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venezuela / colombia / imperialismo / guerra / opinión / análisis Wednesday June 14, 2017 10:20 bySteven Crux

El presente texto se sitúa como un aporte, aunque corto y quizás limitado, a la necesidad que tenemos los sectores antiautoritarios de suplir esta deuda histórica y política que tenemos hace un par de años con las luchas en el país, que son atravesadas por un conflicto social y político que inició hace más de 5 siglos, pero que se materializó con una guerra civil de baja intensidad que lleva carcomiendonos un poco más de 50 años. No ahí que dejarlo de ver este como un aporte personal: muchas compañeras pueden tener su visión, más o menos lejana o cercana, sobre ciertos puntos, pero este texto quiere pretender ser una síntesis subjetiva de, con la mayor de las humildades, una suerte de conversaciones, definiciones y decisiones de quienes hemos venido acumulando desde abajo una nueva alternativa libertaria para estas tierras.

A Antonio Camacho Rugeles, Beatriz Sandoval Sáenz, Nicolás Neira y Augusto Tihuasusa, compañeras libertarias acalladas por el Estado en medio de esta guerra, cuyo único delito fue atreverse a pensar y luchar por un mundo nuevo. Y como a ese mundo nuevo, a ellas también las llevamos en nuestros corazones…


Parte I: Génesis e historia

Introducción:

Para nadie es un secreto que durante la actual coyuntura de diálogos de paz y su implementación que vive el país, las anarquistas hemos brillado por la ausencia de perspectivas y propuestas que se exterioricen más allá de las conversaciones informales o una retórica fuera de las necesidades del momento. Ya se encuentra en fase de implementación el desarme e incorporación a la vida civil (y electoral) de la insurgencia de las FARC, quienes negociaron desde hace 5 años con el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos, además de que en ese tiempo se ha explorado (por lo menos con cierto optimismo) un proceso similar con el ELN que ya empieza a caminar, lo que significaría que las dos mayores guerrillas del país se encontrarían en la misma dinámica pero a otros tiempos, quedando en vilo una eventual negociación similar con el EPL.

Esta ausencia de propuestas no debemos dejar de mirarla desde una actitud que lea el actual estado del movimiento libertario en nuestro país, que a pesar de encontrarse en realce y con nuevas inclinaciones a influir en el vector social, aun adolece de una terrible dispersión, producto tanto de una desunión de estrategias y tácticas como de terribles patologías de sectarismo y personalismos. Así pues, la carencia de referentes teóricos frente al tema, como una inconstante lectura de coyuntura, nos han dificultado la tarea de encontrarnos para pensarnos la dinámica de negociaciones, el conflicto en si mismo y, aunque sea como mínimo, una serie de propuestas de corto y mediano plazo frente a un eventual éxito de los diálogos y los cambios que traerán para las de abajo, para las víctimas de la guerra y el reacomodamiento de las fuerzas armadas que quedan en disputa, tanto de derecha como de izquierda.

El presente texto se sitúa como un aporte, aunque corto y quizás limitado, a la necesidad que tenemos los sectores antiautoritarios de suplir esta deuda histórica y política que tenemos hace un par de años con las luchas en el país, que son atravesadas por un conflicto social y político que inició hace más de 5 siglos, pero que se materializó con una guerra civil de baja intensidad que lleva carcomiendonos un poco más de 50 años. No ahí que dejarlo de ver este como un aporte personal: muchas compañeras pueden tener su visión, más o menos lejana o cercana, sobre ciertos puntos, pero este texto quiere pretender ser una síntesis subjetiva de, con la mayor de las humildades, una suerte de conversaciones, definiciones y decisiones de quienes hemos venido acumulando desde abajo una nueva alternativa libertaria para estas tierras.

Una aproximación teórica:

Para las anarquistas, el origen de la miseria, el hambre, la desigualdad, la falta de oportunidades y los otros problemas inherentes a la sociedad actual empiezan con la imposición autoritaria en las sociedades humanas. Aunque parece un comentario simple, realmente no lo es: Examinar en que punto de la historia surge la autoridad como forma de relación social jerárquica (algunas la compaginan con el nacimiento del Estado, del patriarcado o de las elites religiosas) es realmente complejo, así como calificar este punto en una definición sólida. Valga hacer la claridad, de la que ya nos advierte Bakunin, que no es lo mismo autoridad en términos de autoritarismo o de influencia, lo que nos desvela que el problema de la desigualdad jerárquica en las sociedades no nace con la aparición de “autoridades” espirituales o “sabias” ancianas, sino con el principio de autoridad, es decir, con la puesta encima de las demás de cargos a un nivel socio-económico y político, haciendo referencia a la génesis del Estado y el patriarcado, que no maduran en todas las sociedades tribales, pero en las que si, se transforman rápidamente en lo que llamamos la gestión de la desigualdad.

Esta autoridad administrativa, o que en los términos más propios del anarquismo social se refiere a la autoridad como jerarquía, es la generadora de las problemáticas sociales: Al crear una diferenciación entre quienes tienen la capacidad de decidir por las que no (gobernantes-gobernadoras, respectivamente), la sociedad a su vez asume la desigualdad como principio regidor de las relaciones sociales, que se vincula directamente con el ordenamiento de los privilegios. Este privilegio organizado es lo que derivará directamente en el Estado que nos hereda la tradición greco-romana, que no es otra cosa que la administración territorial de las oportunidades, los derechos o la falta de ellos.

El nacimiento del Estado se da con una mayor organización de la autoridad, que se liga fundamentalmente con la religión, el poder militar y la concentración de recursos en pocas manos. Bakunin estudia profundamente su relación con la iglesia y el poder divino, al punto de calificar al Estado como “hermano menor de la iglesia”, lo que muestra la imposibilidad de hacerle un “momentum” al estudio de los problemas de la gestión pública como si no se relacionaran con los aspectos económicos, culturales e incluso psicosociales. Pero una definición concreta de Estado, en los términos más sencillos posibles, hay que buscarla en la edificación de los modernos Estados-nación, que son la construcción, a partir de la abstracción, de la patria y su difícil solidificación en un cuerpo administrativo, jurídico y militar. No es de extrañar, por lo menos en la gran parte de la periferia mundial, que cualquier consolidación de un Estado pasa por una época de crisis, guerra civil o pugna social interna, donde el principal objetivo es el aniquilamiento de las raíces culturales y territoriales internas bajo la estandarización de una serie de símbolos que no representan más que la necesidad de organizar el globo bajo la lógica de las elites gobernantes y no de los pueblos.

Esta consolidación del Estado pasa además por un aspecto profundamente importante: la construcción de una economía capitalista. No es de extrañar que los Estados donde vivimos nacieran de la mano con revoluciones políticas en Europa y Norteamerica hace un par de siglos, mientras existía a la par una revolución tecnológica que repercutía en los modelos de producción, quedando no solo reemplazado parcialmente el feudalismo como sistema económico, sino la antigua nobleza clerical como casta administrativa, dando paso a una burguesía comerciante y banquera, que sin embargo se mezcla con sus predecesores, creando tanto modelos capitalistas semi-feudales como monarquías burguesas en muchas partes del mundo. El Estado moderno, así pues, no se puede consolidar sino es con la consolidación misma del capitalismo moderno, bien sea en cualquiera de sus papeles: como exportador de materia prima, como ofertor de servicios (tal es el caso del joven Singapur), como comerciante de altas tecnologías, como potencia económica militar, siendo el caso de Israel, o en muchos de los casos, bajo economías clandestinas y criminales como en nuestro país. Entonces, la elitización de la sociedad, que descansa sus decisiones políticas en un sector gobernante minoritario, viene de la mano con la desigualdad económica y la fabricación de grandes cinturones de miseria: los empresarios son potencialmente gobernantes y viceversa. Aquí, el conflicto armado adquiere sus dos aristas que, tarde o temprano, diferentes guerras a lo largo del mundo adquieren: es un conflicto social, pero también político.

