parauribismo. Y más cuando principiaron a caer parientes del Presidente y amigotes suyos. Más de setenta congresistas, la mayoría de las toldas uribistas, están conectados con un fenómeno atroz, que en Colombia ha producido crímenes de lesa humanidad, pero que el oscurantismo quiere que queden impunes.

Nunca antes, ni siquiera en los tiempos de la Regeneración o de la Guerra de los Mil Días, el país había caído tan bajo en los precipicios de la desinstitucionalización. Y del choque de poderes. Y de la pretensión antidemocrática de la concentración del poder. El asunto hunde sus raíces en la reelección presidencial, o en la reforma del “articulito”, que comenzó a hacer añicos la Constitución del 91. El Presidente (llamado por algunos Yo el Supremo, como el paraguayo Rodríguez de Francia) tiene facultades para incidir en la elección del Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Procurador General, los miembros de la junta del Banco de la República, en fin.

Es curioso que cada que hay posibilidades de desenmascaramientos, se arman escenas de ficción para crear cortinas de humo. Cuando los procesos de parapolítica y el “yidisgate” están en su clímax, surgen posiciones intimidatorias contra las cortes procedentes del Ejecutivo. Es como si se quisiera incinerar a los magistrados, como pasó en el asalto al Palacio de Justicia.

Ahora, desde la Casa de Nariño se habla del “roscograma” judicial, quizá en una actitud que quiere disimular la paja en el ojo propio. Porque si de clientelismos y roscas se trata, el Gobierno no ha abandonado tal práctica, sino que, más bien, la ha perfeccionado, sin ruborizarse. Para no ir muy lejos, repásense por ejemplo algunas notarías y el servicio diplomático y verán. El Gobierno, que implementa sus intereses políticos por encima de los del Estado, pretende cada día que sus conmilitones se tomen la justicia y otros ámbitos.

Se notan las ganas de absolutismo. Y de impunidades. Parece haber una actitud de vindicta contra la Corte Suprema por sus investigaciones de la parapolítica. Se urden montajes, como el caso Tasmania, para quebrar la credibilidad de un magistrado; peones (o peonas) del príncipe graban clandestinamente a un investigador de la Corte. Es evidente la sistemática campaña de desprestigio contra quienes buscan dilucidar los intríngulis del “parauribismo”.

Estas y otras actitudes, dan pie para afirmar que hay, hace rato, un Estado mafioso, un desprecio por la justicia, una conspiración para dejar sin castigo a aquellos que inspiraron el bárbaro proyecto paramilitar. ¿Por qué se extraditaron a Estados Unidos a 14 paramilitares? ¿Acaso para impedir el alcance de la Corte Penal Internacional? Sin embargo, ya ésta se hizo notar en el país.

Una carta de la CPI, suscrita por uno de sus fiscales, el argentino Luis Moreno Ocampo, solicita al Gobierno que hay que juzgar a los políticos y congresistas que amparaban el proyecto paramilitar y pregunta si “la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos”. Así que la propalación del cuento del “roscograma” lo que desea es desviar el necesario debate sobre los crímenes de lesa humanidad y sus promotores.

La Corte Penal Internacional, según su reciente misiva, sí parece estar interesada en que se detecten las relaciones entre el paramilitarismo y ciertos políticos; quiénes cranearon y diseñaron el proyecto que ha causado millares de víctimas, desplazamientos forzados, fosas comunes; cuáles –además de los ejecutores del horror– estuvieron como ideólogos y patrocinadores de ese plan de exterminio.

Hay una esperanza para llegar a la verdad: la Corte Penal Internacional, a la que no le valen “roscogramas”. En Colombia, más que hacerla cojear, a la justicia le quieren cortar las piernas.

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author by Patricia Lara Salive - El Espectadorpublication date Thu Aug 21, 2008 00:01author address author phone Report this post to the editors

ESTE ES PARTE DEL ‘ROSCOGRAMA’ que, según El Espectador del 29 de junio, existía entre el Gobierno y los congresistas cuando se aprobó la reelección, el cual era tolerado y, probablemente, organizado por quien puede ser galardonado como el “rosquero mayor”, el mismo que basó su primera campaña presidencial en acabar con “la corrupción y la politiquería” y que ahora denuncia que hay un ‘roscograma’ en la justicia:
Mauricio Pimiento: su hermana trabajaba en el consulado en Chicago y su hermano en el Seguro Social. Hernán Andrade Serrano: su esposa ocupaba un cargo Invima. Manuel Díaz Jimeno: su padre era cónsul en Aruba y su hermano en Guatemala. Álvaro Alfonso García Romero: un pariente trabajaba en el servicio exterior. Enrique Gómez Hurtado: su hijo era embajador en París. Salomón de Jesús Saade Abdala: su hijo era vicecónsul.

Piedad Zuccardi de García: un familiar trabajaba en el servicio exterior. Alfonso Angarita Baracaldo: su hijo había sido nombrado cónsul en Caracas. Juan Gómez Martínez: un sobrino era cónsul en Boston y su hijo había sido cónsul en Chicago. María Isabel Mejía: su hermana era embajadora en Alemania. Mario Varón Olarte: su hija trabajaba en la diplomacia. Jairo Clopatofsky Ghisays: su hermano había sido nombrado cónsul en Polonia. Jairo Merlano Fernández: un familiar en segundo grado de afinidad era liquidador del Fondo Nacional de Regalías. Flor Gnecco Arregocés: una prima y sus cuñadas trabajaban en el Seguro Social. León Puello Chamié: su esposa estaba vinculada al Seguro Social y era asesora de la Gerencia Regional Bolívar.

José Darío Salazar Cruz: su hermano trabajaba en la Electrificadora del Cauca y su hermana en el Fondo Nacional de Regalías. Ciro Ramírez Pinzón: su hermano laboraba en el Instituto Nacional Penitenciario. Eduardo Benítez Maldonado: su sobrina tenía un contrato de prestación de servicios como odontóloga en la ESE Francisco de Paula Santander. Guillermo Gaviria Zapata: su hija trabajaba en Ferrovías. Jaime Bravo Motta: una integrante de su lista fue nombrada en la Red de Solidaridad en el Huila. Juan Carlos Restrepo Escobar: su cónyuge era funcionaria de Ferrovías. Mario Salomón Náder Muskus: su hermana era Notaria en Barranquilla. Luis Emilio Sierra Grajales: su esposa era odontóloga del Seguro Social. Álvaro Araújo Castro: su hermana era Ministra de Cultura. Nancy Patricia Gutiérrez: su hermana trabajaba en el servicio consular en Estados Unidos.

Adalberto Jaimes Ochoa: dos hermanas eran funcionarias de Telecom y del Seguro Social. Zamir Silva Amín: su cuñada era cónsul. Óscar Arboleda: un familiar trabajaba en Findeter. Roberto Camacho: su cuñado era vicepresidente de crédito del Banco Agrario. Jaime Amín: su prima era contratista del ISS de Barranquilla. Joaquín Vives: su primo en cuarto grado de consanguinidad era el viceministro del Interior, Juan Carlos Vives Menotti. Carlos Alberto Zuluaga Díaz: su segundo renglón era vicecónsul en Panamá. Luis Fernando Almario: un hermano trabajaba en el servicio exterior. Héctor Arango: su hija tenía un contrato de prestación de servicios con el Gobierno. Faltan muchos más, pero se me coparon los 3.500 caracteres.

 
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