user preferences

New Events

Bolivia / Peru / Ecuador / Chile

no event posted in the last week

Por la libertad de todas y todos los presos políticos, contra la represión de la protesta social

category bolivia / peru / ecuador / chile | represión / presos | portada author Friday April 08, 2011 17:01author by Secretariado de Publicaciones - Federación Comunista Libertaria-Chileauthor email publicacion-fcl at riseup dot netauthor address http://periodico-solidaridad.blogspot.com/ Report this post to the editors

featured image
Federación Comunista Libertaria

Durante los últimos años hemos visto como se ha ido agudizando una política de represión hacia las luchas sociales, por medio de la persecución, encarcelamiento, judicialización y criminalización de muchas personas y organizaciones que levantan la voz contra las injusticias de este sistema, todo lo cual nos motiva a plantear nuestra posición política frente al tema, en especial frente al actual escenario de lucha de las y los presos sociales y políticos.

Por lo tanto, nosotros como Federación Comunista Libertaria, declaramos[...]


Por la libertad de todas y todos los presos políticos, contra la represión de la protesta social



Durante los últimos años hemos visto como se ha ido agudizando una política de represión hacia las luchas sociales, por medio de la persecución, encarcelamiento, judicialización y criminalización de muchas personas y organizaciones que levantan la voz contra las injusticias de este sistema, todo lo cual nos motiva a plantear nuestra posición política frente al tema, en especial frente al actual escenario de lucha de las y los presos sociales y políticos.

Por lo tanto, nosotros como Federación Comunista Libertaria, declaramos:

1. Comprendemos que la actual política de represión, hacia diversos sectores que protestan contra las injusticias, se enmarcan dentro del rol histórico que ha mantenido el Estado chileno, garantizando un orden de cosas a favor de la clase dominante, favoreciendo la inversión de los grandes actores económicos y barriendo con cualquier tipo de oposición a sus planes de expansión e incremento de las ganancias, a costa de los sectores dominados.

2. El actual orden jurídico enmarcado en la Constitución de 1980, es un claro instrumento de represión hacia las y los que luchan. En este sentido, la llamada “Ley anti terrorista” se ha convertido en una de las principales armas del Estado chileno para criminalizar y someter la protesta social.

3. Observamos que en los últimos años se sigue una política represiva de parte del Estado chileno y los sectores dominantes, particularmente agresiva, la cual implica:

a) El seguimiento de las actividades, y por lo tanto el hostigamiento hacia diversas expresiones sociales y políticas de oposición hacia este sistema de injusticias.

b) La persecución judicial hacia las personas y organizaciones más visibles y simbólicamente más perturbadoras para el “orden público”: mapuche, anarquistas y antiautoritarios.

c) El hostigamiento, persecución y encarcelación de ex presas y presos políticos militantes de organizaciones políticas revolucionarias (FPMR, Lautaro, MIR), lo que demuestra una clara intención revanchista del Estado chileno.

d) La difamación por parte de las autoridades y de la prensa, de las diversas reivindicaciones, demandas y propuestas de cambio social.

Esta política de Estado es notoriamente articulada desde el Ministerio del Interior, con la colaboración de otros actores estatales y no estatales, y representa un verdadero peligro para todos quienes se plantean la organización y la lucha por las transformaciones sociales más anheladas.

4. Siguiendo esa política de Estado, vemos que la Fiscalía y el Ministerio Público montan procesos judiciales completamente irracionales, al límite de su propia legalidad, que terminan con penas extremadamente duras, con el objetivo de entregar un mensaje aleccionador a la población: “cualquier disidencia será castigada con todo el peso de la ley”.

Un ejemplo de ello, fue lo sucedido en el caso del militante del PC, del Movimiento Continental Bolivariano y del Movimiento de Solidaridad por la Paz en Colombia, Manuel Olate, al cual se le ha intentado vincular con las FARC-EP. A Olate se le imputa ser un enlace entre el movimiento insurgente y fracciones radicalizadas del movimiento mapuche, lo cual hasta el momento no ha sido comprobado por falta de pruebas.

Este tipo de persecución política es particularmente clara, en los procesos judiciales montados contra las organizaciones y Comunidades Mapuche. En numerosas ocasiones se han utilizado testigos sin rostro y pagados, con vicios procesales evidentes, incluso con diversas prácticas de tortura hacia los acusados con el fin de arrancarles supuestas confesiones o pruebas. Todo esto apunta hacia el máximo endurecimiento de las penas, lo cual tiene un evidente contenido político en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Frente a esta situación, los presos políticos mapuche recluidos en Cañete (Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche), llevan adelante una huelga de hambre desde el 15 de marzo.