No solo significa darle la razón a los coroneles prusianos cuando señalaban que la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino que la política estatal (y con ella la economía capitalista) es la continuación de la guerra por otros medios, bien sea con los dispositivos de control, el conflicto armado de baja intensidad o la explotación de la inseguridad. En esta premisa podríamos pecar si señalamos que el destino de toda sociedad es la guerra civil, a menos de que se cedan libertades básicas a un aparato ordenador de todo, garante de la seguridad y poseedor del monopolio de la violencia, como lo es el Estado; pero haciendo la salvedad, no nos equivocaríamos más bien si, y bajo la experiencia de los siglos, nos atrevemos a señalar que ningún Estado consolidado ha hecho llegar la paz con su fuerza, sino que por el contrario, su construcción ha iniciado cruentas guerras civiles, étnicas y políticas a lo largo del mundo. La peor de las pesadillas de Hobbes se materializaba en el mayor de sus sueños; la creación del Estado soberano es la fuente de la guerra civil entre humanos. Más bien, y sin temor a equivocarnos, podemos señalar que no solo la construcción del Estado descansa bajo el conflicto armado, sino que nunca es capaz de terminarlo, solo de redireccionarlo, pues el Estado se encuentra en permanente construcción y consolidación, no como caso particular sino como concepto general. La guerra es eterna, y con ella las economías que promueve (la apertura de mercados, la caída de precios, la elaboración de crisis, etc), sí los Estados (y también las uniones ínter-estatales como la Unión Europea) aparecen, desparecen, se modifican y se dividen permanentemente, dentro de la estrategia actual de “balcanización” que pareciera aumentar el caos sistémico y con ello mantiene dinámico el capitalismo.

Y he aquí la razón que explica la guerra contemporánea, pero que también, nos puede dar luces de nuestra paz revolucionaria, que no pasa por otra cosa que el fin definitivo de las guerras. Como apunta el EZLN: el primer objetivo de un ejército revolucionario es desaparecer.

La guerra de los cien años de soledad:

Precisamente, la construcción del Estado colombiano nace de una guerra de independencia que, más allá de la retorica bolivarista sobre el ejército libertador, se da por la puja entre una metrópolis europea en constante crisis y una burguesía criolla cada vez más capaz de asumir las riendas de una nueva patria. Es de señalar que el primer intento independentista de 1810, impulsado por intelectuales que llamaron a una independencia cívica, fue aplastado por el terror español, dando pasó luego a la época de los militares (Bolívar y Santander), que se saldaron con la victoria en 1819.

Esta nueva república, ya como lo señalábamos arriba, perseguía la construcción de un Estado que, si o si, para garantizar control económico regional tenia que pasar por el desconocimiento de las territorialidades propias que se habían fraguado. No solo de los ancestrales pueblos indígenas, que de una u otra manera fueron traicionados en su confianza luego de luchar mano a mano con los criollos, sino de los palenques y cimarrones afros y de la cultura propia establecida en las periferias de Bogotá, Caracas y Cartagena. Construir este Estado, bajo banderas e himnos artificiales para la mayoría del país, tenia que pasar por la dominación de las disidencias culturales que no se identificaban con los intereses de los centralistas. Esto dio paso a sucesos como la navidad sangrienta en Pasto de 1822, donde las tropas de Bolívar aniquilaron no solo a los fortines pro-españoles del suroccidente del país, sino a una cultura regional que se identificaba más con Quito que con Bogotá, así como la persecución racista contra los pardos de la costa Caribe bajo ordenes de los padres de la nueva patria.

Naturalmente, este clima era insostenible, y para evitar futuros conflictos la Gran Colombia desaparece y da lugar a tres nuevas repúblicas. Pero de nuevo, esto no finaliza el conflicto; es más, en la nueva república de Colombia se suceden guerras civiles, una tras otra, que parecen no terminar. El ingeniero y astrónomo Julio Garavito en sus estudios sobre ciencias actuariales en Colombia crea una ecuación matemática para seguros agrarios donde se establece que en Colombia, luego de la independencia, cada 10 años había una guerra civil que duraba aproximadamente un año, dato que se cumple a cabalidad dentro de las teorías estadísticas y le servía a las empresas para otorgar seguros a agricultores1, lo que entre otras cosas, nos adelanta que el conflicto en Colombia ha sido siempre eminentemente rural. Estas guerras, primero entre centralistas y federalistas, y luego entre conservadores y liberales (herederos respectivamente, por supuesto, de los primeros), sumieron al país en una violencia como ninguna otra en la región. Quizás la guerra más famosa de estas fue la de los mil días, que además tuvo como ingrediente extra la injerencia del naciente imperio de los Estados Unidos, quien pujó para garantizar la independencia de Panamá, alejada geográfica y políticamente por el Darién de las disputas internas de los colombianos, con el fin de luego construir el canal interoceánico, obra culmine de la ingeniería imperialista.

Esta periódica guerra civil fue luego apaciguada con una virtual victoria conservadora, que inicia el periodo conocido como la “hegemonía”, donde los azules se hicieron con el poder hasta 1930 por más de 40 años, los últimos 20 con relativa tranquilidad sobre sus rivales los liberales. Si bien las capas populares, sobre todo de campesinos, indígenas y artesanos, habían hecho parte de la guerra del bando liberal cuando se mezclaban sus intereses de clase o del conservador cuando se apelaba a la tradición religiosa de los pobres, nunca lo habían hecho como fuerza propia medianamente organizada. Esto cambia para la década de los 20, sobre todo con el aparecimiento del anarcosindicalismo y socialismo revolucionario en variadas regiones del país. Desde la segunda mitad de la década de los 10 y hasta 1927-28, la hegemonía de los gremios de artesanos y el joven sindicalismo estaba bajo la orbita de los anarquistas, quienes tenían expresiones organizativas en ciudades como Bogotá y Neiva, pero también en lugares remotos como la zona bananera del magdalena o los pozos petroleros de Barrancabermeja.

Siguiendo la linea del anarcosindicalismo de revuelta de la región, este activismo obrero no era, de lejos, gremialista: tenia una fuerte actitud política e ideológica, que se manifestaba en análogos a lo que en otros países se conocieron como “huelgas de revuelta”, si bien con menor intensidad: se sucedieron paros obreros con enfrentamientos armados con la policía en Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Medellín, que en la mayoría de los casos se saldaba con grandes represiones pero con la victoria parcial de los trabajadores. Esta fuerza va adquiriendo cada vez más empuje, y poco a poco, en las regiones no andinas del país el anarquismo revolucionario va ganando empatía, mientras que en las ciudades centrales va perdiendo influencia ante el naciente Partido Socialista Revolucionario, de cierta matriz marxista y luego convertido en el Partido Comunista, bajo la orbita de la Unión Soviética.

Esta fuerza social tenia que ser frenada de una vez por todas por la hegemonía conservadora, como bien lo hicieron sus pares en Iquique (Chile) y la Patagonia (Argentina). Entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, soldados del ejército colombiano masacran a cientos (por no decir miles según ciertas cifras) de huelguistas bananeros del departamento costeño del Magdalena que habían tenido el apoyo del Grupo Libertario de Santa Marta, quienes llevaban casi un mes manifestándose contra condiciones precarias laborales impuesta por la estadounidense United Fruit Company. La masacre se da, como no puede ser de otra manera, por la amenaza estadounidense de invasión si el gobierno colombiano no protegía los intereses del imperialismo de la multinacional. Al parecer de muchos estudiosos de los movimientos sociales, este suceso marca el fin de la primera era del sindicalismo revolucionario en Colombia, pero no es otra cosa que el primer hito de la nueva era del conflicto social y armado en el país, que ya no solo es entre liberales y conservadores, sino que involucra al pueblo colombiano organizado, si bien con el precedente de desbaratar, por cerca de 70 años, a las tendencias anarquistas inmersas en los movimientos sociales.

Este hecho le pasa cuenta de cobro al partido conservador, que pierde su hegemonía en 1930 y abre paso a una sucesión de gobiernos liberales de carácter más social, atrapando al sindicalismo dentro de la jurisprudencia laboral y estableciendo cierta tranquilidad. Si bien la primera década del poder liberal se da con calma, la radicalización de un sector interno, que se identifica ambiguamente con el socialismo (si se quiere más “nacionalista” que marxista) y encabezado por el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, comienza a preocupar a la elite conservadora e incluso a los sectores liberales de derecha. Luego de tensiones preelectorales y escaramuzas en regiones del país, el 9 de abril de 1948 inicia de nuevo una guerra civil con el asesinato de Gaitán en el centro de Bogotá, lo que estalla en una asonada popular llamada el “Bogotazo”, y que, a pesar de ser fuertemente reprimida por el ejército, se extiende como pólvora por todo el país: inicia la época de la violencia. Tras largos años de trabajo en sindicatos y gremios agrarios, el Partido Comunista logra entrar en la arena político-militar hasta ahora bipartidista, estableciéndose en zonas de influencia guerrillera con predominación liberal y montando una infraestructura de apoyo desde las ciudades. Esta época estuvo marcada por ser de las más sanguinarias del país, que se saldó con cerca de 200.000 muertes en unos pocos años y la fragmentación de la economía nacional.

Tras el gobierno del fascista Laureano Gómez, que era el líder del sector más godo del partido conservador, la paz pareciera restablecerse con el golpe de estado del general Rojas Pinilla, que se da tras un acuerdo entre liberales y conservadores no laureanistas, quienes saben que la guerra está desangrando el país y no parece apuntar a un horizonte favorable para alguno de los bandos, por el contrario, arruina la economía necesaria para luego aumentar sus arcas. Las guerrilleras liberales se desmovilizan y el conflicto armado se detiene temporalmente, si bien en muchos casos con el posterior asesinato de líderes rebeldes, tal como le pasó a Guadalupe Salcedo en las calles de Bogotá. Muchos estudiosos señalan que el conflicto moderno empieza precisamente con la violencia, pero siendo rigurosos históricamente, este lapso de la única dictadura en Colombia genera distancia con la situación política y militar que se daría luego.

Ya no siendo útil para las clases dominantes, y mostrando ciertas simpatías con una nacionalismo revolucionario, Rojas Pinilla abandona el poder para darle paso a lo que es la génesis de la actual guerra civil: el Frente Nacional. Por 16 años, y alternándose en el poder, liberales y conservadores por primera vez se ponen de acuerdo para gobernar el país e impulsar la economía ahora en seguridad contra la guerra civil, dejando por fuera no solo al creciente populismo de Rojas Pinilla (luego establecido en el partido Alianza Nacional Popular, ANAPO), sino a los sectores comunistas que se habían logrado atrincherar en regiones del sur-occidente y centro del país, dentro de las llamadas “repúblicas independientes”.

El Frente Nacional implicó una dictadura de dos partidos, que dejó por fuera cualquier forma de disidencia política que se encaminaba en la ruta electoral, bien sea por insuficiencia de fuerzas o abiertamente por fraude, como en 1970 sucedió con el triunfo del conservador Misael Pastrana sobre Rojas Pinilla. Esto hizo que los sectores contestatarios se radicalizarán en el país, sobre todo a partir de la luz de esperanza que en 1959 alumbró desde Cuba para los revolucionarios de América Latina. Así, y bajo la batuta de los manuales guerrilleros maoístas y foquistas, nació una nueva fuerza guerrillera. El Partido Comunista, muy al contrario de sus pares regionales estalinistas, se enfrasca en la teoría de que la resistencia armada podía llevar a la toma del poder, razón por la cual establece todo su apoyo a las repúblicas independientes, regiones campesinas donde el ejército aun no había podido establecer su monopolio y, de una u otra manera, se establecían servicios populares autorregulados. Si bien el Frente Nacional nace en 1958, el inicio de la guerra civil actual se da solo hasta que la balanza en disputa cede y sus partes entran en confrontación abierta en 1964, luego de una reestructuración de las fuerzas armadas legales apoyadas por el ejército norteamericano, curtido en la guerra contrainsurgente que mantenía en Vietnam.

Más de 15.000 soldados nacionales se enfrentaron a 50 guerrilleros mal armados en Marquetalia, república independiente más inclinada a la influencia comunista que liberal, establecida en el sur del Tolima. A pesar del cerco y el bombardeo con napalm, la fuerza guerrillera se desplaza hasta la vecina república independiente de Riochiquito, ubicada en el Cauca, dando nacimiento formal a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, y con ello, a la guerra civil que podemos rastrear hasta nuestros días. Esta guerra, diferente a las anteriores, se caracteriza porque los sectores comunistas y revolucionarios asumen abiertamente la guerrilla móvil como forma de resistencia y estructura militar, instaurando la disciplina de un ejército y asumiendo la lucha política ahora en la orbita de confrontación violenta. Aunque el mito fundacional del conflicto armado colombiano es Marquetalia, posteriormente nacen nuevas fuerzas guerrilleras con sus particularidades políticas y militares.

Las FARC era la guerrilla más mediática por entonces, se habían establecido en el sur-occidente y centro colombiano, dominando zonas tan estratégicas como el sumapaz (retaguardia rural de Bogotá). En el nororiente, otra de las regionales clave de los conflictos sindicales y agrarios de Colombia, estudiantes universitarios entrenados en Cuba crearon el Ejército de Liberación Nacional también para 1964, con una notable militancia proveniente del Movimiento Liberal Revolucionario, por entonces ala izquierdista del liberalismo, para luego beber de la creciente corriente cristiana de la teología de la liberación. El ELN se caracterizaba por la instalación de focos guerrilleros y una estrategia de conexión urbana, mostrado esto en su gran influencia en sindicatos petroleros y universidades por los años 70 y 80. De otro lado se encontraba el Ejército Popular de Liberación (EPL), brazo armado del Partido Comunista Colombiano – Marxista Leninista, escisión maoísta del Partido Comunista, que lograría establecer su lugar de influencia en el noroccidente, tanto en Medellín con en el Urabá, influenciando sindicatos bananeros; su estrategia se enfocaba más en la guerra popular prolongada, que buscaba el paso efectivo de guerrillas móviles a la guerra de masas, tal como lo planteaba Mao Tse-Tung. Finalmente en 1970 nace el Movimiento 19 de Abril, M-19, guerrilla muy particular que viene del seno de los seguidores de Rojas Pinilla y disidentes de las FARC, que se caracterizaba por su accionar mayoritariamente urbano, lo que la hizo muy mediática y con gran influencia en los futuros procesos de paz.

Esta nueva guerra civil se enmarca en una estrategia gubernamental de clásica contrainsurgencia militar, que buscaba el aniquilamiento de las fuerzas guerrilleras bajo las premisas norteamericanas de la guerra fría. Sin embargo, la dimensión social que tenia el conflicto hizo imposible la derrota vía militar de las insurgencias, incluso luego de ofensivas tan violentas como la del Anorí contra el ELN en 1973, que deja con solo cerca de 40 guerrilleros a la organización, así como la creación del estatuto de seguridad de Turbay de 1978, que golpeó fuertemente al M-19 dejando casi un tercio de su estructura en la cárcel. A pesar de sus ataques, las bases sociales y las causas objetivas de la rebelión estaban intactas, lo que le daba facilidad a las insurgencias para recuperarse luego con una estrategia de trabajo político mientras volvían a rearmarse.