También se ha seguido este comportamiento, en el llamado “caso bombas”, en el que incluso a la Fiscalía se le permitió extender el período de investigación por más de 7 meses, sin tener pruebas contra los imputados, manteniéndolos encarcelados todo este tiempo y en las peores condiciones posibles. Como medida de presión las y los compañeros sostienen una huelga de hambre que se extiende desde el 21 de febrero, la que ha sido acompañada por diversas movilizaciones de apoyo en diversos lugares, dentro y fuera del país. Recién el día 4 de abril la Fiscalía Sur presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía el libelo acusatorio, en donde se exigen penas para las y los imputados que van desde los 10 años hasta la prisión perpetua.

La dimensión del montaje ha llegado a tal punto, que “sospechosamente” una bomba estalló en el interior de las oficinas de la Defensoría Popular (grupo de abogados de los imputados), a solo 4 días de una vital audiencia; oportunidad que cayó como anillo al dedo a la Fiscalía, quien tuvo acceso directo a las carpetas de la defensa. Como si no fuera suficiente, las autoridades han decidido premiar al fiscal Alejandro Peña, integrándolo a la Subsecretaria del Interior, en donde formará parte de un equipo que asesorará al gobierno en materia de seguridad. Esta es una clara señal de la línea represiva que impulsará el Estado hacia el movimiento social.

5. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, a los sindicatos, organizaciones de estudiantes y de pobladores, a pronunciarse y manifestarse contra la política represiva del Estado, participando activamente en las diversas movilizaciones convocadas por la libertad de todas y todos los presos políticos, por el fin de la ley anti terrorista y los montajes político-judiciales. Al mismo tiempo proponemos la articulación de las distintas organizaciones y sectores afectados, para hacer fuerza común contra la prisión política y la criminalización de la protesta social. Solo la construcción de un pueblo fuerte y organizado podrá brindar la posibilidad de frenar las ofensivas represivas del Estado-Capital y allanar el camino hacia el socialismo y la libertad.

¡Libertad Inmediata a Todas y Todos los Presos Políticos!
¡Ninguna Lucha sin Solidaridad!
¡Arriba las y los que Luchan!

Federación Comunista Libertaria
Chile

author by William Mesa C.publication date Fri Apr 08, 2011 02:05author email cualquier_noche at hotmail dot comauthor address author phone Report this post to the editors

Los compañeros hacen un buen análisis y creo que es pertinente hacerlo desde esta perspectiva.

Hemos visto un aumento en la política de represión en varios países latinoamericanos, desde varias facetas, tanto estatales (Jurídicos, policiales y para policiales), como los grupos económicos que no conocen fronteras tal cual lo puede demostrar el caso de la supuesta relación de las Farc y los Mapuche en un momento decisivo donde empresas chilenas de aviación planeaban hacer grandes inversiones en Colombia.

Veo con gran preocupación los casos en Chile, México y Colombia, este último en una coyuntura bastante problemática, en donde hay un proceso extremadamente rápido de privatización en dos frentes, uno respecto a la educación, el cual ha tenido una feroz resistencia por parte del estudiantado, profesorado y de varios rectores mediante la protesta y la movilización, la respuesta ha sido tal cual lo sabe hacer el estado, mediante la fuerza, la intimidación ( amenazas paramilitares y policiales) y el encarcelamiento junto a toque característico de los mass media. El otro frete de privatización no es ajeno, es el tema carcelario en donde las próximas modificaciones al sistema penitenciario colombiano implica la asimilación de la política del Buro federal de los Estados Unidos en todas las prisiones colombianas y convertir la vigilancia del estado en un garante de vigilancia por parte de organismos privados en su mayoría empresas de ex militares y ex paramilitares, lo que implica una aceleración en la violación de los derechos fundamentales de los detenidos políticos y el juicio a partir de la ley del enemigo de los mismos.

Creo realmente que una de las primeras tareas del movimiento libertario latinoamericano, es informarnos, mantener una permanente comunicación entre organizaciones afines o no, pero crear la posibilidad de buscar puntos en común de trabajo y respuesta colectiva, por lo menos en un primer punto, la denuncia, que creo es un tema en el cual anarkismo.net nos ha brindado un espacio genial.
Compas un abrazo

author by Andrés Figueroa Cornejo - MPTpublication date Sun Apr 10, 2011 00:26author address author phone Report this post to the editors

1. Como el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció el 5 de abril que las cifras de delincuencia general del país bajaron el 2010 (5,4 % respecto del año anterior), el Presidente Sebastián Piñera afirmó al día siguiente que se construirán 4 nuevas cárceles en la zona central de Chile, todas muy bien equipadas. Eso es dialéctica.