Esta dimensión social se pone de manifiesto en el paro cívico de 1977, donde el pueblo salió con entereza a las calles a enfrentarse a las fuerzas gubernamentales. La entonces cúpula militar señalaba que al pueblo solo le faltó fusiles para que el paro hubiera terminado con la toma del poder, destacando más bien la falta de eficiencia de las insurgencias para lograr llevar la coyuntura a puerto revolucionario. Esto marca también una época donde, de cierto modo, pareciera que el conflicto armado se encontraba sobre el conflicto social, intentando subordinarlo según la mayoría de las insurgencias, o en el mejor de los casos, alejándose estas de las organizaciones de masas. Esto sobre todo a razón del profundo foquismo de todas las insurgencias, quizás menos del M-19 y las guerrillas más pequeñas y regionales, mientras las grandes maquinarias insurgentes concentraron sus esfuerzos en un éxodo de cuadros de las ciudades a los campos, donde pretendían establecer vanguardias armadas que agudizarán las contradicciones, tal como sucedió en Cuba o Nicaragua, estrategia que a la larga nunca funcionó como se quiso por la equivocada comparación con la geografía Colombiana, mucho más grande.

La apuesta del Estado colombiano cambió en los años 80, luego de finalizado el periodo Turbay: ante la dificultad de finalizar la guerra por medios militares se negociaría la apertura democrática. Ello estaba en sintonía con la estrategia de negociación que se daba en Guatemala y El Salvador, donde las burguesías nacionales preferían ceder un poco de su poder a perderlo completamente, ya que el impulso que dio la revolución sandinista en 1979 daba muestras de que el socialismo por vía armada seguía siendo una posibilidad en América Latina. Esto, a su vez, permitió que las insurgencias volvieran a abrirse al pueblo colombiano a través de frentes sociales y electorales, particularmente la Unión Patriótica (Nacida las FARC), la coordinadora “A Luchar” y el Frente Popular. En los 80, la lucha política de masas volvió a dejar de lado la estrategia militar del mero control territorial. Sin embargo, los sectores fascistoides del ejército nacional y de la burguesía se encargaron de torpedear el proceso de paz, pero no para volver a la antigua guerra antiinsurgente, sino incorporando la estrategia proveniente desde la escuela de las Américas y luego de los escándalos de las dictaduras implantadas por el plan cóndor, llamada la “mano negra”, que era el uso de ejércitos cívico-militares financiados desde las elites millonarias y que ejecutaban la guerra sucia a sus anchas.

Así, a finales de los años 80, terrateniente regionales, mandos del ejército y con el apoyo de mercenarios israelíes y estadounidenses, fueron armando grupos paramilitares (presentados muchas veces bajo la formula legal de empresas de seguridad, “Convivir” como se conocerían) en bastas regiones del país, quienes se encargaban no solo de confrontar militarmente a los guerrilleros sino de masacrar a procesos populares que podrían simpatizar con sus ideales. Esto hizo que hacia finales de los 80 se presentará a una insurgencia dividida: por un lado el M-19, la mayor parte del EPL, así como un sector del ELN y todas las guerrillas más pequeñas (como la Autodefensa Obrera o el Partido Revolucionario de los Trabajadores) se habían desmovilizado, con un saldo que a la postre se convertiría en masacres y magnicidios; y de otro lado, las FARC y el ELN se encontraban ante un enemigo que no habían combatido, lo cual hizo que la guerra adquiriera ahora una nueva etapa de posiciones, con el añadido que significó el boom de la cocaína, que financió no solo ciertos grupos guerrilleros sino, sobre todo, a paramilitares y terratenientes locales que pasaron luego a ser narcotráficantes de renombre.

Los 90 podría bien ser la etapa donde la guerra de guerrillas pasó abiertamente a una guerra territorial clásica, tanto por el despliegue militar que logró las FARC (que llegaron a tener desde 1998 hasta el 2001 la mayor extensión geográfica y en tropas, sobre pasando los 20 mil miembros armados), como también por la avanzada paramilitar que se pretendía dar en el país desde la esquina del Urabá. Los mayores golpes militares de la insurgencia se pueden rastrear en estas época, así como también una nueva clandestinidad (luego de la masacre contra la UP) que le permitió ganar fuerza militar a costa de perder fuerza política, más por obligación que por decisión. Si bien la guerrilla en los 80 tuvo un componente social electoral, sería los 90 donde se militariza sus bases en nombre de una toma del poder que parecía estar a la vuelta de la esquina. Aunque los análisis varían, muchos estrategas militares del ejército señalaban empezando el gobierno Uribe, que si no hubiera sido por el Plan Colombia (financiado por los Estados Unidos), las FARC efectivamente estarían tomándose el poder a comienzos del nuevo siglo, con un ejército nacional sin capacidad de frenar el avance guerrillero.

Sin embargo, esta avanzada guerrillera que se manifestaba en lo táctico con el “cerco” a las ciudades, estableciendo zonas de dominio a pocos kilómetros de grandes urbes como Bogotá o Cali, o simplemente dominando zonas periféricas urbanas como en Medellín, fue detenida por una estrategia militar renovada. El ejército colombiano no solo se encontraba a finales de los 90 mal armado: además estaba desmoralizado. Por un lado, la modernización militar del Estado colombiano no se pudo haber dado si no es con las sumas de dinero inyectadas desde Estados Unidos a través del Plan Colombia; y de otro lado, la desmoralización se superó con una estrecha colaboración con los paramilitares, quienes ante cualquier derrota o desventaja en un territorio simplemente asesinaban decenas de campesinos o indígenas en retaliaciones, echando para atrás futuras avanzadas que podían contar con el apoyo de las masas. Sin embargo, con hacer retroceder las insurgencias no era suficiente, incluso teniendo ya una estructura nacional consolidada (las Autodefensas Unidas de Colombia), sino que además, producto de grandes ganancias del narcotráfico, había nacido un nuevo sector dentro de la burguesía nacional vinculado a terratenientes y narcos paisas y costeños que tenían como objetivo “refundar la patria”.

Así, en 2002, Álvaro Uribe logra llegar a la presidencia con una alianza electoral de sectores del conservadurismo y del liberalismo más godo, que en el plano de lo concreto no era otra cosa que burgueses urbanos aliados con el paramilitarismo terrateniente y narcotraficante. Esta toma del poder se pone de manifiesto en la parapolítica, fenómeno por el cual las AUC lograron dominar un tercio del parlamento colombiano, además ser dueños y reyes de prácticamente toda la zona Norte del país, siendo muchas tierras despojadas a campesinos, afros e indígenas por medio de sus grupos paramilitares. La estrategia de la extrema derecha, contrario a lo que opinan muchos intelectuales cercanos a su influencia, no fue una mera guerra contrainsurgente: era la toma del país de ese sector militarista y fascistoide. Por ejemplo no se explica porque ocurrieron despojos de tierras y masacres atribuidas a paramilitares en regiones donde la guerrilla no tenía presencia o era mínima, como en las regiones del Perijá donde ya se había logrado expulsar las insurgencias, pero hubo un gran despojo que favoreció a las multinacionales carboneras.

La guerra civil en Colombia pasó entonces por dos fases: la guerra paramilitar abierta de posiciones y la guerra antiinsurgente clásica, estando vinculadas respectivamente a los dos gobiernos de Uribe. Para el primer caso, del 2002 al 2005, se concentró en llevar a las FARC a las periferias del país, sacarlas de lugares estratégicos como la serranía del Perijá o el Urabá y efectuando las peores masacres conocidas del país, obligando a la insurgencia a pasar de nuevo a la guerra de guerrillas y de comandos pequeños; luego de culminada esta fase, las AUC hicieron un proceso de desmovilización, que en sí era una pantalla que disimulaba tensiones internas que se venían presentando en su cúpula, para luego pasar a la aparición de grupos neo-paramilitares con un carácter más descentralizado y dominados regionalmente por capos y políticos, más eficaces en el control territorial. En esta segunda fase, del 2006 al 2010, la estrategia militar, una vez retrocedidas las FARC, fue “dejar sin agua al pez”. A sabiendas de las dificultades para aniquilar definitivamente la insurgencia, los programas sociales del ejército se concentraron en desbaratar las bases populares en las cercanías a las ciudades, así como desmoralizar al enemigo con una fuerte propaganda para la dejación de armas y la incorporación a la vida civil dentro del programa de desmovilización, quedando las FARC relegadas a apartadas zonas del país, donde sin embargo, seguían teniendo fuerte influencia. Si se mira histórica y geográficamente, estas dos fases pueden parecer un “arrinconamiento” de las grandes estructuras de las FARC al sur del país, que empieza desde el Urabá, pasa por Medellín (luego de la operación Orión en el 2002), baja hacia el Valle del Cauca, Cundinamarca y los llanos, y encuentra su limite en el Macizo colombiano y la selva amazónica, región entre el Cauca, Sur del Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Guaviare, zona de influencia de los más grandes bloques de las FARC, que hasta el día de hoy sigue siendo su bastión.

Todo lo anterior es para llegar a la última fase de la guerra, que es en la que nos encontramos (en la puerta de salida) y empieza desde el 2010, cuando Juan Manuel Santos sube al poder, bajo la tutela de Uribe y luego apartado de la misma. Dentro del análisis neoliberal que hace contempla que, aunque las FARC dominan zonas recónditas del país, es allí donde se concentran la mayor parte de recursos naturales de explotación minero-energética, por lo cual es necesario negociar, comenzando en un primer momento con el aniquilamiento de cabecillas (entre ellos Alfonso Cano, heredero de la comandancia mayor) para luego sentar a la insurgencia, debilitada pero no derrotada, a conversar. Este proceso de paz, si bien no significa el fin de la guerra civil, si es un reacomodamiento del conflicto armado. No solo porque la principal guerrilla del país se concentra en zonas veredales, dejando de cierta forma a la “intemperie” regiones de histórica presencia fariana, sino porque cambia la balanza. Esto tiene mucho que ver con la dicotomía en el bloque dominante, que de una parte busca la negociación con las insurgencia, detrás de objetivos económicos en regiones de explotación extractivista, y el otro polo que pretende de nuevo la paramilitarización del país: es el santismo contra el uribismo.

Esta etapa está en sintonía, junto como los demás momentos históricos del conflicto, con el contexto internacional: guerrillas importantes como el ETA vasco o el IRA irlandés renunciaron a la lucha armada, y los triunfos legales del socialismo del siglo XXI en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela parecían hablarle a las insurgencias colombianas, así como en su tiempo les habló la revolución cubana y la insurrección sandinista: podrían haber otros caminos más efectivos para el poder, si bien era necesario primero que la oligarquía abriera las puertas de la democracia representativa con garantías de no hacer la guerra sucia. Quizás bajo esa lógica el conflicto de las FARC comienza a cambiar para buscar su desmovilización militar e incorporación a la política legal.

Así se fortalece, y de nuevo desde el golfo de Urabá, otro ejército paramilitar reciclado de las falsas desmovilizaciones y bandas de narcotráfico locales, llamadas cínicamente Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que vienen ocupando regiones antes dominadas por las FARC. Pero también ganan relevancia las insurgencias aun no desmovilizadas, sobre todo el ELN, que logra ocupar posiciones ex-farianas con relativa calma, y en menor medida el EPL, así como ciertas disidencias de las FARC no contentas con lo alcanzado en la mesa con el gobierno. Esto pone en aprietos de una u otra forma al Estado, no solo porque fue incapaz de ocupar militarmente la mayor parte de zonas de las FARC, sino porque ahora presenta una guerra abierta contra neo-paramilitares, que de una u otra manera, jalan desde dentro del ejército y la policía a su favor, y por otro, porque el ELN, que se pensaba se subiría con mayor facilidad al bus de la paz, sigue ganando fuerza en territorios estratégicos (y anteriormente más suyos que de las FARC) como en Arauca o el sur del Chocó.

Precisamente queda sobre la mesa pensarnos esta nueva etapa, donde los movimientos sociales han presentado un realce y la principal insurgencia deja las armas. Más allá de las críticas que se puedan hacer al proceso, es menester analizar la situación como una oportunidad para tener otros despliegues militantes, en nuestro caso libertarios, que puedan jugar dentro del tablero de la lucha de clases con otra fuerza para las de abajo, que puedan empoderarse más de sus habilidades y entiendan las repercusiones históricas y sociales que ha dejado el conflicto. Pero para ello, habría también que estudiar críticamente el conflicto del lado de la insurgencia, entender sus expresiones y posicionarnos como sujetos históricos en nuestro tiempo, buscando los aportes, los errores y las experiencia que deja medio siglo de guerra, labor que se hará en la siguiente parte de este texto.

Steven Crux
Junio 2017



1 Garavito, J. Seguro agrícola, ensayo presentado al Congreso de Agricultores de 1911. Sobresale como dato extra, que Garavito intenta también adentrarse en el estudio de las causas de las guerras civiles, hallando una endeble economía que desfavorecía a las de abajo y políticas agrarias inefectivas para subsanar el hambre en los campos.

image Luego de su independencia, Colombia sufrió cruentas guerras civiles durante casi un siglo. En la imagen, catedral de Bogotá afectada durante la lucha entre centralistas y federalistas de 1862. 0.3 Mb image La muerte de Gaitán significó, primero, una insurrección general en la capital conocida como el “Bogotazo”, mientras los liberales empezaron a armarse en las zonas rurales del país contra el gobierno conservador, dando inicio a la época de “la violencia”, 0.07 Mb image Ubicación de las repúblicas independientes durante comienzos de los 60. La más representativa era la de Marquetalia, ocupada por el ejército en 1964, marcando el inicio de las FARC. 0.43 Mb image Durante el comienzo del nuevo milenio, las guerrilla tuvo su máximo despliegue, logrando cercar varias ciudades del país y dominando bastas zonas. Su retroceso solo fue posible con la intervención de Estados Unidos por medio del plan Colombia, que moderni 0.06 Mb

venezuela / colombia / imperialismo / guerra / opinión / análisis Tuesday June 13, 2017 01:14 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Ahí donde las FARC-EP abandonaron los territorios, en el marco del proceso de paz adelantado con el gobierno (en el cual, dicho sea de paso, solamente los guerrilleros están cumpliendo su parte del acuerdo), las multinacionales han puesto la mira para adelantar actividades extractivistas y agroindustriales. En esos territorios existía no solamente insurgencia armada, sino también, por decirlo así, una insurgencia social: comunidades en resistencia contra la imposición del modelo neoliberal extractivista, que han buscado activamente participar en procesos amplios por una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, así como en la creación de alternativas en su propia realidad local.


Una tragedia putumayense en tres actos: entrando al “post-conflicto”

Acto I -Puerto Bello, Piñuña Blanco

El jueves 1 de Junio, a eso de las 8pm, media docena de individuos encapuchados y vestidos de negro, llegan a la comunidad de Puerto Bello, en Piñuña Blanco, armados de escopetas y revólveres. Pese a que a primera vista podrían parecer meros atracadores, sobre todo por las precarias armas que portan, su modus operandi parece ser el de paramilitares. Cortan las comunicaciones, agrupan a varias personas al borde del río y proceden a robar a personas específicas, sobre todo del comercio. Luego, después de dos horas de aterrorizar al caserío, roban un motor y se van con total tranquilidad río abajo con todo lo robado. Esto ocurre en las mismas narices de un batallón militar en la vereda de La Alea, adscrito a la Brigada de Selva Número 27, así como de la Fuerza Naval del Sur que opera en todo el río Putumayo.