Mientras tanto, la Concertación se hace trizas, unos llamando a recomponerla, otros a refundarla, a cambiarle de nombre, a ampliarla a la derecha y a la izquierda (siempre por arriba, eso sí), y confiando, Deus ex machina, en la aparición salvadora de Michelle Bachelet –salvo que pretendan suicidarse anticipada y precautoriamente, fortaleciendo las maniobras, publicidad y candidaturas de Ricardo Lagos Escobar o Carolina Tohá o algún DC, como el alcalde Claudio Orrego-. En la otra ala, la concesionaria que administra actualmente el capitalismo de vanguardia en Chile encabezada por Piñera, ha sido asaltada por la ultraderecha y súper pragmática UDI, con la llegada del Mesías de penetrante mirada, Pablo Longueira, al Comité Político de La Moneda. Aquí el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comenzó a oler a cadáver político. Pobre, no iba tan mal en las encuestas.

Por abajo, las alzas de los alimentos, servicios básicos y derechos sociales privatizados; el congelamiento y encogimiento de los salarios ante una ascendente inflación proyectada para el año de un 4,3 % por el Banco Central (autónomo sólo de los intereses de las grandes mayorías), un eventual reajuste del salario mínimo de un 2 %, y un crecimiento estimado muy cercano a la inflación; horada con saña la sobrevivencia de los trabajadores y el pueblo, que continúan nutriendo, junto al altísimo consumo de la minoría pudiente, los números del comercio a costa del sobreendeudamiento plástico.

2. El llamado “Caso Bombas”, se trata de un operativo jurídico-policial iniciado en agosto de 2010, que tras un espectacular despliegue de las policías, detuvo a 15 jóvenes supuestamente implicados en la colocación de extintores con mezcla de pólvora y un arcaico sistema de relojería en sucursales bancarias, sedes partidistas y otros sitios en las madrugadas. Muchos extintores no estallaron y otros quebraron el frontis de vidrio de locales vacíos. No hubo heridos y menos muertos. Pero lo más enigmático corresponde a la primera parte del proceso, donde tampoco hubo pruebas contundentes que implicaran a las muchachas y muchachos convertidos en prisioneros políticos, bajo la Ley anti-terrorista heredada de la dictadura militar. De los 15 presos iniciales, quedan 10 en la Cárcel de Alta Seguridad, quienes llevan 8 meses encerrados y casi 50 días en huelga de hambre. Su pecado: que algunos vivían en casas ocupa, que el fiscal regional del caso, Alejandro Peña, llama “centros de poder”. Claro que de poder reunirse a realizar talleres culturales, música, cine y postular una forma de vida a contracorriente de lo que debe ser un joven promedio en Chile: un trabajador barato, domesticado y disciplinado para bien de la salud y utilidades del empresariado.

3. Pero las cosas han pasado dramáticamente de gris a negro en los últimos días. En su afán de probar la culpabilidad de los imputados y una pretendida “asociación ilícita”, cuestionada por varios juristas vinculados a los Derechos Humanos, el fiscal Peña, apoyado fundamentalmente por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), logró un récord histórico de acumulación de “pruebas”. En 610 páginas presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía, se recopilaron 6.744 documentos, 794 testigos y 211 peritos para sustentar las extraordinarias condenas que solicita. Entre las pruebas están, por ejemplo, la tenencia del multi galardonado documental “La Batalla de Chile” de Patricio Guzmán; trozos de cartón; escuchas telefónicas que se prestan para las interpretaciones más diversas; y literatura: esos artefactos peligrosos repletos de letras que usualmente fueron y son quemados por los amigos de la ignorancia, la esclavitud y el envilecimiento humano desde que se inventó la imprenta, y mucho antes.

Con esos antecedentes, el fiscal Peña –resumen de la estrategia estatal y gubernamental antisocial y la criminalización de todo a lo que no sea egoísmo, alienación y mansedumbre- pide, muy suelto de cuerpo, que los prisioneros políticos Rodolfo Retamales y Pablo Morales –supuestos ‘líderes’ de la supuesta ‘asociación ilícita’- queden encarcelados de por vida, mientras el resto de los prisioneros purguen sus culpas improbadas con presidios que van entre 10 a 3 años. Todo esto, en un paisito donde los agentes asesinos archi probados mundialmente de la dictadura pinochetista andan tranquilos por la calle, y unos pocos genocidas ‘emblemáticos’ están a punto de salir de cárceles de 5 estrellas, luego de condenas ridículas ante la tortura, la desaparición forzada de personas y el crimen. ¿Será cuestión de correlaciones de fuerza?