Esta es la segunda acción de este tipo que ocurre en la zona. Hace unos meses, también se había producido una acción similar en la vereda Puerto Silencio. También han aparecido panfletos amenazantes de grupos paramilitares –que vienen avanzando a paso firme desde el occidente de Putumayo- y hasta de un grupo que se hacen llamar “Los de Sinaloa”. Esto ocurre cuando las FARC-EP ya no se encuentran en este territorio, sino que se encuentran concentrados en la Zona Veredal “Heiler Mosquera”, en La Carmelita. Un mal precedente de lo que puede esperar el pueblo de estos territorios de la presencia de la fuerza pública. Hasta los más timoratos reconocen que “estas vainas no se veían cuando las FARC estaban por acá”. En el pueblo corren rumores que, de hecho, la misma fuerza pública no sólo toleraría estas acciones sino que algunos elementos hasta estarían detrás de ellos. Sea como sea, la desconfianza es grande, al igual que la ansiedad.

Esta acción ocurrió apenas un día después de una reunión en la comunidad en la cual se trató el tema de la explotación petrolera y la necesidad de oponerse al intento de la multinacional Amerisur Resources plc –de origen británico- de comenzar tareas de prospección y explotación en la zona, en medio de las comunidades campesinas, de un consejo comunitario afro y de un resguardo indígena. Esta obsesión por perforar la tierra, contaminar los ríos y saquear los recursos es parte de la visión del post-conflicto del gobierno: que las multinacionales vayan ocupando los territorios donde nunca se habían podido meter, porque se encontraban las FARC-EP en ellos. Literalmente, los territorios de presencia histórica de esta insurgencia, hoy están de remate. Para resistir al extractivismo, se está llamando a todas las comunidades del río a una asamblea los días 16 y 17 de Junio en Peneya, cerca de Puerto Calderón.

Acto II -Piñuña Negro

El día 2 de Junio, al mediodía, durante una reunión en Piñuña Negro con dirigentes campesinos y líderes de juntas de acción comunal, para tratar el tema de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, dos helicópteros militares sobrevuelan la reunión. Están sobrevolando por mucho tiempo, hasta que después de una hora y media sobrevolando, deciden aterrizar. “Afuera está el ejército”, nos comenta una señora que estaba en la reunión y que había salido para comprar algunos refrigerios. Salimos a hablar con ellos, pues la gente comienza a ponerse nerviosa. No es para menos. Piñuña Negro ha sido particularmente golpeado por las acciones contrainsurgentes durante el Plan Colombia, ha sido muy militarizado, ha vivido innumerables combates, ha visto muchos muertos y decenas de sus dirigentes han sido arrestados. Desde el 2004, al menos 36 dirigentes sociales han sido arrestados. El Plan Colombia también generó un desplazamiento masivo: de unas 2500 familias que había en el corregimiento al inicio de este operativo, hoy no quedan más de 400. Hoy el casco urbano de Piñuña Negro parece un pueblo fantasma, con casas abandonadas cayéndose a pedazos y un comercio moribundo donde alguna vez hubo de todo. En algunas de las veredas del corregimiento, esto se nota con mucha mayor crudeza: Puerto Tolima alguna vez llegó a tener 100 familias, y hoy apenas tiene 2. No es de extrañar, entonces, que la presencia militar provoque escalofríos en muchos.

Había llegado la armada en esos dos helicópteros; unos 30 militares contra-guerrillas, armados hasta los dientes con fusiles de asalto, mira telescópica, visores, granadas y cada quien con dos revólveres cruzados en el pecho, se paseaban por fuera del lugar de reunión y por el resto del caserío. Parecía que iban a una guerra medio oriental en vez de a dialogar con un grupo de dirigentes comunitarios que estaban realizando una reunión perfectamente legal. La gente miraba desde la distancia lo que está pasando con nerviosismo. Nosotros nos acercamos a hablar con un capitán de la manera más afable posible, tratando de bajar la tensión y de garantizar que la reunión pueda finalizar.

Nos informan que hemos roto un protocolo. Al parecer, la inspectora de Piñuña Negro tiene un acuerdo con la fuerza pública, a todas luces inconstitucional, según el cual no se puede realizar ninguna reunión comunitaria sin previa autorización de los mandos militares y sin la presencia física de un uniformado. Tales disposiciones son propias de las dictaduras militares del Cono Sur, más no así de un país que se dice democrático. Nos pregunta el militar que qué estábamos conversando. Le decimos el objetivo de la reunión y los temas tocados. Parece que la respuesta lo tranquiliza. Era como si esperaba que el objetivo de la reunión fuera otro.

Pregunta a mi compañero que si las cosas estaban tranquilas en Piñuña Blanco. Con sorpresa, le explicamos lo del “atraco”, aunque ellos ya sabían pues las denuncias se habían hecho por la mañana. Además, resulta extraordinariamente extraño que el ejército no haya sabido del “atraco” –que a esa altura lo sabía Raimundo y todo el mundo-, pero que se hayan enterado tan rápido de una reunión comunitaria para irla a interrumpir –y de paso, para acosar y amedrentar a los participantes. El capitán nos dice entonces que anotemos su número telefónico y que en caso de un nuevo incidente, llamemos al ejército porque ellos no vacilarán en llegar a “proteger” a la comunidad. Nos dijo que en esa zona la comunidad los rechazaba y que hasta los “hostigaban”, pero que si la comunidad los llamaba, ellos irían.

Luego nos preguntan si iríamos a Puerto Ospina, donde también la comunidad está adelantando acciones para oponerse a la explotación petrolera en su territorio, también por parte de Amerisur Resources plc. Uno ya va entendiendo por dónde va la cosa.

Acto III -Peneya, Piñuña Blanco

En el último acto, dirigentes comunitarios de Peneya, Piñuña Blanco, nos explican que el sábado 3 de Junio, se habían aparecido los ejecutivos de la Amerisur Resources plc, llamando a una reunión a la dirigencia. Palabras más, palabras menos, le preguntaron a los dirigentes que cuando soltaban la tierrita. A lo cual los dirigentes exclamaron diciendo que eso no era una decisión que podían tomar ellos, sino que correspondía a la comunidad. Y que la comunidad tiene su evento programado para el 16 y 17 y que entonces tomarán una decisión informada.

También nos enteramos que, camino a Piñuña Negro, los helicópteros que sobrevolaron la reunión comunitaria, también habían sobrevolado el caserío de Puerto Bello. El mensaje era claro. El día 3 también hubo reunión de la Junta de Acción Comunal en Puerto Bello y la decisión de la comunidad, ante la zozobra generada en los últimos días fue reforzar la organización comunitaria, tender más puentes con otros procesos, visibilizar la problemática del extractivismo y la resolución de la comunidad de defender el territorio. Dentro de esto, se llamó a participar masivamente en la asamblea en Peneya, pedir acompañamiento a los otros movimientos sociales, y a pedir a las autoridades garantías para que la reunión se pueda realizar en paz.

*******

Aun cuando estos tres actos, a primera vista, puedan parecer hechos aislados, pensamos que son parte de una misma tragedia que se viene viviendo no sólo en el Putumayo, sino en todo el territorio colombiano.

Ahí donde las FARC-EP abandonaron los territorios, en el marco del proceso de paz adelantado con el gobierno (en el cual, dicho sea de paso, solamente los guerrilleros están cumpliendo su parte del acuerdo), las multinacionales han puesto la mira para adelantar actividades extractivistas y agroindustriales. En esos territorios existía no solamente insurgencia armada, sino también, por decirlo así, una insurgencia social: comunidades en resistencia contra la imposición del modelo neoliberal extractivista, que han buscado activamente participar en procesos amplios por una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, así como en la creación de alternativas en su propia realidad local. Para quebrar esta resistencia campesina, indígena y afrocolombiana, la fuerza pública está tolerando, sino patrocinando, una situación de inseguridad y zozobra. Es muy raro que asesinatos selectivos, el aumento de la inseguridad y el avance incontenible del paramilitarismo estén ocurriendo en las mismas narices del ejército más poderoso de América Latina, y que ellos se muestren impotentes para operar en contra de estos elementos criminales. Eso si, muestran gran efectividad cuando las comunidades se organizan para protestar.

¿Qué se busca con esta zozobra inducida? Que la comunidad, en su desesperación, termine por llamar al ejército para que venga a poner orden. Al mismo ejército que ha permitido que esto ocurra. Así ellos llegan por invitación (“llámenos si vuelven a ocurrir incidentes”), como salvadores. Pero detrás de la militarización del territorio, lo que llegará es la petrolera. Eso es lo que realmente buscan, y no la seguridad de la comunidad: lo que buscan es dar garantías y protección a la petrolera para adelantar el saqueo de los recursos, y la consecuente destrucción de la selva. Con el ejército enquistado en los pozos petroleros, como se ve en otras partes del Putumayo ¿quién podría protestar o resistirse? Y como se ve en todos los territorios militarizados, la criminalidad y el paramilitarismo no cesarán sino que ahí seguirán o hasta aumentarán, mientras las multinacionales podrán saquear en paz todo lo que quieran.

La comunidad en Piñuña Blanco está viendo claramente esta estrategia y no se está dejando engatusar. Sabe que la única garantía para que la paz llegue a su territorio es la unidad de los procesos comunitarios, el fortalecimiento de su autonomía, la creación de un verdadero poder popular que pueda, mediante las guardias campesinas y la acción comunitaria, enfrentar las amenazas ante las cuales la fuerza pública se muestra impotente. En estos momentos está claro que la seguridad del pueblo depende de la capacidad del mismo pueblo. Que la defensa del territorio no puede ser impulsada más que por la alianza de campesinos, indígenas y afros, con el respaldo de los sectores urbanos que se hacen solidarios de estos procesos. Por más que uno le dé vuelta al asunto, no hay de otra. Por eso es tan importante que el 16 y 17 las comunidades de Piñuña Blanco no estén solas y que se les tienda una mano solidaria en esa lucha que es la lucha de todos.

José Antonio Gutiérrez D.
10 de Junio, 2017

venezuela / colombia / luchas indígenas / news report Tuesday June 06, 2017 07:30 byCentro de Comunicación y Educación Popular Enraizando

¡Y vuelve a resistir, esta vez en territorio de Liberación! un verdadero triunfo del Pueblo Nasa, quien se reunió nuevamente el pasado viernes 2 de junio para hacer la jornada de recolección de la PRIMERA COSECHA del alimento.

El maíz siempre ha estado presente en las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas de la “Abya Yala” quienes le otorgaron un valor trascendental, asimismo les ha acompañado como un alimento fundamental desde hace milenios para incorporarse posteriormente a la canasta básica de campesinos, afrodescendientes, mestizos… su existencia es expresión de resistencia, pues tanto en climas cálidos como en fríos, resiste negro, azul, morado, rojo, manchado…al control de las industrias que imponen “paquetes tecnológicos” que niegan la soberanía y reducen la seguridad alimentaria del pueblo; así, resiste al avance del modelo extractivista en Latinoamérica, que, en este sitio particular (Corinto, Cauca) tiene la figura del monocultivo de la caña.

¡Y vuelve a resistir, esta vez en territorio de Liberación! un verdadero triunfo del Pueblo Nasa, quien se reunió nuevamente el pasado viernes 2 de junio para hacer la jornada de recolección de la PRIMERA COSECHA del alimento.
Triunfo, pues son dos años y medio (aprox) de permanencia donde las arremetidas por parte de la Fuerza Pública (Policía, Ejército, ESMAD) y/o los trabajadores del ingenio INCAUCA, han arrasado e incinerado, continuamente, los “ranchos” donde habitan y ejercen control territorial las y los Liberadores, así como han destruido los cultivos con maquinaria, corteros y aspersión área de agro-tóxicos, años de violencia racista del terrateniente que dejo ver expresamente su alianza con la fuerza militar y paramilitar, años de desatención de su justa demanda de tierra por parte del gobierno nacional, como de las reiteradas demandas por su accionar.

Y aunque el día transcurrió en medio de una alegría manifiesta en las mayoras, en los adultos, los jóvenes y las niñas que llegaron al atardecer para comer de los choclos asados en estufa de leña, la incertidumbre también fue generalizada, pues la tierra del maíz, el frijol y el zapallo, es también la tierra donde se ha vertido la sangre de las y los que han sido despojados, la misma sangre que derramó la Fuerza Pública el pasado 9 de mayo con el asesinato de Daniel Felipe Castro y la herida de gravedad del Comunicador Popular de CEP_Enraizando Pedro García Leal; una tensión justificada además por la NUEVA ORDEN DE DESALOJO y la experiencia de la comunidad frente al peligro que significa la incursión de la Fuerza Pública en sus territorios.

Del tal manera y teniendo en cuenta los últimos antecedentes de militarización y re-paramilitarización del país, la represión sobre los movimientos sociales y la notificación que autoriza el ingreso de cuerpos armados para el desalojo, se insiste a organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los DDHH, instancias de regulación de la Fuerza Pública y demás actores sociales, a estar pendientes de la situación y emplear mecanismos de difusión que fortalezcan los tejidos de comunicación popular, activa y comprometida.

__________________________________________________
Responsabilizamos directamente al Estado Colombiano, a la Fuerza Pública y al Terrateniente Álvaro Saa de cualquier evento que ponga en riesgo la integridad de la comunidad.

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venezuela / colombia / community struggles / news report Saturday June 03, 2017 16:26 byRuptura Coleciva (RC)

¡Nos están disparando de frente!

¡POLICÍA COLOMBIANA DISPARA DE FRENTE Y HIERE A DOS INDÍGENAS EN DELFINA VÍA BUENAVENTURA!, ¡ALTO A LA VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA LAS PROTESTAS LEGÍTIMAS!

Ruptura Colectiva (RC)

Por favor, ayúdennos a difundir esta violación a los derechos humanos y la vida de nuestros hermanos del Pacifico Colombiano que se encuentran en un paro total desde hace unas semanas por la escasez de agua en Buenaventura. ¡Nos están disparando de frente!

Los hechos sucedieron el 30 de mayo en la comunidad del sector Delfina vía Buenaventura, en los que el ESMAD asesinado disparó en contra de quien se le cruzara por el camino, dejando como resultado dos compañeros de la Guardia Indígena heridos por arma de fuego.

Video: https://www.facebook.com/HistoriayOrganizacionPorLaLibe...9513/

Publicado el 03 de Junio de 2017 en:

http://rupturacolectiva.com/esmad-dispara-de-frente-y-h...tura/

venezuela / colombia / community struggles / reseña Wednesday May 31, 2017 23:10 byCentro de Comunicación y Educación Popular - Enraizando

El 29 de mayo de 1988, en la vereda Llana Caliente del Magdalena Medio Santandereano, fueron asesinados más de 50 campesinos por 240 militares del Batallón de infantería número 40 “General Luciano D’ElHuyar” ,quienes actuaron en conjunto con miembros del grupo paramilitar “Los Macetos” dirigido por exguerrilleros que desertaron de las filas insurgentes para apoyar a los militares en su guerra sucia contra organizaciones como: La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- Unión y Reconstrucción (ANUC-UR), ¡A luchar!, Unión Patriótica, el Frente Popular y la Coordinadora Popular del Magdalena Medio. Éstos hechos se reconocen como “La masacre de Llana Caliente” realizada con el objetivo de detener la movilización campesina que se venía presentando desde el 27 de mayo en San Vicente de Chucurí.

El 29 de mayo de 1988, en la vereda Llana Caliente del Magdalena Medio Santandereano, fueron asesinados más de 50 campesinos por 240 militares del Batallón de infantería número 40 “General Luciano D’ElHuyar” ,quienes actuaron en conjunto con miembros del grupo paramilitar “Los Macetos” dirigido por exguerrilleros que desertaron de las filas insurgentes para apoyar a los militares en su guerra sucia contra organizaciones como: La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- Unión y Reconstrucción (ANUC-UR), ¡A luchar!, Unión Patriótica, el Frente Popular y la Coordinadora Popular del Magdalena Medio. Éstos hechos se reconocen como “La masacre de Llana Caliente” realizada con el objetivo de detener la movilización campesina que se venía presentando desde el 27 de mayo en San Vicente de Chucurí.