4. La vocera de los prisioneros políticos en huelga de hambre, Ximena Muñoz, ha relatado en medios independientes que los jóvenes “están muy débiles físicamente, con mareos, taquicardia, calambres, jaquecas”. La salud de Andrea Urzúa y Mónica Caballero ha empeorado, y Ximena indicó que la operación jurídico-policial “es una persecución a formas de vivir”.

El 6 de abril, como todos los miércoles, los familiares y amigos de los imputados efectuaron una manifestación pacífica en el centro de Santiago. Quienes participaron, declararon que los carabineros “detuvieron a personas sin motivo alguno y golpearon a otras impunemente, tratando de quitar los lienzos, propaganda, megáfono y bicicletas”. Cuando alrededor de 30 manifestantes que no fueron detenidos partieron a la tercera comisaría de Santiago a esperar al bus policial para cautelar el buen trato y derecho de los arrestados, mientras estaban en la vereda, fueron víctimas del ataque de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, “dándonos golpes de puño y patadas”. Una muchacha resultó inconciente debido a un puntapié policial recibido en el estómago. A otros le destrozaron las ropas, e intentaron “ahorcar a uno mientras trataban de llevarlo detenido”. También los policías “exhibieron armamento de guerra”. Después de estos hechos, fueron apresadas 10 personas más.

5. El mismo 6 de abril, saltando toda filosofía democrático burguesa respecto de la independencia de los poderes del Estado, el fiscal Alejandro Peña aceptó integrarse al Ministerio del Interior para hacerse parte de “un equipo técnico”, donde se dedicará al análisis y revisión de los distintos planes policiales que hagan Carabineros e Investigaciones (PDI), y de la estructuración de políticas contra ‘ilícitos complejos’. Es decir, abandonó de golpe el denominado “Caso Bombas”, quedando como suplente el fiscal Héctor Barros.

Según algunas publicaciones, el pronto ex fiscal Peña, es hombre de armas tomar: capitanea los operativos, usa chaleco antibalas y patea las puertas de los traficantes; y también tendría una denuncia de violencia intrafamiliar por parte de su esposa y una sanción administrativa por prácticas antisindicales. Todo un personaje. De ahí su ascenso, por cierto.

6. Naturalmente, y más allá de todas las distancias ‘ideológicas’ que se tengan con el pensamiento libertario, resulta un deber insoslayable participar activamente de la solidaridad y la exigencia de la libertad de los prisioneros políticos del llamado “Caso Bombas”, como de los 4 comuneros mapuche condenados a 25 y 20 años de cárcel. Como nada se puede esperar de arriba, el asunto central es cómo los familiares y amigos de los presos son capaces, de la mano con todas las fuerzas jugadas por los derechos humanos en el territorio chileno, de ampliar la convocatoria de sus movilizaciones, hasta ahora, demasiado limitadas. Si el objetivo es lograr la justa libertad de los prisioneros políticos, esa es la única condición para que cualquier persona conciente y sensible ante los abusos y atropellos del Estado y el gobierno quiera y pueda participar en las manifestaciones. Esa estrategia debe considerar todas las formas, todas las agrupaciones, todas las gentes de buena voluntad a escala nacional e internacional. Experiencias anteriores en materia de Derechos Humanos indican que mientras más ancho sea el arco de fuerzas nativas e internacionales que se manifiesten tras un fin común, más posibilidades existen de alcanzar el objetivo. Porque no es suficiente la razón: se requiere de la fuerza. Y resultaría una derrota vergonzosa para quienes luchan, se desvelan, acarician la construcción de una sociedad donde prime la humanidad sobre el capital que las condenas contra los prisioneros políticos se hagan efectivas. No sólo por el dolor de los propios encerrados y sus más cercanos. Sino por el decoro, la estatura, las posibilidades concretas de que mañana pueda crearse una alternativa política distinta a la derecha y la Concertación. Es más; ¿Cómo hacer bravatas sobre la nacionalización del cobre, la banca, la asamblea constituyente, la defensa de los recursos naturales, la transformación del orden que organiza la miseria, si ni siquiera somos capaces de hacer las fuerzas para liberar a los luchadores sociales de las cárceles de los que aún mandan?

Abril 7 de 2011

 
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2025 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]