De acuerdo con el archivo de Masacres del Centro de Memoria Histórica, el ejército habría asesinado 13 campesinos; sin embargo, de acuerdo con testimonios de campesinos sobrevivientes a la masacre, como por datos recogidos por los investigadores de “Colombia Nunca Más”, las víctimas fueron muchas más, se estima que además de los 13 asesinatos, existieron otros 38 campesinos muertos cuyos cuerpos fueron desaparecidos; años después a pocos kilómetros, en el sitio conocido como Hoyo Malo, fueron hallados más de 100 cadáveres fruto de la represión y persecución de militares de la brigada 40 que actuaron en conjunto con grupos paramilitares desde inicios de la década de los 80.

Los paramilitares hicieron su arribo a San Vicente de Chucurí desde 1982, lo que corresponde al periodo histórico de formación de grupos paramilitares en todo el Magdalena Medio, estableciendo las bases de la estrategia de guerra sucia que se extendió por casi todo el país y que aún persiste en la persecución violenta y criminal de los movimientos sociales en Colombia. La primera organización paramilitar que apareció en San Vicente de Chucurí fue el grupo “Muerte A Secuestradores (MAS)”, financiado por terratenientes y entrenados por la fuerza pública. Del MAS poco a poco se desprendieron otros comandos paramilitares en la región como el grupo de sicarios “Los grillos” en 1982, “Los tiznados” y “Los justicieros del mal” en 1983, el grupo paramilitar autodenominado “El ejército de los pobres” en 1984 y finalmente “Los macetos” quienes realizaron las masacres de La Fortuna, Llana Caliente y Tres Amigos. Pese a que la violencia contra las organizaciones sociales inició desde principios de los 80, las acciones de muerte contra el movimiento campesino se intensifican después del Paro del Nororiente realizado el 7 y 9 de junio de 1987 que movilizó a más de 7500 campesinos de 20 municipios de Santander, y que alcanzó grandes movilizaciones en Bolívar, Cesar y Norte de Santander.

El Paro del Nororiente de junio del 87 fue convocado por la “Coordinadora Popular del Magdalena Medio” y tenía dentro de su pliego de peticiones reivindicaciones propias de comunidades campesinas que han sido abandonadas por el Estado. Las reivindicaciones eran muy diversas, tenía que ver con construcción de las vías a Bucaramanga y Barrancabermeja, la construcción del hospital El Carmen, planes de vivienda, la extensión de las redes de electricidad, acueducto y alcantarillado, aumento de la planta docente en colegios, medidas de protección medio ambiental frente a la explotación petrolera, respeto a la vida, a la libre movilización y a la no persecución del movimiento social. Las movilizaciones del 7 al 9 de junio paralizaron el nororiente colombiano, lograron repercusión nacional y obligaron al Gobierno Nacional y departamental a la realización de convenios con el movimiento campesino; sin embargo, luego de la movilización, se intensificó la violencia contra las organizaciones sociales y populares.

Casi un año después del Paro del Nororiente, el Estado no había cumplido con los acuerdos generados con el movimiento campesino, por lo que la Coordinadora Popular del Magdalena Medio, pese al clima de violencia que se vivía en la región, se vio obligada a reiniciar las movilizaciones para mayo de 1988, exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos. Desde las primeras movilizaciones del 87 los grandes medios de comunicación hegemónicos y el Gobierno Nacional declararon que las movilizaciones campesinas de Santander no eran sociales sino políticas, y que detrás del movimiento campesino se encontraban las organizaciones insurgentes. Con esto no solo se desconocieron las reivindicaciones campesinas y la autonomía del movimiento social, sino que también sirvieron como sentencia de muerte contra los activistas sociales que participaron en marchas y movilizaciones, ésta campaña de tergiversación del movimiento social se tradujo en la persecución y asesinato de campesinos por el Batallón de Infantería número 40 y grupos paramilitares.

El día 28 de mayo de 1988 el Ejército Nacional bloqueó las vías de acceso a San Vicente de Chucurí intentando detener más de 100 vehículos y 3000 campesinos que debían concentrarse en la cabecera municipal para marchar hacia Bucaramanga. El Teniente Coronel Rogelio Correa, quien dirigía los soldados del Batallón Luciano D’Elhuyar, dio la orden de cercar las vías con alambre de púas y hombres armados a los costados de la carretera, para evitar a toda costa el ingreso de los campesinos a San Vicente de Chucurí. Sin embargo, el movimiento no dio marcha atrás y a las 2 de la tarde intentaron cruzar las barreras del ejército. Ése mismo día el teniente correa se encontraba festejando sus cumpleaños y bajo los efectos del alcohol fue llamado para impedir a los manifestantes cruzar las barreras, fue allí cuando dio la orden al soldado Luis Suárez de disparar contra uno de los campesinos que intentaba cruzar los obstáculos, el soldado se negó a obedecer la orden por lo que Correa le disparó. Ante el asesinato del soldado, el paramilitar y escolta del teniente Correa Campos, Luis Uribe alias “Comandante Camilo”, detonó su arma contra el teniente causándole la muerte. De manera inmediata soldados y miembros del grupo paramilitar, iniciaron la oleada de disparos contra “El comandante Camilo”; luego del cruce de disparos, los militares decidieron atacar la movilización, disparando contra los manifestantes por más de una hora y media, dejando más de 50 muertos, además de detenciones y apresamientos.

Mientras la balacera contra la movilización se extendía, algunos de los manifestantes se escondieron bajo los vehículos apostados al borde de la carretera, mientras que otros intentaron escapar del lugar de los acontecimientos, sin embargo muchos fueron apresados y los sobrevivientes fueron fotografiados y reseñados; siendo víctimas posteriores de persecución, hostigamientos y amenazas que más tarde dieron lugar a desapariciones. Luego, muchos de estos cuerpos fueron encontrados en la fosa común de Hoyo Malo en la Vereda Santa Rosa. Entre los manifestantes asesinados se encontraban los campesinos Arnulfo Ramírez Izaquita, Nelson Otero Martínez, Alfredo Ríos Barrios, Luis Enrique Sánchez Millán, Luis José Archila Plata, José Joaquín Zambrano Molina, Pablo Manuel Hernández Rodríguez, Esperanza Herrera Villa, José Natividad Velandia Prada, Raúl Antonio Gómez Chaparro, José Méndez, Wilson Botero y Clemente Quiroga.

A tan solo 2 meses de la masacre se formó un nuevo grupo paramilitar denominado “Comando Rogelio Correa Campos” en honor al Teniente Coronel que comandaba la Brigada 40 y al grupo paramilitar que actuó el día de la masacre de Llana Caliente. Durante el transcurso del 88 al 89, continuaron los asesinatos, desapariciones, torturas contra las organizaciones sociales y populares logrando la consolidación del paramilitarismo y la desarticulación de lo que fue un poderoso movimiento campesino.

Resistiendo al Olvido es un proyecto que busca recuperar la memoria de todos aquellos que, pese a las condiciones de violencia, continuaron luchando en busca del logro de las reivindicaciones de los sectores populares. El movimiento campesino de San Vicente de Chucurí enfrentó una estrategia de exterminio que duró más de una década, pese a este contexto de violencia, defendió sus organizaciones y realizó poderosas movilizaciones que paralizaron el nororiente colombiano. Su memoria debe permanecer viva para que el pasado nos permita comprender los juegos de poder, los actores y las formas de dominación que han transitado hasta el presente, pero también para buscar caminos de dignidad y autonomía que nos permita construir un mejor futuro.

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Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Venezuela / Colombia

Sun 25 Jun, 16:51

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